CLARIDAD

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En el marco de un estado de emergencia en el país por violencia de género, la conmemoración a 111 años de la declaración del 8 de marzo como el Dia Internacional de la Mujer Trabajadora, es evidencia inequívoca de que queda mucho terreno por andar a las mujeres y por ende a los hombres.

La declaración del estado de emergencia se logró luego de un poco más de dos años de reclamo por parte de organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios a mujeres y sus familias en situaciones de violencia de género. Respondiendo a una de sus promesas de campaña, a la presión de las ONGs y a una resolución de la Legislatura en enero el nuevo gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, emitió la Orden Ejecutiva (OR13) en la que entre otras disposiciones se creó el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE), en el cual se incluyó a cinco representantes de ONGs.

En entrevista la licenciada Ámarilis Pagán, directora del Proyecto Matria, y quien es una de las nombradas por el gobernador al Comité PARE, indicó que ya el comité se reunió en tres ocasiones. Sobre su impresión tras las reuniones expresó; “Puedo decir hasta ahora que pareciera tener una intención clara de obtener resultados. Hemos notado que desde el punto de vista del colectivo de personas que está trabajando hay una comprensión del sentido de urgencia de trabajar con la violencia de género que también entiende que hay que trabajar con estrategias a corto, mediano y largo plazo, y que pereciera haber una intención de lograr los cambios necesarios para lograr transformar la estructura del sistema de manera que lo que se haga hoy pueda permanecer a lo largo del tiempo, que no sean medidas pasajeras”.

Precisó el que ya hay agencias que están trabajando con tareas que se le delegaron expresamente en la OE, como por ejemplo el Departamento de Seguridad Pública (DSP) está trabajando con la aplicación que le solicitaron para dar seguimiento a los casos de violencia de género, además en términos de lo que tiene que ver con estadísticas. El trabajo se dividió en la creación de 12 subcomités los cuales cada uno va a estar dirigido por integrantes de PARE para garantizar una coherencia entre el trabajo del subcomité y el trabajo que hace PARE. Observó que los subcomités responden a peticiones que han hecho las organizaciones. Dio como ejemplo el subcomité de estadísticas e investigación que tiene como objetivo trabajar con la recopilación de datos relacionados con la violencia de género en Puerto Rico, la interpretación de esos datos, pero también con evaluar el sistema de respuesta y prevención. Añadió que hay ONGS que, aunque no están en PARE han ofrecido apoyo a los trabajos de los subcomités. Un ejemplo es el subcomité de seguridad el cual va a estar dirigido por la representante del DSP, pero va a contar con el apoyo de organizaciones que trabajan con el tema de la violencia. Hay un subcomité que va a trabajar con la prestación de servicios, otro con las personas inmigrantes y otro dedicado al tema de educación, prevención y capacitación. Este último va a trabajar con el público en general, las escuelas públicas más los y las funcionarias de gobierno.

En cuanto a cómo los trabajos van alcanzar al interior de la isla, dijo que ha visto que la intención es trabajar con una visión a nivel de todo el archipiélago, de que hay una conciencia de que tienen que tomar en cuenta las realidades que se viven en los distintos puntos de la isla, por lo que los subcomités no deben estar constituidos solo por gente de la zona metropolitana. En este aspecto comentó que la tecnología les va a permitir incorporar a personas de otros puntos de la isla.

A preguntas de CLARIDAD sobre el papel de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) en PARE la licenciada Pagán denunció el que, si la OPM hubiese estado haciendo su trabajo, el trabajo que por ley tendría que estar haciendo desde los años dos mil no hubiese sido necesario crear PARE y probable quien hubiese decretado el estado de emergencia y hubiese convocado a las reuniones multisectoriales fuese la propia procuraduría.

“Esto que se está haciendo ahora no es algo que no se pudiese haber hecho desde la OPM así que es evidente el nivel de insatisfacción que las organizaciones tienen con el trabajo de la OPM nos parece muy triste a que hayamos tenido que esperar a que un gobernador por fin se dignara a decretar el estado de emergencia y a crear un comité multisectorial para atender el problema porque esto ella -se refiere a la procuraduría- lo pudo haber hecho hace años”, recalcó.

