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Autoconstrucción y construcción informal 

Por
Luis Alejandro Molina Alanis
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Foto Gabriel Soto

 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com

Después del huracán María y los terremotos, se acusaba a la gente pobre de construir sin permisos, pero no se cuestionaba cómo llegaron a esa situación. Ahora estamos en medio de una pandemia y la Tierra sigue temblando. La temporada de huracanes se aproxima y, mientras tanto, todavía hay personas sin hogar.

El señalamiento del arquitecto y urbanista Edwin Quiles se hace cada vez más pertinente. Estamos en un momento en que profesiones como la arquitectura tienen que revisar su alcance, relevancia y disciplina.

Ante la realidad que plantean fenómenos como los mencionados surgen proyectos que dan señales de por dónde van esos cambios a los que alude Quiles cuando habla de pensar en espacios nuevos para proyectos nuevos. Un grupo de arquitectos agrupados bajo el Comité de Acercamiento Comunitario ha ayudado a llevar el mensaje fuera del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR).

Pero este planteamiento no ha sido bien visto por el Gobierno, cuya visión sigue siendo la de poner la construcción de viviendas en manos de desarrolladores que imponen un modelo predeterminado sin la participación de sus futuros habitantes. Sin embargo, el Gobierno “demoniza” la autoconstrucción, cuando “esa es la manera en que los pobres resuelven”. Quiles cuestiona el porqué de prohibirle a la gente que haga sus propias construcciones. A cambio, propone la articulación de un sitio (en las alcaldías o en las escuelas vocacionales, por ejemplo), donde la gente lleve su idea, se le ayude a hacer un plano o reciba orientación de cómo usar mejor el espacio; un servicio a la comunidad cobrando una cantidad mínima.

Quiles contrastó los argumentos en contra de la autoconstrucción con el hecho de que una parte significativa de los edificios que sufrieron daños graves fueron aquellos diseñados y construidos bajo el reglamento de Puerto Rico.  “Lo que decían de que las casas que se cayeron fue porque no cumplían con los códigos, vemos que también los edificios convencionales, como fábricas o escuelas, fueron los que más sufrieron”, añadió.

Se acusa de que la construcción informal es el problema, pero esta se da en diferentes escalas. El planificador David Carrasquillo explicó que la informalidad no son solamente construcciones mal hechas, sino construcciones que se hicieron cuando o en donde no se debían hacer. “El problema es cómo se perciben ambos tipos de problemas, porque sin lugar a dudas ambos son problemáticos; pero no se perciben como problemáticos aquellos que pueden defenderse con dinero o generando la presión suficiente al Estado para que les haga proyectos de mitigación, como son las bombas que extraen agua de Ocean Park”, sostuvo.

En el caso de las comunidades pobres que no tienen esas herramientas para cabildear y mover recursos que les sean de beneficio, se ve como un problema que tienen ellos por ser pobres. Aunque se trate de una intervención igual o más sencilla que un sistema de bombas para extraer agua, ya sea un muro de contención o drenajes.

“La realidad es que estos mismos problemas los han tenido muchas otras comunidades. Simplemente, es que hay una reticencia de parte del Estado, del Gobierno, de reconocer que estas comunidades son tan merecedoras de proyectos de mitigación como otras”, señaló.

Así como Ocean Park, a otras comunidades se les ha dado permiso para construir en lugares donde no se debería. Pero a los primeros no se les acusa de ser una comunidad informal porque tienen permisos, aunque incurran en violaciones como el respeto a la zona marítimo terrestre o construir en zonas inundables, entre otras consideraciones.

Carrasquillo criticó que la política de vivienda ha sido malísima en reconocer cuáles son las necesidades en los asentamientos informales que hay alrededor de la isla para atenderlas de forma directa. En Puerto Rico los trabajos están en la Zona Metropolitana; sin embargo, la mayoría de estos asentamientos se dan fuera de esta zona porque son personas que no tienen acceso a un empleo o al suficiente capital para siquiera tomar en consideración hacer una casa por medios formales.

Señaló que el sector de la construcción y el financiero han abandonado la misión de ofrecer una vivienda asequible. Por un lado, el sector de la construcción no reconoce lo anterior. Tampoco de que pueda haber reglamentación y legislación que ponga un tope de lo que debe costar hacer una casa. Por otra parte, los bancos prefieren vender sus propiedades vacantes a especuladores y a grupos que compran casas por decenas antes que venderlas mediante una hipoteca a una persona de carne y hueso.

