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Biden: ¿Dialogante internamente y confrontacional afuera?

 

El gobierno del Presidente Biden en Estados Unidos generó mucha expectativa, por contraste con su antecesor el expresidente Trump –un gobernante que desde el inicio de su mandato con su eslogan de ‘América primero’, planteó una especie de política neo-aislacionista, y hay que decir que en política externa hubieran más ‘gruñidos’ que involucramiento en confrontaciones, con la excepción de Irán-.

 

Efectivamente el Presidente Biden asumió en política interna, una actitud conciliadora en la idea de propiciar una cierta unidad nacional entre los norteamericanos –demócratas y republicanos- y de igual manera echar atrás o modificar algunas políticas de la anterior administración que eran rechazadas por ciertos sectores como la política frente a la pandemia de la Covid-19 o la política migratoria, especialmente la construcción del muro en la frontera con México.

 

En el ámbito de la política exterior, el Presidente Biden anunció ‘el regreso’ de los Estados Unidos frente a los organismos y acuerdos multilaterales –regreso a la OMS, a la Organización de NNUU para los derechos humanos, al Acuerdo de Paris-, así como frente a sus aliados de la OTAN. Sin embargo, buena parte del ‘regreso’ norteamericano va a ser sobre la base de la tradicional política norteamericana de confrontación con aquellos países-potencia que pretenden rivalizar con el liderazgo de USA –que debemos decir es uno en cierta medida debilitado-, especialmente China, Rusia e Irán y sus aliados regionales –en el caso de Latinoamérica, Cuba, Nicaragua, Venezuela-. Al respecto fue indicativo el bombardeo al campamento de una milicia en Siria, acusada de ser en financiada por Irán. Igualmente la pequeña ‘nueva guerra fría’ anunciada por el Secretario de Estado de Biden, Antony Blinken ante la organización de Naciones Unidas para los derechos humanos, donde habló de ‘los malos del otro lado’ Cuba, Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia y China y por supuesto omitió cualquier referencia a países de oriente medio que son sus aliados, pero que de ninguna manera se destacan con un buen récord en el campo de los derechos humanos.

 

Todo indica que la política exterior de Biden apuntará a una política de contención de China, para evitar que su ‘poder blando económico’ se termine fortaleciendo -no hay duda de que Washington ve a China como su verdadero rival, pero a diferencia de Trump no parece interesado en una política de confrontación económica directa, sino más bien de contención- y dentro de esa estrategia parece fundamental intentar evitar el que se fortalezca la alianza de Rusia con China. Claramente con Rusia existe una especie de ‘cuenta por cobrar’ por lo que se considera la intervención en las elecciones norteamericanas, a través de hackers, para apoyar al candidato Trump, inicialmente frente a Hillary Clinton y posteriormente en la última campaña presidencial en contra del candidato Biden, así como la anexión de Crimea y su posición en relación con Ucrania. El punto de ataque público de USA contra China y Rusia es el tema de los derechos humanos, pero realmente lo que hay es una confrontación en ciernes por el papel global que Estados Unidos espera se le vuelva a reconocer y en esa medida intentar contener la expansión China, en primer lugar y en segundo caso a Rusia.

 

Un punto importante donde se verá el rol futuro de la administración Biden será en el caso de Afganistán –¿Seguirá el proceso de conversaciones con los talibanes que impulsó el gobierno Trump? ¿Retardará el retiro de tropas norteamericanas o incrementará su presencia?- y el tratamiento frente a Corea del Norte y sus pretensiones de ser reconocida como una potencia nuclear regional.

 

Reproducido de www.alainet.org

El autor es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa.

 

“Las llamadas terapias de conversión ya están prohibidas mediante Orden Ejecutiva”

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

Este miércoles 24 de marzo comenzarán las vistas públicas en el Senado sobre el proyecto PS 184 que busca prohibir las llamadas terapias de conversión en Puerto Rico. Esta será la segunda ocasión en que se discute este asunto, al menos en el Senado.

El senador independiente José Vargas Vidot, quien fue coautor de la medida en la pasada Legislatura y quien en esta ocasión volvió a presentar la medida junto a otros senadores, confirmó a CLARIDAD que en el cuatrienio pasado el Senado aprobó un proyecto similar; pero la Cámara se sentó sobre el proyecto. Con este nuevo esfuerzo, expresó, uno de sus objetivos es que nada quede inconcluso, sobre todo aquello que se refiera a dignidad, derechos humanos y trata o maltrato de menores.