En esa línea trajo a la atención que bajo la dirección de la licenciada María Dolores Fernós hubo un comité similar a PARE, pero una vez esta salió de la agencia el comité fue deteriorándose al punto de que lo desarticularon en los últimos años.

Pagán también rebatió declaraciones de la directora de la OPM Lersy Boria, en el sentido de que ella ‘la realidad es que tenía que escoger entre crear el consejo consultivo o dar servicios’. Pagán destacó que la OPM no es una agencia para dar servicios, sino que su función es una fiscalizadora de la política pública y facilitar que las organizaciones ofrezcan los servicios. “Eso precisamente es lo que no ha hecho ni ha establecido política pública, ni ha fiscalizado al gobierno, ni ha apoyado a las organizaciones para que den servicios”.

Pagán hizo la salvedad que no está en PARE como la directora de Matria, sino respondiendo a las otras organizaciones que han llevado este reclamo y en un trabajo de consulta.

En entrevista por separado Vilmarie Rivera Sierra, presidenta de la Red de Albergues, otras de las representantes de ONGs nombradas a PARE, también reconoció que, de parte de los miembros del ejecutivo, hasta el momento han mostrado interés y han designado a los representantes de sus respectivas áreas para poder llevar a cabo las funciones que la OE les establece. “Al interior de las mismas agencias están identificando cuales son las personas que más conocimiento puedan tener sobre el tema en primer lugar y segundo aquellos que puedan aportar de una forma positiva”.

Mas allá del trabajo de PARE para atender la situación de emergencia por la violencia de género, el cual es un trabajo que hay que atender con premura, Rivera Sierra expresó sobre el origen que motivó la declaración de un, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que queda mucho por andar para las mujeres. “Esa fecha representa el resultado de una lucha sumamente importante de las mujeres para poder visibilizar los distintos tipos de violencia a los que estamos expuestas las mujeres y sobre todo la discriminación tan grande que aun seguimos viviendo. En aquel momento unas mujeres dieron su vida aun hoy esa fecha tiene que seguir retumbando en nuestras mentes y sobre todo haciendo conscientes de que las mujeres seguimos viviendo en desventaja, seguimos viviendo en desigualdad, en todas las facetas donde nos desenvolvemos, así que nos queda mucho camino aun por recorrer”.

En tanto la directora del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón, también en entrevista por separado resaltó   la importancia de la inclusión del Centro en el Comité PARE para que se visibilice la presencia de las mujeres dominicanas en el país.

“Ha sido un logro de los grupos feministas el que se haya aprobado la OE y que las organizaciones estemos dentro de la comisión la presencia de las ONGs dentro del comité me parece pertinente, somos organizaciones que hemos probado nuestro compromiso con la perspectiva de género a favor de que se haga legislación que apoye y ayude a las mujeres en todos los sentidos”.

En esa línea destacó que el hecho de que el Centro de Apoyo a la Mujer Dominicana este en PARE es muy importante porque visibiliza más las situaciones que vive la comunidad inmigrante, en especial las mujeres. “Sabemos la vulnerabilidad en que están las mujeres inmigrantes muchas veces por falta de regularización. Aquí en Puerto Rico hay un gran número de personas que todavía no han podido regularizar su situación y los fondos federales están bien restringidos para las personas que no están regularizadas en el país, inclusive se hasta se criminaliza y discrimina”.

Grullón defendió que el estar en PARE pone el punto en cómo se va a trabajar con las mujeres inmigrantes, de que se reconozca su presencia y aportación a la economía la que muchas veces lamentó pasa desapercibida, incluso la xenofobia hacia la comunidad inmigrante. Una situación que dijo ya se presentó ante el subcomité que va a trabajar con los inmigrantes es el tráfico y la trata humana que hay de inmigrantes de República Dominicana hacia Puerto Rico.

