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No hay nada complicado en lo que pasa en Palestina

Por

mayo 18, 2021

(N.de E. Vuelven a ocupar titulares las matanzas de la policía y el ejército de Israel en la parte oriental de Jerusalén en Palestina. La gran prensa del mundo occidental se adentra en un túnel de palabras y conceptos complicados para evitar llamar las cosas por su nombre. Asia Khatun es una escritora independiente y editora jefe de la revista literaria cibernética Thawra. En prosa sencilla y clara, de forma breve, y sin rodeos ni juegos de palabras, ella describe lo que ha ocurrido en Jerusalén durante las pasadas semanas, y en toda Palestina durante demasiado tiempo. Este artículo fue publicado el 12 de mayo en la edición web de la revista socialista estadounidense Jacobin. La traducción es de CLARIDAD).

Por Asia Khatun

“Debemos estar absolutamente claros sobre lo que está pasando en Jerusalén: una de las naciones más militarizadas del mundo, Israel, está llevando a cabo una ocupación brutal utilizando la violencia racista y la limpieza étnica”.

Las pasadas semanas han visto en acción al colonialismo de asentamientos, después que un tribunal de distrito de Jerusalén exigiera la expulsión de cierto número de familias palestinas de sus hogares en el vecindario de Sheikk Jarrah en el territorio ocupado al este de Jerusalén. Estos mismos palestinos, que habían sido desplazados de Yafa y Haifa en 1956 bajo el mandato de Jordania, fueron removidos forzosamente de sus hogares por colonos respaldados por la Policía de Israel, aunque la decisión sobre las expulsiones haya sido ahora aplazada por un tribunal de mayor jerarquía. Naturalmente, esto provocó indignación y llevó a la movilización de familias y personas en el área para protestar lo que consideran que es un paso más hacia la anexión del territorio oriental de Jerusalén.

Muy cerca, en la mezquita de Al-Aqsa, los fieles que asistían a los rezos nocturnos por el mes sagrado del Ramadán, fueron atacados con bombas y gases lacrimógenos por soldados armados. La violencia ha escalado ahora a disparos de cohetes por parte de Hamas y ataques aéreos por parte de Israel. Hasta el martes (de la pasada semana), 24 palestinos, entre ellos 9 niños, habían muerto en estos incidentes y había cientos de heridos, según datos del Ministerio de Salud de Gaza.

Muchos de los principales medios de comunicación han denominado estos eventos como “enfrentamientos”, o “un conflicto” sobre “desahucios”, utilizando dichos términos en titulares que contribuyen al ambiente lingüístico que ya conocemos demasiado bien. Estas palabras tienen cierto éxito: sirven para blanquear y quitar importancia a las acciones de un etno estado neocolonialista que ha pretendido convertir la continua opresión de los palestinos y la negación de sus derechos humanos en norma internacional.

La normalización del colonialismo empieza por donde siempre lo ha hecho: el lenguaje. Una particular selección de palabras y vocablos, ya sea por irresponsabilidad o por mera ignorancia, refuerza la noción de que este es un conflicto en el que ambos bandos poseen los medios para ser equitativamente violentos uno hacia el otro. Lo cierto es que Israel es una nación con una fuerza de ocupación entre las más militarizadas del mundo, y está respaldada por billones de dólares y armamentos desde Estados Unidos. Las sociedades occidentales generalizan y creen en una dinámica de poder que, simplemente, no existe en este caso. La falta de entendimiento sobre esta realidad es una consecuencia directa de décadas de haber confundido y fusionado los términos anti Sionismo y antisemitismo, lo cual desvía la conversación de la limpieza étnica que ocurre en Palestina.

Los principales medios de prensa desvían la conversación sobre las muertes de palestinos hacia Hamas y sus cohetes. En la mañana del 11 de mayo, el jefe de la Misión Palestina al Reino Unido, Hussam Zomlot, estuvo en el noticiero de la BBC explicando que las medidas reactivas del grupo (que fue inicialmente financiado por Israel en su desesperación por contrarrestar a los secularistas de la Organización de Liberación Palestina) no deben tener más peso que las violaciones a los derechos humanos que ocurren sobre bases diarias y resultan en un creciente número de fatalidades. Palestina no está en un vacío de poder, súbitamente gobernada por Hamas: es una región desestabilizada intencionalmente, mucho de la cual funciona como una prisión al aire libre que Israel pueda controlar.