Explicó que a diferencia del pasado proyecto, que hacía referencia a las iglesias —lo que cree que fue un obstáculo por considerarse una sanción que en los tribunales quizás hubiese sido un problema probarlo— en esta ocasión la medida básicamente lo que hace es enmendar la Ley 408 del 2000 y la Ley 246 del 2011 para introducirle la definición de terapias de conversión. La ley 408 del 2000 es la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, a la cual se le enmienda el artículo 3 y el 41. La Ley 246 del 2011 es la Ley para la Seguridad, el Bienestar y la Protección de Menores. Lo que hace la medida es ampliar las protecciones físicas y las protecciones mentales de los menores, básicamente, prohibiendo las terapias de conversión, que no están incluidas en estos momentos en esa ley.

Ante las expresiones en contra del proyecto por grupos fundamentalistas, Vargas Vidot, quien preside la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción que tiene ante sí la medida, dijo sentirse alegre de que se pueda y haya espacios para diferir y provocar reflexiones de uno y otro lado. “Le damos la bienvenida; pero eso no cambia el proceso de lo que se va a decidir. Esto es un asunto legislativo y se decide entre los 27 senadores y senadoras”.

Al aludir a los que se oponen a la medida, dijo que estas personas utilizan tres tácticas para desinformar: la siembra del fanatismo, la utilización de la fuerza de una relación de poder desigual y valerse de estribillos, como el de que le van a quitar el derecho de crianza a los padres. Vargas Vidot subrayó que las llamadas terapias de conversión ya están prohibidas mediante Orden Ejecutiva, por lo que el proyecto lo que busca es estipularlas por ley. Además, la Junta Examinadora de Profesionales de Salud Mental desde hace dos años emitió un decreto de que el profesional que incurra en una terapia de conversión perderá su licencia.

Entre las organizaciones que depondrán en las vistas públicas está la Asociación de Psicología de Puerto Rico. En un comunicado de prensa en el cual adelantó su postura, la Asociación señaló que las terapias reparativas o de conversión no cuentan con evidencia rigurosa a nivel teórico ni científico. Estas son identificadas por la inmensa mayoría de organizaciones profesionales mundiales como psicosocialmente inefectivas, engañosas y dañinas.

Entre las organizaciones que así opinan se encuentran la Organización Mundial de la Salud, el American College of Physicians, la Asociación Americana de Consejería, la Asociación Americana de Medicina, la Asociación Americana de Psiquiatría, la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales.

La Asociación de Psicología indicó que en el 2015 se unió a un creciente número de organizaciones profesionales para expresar su rechazo, repudio y desacuerdo con la práctica de las terapias reparativas o de conversión de la orientación sexual. Eso incluye que su Código de Ética, que rige la profesión, promueve que los psicólogos y psicólogas sean responsables brindando servicios adecuados, mantengan su conocimiento profesional y científico al día en relación con los servicios que ofrecen, respeten la libertad e individualidad de la persona, no se involucren en prácticas que son inhumanas (tales como aquellas que discriminen por sexo y preferencia sexual), respeten la integridad y el bienestar de las personas, respeten la dignidad y la autodeterminación de la persona y actúen con responsabilidad para con el individuo y la sociedad.

La postura de la Asociación de Psicología de Puerto Rico es compartida por el Colegio de Profesionales de Trabajo Social y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Por su parte, el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, en varias declaraciones a la prensa ha expresado su oposición a las terapias de conversión. Igual postura ha expresado el actual jefe de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (AMSCA), doctor Carlos Rodríguez Mateo, quien fue senador durante el pasado cuatrienio.

 

 

 

 

Más de tres décadas de neoliberalismo

Especial para CLARIDAD

Los dos partidos que han gobernado a Puerto Rico desde 1968, alternándose en el poder, desde hace más de tres décadas han adoptado una política económica neoliberal con una confianza total en el mercado. El resultado ha sido claro e imposible de evadir: la economía de Puerto Rico se ha reducido y ha entrado en un proceso de depresión que parece no tener fin. Cuando la crisis se manifestó en marzo de 2006, se habló inicialmente de una recesión como si se tratara de un movimiento cíclico pasajero. No fue así. La llamada recesión de 2006 fue la expresión inicial de algo mucho más profundo: un descalabro estructural decisivo que ninguna de las dos piezas gemelas del bipartidismo parece entender y mucho menos explicar.