La activista no paso por alto de que, en el marco del Dia Internacional de la Mujer Trabajadora, las mujeres inmigrantes viven en situación de pobreza en especial después de los huracanes y ahora con la pandemia, la pérdida de sus  trabajos ha provocado un estado de carencias económicas que describió como terribles donde a veces no han tenido ni siquiera para comer. “Ha habido muchas situaciones de hambre porque han perdido sus trabajos y no tienen fuente de ingresos y ni siquiera cualifican para cupones de alimentos y esas son situaciones que se tienen que llevar a la consideración del gobierno que también tiene un compromiso igual que los países de origen de las personas que emigran”.

Al igual que sus compañeras de ONGs en PARE Gruñón se expresó en el sentido de que las reuniones se han dado en un marco de mucho respeto a las recomendaciones de las organizaciones y se ve una disposición de cambio “esperemos que continúe así y estamos vigilantes que la orden se pueda implementar incluyendo los recursos”.

La Coalición del 8 de marzo

Mientras diversas organizaciones feministas constituidas en la Coalición del 8 de marzo se aprestaban a llevar a cabo varias actividades en esa fecha. La principal de ellas una manifestación a partir de las cuatro de la tarde frente al Capitolio. Eda López, portavoz indicó a CLARIDAD de que más allá del reclamo de atender la violencia de género la Coalición tiene unos ejes puntuales de discusión.

En primer lugar, el que durante la pandemia se han revelado aún más las desigualdades de género que aún existen. Con la pandemia -describió- en las mujeres a caído una carga excesiva de trabajo en particular aquellas que trabajan como cuidadoras, las cuales muchas han perdido su trabajo por no poder cumplir con las condiciones que le pusieron sus patronos. Esto las ha obligado en los casos que pueden a crear unas micro empresas para ganarse algo de sustento y poder cumplir con los roles que les da la sociedad. “Hay algo de lo que no se ha hablado mucho y es que dentro de esos roles por la naturaleza de ese virus que nos esta atacando las mujeres hemos tenido que asumir nuestro cuido y el de las personas de nuestro entorno con la carga economía que eso conlleva”.

Otro aspecto que denuncia la Coalición es la precariedad en que están muchas mujeres por la pérdida de vivienda, luego de los huracanes y los terremotos y a la falta de vivienda digna. Hizo hincapie en el ataque a las pensiones. Sobre la manifestación frente al Capitolio dijo que responde al hecho de que las legisladoras que han sustituido a Venegas Brown y María Milagros Charbonier, ambas de posturas conservadoras, tergiversan los reclamos del movimiento feminista, con los temas por ejemplo de la educación con perspectiva de género.

“La realidad es que ni siquiera entienden que la perspectiva de género es aprender a reconocer las desigualdades que pueden estar enfrentando las mujeres y que la meta es que no existan cuando se une todo esto el efecto es la violencia. Sabemos que estamos trabajando para minimizar esas desigualdades que crea un poder de una persona sobre otra que desemboca en la violencia”.

A preguntas sobre sus expectativas con la gestión del Comité PARE, la también secretaria de la Comisión de la Mujer del Partido Independentista (PIP), hizo la salvedad de que le da un voto de confianza a las cinco representantes de las ONGs “esas mujeres son impecables”. No obstante, puso objeción a que al tener 11 agencias de gobierno en el comité llegado el momento de se tenga que consensar política pública no cree que necesariamente se les preste atención a las recomendaciones de las organizaciones.

En ese aspecto dio como ejemplo el papel de la OPM en PARE. Al igual que la portavoz de Matria, López puntualizó que se supone que el papel de la OPM es uno fiscalizador de la política pública, por lo que considera que de entrada hay un conflicto. Otro aspecto del cual se expresó con suspicacia es que la OE le encomienda al Departamento de Desarrollo Económico (DDE), a que asegure que las mujeres tengan cuido tanto para sus crías como para las personas mayores que cuiden para que puedan salir a buscar trabajo. Esa tarea considera no le correspondería al DDE, sino a al Departamento de la Familia.

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Mas claro no canta un gallo

En un taller ofrecido por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Lee Wood, representante de Luma Energy, hizo declaraciones falsas de que los $9,400 millones asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés) a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no se pueden utilizar para la instalación de fotovoltaicos solares en techos de los abonados de la AEE, ni en sistemas de baterías de almacenamiento de energía.