“El mercado de bienes raíces no responde en lo absoluto a lo que gana la población promedio per cápita. Una casa que cuesta ya casi cerca de los $200 mil es totalmente inalcanzable para una persona que trabaja, yo diría, por el mínimo; pero en verdad, personas que ganan 3 y 4 veces el mínimo tampoco pueden acceder a un préstamo de ese calibre para comprar una casa”.  “No es una cuestión de que estas personas que se ven afectadas son responsables de su situación, porque no es así. Ciertamente, hace rato tiene que haber una enmienda para hacer algún tipo de reforma en términos de vivienda, de cómo se administran diferentes programas federales como el CRA (Community Reinvestment Act) y otras políticas que se supone que estén impactando directamente a las personas, especialmente para acceder a una vivienda asequible; los fondos que vinieron después del huracán, que muchas veces la forma en que han diseñado los programas no cumplen en satisfacer las necesidades que tienen estas poblaciones”, añadió.

Si una persona desea realizar cualquier mejora que sobrepase los $6 mil tiene que sacar permisos, pagar arbitrios al Estado, más un gestor, más un contratista, lo que infla los costos del arreglo de forma exorbitante. Ante esto, Carrasquillo mencionó que debe haber unos costos que se deben sufragar temporeramente en lo que el proceso de recuperación se da. Que debe haber también una una exención en los costos de los profesionales. Con el dinero se podría tener un ejército de profesionales que tengan su sueldo y no tengan que cobrarle directamente a la persona afectada; un programa público en donde se financie y se le comisione a diferentes entidades profesionales como el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. Que hagan trabajo pro bono o por algún tipo de costo nominal.

“Parte de las responsabilidades de estos grupos profesionales es rendir servicio pro bono; sin embargo, si no se viabiliza mediante el gobierno lo que estás haciendo es canalizando al sector privado que como intermediario se está llevando todo el dinero que se supone esté llegando a las comunidades”, dijo Carrasquillo, quien concluyó que el proceso no necesariamente se resuelve añadiendo burocracia, pero sí se puede enmendar añadiendo procesos de participación.

Hay asuntos para los que no basta una evaluación de escritorio para ser entendidos. Si como parte del proceso de las construcciones el Gobierno tomara en serio el que la gente que vive en estas comunidades opinara, se podría hacer un trabajo más responsable y más justo. Se podría también evitar futuras catástrofes sociales y ambientales.

 

La Junta de Control Fiscal engaña a los alcaldes

Por
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Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

La Junta de Control Fiscal (JCF) impone a los municipios planes fiscales que obligan al despido de empleados. En medio de tener que lidiar contra la propagación de la pandemia del coronavirus, al menos diez municipios también se enfrentan a la Junta por la imposición de unos planes fiscales que entre sus exigencias incluye el despido de empleados.

 Entre sus ejecutorias en estos tiempos de pandemia del coronavirus (COVID-19) la Junta certificó los planes fiscales 20-21 de 10 municipios que forman parte de su alegado plan piloto para “aumentar sus ingresos e impulsar medidas de eficiencia operacional”. Los municipios escogidos de manera arbitraria por la JCF para formar parte del plan piloto son: Orocovis, Aibonito, Villalba, Barranquitas, Cidra, Comerío, Camuy, Isabela, Quebradillas y San Sebastián.

 “La Junta está totalmente enajenada de la realidad”, expresó en entrevista el presidente interino de la Asociación de Alcaldes (AA), Luis Javier Hernández Ortiz, alcalde de Villalba, quien afirmó   que fueron engañados por ese organismo. De acuerdo al relato del presidente de la Asociación que agrupa a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD),  cuando  hace un año la Junta anunció la implementación de un programa piloto, los acercamientos que le hicieron a cada uno de los alcaldes de los 10 municipios fue que el programa  buscaba unos fines particulares: primero, conocer cómo funcionaban los municipios; cómo se podían establecer consorcios, como por ejemplo el consorcio energético que tiene su municipio con los municipios de Orocovis, Barranquitas y Morovis; que tenían un grupo de inversionistas que querían hacer desarrollo en Puerto Rico y que querían ver cómo  implementar esas iniciativas en estos 10 pueblos; por último, ver cómo la Junta con su personal técnico les ayudaban a maximizar sus  recaudos y los fondos  federales.

 Incluso dijo que la Junta sabía e hizo alusión a que distinto al Gobierno central, los municipios estaban pagando sus deudas.  “Somos la única entidad que está pagando su deuda con un año de anticipación, a diferencia del Gobierno central”, por lo que según la JCF no era necesario tener unas imposiciones tan drásticas.

 “Eso fue un año atrás, esa es la historia bonita de la Junta con el plan piloto. La realidad es que nunca hicieron nada de lo que dijeron”, denunció. El alcalde de Villalba reconoció que hubo varias cosas en curso que interrumpieron el proceso. Primero, la disputa entre la JCF y el Gobierno central por la Ley 29, la cual eximía a los municipios de su aportación al seguro de salud del Gobierno y del llamado Pay to go, pago de pensiones del Gobierno central. La Junta impugnó la ley ante la jueza Laura Taylor Swain, quien favoreció la postura de la Junta.