Esa línea repetitiva de preguntas tiende a crear dudas sobre lo que realmente ocurre, y ya sea intencionalmente o no, la reticencia a reconocer las acciones criminales de Israel son parte de la razón para que la ocupación se haya convertido en una paradoja: los “enfrentamientos” se reportan con sensacionalismo, mientras las muertes de palestinos son incidencias ordinarias.

En el Reino Unido, los políticos de centro izquierda han rehusado asumir una posición fuerte contra el gobierno del “apartheid”. Días después de que Jeremy Corbyn le implorara a Joe Biden que “pusiera una enorme presión e influencia sobre el gobierno de Israel”, Keir Starmer, el actual líder del Partido Laborista, envió un “tweet” haciendo una tibia referencia a la violencia. La solicitud de Starmer para que el gobierno israelí “trabaje con los líderes palestinos para desacelerar las tensiones” corresponde a la percepción de que el gobierno israelí quiere trabajar con los líderes palestinos- pero hace solo un año el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu proclamó: “Nosotros dictamos las reglas de seguridad…Ellos seguirán siendo sujetos palestinos.”

La consecuencia de la disputa lingüística es que la anexión de las tierras palestinas por parte de Israel, lo cual es una violación de la ley internacional, se hace tragable. Los palestinos han intentado combatir su supresión a través de las redes sociales con vídeos y “hashtags”, tales como #SaveSheikkJarrah, en los cuales documentan la brutalidad gráfica que ocurre en su entorno. Pero muchos han sido censurados: sus mensajes escondidos, o eliminados. Silenciar a la disidencia en la esfera digital es otra forma peligrosa de control sistémico, que niega la libertad de expresión y limita la libertad de prensa.

Las acciones de Israel se centran en un dogma alrededor del cual se pueden alinear todos los neo colonialistas. Cuando comete sus crímenes, se rehúsa a reconocer la ilegalidad e inhumanidad de su continuada ocupación de Palestina y así la normaliza. El colonizador ha sido el protagonista del discurso mediático por tanto tiempo que las palabras se escriben solas. La limpieza étnica de Palestina es siniestra en todas sus formas, pero la manipulación del lenguaje para convertir en villano a un pueblo, que por más de setenta años ha sido despojado de su dignidad y humanidad, es particularmente aborrecible.

Juicio moral en un Tribunal de Justicia

Por

manuel-de-j-gonzalez

mayo 18, 2021

CLARIDAD

Debido al secretismo decretado por 5 de los 8 jueces que componen el Tribunal Supremo, aún se desconoce lo que ocurrió en las tres ocasiones en que Andrea Ruiz Costas acudió al foro judicial en busca de remedios. No obstante, lo que ya conocemos dibuja un cuadro bastante completo de lo que anda mal en nuestro sistema de tribunales.

Gracias al periodista Oscar Serrano, de Noticiel, conocemos el audio de la vista donde la jueza Ingrid Alvarado no encontró causa para el arresto del eventual asesino de Andrea. Los análisis que en diversos medios se ha hecho de ese audio destacan la rapidez con que se despachó el detallado testimonio de la víctima, y la aparente molestia de la jueza por el día y la hora en que se le sometió. Esos elementos sin duda están presentes en la grabación, pero hay otro mucho más serio e inquietante, que llega a los tribunales porque está enraizado en la sociedad. Es la ideología que le asigna determinados patrones de conducta a la mujer y luego la juzga cuando se aparta de ellos.

La imagen de Andrea que surge de las grabaciones que conocemos, tanto su testimonio en la vista como en conversaciones con amigas, es la de una mujer bastante liberada de convencionalismos sociales y sexuales. Sabiéndose amenazada por quien fue su compañero en la intimidad, no tuvo reparos en hablar de sus actos íntimos. De manera bastante gráfica los expuso ante la jueza para dramatizar el peligro al que se exponía. En sus expresiones vimos a una mujer joven, que disfruta su sexualidad sin atarse a convencionalismos, y es ahí donde parece estar la clave del comportamiento de la magistrada.

En la grabación que conocemos no hay expresiones de la juez refiriéndose a esa conducta de Andrea, o reaccionando a ella. Como no se ha divulgado el video de la vista tampoco sabemos de sus expresiones faciales, que a veces dicen más que las palabras. Pero la rapidez con que dispuso del caso y emitió el no causa, nos dice mucho. También nos dice mucho que no hiciera pregunta alguna buscando clarificar algún ángulo o una palabra.

