Mirada Cooperativista

Especial para CALRDIAD

En cada elección general del país, al menos en las pasadas dos décadas el movimiento cooperativo se ha ocupado de hacer acercamientos a los candidatos (tas) a la gobernación para poner sobre la mesa propuestas de colaboración entre el gobierno y el movimiento cooperativista. Incluso eran invitados a participar a un evento pautado específicamente para que se expresaran ante el liderato del país. Eso quedó en el pasado no solo por la situación de la pandemia sino porque muchos cooperativistas se cansaron de escuchar promesas y discursos dulces al oído que al quedar instalados en el Palacio de Santa Catalina quedaban en el olvido.

Para esta pasada elección, los cooperativistas estudiaron detenidamente los programas de todos los aspirantes y prepararon un excelente documento en el cual detallaban estrategias específicas de desarrollo, protección y defensa del modelo cooperativo.  Además de las propuestas específicas el documento incluía perspectivas de aportación de parte de los cooperativistas. Dicho documento fue divulgado y remitido a todo candidato a la gobernación y a otros cargos políticos. Para completar el proceso invitaron a todos a participar en reuniones virtuales con los directivos del organismo que los representa, la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Todos comparecieron.

En el caso del actual gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, el 22 de septiembre de 2020 compareció como candidato y fue enfático en afirmar que reconocía el rol de la organización que representa el cooperativismo, la Liga de Cooperativas. Se comprometió a consultar, mantener buena comunicación, a dialogar y hasta a designar un enlace en la Fortaleza. En enero de este año juramentó como gobernador y comenzó la saga. Sus acciones de inmediato se apartaron de lo prometido.

Sin abrir el diálogo prometido en ese mismo mes recomendó una persona para la presidencia ejecutiva de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas. Lo interesante es que a ese momento no había vacante en el puesto que era ocupado desde el verano anterior por el Sr. Emilio Torres Antuñano. Este funcionario había pasado por el crisol de la Junta de Directores de COSSEC y de la Junta Rectora de la Comisión de Desarrollo Cooperativo según lo disponen las leyes cooperativas.

El reclamo inmediato de los cooperativistas por distintas vías fue exigir el cumplimiento de la ley aplicable y recordar al gobernador Pierluisi su compromiso destacando que en esa posición se requería una persona capaz, conocedora y comprometida con el cooperativismo.  En esa dirección solicitaron el retiro de la nominación ilegítima y la apertura a un proceso de consulta como lo había prometido. A pesar de todo esto el 19 de enero de 2021 la Junta de Directores de COSSEC aprobó la separación de su cargo del hasta entonces Presidente Ejecutivo, Sr. Emilio Torres, decretándose, en su consecuencia, una vacante en el puesto.

Es importante señalar que desde hace varios años la COSSEC fue incluida en la agenda de la Junta de Supervisión Fiscal y sean promulgado varios planes fiscales. El más reciente se aprobó el 29 de junio de 2020 y propone cambios que van a requerir legislación. Los cooperativistas están atentos y dispuestos a proteger el sistema de aquellos aspectos que pueden ser lesivos a su desarrollo futuro y trayectoria de servicio a los nuestros. En la actualidad se discute otro borrador internamente. El liderato cooperativista ha mantenido diálogos directos con los funcionarios de la JSF. Todas sus acciones están enmarcadas en la protección del modelo y en asegurar su continuidad y funcionamiento.  Las cooperativas siguen siendo las entidades que le sirven a un gran sector del país, pequeños y medianos comerciales y a los más necesitados o vulnerables. También se encargaron de recabar respeto para el marco jurídico que rodea el nombramiento de ese puesto. Destacaron los parámetros de ley aplicables contenidos en el Art. 9 de la Ley 114- 2001, según los cuales el nombramiento del principal funcionario de COSSEC es una facultad exclusiva de su Junta de Directores con la aprobación de la Junta Rectora de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP). En esta última debe obtener allí el favor de 7 de los 10 miembros del cuerpo. Este organismo se compone de cinco representantes de gobierno y cinco del movimiento cooperativo.

Estas disposiciones fueron impulsadas por el liderato cooperativista desde el año 2008. En ese momento la Liga de Cooperativas impulsó legislación a esos fines. Esto fue motivado por el celo por procesos transparentes en una corporación pública en la cual el gobierno no coloca un solo centavo (todo el dinero proviene de las cooperativas). Ese es un reclamo constante de los cooperativistas. Todos hemos presenciado la quiebra y deterioro de las corporaciones públicas que a lo largo de nuestra historia han sido víctimas de los desmanes politiqueros con nombramientos excesivos y contratos a allegados, entre otras prácticas.

En la actualidad el nombramiento de la Sra. Mabel Jiménez Miranda no procede. A pesar de que fue nombrada por la Junta de COSSEC al someter para aprobación el asunto a la Junta Rectora de la Comisión de Desarrollo Cooperativo no contó con los 7 votos requeridos. La movida que siguió preocupa más. La nombraron Presidenta Ejecutiva Interina y está ocupando el puesto. Esta movida constituye un mal ejemplo de una entidad reguladora cuyos procesos deben ser ejemplares.  Lo correcto hubiera sido abrir un proceso de consulta para ese puesto. El empeño en imponer a esa persona    comienza a inquietar. Hay aprensión. Barrunto.