 “Esa es una imposición ilegal e injusta para los municipios porque los municipios ya pagamos las pensiones y plan médico de nuestros empleados y eso nos impone el pago de la deuda de pensiones del Gobierno central”. Otra cosa que dijo  atrasó las conversaciones y comunicaciones con la Junta fueron los temblores. “De ahí del anuncio que ellos hicieron, al disparate que hicieron hace poco, muy poca comunicación fluyó entre los municipios”. La Junta dio a conocer la certificación de los planes fiscales el 30 de junio.

 

“Lo único que veíamos que pedía la Junta era un informe de los fondos federales que se recibían por el huracán, los fondos del COVID y de los terremotos, ellos lo único que hacían era pedir información”,  continuó denunciando.

 Es obvio que los inversionistas nunca llegaron ni les dijeron quiénes eran ni en qué áreas estaban interesados. La asistencia técnica para mejorar los recaudos y fondos federales tampoco llegó. Lo que si llegó, dijo, fue una escueta carta de la JCF donde establecía un plan fiscal elaborado por su cuenta, estandarizado para los 10 municipios, sin importar nivel de pobreza, qué municipios son más grandes ni qué tipo de proyectos había. Por ejemplo, en el caso de Villalba, aunque la Junta reconoce el proyecto energético, no incluyeron los ingresos proyectados durante los próximos cinco años del proyecto.

 El alcalde descargó: “Así ocurrió con todos los municipios: un plan fiscal, un copy-paste, que no se atempera a la realidad de los municipios y, por último, una carta de dos páginas que le establece a los 10 municipios un presupuesto con un máximo y un mínimo de ingresos y gastos. La legislatura municipal nunca interactuó con la Junta y, de hecho, la carta sobre los presupuestos fue dirigida a la gobernadora, como si fuéramos un departamento, una agencia de gobierno. Se les olvida que los municipios tienen una estructura política separada. Ellos la enviaron a la gobernadora como si esta pudiera hacer algo con esa carta”. 

 Como ejemplo de las contradicciones que insistió  presentan los planes certificados por la Junta, señaló que aunque les da más dinero, porque lo único que toman en cuenta es el Fondo General, le añaden $3 millones producto de unas proyecciones de los recaudos del CRIM (Centro de Recaudos Municipales).  Pero si esos estimados están incorrectos, inflados, el resultado para los alcaldes será que les van a obligar a poner unos números incorrectos que producirán un resultado incorrecto,  por lo que al final del camino van a tener un déficit. Destacó que en estos momentos el CRIM está en una batalla con la Junta porque le quiere imponer unos estimados de recaudos que no tienen ninguna justificación.

 Despido de empleados

Hernández- Ortiz estima que lo peor es que, si se acepta la carta de la JCF por buena, de que les da más dinero a los municipios, los alcaldes se verán forzados a aceptar instrucciones de política pública que la Junta no ha podido lograr con el Gobierno central: el despido masivo de empleados. En el caso de Villalba, aunque le dan más dinero para gastar, le piden que haga una reducción de $1 millón en nómina.  “En plena pandemia cuando más se necesitan los empleados, la Junta desconoce totalmente cómo funciona el sector laboral gubernamental”, tronó Hernández-Ortiz.  Agregó que para poder despedir empleados en esa magnitud tiene que establecer un plan de cesantías para respetarles los derechos constitucionales a cada uno: “Eso no funciona de hoy para hoy, un ajuste de esa magnitud”.

 Bono de Navidad

 Otro aspecto que rechazan los alcaldes es la prohibición a que se otorgue el bono de Navidad, no importa que los municipios terminen con un superávit. Su aclaración a la Junta es que si los municipios tienen suficiente dinero recaudado para otorgar el bono, para los municipios pequeños ese incentivo viene siendo un aliciente para los empleados y un impacto positivo a la economía local.

 Plan médico

La Junta de Control Fiscal también les está solicitando la eliminación del pago del plan médico de sus empleados. En referencia a la Junta, el presidente de la Asociación de Alcaldes se reafirmó en denunciar que  “esta gente está totalmente enajenados de la realidad. Si me dices que esto lo vas a implementar en los 78 municipios; pero es solo a 10 municipios a tres meses de una elección”.

 Defendió que los alcaldes estén totalmente opuestos a todas esas medidas. En el caso del despido de empleados observó, que sería despedir empleados en áreas de servicio, que en la práctica ya no ofrece el Gobierno central. Reconoció que puede haber alcaldes que no tengan interés en revalidar, a quienes  les va a importar poco, pero “a nosotros, los que sí nos importa revalidar, nos importa mucho”.