Esta actuación de la juez frente al testimonio de Andrea ha sido interpretada por algunos como que no le creyó y por eso la despachó tan rápido. Mi percepción es que se trata de algo mucho más serio. Creo que la juzgó y concluyó que esa joven que hablaba con franqueza de ciertos actos sexuales no merecía la protección de un tribunal. Su silencio y la rapidez del dictamen reflejan a alguien que quiere dejar de escuchar cuanto antes lo que “esa mujer” habla. Lo que está presente en la orden de la jueza es un juicio moral, no legal.

Tal vez si pudiéramos verle la cara a la jueza Alvarado encontraríamos el disgusto, no por la hora de la vista ni por la alegada tardanza en presentar el caso, sino por la conducta de la mujer que venía a buscar protección. El no causa al perseguidor fue en realidad un juicio moral a la perseguida, que nació de los patrones que la sociedad patriarcal le impone a la mujer. La descripción que hizo Andrea se aparta de esos patrones. Es la misma que se resume en la terrible frase “ella se lo buscó”.

Ese juicio moral detrás del “no causa” al acechador es lo más serio de este caso, porque refleja un problema que no se resuelve relevando a la jueza de sus funciones ni creado “salas especializadas”. El término “educación con perspectiva de género” apunta hacia la instrucción pública, pero, además de allí, se necesita con urgencia en el sistema judicial.

El problema se agrava por la forma y manera como en Puerto Rico se selecciona a los integrantes de la rama judicial. Son tres los únicos elementos presentes antes de un nombramiento: que la persona tenga un título de abogado, ciertos años de experiencia y el apoyo que llegue de alguien ubicado en alguna esfera de poder. La competencia del candidato, su sensibilidad y su capacidad para enfrentarse a las complejidades de la sociedad moderna no entran en consideración.

Lo que ya conocemos de la jueza Alvarado resumen este problema. Todos los trabajos previos llevan el sello “confianza política”. Entre puesto y puesto estudió derecho en Ponce y, poco después de acceder a la profesión, logró el nombramiento de jueza municipal, el único que cuadraba con su poca experiencia como abogada.

¿Estaba Alvarado cualificada para el cargo de jueza municipal? Obviamente la poca experiencia como abogada no necesariamente la descartaba, pero si existiera un proceso riguroso de selección, como el que se da en los países donde el nombramiento llega tras superar oposiciones, era posible detectar otras cualidades adicionales al conocimiento mecánico del derecho. A veces resulta que, a pesar del proceso dominado por el patronazgo político, la persona nombrada resulta ser competente y sensible, pero no se nombra sabiéndolo. Es sólo una carambola.

Finalmente, volvamos al decreto de silencio emitido por la mayoría del Supremo. Ahí no se manifestó el germen de la política porque la jueza protegida es PPD y sus cinco protectores llegaron del otro bando. Fue un acto de protección del gremio. La actuación de la mayoría del alto foro es similar a la del presidente de la asociación de jueces, que anda de media tour defendiendo a Alvarado a todo dar. Esto crea enormes dudas sobre la probabilidad de que la rama judicial pueda tomar medidas para superar el grave problema que supone el juicio moral hecho a Andrea. Es ese mismo tribunal el que tendrá que pasar juicio ante una futura querella ética a la jueza, y es también el que debe dirigir el proceso que saque el machismo del sistema judicial. Su conducta hasta ahora no es la de un foro que se dispone a atender el problema con la urgencia y la profundidad que se necesita.

Sigue vivo el proyecto de terapias de conversión

Por

candida-cotto

mayo 18, 2021

CLARIDAD

“El proyecto está vivo.” Así lo afirmó el senador independiente José Vargas Vidot, a Claridad, sobre el proyecto (PS 184) que busca prohibir que profesionales de la salud lleven a cabo las llamadas terapias de conversión, o terapias de reorientación sexual o reparadoras.

Luego de semanas de vistas públicas celebradas por la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción en donde se presentaron 40 ponencias por escrito y 30 ponencias presencialmente, la mayoría a favor del proyecto y aun con un informe positivo, la medida fue rechazada en la Comisión. La medida incluso recibió el aval del Departamento de Justicia, el cual recomendó que el proyecto debe tener de manera expresa que está prohibido aplicar estas supuestas terapias a menores de edad. Esta prohibición ya existe en 14 jurisdicciones de EE UU.

