CLARIDAD

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“¡Ni una antena más!” Eso es lo que reclama el Frente de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas (FCCPA). Es que no son una, ni dos, son 15 las comunidades -en un momento fueron 35- que al presente luchan contra un gigante de más de 180 pies que parece tener a todo el gobierno a su favor incluyendo a la fuerza de la Policía.

La primera comunidad en organizarse para combatir la instalación de una antena de comunicaciones fue el barrio Altosanto Sonador, en San Sebastián, indicó el portavoz del Frente, Wilson Rivera, junto a otros miembros del Frente de comunidades de Las Piedras y Salinas.

Aunque Rivera no es residente de Altosanto Sanador, un amigo vecino le solicitó su ayuda, por sus conocimientos como sociólogo. El portavoz del Frente indicó que el caso de San Sebastián es importante debido a que, aunque llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) y la comunidad lo ganó, la empresa buscó la manera de burlar la determinación y salirse con la suya de levantar la torre. La empresa en este caso era la QMC. “Esta compañía es una poderosa no solo en el aspecto económico, pertenece a Rafael Somoza, pariente de la familia Somoza nicaragüense y del Guillermo Somoza que fue secretario de Justicia en Puerto Rico. La esposa es Oronoz, hermana de la presidenta del Tribunal Supremo, estamos hablando de una empresa realmente poderosa en términos económicos y políticos”.

Denunció que en OGP “fraguaron” una estrategia de que QMC enmendó el proyecto bajándole 10 pies a la torre por lo que se aprobó el proyecto. Reparó que en términos legales esto no procedía, ya que se supone que al cambiar un proyecto el proponente tiene que reiniciar los procesos de permiso y QMC no lo hizo.

“OGP entonces se lo reconoció y la antena está allí pero el proceso nos enseñó mucho. Nos enseñó que las comunidades en Puerto Rico estamos marginadas, estamos invisibilizadas y estamos frente a un monstruo que lo avala el gobierno de Puerto Rico.”

Los miembros del Frente denunciaron además que la compañía Innovatel, que preside Manuel Avilés Avilés, es la dueña de la torre de Salinas y Aguada y es la compañía que más abusos ha cometido contra las comunidades. Rivera indicó que Innovatel tiene registrada cinco empresas en la isla y es parte de una empresa regional que tiene propiedades en otros países de Latinoamérica y EE UU. Más aún denunciaron que uno de sus consultores especialistas, José Díaz Díaz, fue nombrado por el gobernador Pedro Pierluisi como miembro de la JP. “Nosotros protestamos ese nombramiento”, expresó Rivera.

A partir de la experiencia en San Sebastián comenzaron a recibir llamadas de otras comunidades y el Frente quedó organizado en el 2009. Contó que en otros casos como en la comunidad Atalaya de Aguada, fueron al tribunal y se ganó y no hubo marcha atrás. Otra comunidad que ha logrado acudir el tribunal es comunidad rural La Guaba, en Bayamón, en donde el proyecto al presente está paralizado.

Rivera confirmó que en todas las comunidades que se han manifestado contra estas construcciones ha incursionado la Policía e incluso ha habido arrestos. En San Sebastián, recordó, la Policía arrestó a 21 personas, él y otros cuatro compañeros fueron arrestados en Goyito Muniz de Aguada. De esta última reconoció que “hay una comunidad realmente fuerte y dispuesta a luchar”.

Las comunidades se han dado cuenta en el proceso que no tienen ningún acceso a la justicia. Aunque al principio la Ley 89 del 2000, que es la que se supone regule la colocación de estas instalaciones, disponía la celebración de una vista pública compulsoria, este requisito fue eliminado. Como ya no hay vista pública las comunidades tienen que ir directamente al tribunal.

“Hay comunidades que no podemos ir a los tribunales por la cuestión económica, las empresas pagan $200 y hasta $300 la hora a sus abogados. Nosotros tenemos que ir a un abogado que sea una persona consciente y nos facilite el servicio. En el caso de San Sebastián se fueron $50 mil para ir al TS. No todo el mundo puede conseguir esa cantidad. En el caso de Aguada se fueron $30 mil”.