 Privatizaciones

 Otra de las medidas recomendadas por la JCF es la “asociación” con el sector privado. En esa línea trajo el ejemplo de que antes en su municipio el recogido de basura estaba privatizado. Su administración asumió otra vez el recogido, lo que le ha resultado un ahorro en el 50% de sus gastos. Antes le costaba casi $1.2 millones al año. Hernández Rivera hizo la observación de que no todos los municipios funcionan de la misma manera, ya sea por cómo están organizados, por compromiso de los empleados, por la geografía, por su población. En el caso del pueblo de Comerío, denunció, se le quitan casi $2 millones de su presupuesto, sin tener ninguna inversión de capital de desarrollo económico a nivel central nada para ayudar a que ese municipio se desarrolle.

 Tasaciones del CRIM

 La Junta además quiere imponer una actualización a las tasaciones de propiedades, tarea que dijo ya el CRIM y los municipios están trabajando. Añadió que una petición de los municipios es que se les permita tener más fiscalización de su propio CRIM, que les den las herramientas individuales para poder trabajar las áreas de fiscalización, retasación y evaluación de casos que ya se están trabajando.

 El costo de la pandemia

 Hasta el momento,  frente a la Junta, los municipios parecen contar con el respaldo de la administración de la gobernadora. El alcalde confirmó que recientemente hubo una reunión con un representante de la gobernadora y personal del representante del Gobierno ante la Junta, AAFAF (la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), donde se discutió que todos estaban de acuerdo en que no pueden aceptar las medidas que pretende imponer la JCF, ya que estas provocarían una crisis a los municipios en plena pandemia y en la temporada de huracanes. Los alcaldes consideran que no es justa su aplicación porque los municipios están pagando su deuda.

 La alternativa que estos plantean es que si la Junta quiere que estén bajo las mismas premisas del Gobierno central tiene que darles entonces un respiro a sus deudas. De su parte, como presidente de la AA, se propone convocar a su matrícula para pedirle un voto de confianza para que todos hablen el mismo idioma, de que nadie acepte las imposiciones de la Junta. La condición que plantean los alcaldes que si la Junta quiere que los municipios estén bajo la misma premisa del Gobierno central tienen que darles entonces un respiro a sus deudas.

 A preguntas de CLARIDAD, Hernández afirmó que el costo para los municipios de atender la pandemia ha sido sustancial por la disminución en ingresos por patentes y recaudos del IVU y por el costo que han tenido que asumir en el sistema de rastreo que en su caso implementó su municipio. Aclaró que por fin el Estado ha comenzado a subsidiarlos con los fondos Coronavirus Care Act. Los municipios han tenido que asumir además  la desinfección de áreas, la entrega de alimentos, de compras y las campañas de educación.

 Según informó Hernández Ortiz, para atender la emergencia, el Gobierno de Puerto Rico les ha otorgado a los 78 municipios solo $100 millones de los $2.2 billones recibidos del Gobierno de Estados Unidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claridades: Los 25 de julio

Por
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El 25 de julio ha sido día particular en la historia en Puerto Rico. Bien particular. En la historia anterior al 1898, era el día de Santiago Apóstol. Esta figura mítica, tuvo su base en Santiago, el apóstol, quien según la historia había predicado en Hispania y murió en el año 44 D. C. Luego, la leyenda lo presenta apareciéndose en el año 844, donde supuestamene su figura ayudó al rey Ramiro I de Asturias, en una victoria “contra los moros”. Su figura entonces se coloca en uno de esos cruces entre el mito, la historia y la creación ideológica en la lucha contra el dominio musulmán en la península ibérica. Ramiro I lo proclamó patrono de los soldados ibéricos.

Esta figura de un exterminador de quienes no fueran ibéricos, fue utilizada en la conquista española de América, a tal nivel que Santiago es uno de los nombres más usados para nombrar pueblos en América Latina (quizá el más usado). En Puerto Rico, el poblado (hoy municipio) de Loíza, conmemora el 25 de julio como su fiesta más conocida, (su otro patrono tiene fiestas en marzo, en homenaje al “santo” irlandés San Patricio). La figura de Santiago también está en el escudo de Loíza, municipio destacadamente reconocido por su población negra.

La fiesta de Santiago era una gran fiesta en todo Puerto Rico. Esa es una de las razones principales -sino la principal- por las que el General Miles, que ya había bombardeado a San Juan desde mayo, escoge esa fecha para la invasión militar de EEUUAA contra nuestro país en 1898.

Durante la Guerra Española-Americana , las fuerzas estadounidenses al mando del General Nelson A. Miles desembarcó en Guánica cerca de Ponce el 26 de julio de 1898. Esto sorprendió a los españoles y a los Estados Unidos, porque Miles había recibido instrucciones para desembarcar cerca de San Juan. Ese plan lo alteró Miles porque concluyó que si entraba por San Juan era vulnerable a los ataques de embarcaciones pequeñas.