Si consideramos que la manifestación del colapso económico, visible ya en 2006, se ha extendido hasta hoy día, podemos concluir que ya alcanza quince años. Es decir, durante casi la mitad del tiempo que ha durado la política neoliberal, la economía de Puerto Rico ha estado inmersa en una crisis que lejos de resolverse se profundiza. Si la política neoliberal comenzó a adoptarse abiertamente después de las elecciones de noviembre de 1989, bajo la administración de Rafael Hernández Colon, su crisis decisiva se manifestó poco después de sus primeros 16 años, al comenzar el 2006. Es inevitable hacer varias preguntas: ¿por qué la crisis no ha provocado un debate social amplio? ¿Por qué no ha surgido entre los dos partidos de gobierno ningún cuestionamiento al fundamentalismo de mercado neoliberal? ¿Por qué no hay un intercambio de análisis, un debate intenso, entre los economistas del país? ¿Por qué los medios masivos de comunicación evaden la discusión del tema?

Hay algo sorprendente en todo esto. La política neoliberal se impuso en Puerto Rico utilizando unos conceptos claves. Uno de ellos fue el llamado gigantismo gubernamental. Motivados por la noción cómoda de que el gobierno es un gigante ineficiente, un interventor impropio en actividades productivas, el bipartidismo propuso medidas de privatización bajo el supuesto de abrirle espacio al sector privado para su dinámico desarrollo. La idea fue transformar el gobierno en un agente facilitador para incentivar el sector privado. Con esta lógica se llevó a cabo la privatización de la Telefónica de Puerto Rico, de las Navieras, se desmanteló el sistema Arbona de salud pública y se entregó por varias décadas la administración del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Estos procesos de privatización fueron acompañados de reformas a las leyes laborales, con una agresión sistemática al servicio público que cobró forma con la Ley 7 de 2009, del gobierno de Luis Fortuño. El resultado no se puede ocultar: una crisis de enorme alcance en el sector público, con una deuda pública incontrolable, combinado con un debilitamiento crónico del sector privado, coronado finalmente con la imposición federal de la Ley PROMESA en el verano de 2016.

Todo este desbarajuste económico se ha desplegado con el ritmo ascendente de la corrupción público-privada. Como el neoliberalismo alteró la relación entre lo público y lo privado, ha metido sin pudor el mercado en el interior del servicio público, lo ha debilitado o lo ha desmantelado, con una verdadera plaga de contratistas privados y de cabilderos inescrupulosos. Mientras el sector privado no ha expresado ninguna capacidad de expansión y dinamismo, el gobierno ha sido asaltado con una voracidad sorprendente, al mismo tiempo que a los sectores laborales y comunitarios se les ha impuesto una política irreflexiva de austeridad. El país ha visto una bifurcación ética escandalosa: festival de gastos para políticos y empresarios corruptos y medidas de austeridad para los sectores laborales y empobrecidos. Orgía y maceta, fiesta y marrón se han combinado con un agravio desmedido contra dos grandes sectores sociales: la juventud, a quienes se les ha expropiado el futuro, y los sectores femeninos que han sufrido una descarga de agresiones y de formas de violencia inusitada, incluyendo el feminicidio como desenlace cada vez más frecuente.

Ahora bien, son extraños los caminos del neoliberalismo local. Mientras nuestros políticos o figuras destacadas de los medios masivos de comunicación postulan la ineficacia del gobierno, mientras vociferan las virtudes de la empresa privada, saborean la llegada de fondos federales como salvación económica. Recientemente, al comenzar la segunda semana de febrero, el equipo fiscal y económico del gobierno de Pedro Pierluisi, al exponer sus objetivos, reconoció abiertamente su dependencia con respecto a los fondos federales. El director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, fue más lejos todavía y expresó lo siguiente: “En gran medida, la economía no ha colapsado durante el último año gracias a los fondos federales. Así que no es nada malo tener, en una estrategia, que gran parte de la inversión va a ser con fondos federales.” (El Nuevo Día, 9 de febrero, 2021,4)