Ante la impotencia, luego de estar reuniéndose cada mes y compartiendo información, desde el 2015 las comunidades que integran el Frente tienen redactado un proyecto dirigido a que la comunidad tenga una mayor participación en el proceso, que haya una vista compulsoria y disposiciones más rigurosas. Tanto en el 2015 como en el 2018 la medida fue presentada por la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y en ambos cuatrienios fue engavetado.

“No tenemos la influencia de QMC, es David contra Goliat”, comentó Rivera. El Frente volvió a la carga en este cuatrienio y en días recientes la medida -PS 319 y PC 663- fue radicada mediante petición ciudadana con el aval otra vez por la delegación del PIP, la delegación del Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC), y el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Santa.

El proyecto busca abolir la Ley 89, “esa ley la redactaron los cabilderos de las empresas”. Un aspecto significativo que contiene es que se aumente la distancia de la colocación de las antenas de las residencias. En la práctica con la actual ley no hay ninguna disposición. Según la ley la ubicación de una torre debe tener una distancia no menor de la altura de la torre y más de un 10% adicional a la residencia más cercana. Pero la misma ley dice que no hay que cumplir con esta disposición si alrededor hay desarrollos previos. Las comunidades proponen una distancia de entre 300 a 500 metros de distancia.

Las comunidades se cuestionan si en realidad el archipiélago de Puerto Rico requiere tantas antenas, al presente hay dos mil torres de comunicaciones lo que representa 20 mil antenas. “Estamos saturados, no hay necesidad” subrayó el portavoz del Frente.

Las comunidades que al presente integran el Frente y han suscrito el proyecto son: Goyito Muñiz, de Aguada; Las Margaritas, Salinas; Montones, Las Piedras; Jaguas, Gurabo; Cañaboncito, Caguas; UPR, Carolina; Coabey, Jayuya.

Le acompañan; la Comunidad de la carretera 686, en Vega Baja; Guava, Bayamón; Juana Díaz; Las Marías, Barceloneta; Barrio Corchado, Isabela y Río Abajo en Arecibo.

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Luis Fortuño fue gobernador de Puerto Rico por sólo 4 años, siendo derrotado en su intento de reelección. Pero el segundo cuatrienio que el pueblo le negó a Fortuño parece que de todos modos ha llegado de la mano de Pedro Pierluisi, su compañero de fórmula en 2008 y 20012. Todo lo que representó aquella administración en cuanto a mal gobierno y corrupción pública está de vuelta, y con el mismo desparpajo que tanto indignaba entonces.

Uno de los departamentos que más ensombreció el cuatrienio del binomio Fortuño-Pierluisi fue el de Educación, que tuvo cuatro secretarios, sin contar los interinatos. Casi todos llegaron a la crucial dependencia exhibiendo pomposos títulos académicos, pero en cada caso sólo sobresalió la incompetencia. El primero, Carlos Chardón, no completó un año y, a la carrera, se nombró a una tal Odette Piñeiro, que llegó desde el Capitolio de la mano de Thomas Rivera Schatz. Ésta apenas estuvo siete meses, que transcurrieron entre fracaso y burla. Su sustituto, otro desconocido llamado Jesús Rivera, estuvo unos cuantos meses más y su incompetencia fue de antología. También de forma apresurada tuvo que abandonar el cargo tras sospecharse que provocó un fuego en su vivienda buscando encubrir el uso indebido de energía eléctrica.

Después de todo, la incompetencia de aquella camada era lo de menos porque su objetivo real no era educar la niñez. Mientras los secretarios y secretarias se sucedían, el enorme presupuesto de Educación era distribuido pedazo a pedazo entre una jauría de contratistas identificados con el PNP. El festín de contratos y las dentelladas fueron tan evidentes que desde el gobierno de Estados Unidos se impuso una sindicatura que limitaba el uso de fondos, pero a pesar del probado despilfarro la fiscalía federal no actuó. Entonces estaba dirigida por Rosa Emilia Rodríguez quien durante todo el cuatrienio sería la principal protectora de Fortuño.