Miles movió las tropas hacia San Juan, y su avance fue detenido en Aibonito en la Batalla de Asomante. Fue mientras se daba esta batalla, que España y EEUUAA firmaron un armisticio el 13 de agosto de 1898. En otras palabras: la invasión comenzó un 25 de julio, pero ni ese día -ni en otro- las tropas de EEUUAA lograron rendir a Puerto Rico.

 

25 de julio de 1952

Tras la conquista yanki, en 1952 se proclama la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero NO fue el 25 de julio.

La ley que crea el ELA, fue firmada por el Presidente Harry S. Truman–en una versión modificada a lo que había aprobado una asamblea constituyente–, “Ley Pública 82 – 447 – 66 Estatuto 327”, el día 03 de julio de 1952. El 10 de julio del mismo año, la Convención Constituyente de Puerto Rico se volvió a reunir y aprobó las condiciones establecidas por la Ley Pública 82-447. Luego, fue el 25 de julio de 1952, cuando el gobernador Luis Muñoz Marínproclamó en un acto público la efectividad de la Constitución. De este modo, el día que antes había sido en homenaje a un enemigo de moros, luego fue el día en que se conmemoraba la invasión militar de EEUUAA a Puerto Rico, ahora se conocería como Día de la Constitución.

(De acuerdo con el profesor Antonio Fernós López-Cepero de la Universidad de Puerto Rico, Muñoz Marín eligió expresamente el 25 de julio para la proclamación de la Constitución con la intención de reemplazar la celebración del desembarco de 1898 con la conmemoración de la aprobación de la Constitución. En un artículo publicado el 25 de julio de 2010, López-Cepero afirmó en una entrevista al periódico El Nuevo Díaque había oído esta información de su padre, el doctor Antonio Fernós Isern, quien fue el presidente de la Convención Constitucional en 1952.)

 

25 de julio de 1978

Como parte de una campaña represiva en contra del independentismo, fueron ejecutados en Cerro Maravilla dos jóvenes independentistas, Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado. Los autores intelectuales de estos asesinatos (tanto a nivel del ELA como del gobierno federal yanki) nunca han sido enjuiciados por los dos asesinatos.

 

25 de julio de 2019

Puerto Rico amanece a la noticia de que el gobernador del ELA, Ricky Rosselló Nevares, tuvo que renunciar a su puesto por las protestas del pueblo.

 

Fuente principal: programa radial “Tiempos de lucha”, Radio Caribe 1540 AM, 29 de julio 2017.

En el olvido los centros de adultos mayores

Por
Luis Alejandro Molina Alanis
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Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Los centros de cuido prolongado u hogares de envejecientes, iniciativas enteramente privadas en Puerto Rico, se encuentran batallando solas para proteger a sus residentes, la población más vulnerable al contagio y muerte por el coronavirus. En la Isla hay cerca de 785 de estos hogares que albergan a unos 28 mil adultos mayores o personas de la tercera edad.

Hasta el momento, el único esfuerzo por parte del gobierno para proteger a esta población es hacerle la prueba a los residentes de cada centro, pero esta tarea, que se supone realiza la Guardia Nacional y los Centros 330, por el momento se encuentra detenida. Mientras, en la segunda semana de julio, el Departamento de Salud (DS) ya había confirmado 19 casos de coronavirus en dos hogares de ancianos en Carolina.

Para Juanita Aponte, presidenta de la Asociación de Dueños de Hogares (ADH), lo ocurrido en el centro de Carolina es una voz de alerta. “Sabíamos que podía pasar, porque no estamos exentos. Nuestros adultos mayores están cautivos, no tienen por qué tener riesgo. El riesgo es el que representamos nosotros, que entramos y salimos todo el tiempo, somos el riego mayor”, reconoció. Es por eso que de parte de los centros se les ha pedido a sus proveedores, incluidos los médicos, que limiten sus visitas a lo imprescindible.

Agregó que su llamado a las personas que trabajan en esta industria siempre ha sido a que eviten los sitios aglomerados, cerrados, por períodos prolongados, no ir a sus gestiones sin las debidas protecciones y a que estén conscientes del peligro que representa esta enfermedad para el adulto mayor porque con toda probabilidad podría ser nefasto y perdería la vida.

Sobre el retraso en la realización de las pruebas en los hogares de ancianos por parte de la GN y los Centros 330, Aponte expresó que todo el mundo ha dado su versión. Pr ejemplo, la GN lo adjudica a que hace falta un consentimiento del familiar. Aun cuando coincidió en que eso era cierto y que fueron los mismos centros quienes levantaron esta voz de alerta, ya que entienden que las personas tienen que estar orientados y que los cuidadores no son el tutor legal, los centros ellos hacen el esfuerzo por conseguir ese consentimiento rápido. Pero observó que considera que ha habido otros factores para el atraso, como la limitación de recursos.