La dependencia es seria y los comentarios que genera son reveladores. A Manuel Laboy, director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, se le hace la boca agua cuando estima que Puerto Rico recibirá más de $6,000 millones anuales de ayuda federal hasta el 2032. El equipo fiscal y económico del gobierno neoliberal de Pedro Pierluisi, que favorece la privatización de la AEE – otro paso decisivo en la escandalosa entrega de riqueza pública al capital privado extranjero – no ve nada malo en una estrategia económica basada en fondos federales. No hay la más mínima manifestación de conciencia crítica al proponer una política de privatización apoyada en la ineficiencia del gobierno y al mismo tiempo reconocer que su estrategia económica se sostiene con fondos del gobierno federal. Si la diferencia estuviera fundada en que el gobierno federal sí es eficiente, dado que ellos confiesan su dependencia sin pudor, entonces tendríamos que concluir que hacen confesión del colonialismo más burdo y espantoso.

Recientemente Carlos Díaz Olivo publicó un artículo que no deja de ser sorprendente: “Puerto Rico y EEUU: la suerte está echada” (END, 22/2/2021, 29). En ese artículo exalta la importancia de las ayudas federales para poder “escapar de la pobreza”. Después de destacar la iniciativa de la Gran Sociedad del presidente Johnson en 1964, con la creación de importantes programas de ayuda federal, Díaz Olivo afirma que “como resultado de pandemias, huracanes y sismos, la isla y su población reciben caudales de transferencias federales para la reconstrucción de su infraestructura”. Son palabras mayores. Debemos estar agradecidos por los desastres naturales-sociales porque nos han movido hacia la estadidad. Una pena que los muertos, víctimas del huracán María, no puedan disfrutar de estas bendiciones: “Con estos nuevos arreglos, la integración económica de Puerto Rico a los Estados Unidos alcanzó su plenitud.”

Es decir, los desastres naturales-sociales nos llevaron a la integración económica plena con los Estados Unidos. Así queda expresada hermosamente la vaciedad intelectual y la bancarrota moral del neoliberalismo anexionista local. En realidad, con esta concepción, no hacía falta un sector privado dinámico más efectivo que un gobierno inservible. Bastaba la quiebra económica provocada por la política neoliberal, combinada con huracanes, sismos y pandemia, para culminar “la integración económica de Puerto Rico a los Estados Unidos”. Expresiones como estas, que son producto de una falta total de ética y de sensibilidad humana, no han provocado ningún debate en Puerto Rico. Como tampoco hay debate en torno a los fracasos definitivos del neoliberalismo después de treinta años de existencia. No obstante, la población se ha manifestado a través de movilizaciones sociales y a través del voto. Hace falta ahora considerar cómo lo ha hecho y por qué.

 

 

Mirada al País. El proyecto de autodeterminación de Puerto Rico: ¿Debemos apoyarlo los independentistas?

 

Especial para CLARIDAD

El jueves 18 de marzo, 2021, las congresistas de origen puertorriqueño Nydia Velazquez y Alexandria Ocasio Cortés reintrodujeron el proyecto de ley titulado ¨Puerto Rico Self Determination Act.¨ El mismo es coauspiciado por 75 congresistas demócratas. El proyecto demarca como objetivo: ¨Reconocer el derecho del Pueblo de Puerto Rico a convocar una convención de estatus a través de la cual el pueblo ejercería su derecho natural a la autodeterminación, y establecer un mecanismo para la consideración congresional de tal decisión, y para otros propósitos.¨

La sección 1 Informa que el proyecto será conocido como ¨Ley de Autodeterminación de Puerto Rico.¨