El segundo cuatrienio de la misma administración está en marcha, esta vez con Pierluisi de director y Fortuño en el entorno. Una vez más es el Departamento de Educación el principal teatro de operaciones. Los mismos depredadores, con otros nombres e iguales dentelladas, se han lanzado tras el jugoso presupuesto, mientras el gobernador nombra secretarias que sobresalen, como los anteriores, por su compromiso político y su disposición a abrirle paso a la depredación.

Apenas han trascurrido tres meses y por la crucial dependencia han pasado dos secretarias “designadas” y dos interinos, junto a un subsecretario que antes fue el comisionado electoral del PNP. Estos nombramientos van y vienen, entreteniendo a los legisladores responsables de la confirmación, pero la depredación no cambia. Alcaldes y legisladores derrotados en la última elección, junto a los “asesores” desplazados por el cambio de mando en la Legislatura, ya crearon las corporaciones que sirven de parapeto y empezaron a repartirse el presupuesto.

Para asegurarse que todo siga igual, la segunda secretaria designada por Pierluisi, Magaly Rivera, se parece mucho a la también segunda de Fortuño, la risueña Odette. Exhibe un título académico relacionado con educación, pero sobresale más por su activismo político que por su desempeño educativo. Para conocer ese presente partidista no ha sido necesario investigar mucho porque ella lo proclama, y quien la designa cree que no es impedimento. Por lo tanto, no sólo seguirá el reparto de contratos entre la legión de nuevos “consultores”, sino que los reclamos históricos para la despolitización de la educación pública han sido enterrados de forma oficial.

Otra similitud entre Fortuño y Pierluisi es por la indiferencia que condona la corrupción que otros denuncian. Una investigación del diario El Nuevo Día expuso el tráfico de influencias de la secretaria Elba Aponte en Educación y, de inmediato, Pierluisi le reiteró el apoyo, ratificando sus actuaciones. Hace unos días la senadora Marially González destapó actos a todas luces ilegales de otro funcionario que sigue de lo más tranquilo en su cargo.

El denunciado por la senadora es Enrique Volcker, quien está a cargo del Servicio de Tecnología del gobierno. Entre todos los favoritismos de este individuo sobresale un contrato de casi un millón de dólares por seis meses a quien fuera su socio hasta el día en que ocupó el cargo. Este robo evidente de fondos públicos no ha preocupado a Pierluisi y, con toda probabilidad, será el Senado el que disponga de Volcker, tal como ocurrió con Elba Aponte.

La similitud entre Fortuño y Pierluisi resalta tras conocerse el interior de solo dos agencias. En las otras debe estar ocurriendo lo mismo porque la legión de depredadores crece cada día alimentada por la impunidad. En el caso de Educación, la norma la impuso el primer Rosselló cuando nos regaló a Víctor Fajardo. Luego tuvimos los cuatro secretarios de Fortuño hasta llegar a la “gringa salvadora”, Julia Keleher, que produjo el segundo Rosselló. Ahora Pierluisi confirma la tendencia con dos secretarias designadas y dos interinos en tres meses. En el proceso se han despachado unos cuantos billones de dólares, y todavía hay quien se sorprenda porque la educación pública esté permanentemente rezagada.

La disponibilidad de fondos – otra similitud entre Pierluisi y Fortuño – estimula a los depredadores. Durante el primer cuatrienio de este binomio, se dispuso de los llamados fondos ARRA, con los que la administración de Barack Obama intentó estimular la economía tras la crisis financiera de 2008. Los que se signaron a Puerto Rico los repartió Fortuño ya sabemos cómo. Ahora llega otra buena suma para el impulso económico tras la pandemia, que se junta con los fondos de reconstrucción post huracán que Donald Trump tenía congelados. Ante tanta comida disponible en la sabana las fieras están excitadas. Las más atrevidas ya devoran su presa mientras las otras, salivando a todo dar, se preparan.