Vargas Vidot, quien presidió las vistas públicas y es autor del proyecto, junto a otros senadores, aclaró que aun cuando la medida fue derrotada en la Comisión, si esta tiene un informe positivo hay un limbo legislativo que le da la oportunidad de poder presentar otro informe o que la medida se presente por descargue en el pleno del Senado. En este caso dijo que esperaba que “ya la semana que viene la valentía pueda volver al Partido Popular y de alguna manera entiendan que ya no se trata de populismo de atender otras cosas que desenfocan la realidad de un proyecto humanitario, sino que se trata de atender a la niñez y a la dignidad”. Por lo que espera presentar el proyecto.

En la Comisión participa la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) que ahora es minoría, la cual también votó toda en contra. También votó en contra la senadora fundamentalista del partido Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Vélez. La mayoría Popular votó en contra, mientras que el presidente del Senado, la vice presidenta y el portavoz de la mayoría se abstuvieron, lo que tiene el mismo efecto de votar en contra.

En tanto la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y veterana activista por los derechos de la comunidad LBGTBQ, licenciada Ana Irma Rivera Lassén, a preguntas de Claridad subrayó que el rechazo al proyecto es un mensaje contradictorio porque por un lado la Legislatura ha estado aprobando legislación reconociendo los derechos de la comunidad LBGTQ mientras lo que está haciendo con este voto es seguir avalando “situaciones que mandan el mensaje de que ser de la comunidad es una enfermedad”. No obstante, expresó “no nos vamos a dar por vencidos ni por vencidas, vamos a seguir insistiendo, porque el mensaje al pueblo de Puerto Rico, el mensaje a la comunidad LBGTQ, tiene que ser un mensaje coherente, un mensaje de seguir sumando y no de restar derechos”.

La senadora trajo a la atención que de hecho el 17 de mayo está declarado como el Día Internacional en contra de la homofobia y transfobia, por lo que advirtió que va a ser muy importante ver cuál será el mensaje que la Legislatura le va a estar dando a la comunidad LBGTQ “de la que yo soy orgullosamente integrante, así que yo no me doy por vencida”.

Rivera Lassén coincidió en el señalamiento de que el rechazo al proyecto de prohibir las terapias de conversión puede afectar el que se legisle para adoptar la educación con perspectiva de género, que es parte de los temas que se están trabajando en la Legislatura y que al igual hay gente con su fobia que está tratando de echarlo hacia atrás. “Pero yo confío en que vamos a poder seguir avanzando, también para entender que la educación con perspectiva de género es una metodología de trabajo para ir desmontando lo que son privilegios que se han estado dando como si fuera lo normal o lo correcto, en contra de todo lo que es los entendidos femeninos y en tanto femenino se atribuye como que es inferior y ahí entra la mujer en todas sus dimensidades”.

Por otra parte, la presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), doctora Kevia Calderón Jorge, dijo estar sorprendida con lo sucedido con el proyecto.

“Nos sorprendió. Sabíamos que había oposición, sabíamos que había personas tanto a favor como en contra, pero nos tomó por sorpresa porque se había hecho un trabajo para poder llevar un mensaje claro y aun así vimos que de alguna manera no llegó el mensaje como esperábamos”.

En ese sentido atribuyó que quizás otros intereses y miradas interfirieron para que se tomaran otras visiones adecuadas para la salud de nuestros jóvenes y niños. “Sé que todas las personas que estuvieron allí llevaron la información de todo lo que se ha podido evidenciar, nos faltó quizás oídos que escucharan con claridad, quizás fue lo que faltó.”

Expuso que la postura de los profesionales de la psicología y de otros profesionales de la conducta es que la identificación de género no es una enfermedad como quieren hacer ver los que se oponen a que se prohíban las llamadas terapias de conversión. Desde hace muchos años se ha venido trabajando y evaluando y se ha podido constatar que no es una enfermedad ni una psicopatología el que una persona se identifique con un género diferente al sexo con el que nace. “Para nosotros [se refiere a los psicólogos] diagnosticar una patología tiene que haber disfunción, la persona comienza a tener diferentes perturbaciones en su funcionamiento en diferentes áreas de su vida, y es ahí que uno entonces determina que hay una patología o una psicopatología, en el caso de la salud mental.”

Es decir, no porque haya una determinada preferencia sexual la persona tiene un daño o una disfunción en las otras áreas de su vida. Es imposible llamar una enfermedad a la preferencia sexual y eso se ha visto a través de los años.