La sección 2 presenta los antecedentes históricos de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos de la siguiete manera: (1) La adquisición del territorio tras la derrota de España en la llamada Guerra Hispnoamericana de 1898; (2) el establecimiento de un gobierno civil con la aprobación de la Ley Forker de 1900; (3) El establecimiento de la figura del Comisionado Residente; (4) las decisiones de los llamados Casos Insulares que determina que Puerto Rico no es parte de EEUU, y está sujeto a los poderes plenarios del Congreso de EEUU sobre el territorio, ¨lo que a su vez estableció la relación colonial.¨; (5) la aprobación de la Ley de Relaciones Federales de 1950, ¨la cual proveyó para un gobierno constitucional para la Isla, la cual fue adoptada por el Congreso en forma de un convenio para el pueblo de Puerto Rico y la subsiguiente ratificación de la Constitutción de julio de 1952; (6) la aprobación por la Asamblea General de la ONU de la resolución 748 que reconoce a Puerto Rico como una entidad política de gobierno propio; (7) la importancia que tiene el tema del estatus de Puerto Rico tanto en las comunidades en la Isla como en la diáspora, que mantienen fuertes lazos culturales y socioeconómicos con la Isla de Puerto Rico; (8) la obligación legal de EEUU de cumplir con el Artículo 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que establece que todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación ¨por virtud del cual el derecho a determinar libremente su estatus político y a perseguir libremente su desarrollo económico, y su desarrollo social y cultural.¨; (9) la convención de estatus provee para un espacio deliberativo, y comprehensivo, y un espacio ininterrumpido de diálogo que pueda definir el futuro de Puerto Rico.

La Sección 3 define como se establece la convención de estatus:

  • En General : ¨La legislatura de Puerto Rico tendrá la autoridad inherente para convocar a una convención de estatus por medio de una ley o resolución conjunta, y será constituida por un número de delegados a ser determinado en consonancia con la ley aprobada por el gobierno de Puerto Rico, con el objetivo de proponerle al pueblo de Puerto Rico opciones de autodeterminación. La convención aprobada por la legislatura debe:
  • Ser un cuerpo semipermanente que se disolverá solo cuando EEUU ratifique una de las opciones de estatus presentada por la convención, según seleccionada por el pueblo de Puerto Rico en referendum
  • Estará compuesta por delegados electos por los votantes de Puerto Rico.
  • Establece un fondo federal de financiamiento de $5,500,000 con pareo de fondos de $4 por cada $1 dólar que recaude un candidato a delegado, limitando los gastos de campaña a $25,000.

La sección 4 establece un Comisión Congresional Bilateral compuesta por los portavoces de los Comités de Recursos Naturales de Cámara y Senado y otros miembros seleccionados por los portavoces de mayoría y minoría de ambas cámaras e incluye a la Comisionada Residente de Puerto Rico. Un requisito para pertenecer a la Comisón Congresional Bilaterla es que deben ser miembros del congreso de los 10 estados que tienen las poblaciones mas grandes de puertorriqueños.

Las funciones de esta Comisión Congresional Bilateral incluyen: estudiar, hacer hallazgos, hacer recomendaciones en cuanto a las opciones de estatus con relación a temas y políticas sobre cultura, lenguaje, el sistema judicial y de educación pública, contribuciones y ciudadanía de EEUU. Podrán llevar a cabo audiencias públicas y deberán emitir informes trimestrales y anuales a la Cámara y el Senado de EEUU.

La sección 5 describe la estructura y proceso del referéndum y la campaña de educación. El referéndum presentará al votante las definiciones de autodeterminación acompañada de su plan de transición. Podrá haber mas de una opción. Se le asignan a la CEE $2,500,000 de fondos para el referéndum.

Para la campaña de educación de se asignan $5,000,000, los cuales deben ser divididos en partes iguales para cada opción de autodeterminación incluida en el referendum

La sección 6 describe el proceso que deberá llevar a cabo el Congreso de EEUU para la deliberación y emisión de la Resolución Conjunta para ratificar la opción de autodeterminación aprobada por el voto en el referendum. Si el Congreso de EEUU recesara Sine Die sin actuar, la convención se volverá a reunir para enviar o reenviar las opciones de autodeterminación al próximo congreso.

La sección 7 establece que la Resolución Conjunta del Congreso de EEUU informando los resultados del referéndum ha de ser presentada dentro de los 10 días después de que la CEE certifique los resultados. Establece un intrincado proceso de deliberación y consideración de la Resolución Conjunta.

Aquí a grandes rasgos lo que considero mas importante considerar en la decisión política de si los independentistas debemos o no apoyar este proyecto de ley. Como todo que pretende ser de agrado de muchos, no llenará las expectativas de algunos.