“No sé cómo están de reactivos, pero algo tiene que estar pasando para que no estén llegando con la celeridad que se espera”. En el caso de su centro, Hogar San Agustín, que quienes fueron hacer las pruebas fue personal de un centro 330. Aponte expresó su preocupación, ya que hay municipios que no tienen centros 330. Cuestionó quién va a asumir esos municipios y afirmó que hasta ahora quien ha cargado el peso de las pruebas han sido los centros 330.

Aunque la cuidadora reconoció que no han tenido conocimiento de que alguna institución hospitalaria haya rechazado algún mayor de edad procedente de algún centro de cuido, sí señaló como un problema el que un envejeciente vaya a un hospital, luego sea dado de alta y el hogar no lo pueda recibir sin una prueba negativa. Esa persona sí puede enfermar a los demás. Esa sí ha sido una de las dificultades enfrentadas. Su posición es que hay que buscar una alternativa transitoria para colocar a una persona con el COVID que haya salido de un hospital para poder devolverlo al hogar una vez salga de la crisis. El regreso al hogar es un proceso que trastoca toda la planificación del lugar, en términos de espacio y de empleados. “La mayoría de nuestras instituciones son casas remodeladas y realmente no tenemos espacios como una clínica. El nuestro es un cuidado asistencial no es clínico. Sí tenemos enfermeros, materiales; quizás se pueda manejar un caso que ya está solo”.

La presidenta de la Asociación de Dueños de Hogares se defendió de que a esa industria se le haya criticado durante la pandemia. Trajo a la atención que han tenido que proveer equipo de protección a sus trabajadores “y esta industria no ha recibido ningún tipo de incentivo ante el costo que ha conllevado atender la pandemia, y cada vez que se les ocurre una idea creativa en nuestros protocolos los tomamos con seriedad”. En referencia al gobierno añadió que este tiene que ver cómo va a poder cumplir con estas instituciones donde el 90% son subsidiadas por el Departamento de la Familia (DF) dado a que un gran número de las personas ingresadas no tienen familiares que se hagan cargo de ellos, o no tienen ingresos o son limitados. “Esa es una pregunta que el estado tiene que empezar a contestar porque nosotros estamos haciendo lo que podemos buscando donativos, pero va a llegar un momento en que nuestra operación se va a ver bien lacerada”, advirtió.

Añadió que la mayoría de las personas en hogares lo que tienen es Seguro Social, hay maestros que tienen una pensión muy triste, bomberos, “hay unos jubilados que sirvieron al país de manera sacrificada e incondicional que hoy sobreviven con unas pensiones raquíticas, que no le dan”.

Aponte además confirmó que cuando comenzó la pandemia participó en algunas de las reuniones del Elderly Task Force, pero después de abril no ha vuelto a recibir ninguna invitación para participar de ninguno de los esfuerzos. Los esfuerzos de los centros en términos generales han sido por parte de la ADH para apoyar a su matrícula y la responsabilidad de los hogares.

Ante el aumento en contagios, los hogares de ancianos tendrán que continuar con el protocolo aplicado en marzo que prohíbe las visitas, además de que está incluido en la reciente Orden Ejecutiva. “Nuestros mayores llevan 90 días o más sin ver a sus familiares y ese contacto hace falta y les afecta”, expresó. Destacó que ya tienen un protocolo de apertura por fases para cuando sea posible.

La Procuraduría de Personas de Edad Avanzada ante los casos de COVID

La Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (PPEA), Carmen Delia Sánchez Salgado, relató a CLARIDADque los casos de Covid en los hogares de ancianos en Carolina son investigados tanto por el Departamento de la Familia como por su agencia. Por su papel fiscalizador, la PPEA lo que hace es investigar querellas o situaciones que puedan violentar los derechos de las personas que están en los hogares.

“La situación que surge en Carolina es que, claramente, el administrador o quien opere este hogar no ha garantizado la seguridad de estos residentes. Esto hace que nosotros intervengamos e investiguemos la situación para que se nos explique qué pasó. Ahí se violentó la seguridad. Cuando estas instituciones de cuidado prolongado sacan licencia para operar a través del Departamento de la Familia, uno de los compromisos que hacen es garantizar la salud física y mental de estas personas en los hogares”.

¿Cuál es el papel de la PPEAen esta pandemia?, preguntóCLARIDAD. La doctora en Trabajo Social indicó que la agencia participa del Elderly Justice Task Force (EJTF), iniciativa que se originó cuando el huracán María. En este equipo participan, además el Departamento de Salud (DS), el Departamento de la Familia (DF) y FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias). En marzo, uno de los acuerdos que tomó el Task Force fue hacer pruebas rápidas a los residentes de los centros de envejecientes; pero reconoció que ese trabajo ha estado bien lento. La información más reciente que tuvo del Task Force fue que solo se habían hecho pruebas a 180 centros. Aclaró que la procuraduría forma parte de ese grupo, pero no es la agencia que toma las decisiones.