La doctora Calderón Jorge desmintió alegaciones de que en Puerto Rico no se practican las llamadas terapias de conversión. Contó que hace unas semanas compartió con un joven que fue sometido a terapias de conversión por insistencia de sus padres. “El testimonio es desgarrador, lamentablemente la persona que llevó a cabo esas terapias fue un profesional de la salud mental y cuando le pregunté al joven porque no había hecho una denuncia la respuesta fue ‘porque le tengo miedo a esa persona’. Esto es una situación de victimización donde tenemos a una víctima y un victimario.”

Continuó que aun cuando la persona logró ir a otro tratamiento psicológico donde se trabajó de forma adecuada y ha podido salir adelante y reparar en gran medida ese daño, el daño aún permanece dado a que la persona todavía no se atreve hacer una querella. Según la víctima esta persona le seguía llamando y le dejaba mensajes.

“Por un lado, hay personas que han pasado por la experiencia y tienen miedo de exponerse a lo que los demás puedan decir contra ellos. Estamos hablando de que esa es una exposición bien dura y hemos visto como históricamente esta población ha sido rechazada y lastimada de todas las formas posible simplemente porque tienen una orientación sexual diferente y ‘porque yo no estoy de acuerdo con su estilo de vida’ y eso es terrible. Muchos de ellos no se atreven hablar.”

La presidenta de la Asociación de Psicología apuntó a la importancia de que los profesionales de la salud estén regulados y reconoció que puede haber personas que no tienen un título y ninguna preparación que incurren en este tipo de prácticas, por lo que defendió la medida. “En el mejor de los casos se pueden tomar medidas correctivas, pero si entramos en la dimensión de negar que es posible que eso exista entonces damos pie a que sigan pasando”.

La psicóloga exhortó a las personas a no perder de perspectiva lo que es correcto y a buscar las fuentes de educación correctas para poder hablar desde el conocimiento y no desde el prejuicio. “Históricamente nuestra humanidad ha sido objeto de la injusticia de la mano de la ignorancia, lo que es bueno y justo debe ser para todos.”

Con parchos se sostiene la salud de la colonia

Por

lydimar garriga vidal

mayo 18, 2021

Especial para CLARIDAD

Hay conversaciones que se nos hace urgente retomarlas, continuarlas y profundizarlas. En un país donde el acceso a servicios públicos se observa cada vez más vilipendiado hablar de la salud pública, así con el apellido que indica que se le debe a todes por igual, debe convertirse en una prioridad. Si comienzo a presentar estadísticas sobre la desigualdad que se vive en Puerto Rico quizás me limite en cumplir con los objetivos que deseo en estas líneas, aún así me arriesgo a resaltar algunas ya ampliamente conocidas. El Instituto de Desarrollo de la Juventud nos ha estado informando que casi el 60% de la niñez vive bajo niveles de pobreza y el 70.3% de las familias son monoparentales, entre otros datos preocupantes. Cuando menos que estas estadísticas nos sirvan para reconocer que las miradas estructurales son urgentes y que con parchos o en segmentos no resolvemos la magnitud de lo que ocurre.

Como si ese panorama no fuera suficiente, nos hemos enfrentado a huracanes, terremotos y a una pandemia en un archipiélago sin un sistema de salud funcional. Puerto Rico lo que tiene es un mercado de la salud donde las aseguradoras han monopolizado el espacio, convirtiéndose a su vez en proveedores de servicios. Un servicio limitado en muchas ocasiones pero siempre alineado al poder adquisitivo de las personas. Es con este modelo, desintegrado y privado, en el que hemos descansado durante estos tiempos de austeridad para la mayoría mientras se vende un paraíso fiscal a millonarios extranjeros con la complicidad del aparato gubernamental. Ocurren despidos de profesionales de la salud, precarización de condiciones laborales, cierres masivos de escuelas y recortes a la educación, violencia de género rampante y más reciente el atraco de Luma al sistema de energía eléctrica de todo el país. Todo ante los ojos y manos de un gobierno que pareciera no vernos ni extendernos sus manos pero realmente es porque está mirando y tocando los intereses del capital. Bajo el neoliberalismo, lo que tenemos de manera salvaje y desmedida es un estado capitalista que como es nuestro caso, anda amarrado de pies y cabeza a una relación colonial en la llamada era postcolonial. Así de históricas y urgentes son las demandas y reclamos para un mejor país, somos una colonia en una etapa que muchas personas nominan como postcolonial.

