Especial para Claridad

La administración del gobernador Pedro Pierluisi y la legislatura controlada por el Partido Popular Democrático (PPD) están en proceso de negociar los nombramientos del gabinete ejecutivo y las previstas vacantes en el Tribunal Supremo de manera que una y otra parte puedan beneficiarse políticamente de la negociación.

Ante la dificultad que enfrenta el gobernador Pierluisi de ver rechazados los nombramientos de secretarios y directores de agencia que considera como “indispensables” para su administración, fuentes allegadas a las delegaciones legislativas del PPD y el Partido Nuevo Progresista (PNP) señalan que el liderato legislativo Popular ha propuesto al gobernador un “quid pro quo”, es decir, un nombramiento por otro.

Según las fuentes, la propuesta del PPD consiste en aprobar la mayoría, sino a todos los nombramientos de gabinete hechos por Pierluisi a cambio del nombramiento de un juez Popular a una de las potenciales tres vacantes que se estima tendrá el Tribunal Supremo este año, incluida la vacante ya existente tras el retiro de la Juez Asociada Annabelle Rodríguez.

Durante este año se espera la renuncia de la Juez Asociada Mildred Pabón Charneco, quien ha anticipado el hecho para atender asuntos relacionados a su salud. Además, existe la posibilidad de que la Juez Presidente Maite Oronoz también renuncie a su posición si es nombrada por el Presidente de Estados Unidos para ocupar la vacante dejada por el fallecido Juez Juan R. Torruellas en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos.

“Ya sea que ocurra la renuncia de la presidenta o no, el PPD espera mantener algo más que una presencia nominal en el Supremo”, señaló una fuente. “Después del retiro de Annabelle [Rodríguez], quedan en el Tribunal Maite [Oronoz] y Ángel Colón. Los Populares buscan garantizarse al menos dos de los nueve jueces, o en el mejor de los casos –si Maite no renuncia– volver al 6 a 3 que dejó Alejandro [García Padilla]”.

Aunque resulta previsible que Pierluisi deba acceder a nombrar al menos un Popular al Tribunal Supremo, porque de lo contrario la Legislatura dominada por los Populares no el aprobaría un juez PNP, tanto uno como los otros parecen desear alguna “muestra de buena fe”.

“Es por eso, que la delegación Popular en el Senado, particularmente el presidente, estaría dispuesta a empezar a aprobar ‘los nombramientos más fáciles’, queriendo decir aquellos que no levantan controversia –como el de Larry [Seilhamer] para Secretario de Estado – y los que se estima no nos afectan políticamente”, señaló por su parte una fuente vinculada al PPD. “Es aquí donde la cosa se pone difícil”.

De acuerdo con la fuente, es en la aprobación de esos nombramientos que “no nos afectan políticamente” donde el PPD está dispuesto a “pasar con ficha” confirmando a secretarios designados con evidentes problemas de corrupción.

Uno de esos casos es el del designado secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, un exagente directivo de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), adscrita el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) del gobierno de Estados Unidos.

Antecedentes de corrupción

Torres Ríos, quien llegó a ocupar el cargo de Agregado Regional para el Caribe, en la oficina de Miami, Florida de ICE–Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), se inició en dicha agencia en 1999 y consiguió ocupar distintas posiciones de supervisión hasta su retiro en 2019. No obstante, algunos de los “supuestos ascensos” de Torres Ríos respondieron a medidas disciplinarias que le impusieron sus superiores para “relevarlo de sus funciones y responsabilidades” en Puerto Rico debido a señalamientos de acciones ilegales y actos de corrupción.

Entre los actos de corrupción en los que supuestamente participó Torres Ríos se encuentran interferir con investigaciones en proceso y la asociación con reconocidos criminales.

Según se desprende de la Opinión y Orden del Juez Presidente del Tribunal Federal para el distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí, en el caso de Wilbert Reyes Caballero vs. Oriental Bank, Torres Ríos intervino con un oficial bancario para favorecer a Jaime “Jimmy” Serrano Cardona, convicto en la jurisdicción federal por narcotráfico, y se le concediera un préstamo hipotecario por $849,507.27.

En el documento emitido Gelpí en el caso de la demanda de Reyes Caballero en contra de Oriental Bank por discrimen, éste relata como en 2015 Serrano Cardona se acerca al entonces oficial bancario para entablar negocios con el Oriental Bank. En ese entonces Reyes Caballero se había comunicado con su supervisor en el banco, Manuel Muñoz, para preguntarle si conocía a Serrano Cardona, o sabía algo sobre él. Muñoz le dice que “se rumoraba en el vecindario que él [Serrano Cardona] estaba ‘caliente’”. En su deposición para el caso Reyes Caballero “explicó que una persona considerada como ‘caliente’ podía ser un ‘un pedófilo, un delincuente o un ladrón, un violador, un narcotraficante, un indocumentado o un abusador’.

A raíz de esa conversación, el oficial bancario se comunica con su yerno, Roberto Escobar, quien se había retirado como pasado director de ICE para preguntar si tenía información sobre Serrano Cardona. Escobar refiere entonces a su suegro a Torres Ríos, quien estaba activo en ICE.

“Durante una conversación telefónica, el señor Torres llevó al demandante a creer que no debía preocuparse por el señor Serrano Cardona porque él ‘estaba cooperando con los federales’, (Docket Nos. 46-1 ¶ 61; 59 ¶ 61)” lee el documento de Opinión y Orden del juez Gelpí.

El hecho de que Gelpí consigne en su Orden la intervención de Torres Ríos a favor de Serrano Cardona deja establecido que el Tribunal ha tomado conocimiento judicial del hecho, el cual representa una intervención ilegal del designado Secretario de Seguridad Pública. Para esa fecha, no sólo Serrano Cardona había sido ya convicto por narcotráfico, y acusado por también por el mismo delito en una segunda ocasión, sino que Torres Ríos había sido “relevado de sus funciones en San Juan” y trasladado a las oficinas de ICE en Washington D.C. a raíz de un incidente de acoso laboral en contra de agentes de ICE y de la Policía de Puerto Rico destacados al “Task Force” entre ambas agencias.

Contra Torres Ríos aún permanecen pendientes varias investigaciones de querellas administrativas cuyo acceso, debido a que son manejadas de manera confidencial por los entes de fiscalización interna del gobierno federal, se limita a las agencias concernidas.

De acuerdo con las fuentes legislativas tanto el Gobernador Pierluisi, como el presidente del Senado José Luis Dalmau, tienen conocimiento del historial y trayectoria de Torres Ríos, pero “han optado por hacerse de la vista larga”. De hecho, en diciembre pasado Pierluisi descartó algunos de los señalamientos en contra de su designado Secretario de Seguridad Pública publicados en un medio de comunicación diciendo que “son casos que no tienen ninguna relevancia con el trabajo que va a estar haciendo el señor Torres como secretario del Departamento de Seguridad Pública”.

“Nos preparamos para el proceso venidero… es decir, el proceso de confirmación. Yo me siento muy satisfecho, muy a gusto de que vamos a tener un excelentísimo secretario de Seguridad Pública, tan pronto goce del consentimiento del Senado”, dijo Pierluisi al momento de anunciar la designación de Torres Ríos en diciembre pasado.

La vista pública para la confirmación de Torres Ríos se celebra mañana 23 de marzo de 2021.