Aunque en la introducción ignora el tema de la invasión y ocupación de Puerto Rico, reconoce que la relación es una colonial. Eso es importantísimo, así como que haya una amplitud de 75 congresistas apoyando el proyecto y que hayan sido mas que los que apoyaron el proyecto de Estadity de la Comisionada Residente.

La iniciativa del proceso de la convención de estatus parte del pueblo de Puerto Rico, así como la elección de los delegados, las definiciones de las distintas opciones de estatus y los procesos de transición. Aquí hay coincidencias con el proyecto Johnston de los 90` donde el PIP tuvo un protagonismo importante.

Las opciones de estatus serán presentadas en referéndum al pueblo de Puerto Rico. La financiación de campaña para la elección de delegados así como la campaña educativa pre-referéndum contiene medidas precautivas para tratar de nivelar el terreno de juego.

Esta iniciativa de Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés se remonta al 2018 cuando fue aquella primera delegación del Junte de Mujeres M18 al Congreso de EEUU y tuvimos la oportunidad de reunirnos con Nydia Velázquez. En la reunión de seguimiento en febrero de 2019 la congresista Velázquez se comprometió a impulsar legislación para un proceso de autodeterminación. Se que otros sectores independentistas como el PIP también hicieron acercamientos en esta dirección y Juan Dalmau ha tenido unas muy fructíferas comunicaciones con Velázquez al respecto.

No es un proyecto perfecto. Yo propuse que la referencia al derecho internacional fuera en el contexto de la Resolución 1514 (XV) y no estoy de acuerdo con la inclusión de la Resolución 748 y las representaciones de lo sucedido en el 1952 como un compacto en que Puerto Rico obtuvo gobierno propio. De hecho la misma 748 (VIII) habla de ¨atributos de gobierno propio¨. Pero algo se subsana con la referencia a el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Dicho lo anterior, apoyo el proyecto porque pone el tema de la situación colonial de Puerto Rico en la discusión pública en EEUU en donde tiene que estar: en el Congreso de EEUU. El proyecto además parte del reconocimiento de que es el pueblo de Puerto Rico el que tiene que legislar para convocar la convención de estatus. La Comisión Congresional Bilateral es la primera vez que pone a los congresistas de EEUU a sentarse a la mesa a dialogar y negociar con los representantes del pueblo de Puerto Rico que serán los delegados de la convención.

Es un comienzo necesario y puede ayudar a conducirnos hacia el destino inevitable de todos los pueblos: la independencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una visita al Normandie y algunas batallas en el área

 

CLARIDAD

Mi única visita al Normandie debió ocurrir en 1969 o 1970, cuando, recién salido de la lucha estudiantil, laboraba como “Secretario de Zona” del Movimiento Pro Independencia (MPI) en el área de San Juan. Por conducto de Benjamín Ortiz Beleval llegó el aviso de que don Félix Benítez Rexach, figura ya entonces algo legendaria, quería hacernos un donativo, pero había que irlo a buscar al icónico hotel, que él había construido y todavía poseía. Hasta allí llegué con Benja temprano en la noche a lo que esperaba fuera un saludo y una entrega. El encuentro se prolongó porque el viejo, que estaba solo y quería conversar, nos habló por horas de sus obras y sus hazañas.

Ya ha pasado medio siglo desde aquel encuentro y entonces yo era un muchacho que vivía de prisa, sin conciencia de la historia. Sólo recuerdo que el tema principal de la conversación fue el edificio, que don Félix veía como una contribución a la arquitectura nacional. Estaba seguro de que la estructura sobreviviría por siempre y, mirando hacia edificios vecinos, advertía que no soportarían un terremoto, pero su Normandie sí aguantaría.

Recordé aquella visita porque en estos días de marzo de 2021, a un legislador ocioso se le ocurrió que el Normandie debía ser expropiado, no para su preservación, sino para ser demolido. La propuesta ha generado un mar de respuestas, la mayoría en defensa de la estructura que nació de un encuentro amoroso en alta mar y copió la forma del trasatlántico donde el amor nació.

Los que defienden su demolición se amparan en otro reclamo, tan viejo como el icónico hotel: el rescate de las costas. El edificio cortó la vista hacia el Escambrón y, tras su construcción, la lista de estructuras que tapan el mar siguió creciendo de forma exponencial hasta terminar, ya en siglo XXI, con un adefesio llamado Paseo Caribe. ¿Debe pagar el Normandie, sólo él, por esa larga lista de trasgresiones?