La realidad es que el país ya no aguanta mas discursos que nos digan que el huracán María o la pandemia nos quitó el velo de lo que realmente ocurre. Ya lo sabemos porque lo vivimos diariamente. Necesitamos acciones concertadas, colectivas y miradas estructurales a todos los determinantes sociales de la salud. Se nos hace imperativo empezar por reconocer que no vamos a resolver los problemas de salud del país mirando solamente los servicios de salud. Tampoco lo vamos a resolver desde la academia exclusivamente o desde nuestras casas sin insertarnos en los movimientos sociales y de las luchas comunitarias.

¿Por donde empezamos esa misión que puede parecer utópica? Podemos comenzar por reconocer que la ineficiencia en política pública, la falta de transparencia, la corrupción gubernamental, las medidas fiscales neoliberales y el colonialismo son una gran telaraña en la que van cayendo presas nuestras vidas. Las condiciones sociales reflejan cada vez una mayor desigualdad, lo que representa un impacto directo en la salud de la población. Se requiere de acciones inmediatas e inminentes que de manera imperativa interpelen el llamado de Basta ya de parchos en el sector salud.

En el 2015, hubo un esfuerzo colectivo de múltiples sectores que logró la firma de la Ley 235-2015 que crea el Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico, en adelante CMSSPR. Basta ya de parchos en el sector salud, publicado en el 2016, es el primer informe del CMSSPR. Nos ofrece una mirada histórica a los modelos de salud que han existido y transformado durante los últimos 40 años aproximadamente. Presenta una cronología sobre eventos de salud en Puerto Rico y en Estados Unidos, así como algunas iniciativas para establecer modelos de salud alternos al vigente.

¿Será este esfuerzo del 2016 vigente en el 2021? Ciertamente en este periodo Puerto Rico ha sufrido y se ha transformado grandemente. Estamos ante un país post huracán María, post terremotos en el sur de la isla grande, sin hospital en Vieques y con una sistema de transportación negligente para los residentes de Vieques y Culebra. Como si fuera poco, todo esto en medio de la pandemia del Covid-19. Cada uno de esos escenarios ha recrudecido aun mas la salud física, emocional e integral de las personas, la salud ambiental y los entornos comunitarios poco saludables. La gobernanza y la rendición de cuentas en la gestión de política pública no existe, incluso pudiéramos puntualizar que es un accionar criminal. Y es que no basta con colocar buenos candidatos en la legislatura, mucho menos en votar por la opción menos mala, esto se trata de cuestionar todo el sistema bajo el que se ha construido la atención a la salud y todas las ramas afines de sus determinantes sociales. Requiere mucho mas que legislación, nos requiere acción social, organización política concertada, mucha educación, formación desde los colectivos y las miradas de luchas interseccionales.

Y es desde esa mirada que me atrevo, con la posibilidad de no ser justa ante algún desconocimiento de los procesos ocurridos en el CMSSPR, cuestionar la falta de continuidad en las tareas del CMSSPR. Me obliga a preguntarme el balance de fuerzas dentro de ese espacio. ¿Un colectivo que recoja a todos los sectores será suficiente para dialogar y llegar a acuerdos? Pareciera que el esfuerzo apuntó a un espacio de “juntos pero no revueltos” donde sectores que en un inicio se opusieron a la creación de la Ley 235-2015, luego pasaron a ser parte de la iniciativa. Si los opositores al proyecto (que fue pensado colectivamente y desde luchas en la calle) luego pasan a formar parte del comité permítanme colocar en mi análisis una gran bandera roja. Si las aseguradoras que se enriquecen y que controlan prácticamente todas las bases del juego conforman parte del comité permítanme colocar otra bandera roja. Son a esos y a esas que debemos preguntarles lo que esperan del espacio pero somos también otros y otras los que debemos accionar, cuestionar y promover la reanudación de encuentros y desencuentros que nos lleven a conclusiones. Con toda probabilidad es posible que confirmemos falta de afinidad ideológica entre algunos de los sectores representados en la CMSSPR. El país no lo salvamos todos unidos de las manos porque hay antagonismos que no son reconciliables. Quienes usan el servicio para servirse y enriquecerse merecen todos nuestros señalamientos y repudios.