Sánchez Salgado también señaló que son varias las situaciones por las cuales no se han podido realizar las pruebas. Primero, el que los centros 330 no son suficientes. Un centro 330 lo más que puede impactar es dos hogares al día. Luego, el hogar tiene que hacer la lista de a quiénes se les va a hacer la prueba y enviarla, pero muchas veces el hogar no tiene el personal necesario. Eso retrasó el proceso aun cuando la Asociación de Dueños de Hogares se ofreció y ayudó a los hogares en este trabajo. Después vino una orden de que había que tener la firma de los tutores y una orden médica, lo que demora aun más el proceso.

“En estos momentos, sabemos que esta crisis puede escalar, y del Departamento de Salud lo único que escuché es que va a reclutar personas para hacer las pruebas. Ya esas pruebas que se hicieron en los primeros hogares están obsoletas, hay que repetirlas, hay que comenzar en cero”, dijo en tono crítico.

La procuradora admitió que no se sabe cómo fue que se contagiaron las personas en estos dos hogares de Carolina, que son de un mismo dueño. Reveló que lo que se sabe hasta ahora es que la persona se enfermó de un dolor estomacal y en el hospital descubrieron que tenía el COVID. Se supone que el protocolo del Departamento de Salud establece que una vez una institución de salud identifica que una persona que está en un hogar tiene COVID, de inmediato tienen que llamar al DF. Ahí entonces interviene el DF y luego el PPEA.

Esta afirmó que la regla de prohibición de visitas a los hogares de cuido de las personas de la tercera edad va a continuar. Incluso expresó su rechazo a la posibilidad de que se permita la entrada de personal de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE):“Si se prohíben las visitas a los familiares, ¿por qué pueden ir a buscar votos en este momento en una población vulnerable? El Departamento de Salud está sacando personas de unos hogares a otros para ponerlos en condiciones óptimas. Si estamos prohibiendo familiares, ¿cómo vamos a permitir la votación?”

Al destacar el riesgo de contagio en los centros de las personas de edad avanzada recalcó que había que pensar en todas las posibilidades de riesgo e insistió en su negativa de permitir la entrada. “Dentro de todo, hemos tenido una suerte impresionante, porque se tomaron esas medidas desde el principio. Ahora es que vienen a salir los primeros casos, ahora mismo todos estamos en riesgo. Creo que el Departamento de Salud y el Departamento de la Familia tienen que ser más agresivos con que se cumpla y se le haga prueba a todos los envejecientes”.

La procuradora reveló que recibió una llamada de un plan médico para ofrecerle pruebas serológicas, pero no las puede aceptar porque su agencia también fiscaliza a los planes médicos. Entonces, se comunicó con el DF y le dijeron que no, que ellos tenían “más que suficientes pruebas”.

Sánchez Salgado no ocultó su perturbación por la respuesta del Departamento: “No entiendo, pero si el plan médico le quiere regalar esas pruebas, agárralas y dirígelas a las égidas”, que es otra población que identificó está necesitada de estas pruebas.

Mirada al País: Momento de educar

Por
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MIRADA COOPERATIVISTA

Por Mildred Santiago Ortiz/Especial para CLARIDAD

mildredkairo@gmail.com

Ante el enorme impacto que han tenido la propagación del Covid19 y los terremotos ocurridos en el sureste de la isla sobre todos los aspectos de nuestra sociedad decidimos tocar base con varias cooperativas para tener una idea de cómo han sentido el golpe y cómo han reaccionado. He aquí algunos hallazgos.

Varias cooperativas de ahorro y crédito nos indicaron que han crecido en socios y activos. Veamos algunos ejemplos: la Cooperativa Jesús Obrero tuvo un crecimiento en activos de un 17 %, un aumento en socios de 382 y la adición de dos personas al equipo de empleados. La Cooperativa de la Federación de Maestros, que es cerrada a empleados públicos, tuvo un 6% de crecimiento en activos. Por otro lado, la Cooperativa de Cabo Rojo creció un 18 % en activos y en lo que va de año ha aumentado en 1,100 sus socios. Todo esto en tiempo de pandemia y terremotos.