Comentarios a: mildredkairo@gmail.com 

Especial para CLARIDAD

Escribo estas líneas con la rabia que comparte todo Puerto Rico ante los recientes asesinatos de Keishla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas. Dos eslabones más en la larga cadena de violencia contra las mujeres en Puerto Rico. No es momento de palabras, ni proclamas, ni lamentaciones vacías a los que tantos políticos nos tienen tan acostumbrados. Es momento de acción y de estar alertas ante la manipulación y las falsas soluciones. Estos hechos nos colocan ante varias realidades que, a falta de mejores nombres, hemos llamado la hipocresía de la derecha, las inconsistencias de los neutrales o del centro y el oportunismo del poder, o, más concretamente, de los federales.

La hipocresía de la derecha la conocemos. Es la hipocresía de los que dicen que rechazan la violencia contra las mujeres, pero se oponen a la educación con perspectiva de género. Dicen que se oponen al odio, pero no quieren prohibir las terapias de conversión. Dicen que hay que rechazar la violencia, pero contra todos, sin «privilegiar» a las mujeres. Dicen que rechazan la violencia, pero van al tribunal para invalidar un estado de emergencia que pretende atenderla. Su mejor ejemplo es la política del partido Proyecto Dignidad y su delegación legislativa. La posición es clara: decir que se rechaza la violencia contra las mujeres y hacer todo lo que se pueda por bloquear toda acción que pretenda atenderla. Y es una posición hipócrita pues, aunque dicen lo contrario, en realidad piensan que el problema no existe, que es un invento de las feministas, que es un invento para imponer la perspectiva de género, que es un invento para acabar con la libertad religiosa, que es un invento para que el estado controle nuestras ideas. Que nuestra indignación no deje de señalar a estas posiciones, que se convierten en cómplices de la violencia que dicen rechazar.

Las inconsistencias del centro no son menos indignantes. Estos y estas son los que dicen, estoy contra la violencia, pero no soy feminista. Dicen: cada grupo tiene su punto de vista, y hay que respetarlo. Son expertos en evadir el punto, en no comprometerse. Quieren estar bien con todos. Dicen: estoy contra el machismo, pero quizás no hay que hablar de perspectiva de género, podemos hablar de derechos humanos. Dicen: estoy contra las terapias de conversión, pero hay que entender que el tema es complejo. Y siguen: creo en los derechos de la mujer, pero no es el momento de levantar el tema de la falta de servicios de terminación de embarazos. En su deseo de estar bien con todos, de no querer comprometerse, acaban por casi caer en la hipocresía de la derecha. No son iguales, pues los del centro saben que hay un problema, y les preocupa, pero más les preocupa perder los votos de la derecha o quedar retratados o retratadas como feministas o radicales.

El oportunismo de los federales entra por vía de la pena de muerte. Desde hace más de veinte años los fiscales federales han tratado de imponer la pena de muerte en Puerto Rico. Hasta ahora no han podido. Esta es una intención infame. La pena de muerte nada resuelve. No restaura vidas. No cambia comportamientos. No repara daños. Tan solo añade una violencia más a las que ya sufrimos. Tenemos que rechazar a los asesinos y por eso mismo no podemos imitarlos. Es una práctica que Puerto Rico tiene el mérito de haber abolido en 1929 (luego de una larga lucha abolicionista) y de haberla prohibido constitucionalmente. Y el gobierno federal quiere reimponerla. Ahora pretenden usar la indignación ante el asesinato de Keishla Rodríguez para lograrlo. Es su gran oportunidad. Ya están desviando la atención: hasta el domingo estaba el país debatiendo el problema de la violencia contra las mujeres, ahora nos tienen debatiendo sobre la pena de muerte.

Demás está decir que aquí también se plantea nuestro problema colonial. Tenemos una constitución que para mérito suyo y nuestro prohíbe explícitamente la pena de muerte, pero a los federales poco les importa. Sabemos que tienen el poder de ir por encima de la constitución del ELA. Pero al menos debieran tener respeto a la voluntad del país, pero ni eso.

Así que tenemos una agenda ardua pero irrenunciable. A la derecha hipócrita hay que denunciarla y combatirla, como cómplice de la violencia que queremos abolir. Al centro inconsistente hay que plantearle que ya no hay espacio para las vacilaciones. Piérdanle el miedo al feminismo. El país está cansado de resoluciones vacías y lamentaciones emotivas y llamados al consenso por el bien de todos. A los legisladores y legisladores, actúen: aprueben las medidas que ya están radicadas para enfrentar el feminicidio y el transfeminicidio, para combatir el acoso callejero, para prohibir las terapias de conversión, para convertir en ley la educación con perspectiva de género y otras medidas contra la violencia, entre otras.  Queremos y necesitamos acción, no discursos que vayan en busca de aplausos fáciles.

A los federales digámosle claramente: rechazamos la violencia contra las mujeres, repudiamos a los asesinos y rechazamos por lo mismo su pena de muerte. No permitiremos que ustedes nos regresen a un pasado que ya superamos. En todo caso ustedes debieran imitarnos, aboliendo esa reliquia de la barbarie.

En estos momentos tan difíciles para nuestro país reafirmamos nuestro compromiso con esta agenda, dentro y fuera de la legislatura.