A pesar de estos cuestionamientos lo que si parece irrefutable es que permea una falta de voluntad política en el Estado para estudiar la viabilidad de otros modelos de salud. En esta colonia, la gestión gubernamental, atada al desmantelamiento del servicio público, donde se prioriza al sector privado y al mercado tenemos que empezar a nombrar y colocarles caras a los protagonistas de esos esquemas. Quizás ese sea el gran encuentro que nos convoque Basta ya de parchos. Para concluir recalco que no podemos hablar de salud pública si miramos para el lado ante los recortes a la UPR y su Recinto de Ciencias Médicas, no podemos gestionar salud si no abogamos activamente por nuestras escuelas públicas y por supuesto que no podemos tener salud si en todos los espacios gubernamentales no comenzamos a tener perspectiva de género en sus protocolos y enfoques antiraciales en sus prácticas. Lo público debe defenderse y mejorarse porque sin espacios públicos no tendremos país. Para lograrlo hay que arrancar los parchos y rellenarlos con educación y condiciones de vida dignas.

La autora es trabajadora social escolar en el Departamento de Educación y estudiante doctoral en Salud Pública con especialidad en Determinantes sociales de la salud, RCM

Cada vez más fuerte la lucha contra LUMA

Por

candida-cotto

mayo 18, 2021

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Luego de una exitosa marcha en términos de asistencia y de que la Cámara de Representantes desafiara a la Junta de Control Fiscal (JCF) y votara en contra de asignar la cantidad de $750 millones del Fondo General (FG), la “familia energética” -como se han hecho llamar los y las trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)- y, más allá, el pueblo de Puerto Rico, continúan enfrentando el robo que representa el contrato de privatización de la AEE con la empresa estadounidense canadiense Luma Energy .

Este pasado miércoles 12 de mayo, encabezados por mujeres trabajadoras de la AEE y seguidas por trabajadores y trabajadoras jubiladas y activas, tanto de la AEE como de otras agencias y corporaciones públicas y el pueblo, miles marcharon desde el Parque Luis Muñoz Rivera hasta el Capitolio para seguir luego hasta los portones de Fortaleza, exigiendo la cancelación del contrato con Luma

En tanto se congregaban en el parque, muchos de los trabajadores de la AEE que han recibido las cartas de los llamados traslados a otras agencias de gobierno se ocupaban en llenar una apelación. El presidente de la UTIER, capítulo de San Juan, Luis Díaz Felicié -en entrevista- indicó que los empleados de la AEE tienen 30 días para apelar la movilidad por lo que la UTIER preparó un documento oficial para hacer la apelación. La gerencia de la AEE repartió cartas de movilidad a todos los empleados excepto a los que trabajan en la generación. Las cartas están firmadas por la directora de Recursos Humanos de la AEE, Shaira Maldonado Medina,

“Hay agencias en que las plazas existen y otras no; por ejemplo el Departamento de Recursos Humanos en Bayamón está cerrado desde María”, dijo como ejemplo de lo que están enfrentando los y las trabajadoras y el cual es su caso. Hay celadores con 27 años de experiencia que los han enviado a plazas de guardias de seguridad en el Departamento de Educación (DE), supervisores de brigada a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), de costureros en Servicios Generales y otros hasta a la Orquesta Sinfónica. Se supone que las apelaciones se presenten ante la Comisión del Servicio Público.

Díaz Felicié denunció que Luma está adiestrando a trabajadores de la calle, unos 300 en Guaynabo, en pocas semanas para tareas en la AEE que en ocasiones toman hasta dos años de preparación. Puso de ejemplo que él mismo lleva 15 años en Servicio al Cliente para lo cual tuvo que tomar un adiestramiento inicial de seis meses y luego pasar tres meses de trabajo supervisado por cada mes de adiestramiento, para un total 24 meses de adiestramiento.

Se supone que la privatizadora Luma asuma el control de la AEE este 1 de junio y aunque la gerencia de la empresa ha dicho en repetidas ocasiones a algunos medios de comunicación y mantiene una campaña publicitaria de que ya tiene a toda su plantilla, tanto trabajadores de la AEE, abogados de la UTIER y entidades como el Instituto para el Análisis Financiero y Económico de la Energía (IEFFA, siglas en inglés) desmienten esta aseveración.

La marcha que salió después de las 9:30 de la mañana, al detenerse frente al Capitolio y antes de pasar a los mensajes mantuvo un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género. Luego el Padre Pedro Ortiz, se dirigió a los presentes y manifestó: “gracias a las mujeres que no claudican y están dando el frente a la violencia institucionalizada”, y denunció que el contrato de Luma es una de esas manifestaciones de violencia institucionalizada. Exhortó a que no se puede pensar que un buen cristiano, un buen ser humano, pueda estar apartado de las luchas justas, en alusión a combatir el citado contrato. Denunció que el contrato pone en peligro a la agricultura del país, la seguridad alimentaria. “¿Qué más información le vamos a dar para que decidan?”, expresó en relación a los legisladores para que rechacen el contrato. “¿Quien le dijo a Jaresko, que le puede dar órdenes al pueblo de Puerto Rico? Esta actividad -refiriéndose a la marcha -es parte de las fuerzas del País.”