La pregunta me hizo recordar una de las muchas batallas que dio el MPI, que, precisamente tuvo el área del Escambrón como uno de sus escenarios principales. También en 1970 la organización ideó y desarrolló una campaña, cuyos ecos y consignas todavía se escuchan porque el problema no sólo continúa, sino que se agrava con los años: “Playas pal Pueblo”. Reclamábamos que se detuvieran las construcciones costeras y la privatización de playas, y que las ya invadidas les fueran devueltas al pueblo.

El símbolo de la privatización de playas en el área sanjuanera no era el Normandie, sino su vecino, el hotel Hilton, que le quitó un hermoso rincón a la comunidad de Puerta de Tierra. Por eso, el que ya era el principal hotel de San Juan se convirtió en el centro de los actos de desobediencia civil y desafío desarrollados en el verano de 1970. El 19 de julio de ese año se produjo una “invasión” de la playa del Hilton con el propósito de abrirla, aunque fuera por unas horas, a los vecinos de Puerta de Tierra.

La “toma” de la playa privatizada se ejecutó desde dos frentes. Desde el Escambrón un grupo de compañeros y compañeras nadó hasta el hotel, cargando una bandera de Puerto Rico (que creo portaba René Rodríguez), la que sería plantada en la arena como símbolo de su liberación. Otro grupo, que la noticia de CLARIDAD sobre el evento define como “una treintena”, entramos por el vestíbulo del hotel, blandiendo banderas y gritando consignas.

El grupo de nadadores, al que se unieron muchachos de Puerta de Tierra, llegó sin problemas hasta la playa y ejecutó la toma simbólica. Los que entramos por el vestíbulo también llegamos, pero, una vez allí fuimos detenidos a golpes y macanazos por policías y la seguridad del hotel. Varios fuimos arrestados y el resto de la tarde lo pasamos en el Tribunal de Distrito, también ubicado en Puerta de Tierra. (Se me acusó de “acometimiento y agresión”, siendo la alegada víctima uno de los “bouncer” del Hilton, con más de doscientas libras de músculos. De más está decir que, una vez el juez me vio parado de lado del mastodonte, la acusación no prosperó.)

Por aquellos días, en el Condado y el área frente al Normandie, se dio otro desafío del MPI, esta vez contra la prohibición de fijar pasquines en postes y propiedad pública, que se aplicaba de forma discriminatoria. Se acordó que militantes y miembros de la dirección desafiáramos la prohibición colocando el pasquín de la campaña “Playas pal Pueblo” (diseñado por el maestro pintor José Alicea) al mediodía y con anuncio previo.

El desafío tuvo todo el efecto que pretendíamos. Casi todo el grupo fue arrestado, entre otros, Juan Mari Brás, Fermín Arraiza, Florencio Merced y Alberto Pérez, y pasamos la tarde en la Cárcel Municipal de San Juan, más conocida como la de la “Parada 8”, hasta que tras un recurso judicial presentado por los licenciados Enrique “Chino” González y Lorenzo Piñero, entre otros, se ordenó nuestra liberación. Eventualmente el Tribunal Supremo emitiría un dictamen prohibiendo la aplicación discriminatoria del Art. 7 del Código Penal. Aquel desafío fue uno de varios “experimentos jurídicos” ideados por Mari Brás para retar leyes que se aplicaban de forma discriminatoria contra luchadores independentistas.

El problema que pretendía enfrentar la campaña “Playas pal Pueblo”, que comenzamos en 1970, se agravó con el paso de los años. La última agresión al derecho del pueblo a disfrutar las costas fue la construcción del enorme adefesio arquitectónico llamado Paseo Caribe, que ocupó el último espacio libre en el área y tapó el acceso al Fortín de San Gerónimo. Quienes ahora favorecen la demolición del Normandie para lograr mayor vista al mar, debieran plantearse comenzar por las últimas agresiones, no por la primera. ¿Qué tal si comenzamos demoliendo Paseo Caribe que, a diferencia del edificio que construyó don Félix Benítez, carece de valor histórico, a no ser por la batalla épica que, contra su construcción, dio el amigo Tito Kayak?