Cierto es que el crecimiento en activos puede haber sido impulsado por los depósitos de las ayudas federales y por la necesidad de muchas personas de registrar y ofrecer un número de cuenta. Pero independientemente de sus razones, el crecimiento en activos y en socios es muy positivo y el acercamiento de nuestra gente a las cooperativas mejor aún. Insistimos en que es un escenario oportuno para recibirlos y educarlos. Eso lo entendieron muy bien los amigos de la Cooperativa Vega Coop de Vega Alta y así lo expresaron al adoptar en estos días el lema: ser socio es mucho más que tener una cuenta…

Fue igualmente notable, en medio de la pandemia, la capacidad del sistema financiero cooperativista de participar del trámite de ayudas del Programa de Protección de Nómina (PPP) de la agencia federal Administración de Pequeños Negocios. Nuestro sistema logró desembolsar más de $16 millones a microempresas y cooperativas no financieras que brindan servicios a nuestras comunidades. Estos esfuerzos tuvieron un efecto directo y positivo en mantener la viabilidad de miles de empleos y en ofrecer un pie de amigo a nuestra vulnerable economía.

Ante esta coyuntura histórica, la consigna del movimiento debe ser EDUCACIÓN COOPERATIVISTA. A esos efectos es pertinente aprovechar el acercamiento de estos puertorriqueños para iniciarlos en el conocimiento y la práctica de nuestros principios y valores. Sobre todo, hay que seguir recalcando que el cooperativismo va más allá de ahorro y crédito.

En nuestro país existen 18 cooperativas agrícolas; en Guayama, Comerío, Utuado y Cayey tenemos cooperativas de costura; hay 13 cooperativas de vivienda y dos de energía. Además, hay cooperativas de servicios profesionales, servicios a la niñez, médicos, farmacias, supermercados, turismo interno, peritos electricistas, y trabajo asociado, entre otras.

Asimismo, el momento es más que oportuno para educar a nuestra clase política. De hecho, en estos días de campañas primaristas, muchos candidatos hicieron alusión al cooperativismo.  Muchos de ellos lo hacen de buena fe, otros no tanto. Pero sea cual sea el caso, los cooperativistas ya tienen listo un documento que contiene sus propuestas para Puerto Rico. Eso hace innecesario cualquier catálogo de promesas y vaguedades.

El documento, llamado Propuestas del Movimiento Cooperativo para Puerto Rico- Elecciones generales 2020 es de fácil lectura y comprensión y puede conseguirse a través de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, organismo representativo del cooperativismo. Luego de una breve introducción, este destaca los compromisos que esperan del próximo gobierno. Entre estas mencionamos:

  • 7. Apoyo gubernamental a genuinas iniciativas comunitarias, sectoriales e institucionales de desarrollo cooperativo
  • 8. Compromiso gubernamental con el desarrollo de cooperativas que respeten la naturaleza de interés social del modelo 
  • 9. Adelantar marcos jurídicos que encaminen la autorregulación 
  • 10. Promoción de legislación que incorpore garantías de despolitización de las agencias del cooperativismo 
  • 11. Identificación y adjudicación de recursos e incentivos para la promoción y asistencia de nuevas cooperativas tales como cesión de espacios públicos en desuso, prelación en la contratación gubernamental, entre otros. 

Establecen propuestas específicas para Agencias y funcionarios, algunas son:

  1. Desarrollo de adiestramientos para funcionarios en la doctrina y ordenamiento cooperativo y sobre el alcance de la política pública aplicable al sector.
  2. Implementación efectiva de las normas de protección de las cooperativas organizadas en centros de gobierno
  3. Restablecimiento de beneficios a empleados públicos socios de cooperativas
  4. Establecimiento de una práctica de consideración de las cooperativas para la ejecución de servicios contratados por el gobierno

El documento trabaja aspectos para el sector financiero y para el resto de las cooperativas denominadas como del sector de Tipos Diversos. Mas de allá de recalcar sus propuestas al gobierno incluyen las Perspectivas de Aportación las cuales constituyen compromisos del movimiento en reconocimiento de que tiene que ser un esfuerzo mutuo, veamos varios ejemplos:

  • Promoción de relaciones económicas y de reinversión del capital nativo.        
  • Generación de nuevos empleos en áreas de servicios de salud, vivienda, agricultura y comercio.

Perspectivas

  • Reforzar el desarrollo social y económico del país sobre las bases del cooperativismo.
  • Desarrollar proyectos cooperativos que promuevan actividad económica nativa, la creación de empleo y que contribuyan a solucionar la crisis actual.

En fin, una vez más el cooperativismo se dejará sentir en un momento crucial para nuestro desarrollo futuro, por eso concluyen:

“Hoy como siempre, el cooperativismo continúa exhibiendo su capacidad para responder y atemperarse a los retos y demandas de todo tiempo. El éxito y la capacidad de recuperación de las estructuras existentes son una muestra de que la fórmula cooperativa, bien utilizada y entendida es exitosa. Sobre las bases de este particular modelo nuestras propuestas contribuirán al sostenimiento y progreso de nuestra economía y sociedad, mediante la creación de estructuras de interés social que atiendan efectivamente las necesidades que se levantan en los escenarios abiertos del mundo actual.”  

Más claro no canta un gallo.

 

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