En tanto el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, al dirigirse a los presentes en primera instancia le contestó al presidente de la JCF, David Skeel, quien ese mismo día publicó una columna en el periódico El Nuevo Dia, en la cual defendía el contrato y acusaba a la UTIER no presentar ninguna propuesta.

“Primero para opinar de Puerto Rico y de la propuesta tiene que vivir en el país, lo que nosotros vivimos y sufrimos. Dice que la UTIER, los energéticos, no hemos presentado propuestas para transformar nuestro sistema eléctrico, lo que pasa es que como no sabe leer español no puede entender las propuestas que presentamos”.

Figueroa Jaramillo defendió que la UTIER ha llevado propuestas para transformar a la AEE hacia la energía renovable y que tan reciente como en enero del 2020 se reunieron con la Junta de Gobierno (JG) de la AEE y le presentaron propuestas concretas. El líder sindical retó a que si ellos -la JG- no son capaces de esa transformación, la familia energética estaba dispuesta a asumir las riendas de la autoridad para esa transformación.

El presidente de la UTIER repasó los votos que hacían falta por parte de los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) -dos votos- y cinco por parte del Partido Popular Democrático (PPD), para aprobar la resolución que le negaría los $750 millones a Luma para iniciar operaciones. El dinero saldría del Fondo General.

Entre otras expresiones, Figueroa Jaramillo exhortó a los trabajadores de la AEE que son estadistas a que en la elección que tendría esa colectividad para seleccionar a sus “cabilderos por la estadidad” a que en el espacio de nominación directa anotaran “No a Luma”.

Con igual ahínco denunció el que la Junta de Control Fiscal disponga dinero para Luma, pero no así para las escuelas, para combatir la violencia de género, para la Universidad de Puerto Rico, para las pensiones de los trabajadores, “pues que sepan que no hay dinero ni para Luma ni para ningún legislador que están dedicándose para Luma”. Tampoco dejó pasar por alto al presidente de la Cámara de que ya era hora de colgar el nombramiento del secretario de estado, Larry Seilhamer, quien es otro de los que defienden el contrato.

Entre los legisladores que salieron a solidarizarse con el reclamo de los manifestantes estuvieron la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y la del Movimiento Victoria Ciudadana. Ningún legislador del PNP estuvo presente. Por parte del Partido Popular el presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Raúl Torres, quien preside las vistas que examina el contrato, al dirigirse al público describió respecto al contrato “No están vendiendo, no están pasando, no estamos atendiendo una cosa público privada. Estamos viendo un regalo que la gobernadora Wanda Vázquez, el gobernador Ricardo Rosselló y la Asamblea Legislativa del PNP legisló en mayoría y las agencias del estado negociaron para regalar la AEE a una empresa que se llama Luma Energy cuyas matrices están en Texas y Canadá y que son compañías extranjeras que no invierten un solo centavo en Puerto Rico”.

Señaló que las vistas han revelado que el contrato a quien único le sirve es a Luma “este contrato no le sirve a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, pero esta lucha comienza hoy en la calle no solamente en el Capitolio”.

Con el sol en su cenit los manifestantes continuaron hacia el frente de la Fortaleza, en lo que hoy se denomina la “Esquina de la Resistencia”. Aun cuando durante la campaña política para la gobernación Pierluisi dijo que si ganaba revisaría el contrato, ahora se niega a revisarlo y alega que los contratos no se pueden menoscabar, además de haber vetado una resolución de la Legislatura que disponía la posposición del contrato hasta enero del 2022 para poder hacerle enmiendas.

En horas de la tarde del miércoles la Cámara de Representantes no aprobó la resolución para asignar los $750 millones. Aunque, como ha sucedido en otras instancias en que la JCF pasa por sobre las decisiones de la Legislatura e impone su criterio en el Plan Fiscal, está por verse ahora hasta donde más la Legislatura retará a la Junta.

Mientras los y las trabajadores de la AEE y otras organizaciones políticas y del movimiento obrero hicieron expresiones de que el pueblo está harto de los atropellos, por lo que la lucha no termina con esta marcha.