Especlal para CLARIDAD
Varias semanas han pasado desde que Puerto Rico se estremeció con los espantosos feminicidios de Keishla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas. Dos jóvenes, trabajadoras, queridas por sus familias, acogidas por sus comunidades y espacios de trabajo. Las bellas sonrisas que vimos en las fotografías publicadas durante su búsqueda, luego de que desaparecieran y en los procesos investigativos hasta encontrar sus cuerpos, contrastaban con la brutalidad que les robó la vida y antes, su derecho a vivir en paz. Con mucho pesar recordamos bizarras manifestaciones del violencia de género que ocurrieron anteriormente en esta “Isla del Encanto”. Tal fue el caso del baloncelista Richie Pietri, quien le destrozó el cráneo a su esposa a martillazos, mientras dormía. También el de la hija y hermana de dos queridas amigas de la zona de Caguas, quien fue buscada por familiares y amistades durante varios días, hasta que su propio hijo encontró el rastro que condujo al cuerpo despedazado de su amada madre. ¿Por qué a pesar de feminicidios anteriores los casos de Keishla y Andrea han sacudido tanto al Pueblo en general y todavía continúan generando comentarios, actividades, compromisos, investigaciones, programas especiales en los medios de comunicación, editoriales, cambios en protocolos y el contundente mandato de investigación de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Andrea, entre muchas otras acciones?
Creo que es de aplicación el dicho de que “Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe.” La fuente ha sido el trabajo constante de denuncia y concienciación realizado durante largos años por las organizaciones de mujeres, las que son defensoras de los derechos humanos y otros sectores aliados en contra del discrimen por razón de género y su máxima expresión que es la violencia machista, al mismo tiempo que hemos afirmado el derecho a vivir en paz y promulgado la equidad de género. El cántaro que ha comenzado a romperse es la indiferencia de la gente, la creencia aprendida de que la violencia en la relación de pareja es un asunto privado y no de salud pública y derechos humanos que a toda la sociedad concierne; el estereotipo de que si algo le pasó es porque se lo buscó, el cual ha sido sustituido por el lema “Ni una Más, Ni Una Menos”, que tanto han reiterado en un llamado a la solidaridad las feministas del mundo y las activistas de Puerto Rico.
Ni remotamente me hago ilusiones de que el camino está despejado, pero sí de que ha comenzado a abrirse paso a paso. Derramamos lágrimas cada vez que la violencia de género lanza un zarpazo en su diferentes vertientes. A veces son visibles, pero muchas otras las escondemos en el coraje, la denuncia, las acciones concertadas como pintar un mural que sacuda a la gente, pero que trae como consecuencia violencia institucional del estado mediante arrestos y enjuiciamientos. También cuando esa violencia tan machista como la doméstica o la agresión sexual se manifiesta en macanazos por la fuerza policiaca para reprimir el activismo de las que exigen la declaración de un estado de emergencia por la violencia de género.
Sabemos, sin embargo, que además de los feminicidios y los transfeminicidios, son múltiples las mujeres que sobreviven las violencias sin solicitar protecciones civiles y mucho menos promover denuncias para que sus agresores sean juzgados como criminales. Utilizan mil veces y una más estrategias para salvarse ellas, sus hijas e hijos. Entre éstas se encuentra solicitar acogida en los albergues, esas entidades que además de protegerlas cuentan con programas de servicios psicológicos y sociales para trabajar el trauma; con cuido y tutorías para las niñas y niños, programas de vivienda y de desarrollo económico para que se levanten sobre sus pies y hagan realidad el sueño de reivindicar su dignidad. Es constatable el respaldo que instituciones como Casa Protegida Julia de Burgos, Hogar Ruth y otras reciben de la comunidad, de empresas privadas, de fundaciones. Esto constituye evidencia adicional de que más gente está acogiendo el discrimen y la violencia de género como un reto a ser superado, no solo por quienes la sufren directamente, sino por toda persona que se respete a sí misma.
Sin embargo el gran avance en el camino que estamos recorriendo solo será posible cuando aceptemos la necesidad imperiosa de que la educación desde la edad andarina y en todos los grados sea impartida con perspectiva de género. Es decir, reconociendo que como resultado de los expectativas, estereotipos, adscripciones creadas y fomentadas por una sociedad machista se trata como inferiores a las mujeres respecto a los hombres. Que se desprecia y se le resta valor a las personas con identidad u orientación sexual distinta o no binaria. Partiendo de esa injusta desigualdad, opresión y discriminación, la educación debe promover el cambio hacia la equidad como un asunto de Derechos Humanos. Se trata de un enfoque integrado que atraviesa todo el sistema educativo, cada clase, cada grado, toda actividad de enseñanza.
El gobierno está a la zaga en el curso del camino hacia la equidad. Ante la realidad existente en Puerto Rico, a fuerza de presión y evidentemente por interés político partidista, de forma tardía el gobernador decretó el Estado de Emergencia por Violencia de Género. Nos representan en el Comité PARE que tiene a cargo implantar la Orden Ejecutiva, compañeras de cinco organizaciones de mujeres que están haciendo un trabajo extraordinario y exigiendo de las entidades gubernamentales que participan, que aprieten el paso en el descargue de las responsabilidades que la Orden Ejecutiva les impone. Por otro lado, en la Legislatura se han presentado proyectos necesarios relacionados con la equidad de género que han zozobrado, como el P. del S. 184 para prohibir las Terapias de Conversión. Legisladores populares y nuevo progresistas han sometido propuestas para enmendar la Ley 54 sobre Violencia Doméstica de forma innecesaria o cuestionable. Otro obstáculo que en reiteradas ocasiones se atraviesa en el camino es la judicatura cuando trata a las víctimas de forma prepotente e insensible, desviándolas hacia rutas que las exponen a graves peligros. Tal fue el caso de Andrea. Al desacierto del Tribunal de Primera Instancia se sumó la determinación de la mayoría del Tribunal Supremo de prohibir el acceso a las grabaciones de las vistas en las cuales Ruiz Costas se quedó sin remedio alguno. Las grabaciones reveladas extraoficialmente posteriormente, hicieron clara la reprochable actuación de la última Jueza que intervino Espero que la investigación ordenada por la Jueza Presidenta Oronoz, rinda frutos, para beneficio de las víctimas.
Investigaciones llevadas a cabo por organizaciones de mujeres y compañeras expertas, como el Observatorio para la Equidad de Género en Puerto Rico, Inter Mujeres, MATRIA y Kilómetro Cero han comprobado, que como en otras naciones, en Puerto Rico los desastres naturales y la pandemia del COVID-19 han exacerbado la violencia de género y que las sobrevivientes han tenido más limitaciones para lograr acceso a servicios y apoyos. Sin embargo la reacción del Pueblo ante los dos feminicidios de Keishla y Andrea nos permitieron ver un rayito de esperanza, dentro de la gris tristeza.