En entrevista la licenciada Ruth Santiago, portavoz del Comité Dialogo Ambiental de Salinas (CDA) confirmó que las expresiones de Wood se produjeron durante un taller ofrecido por el NEPR, el 24 de febrero. El taller -explicó- es parte de una serie de talleres que se supone haga el Negociado para determinar la cantidad optima que se debe invertir en generación distribuida en las estructuras en los techos versus inversiones en lo que se llama el sistema de transmisión que es el sistema de alto voltaje que ahora mismo por ejemplo transporta desde el sur la energía de las plantas de AES en Aguirre, de Eco Eléctrica y Costa Sur hacia el área metro y otras líneas de transmisión. La licenciada Santiago denunció que Wood trató de pasar esa mentira, aunque de inmediato fue descartada por el NEPR.

“Eso muestra muy claramente de que Luma viene a enriquecerse a través de sus afiliadas ATCo, y Quanta Service, Luma se creó el año pasado entre estas dos compañías que se dedican principalmente al sistema de transmisión, distribución y generación con plantas de gas”.

Apuntó que mientras más instalaciones en el techo y baterías tenga la gente menos retrasmisión se necesita y como Luma lo que quiere es que todo el dinero se utilice en las otras generaciones, en el plan de la AEE hay más de $11 mil millones de fondos federales destinados para transmisión con combustibles fósil y fincas solares. Aunque se supone que las llamadas fincas fotovoltaicas sean administradas por otras empresas estas estarían sujetas a que Luma las incluya en la transmisión porque según el contrato de privatización Luma tendrá el monopolio de la transmisión y distribución de la energía, el servicio al cliente y todas las demás funciones de planificación de todo el sistema eléctrico de Puerto Rico.

En cuanto a lo declarado por Wood, la licenciada Santiago desmintió que sea cierta esa prohibición.

Por su parte las organizaciones que impulsan la propuesta de Queremos Sol, entre las que se encuentran el Sierra Club, la Coalición Anti-Incineración y Cambio, en comunicado de prensa denunciaron y a su vez desmintieron también la afirmación de Wood. Las organizaciones trajeron a la atención que el portavoz de la mayoría demócrata en el Senadode Estados Unidos, Charles Schumer, y la representante puertorriqueña, Nydia Velázquez, tambiéndieron a conocer -esa misma semana- que FEMA les indicó que el Gobierno Federal permite que Puerto Rico utilice una subvención de $9,400 millones para construir un sistema de generación y almacenamiento de energía limpia y renovable con microrredes,como propone la iniciativa Queremos Sol.

A eso se une -indicó la portavoz de Queremos Sol- que más de una decena de congresistas que incluyen a Schumer, Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés reclamaron a FEMA que se utilicen los fondos asignados a la AEE para lograr un sistema eléctrico a base de energía renovable distribuida, lo cual incluye la instalación de sistemas fotovoltaicos en techos y almacenamiento.

En tanto la licenciada Santiago señaló a CLARIDAD que, bajo el contrato, con Luma y su subcontratista, éstas manejaran los fondos federales para el sistema eléctrico, por lo que el primer paso de Luma como operador, después del comienzo de la transición inicial, será establecer un marco de gobernanza para gestionar una recuperación a largo plazo utilizando fondos federales a nombre de la AEE. Esto implica que Luma tendrá potestad sobre la selección del administrador de “grants” o subvenciones al organismo gubernamental pertinente y cualquier tercero, autorizado por la AEE para actuar como gerente para administrar los fondos federales para el sistema eléctrico.

Además, a través de ManagementCo, podrá solicitar, hasta donde sea permitido por la ley aplicable, cambios o modificaciones a la financiación federal (incluidas modificaciones o reasignaciones entre las hojas de trabajo del proyecto relacionadas con el sistema T&D preparado por FEMA (Sección 428 de Stafford Ley) o el Plan Integrado de Recursos, de la AEE.

“Luma se opone a que la AEE utilice los fondos federales de FEMA para instalar sistemas solares en los techos y baterías en las propiedades de los abonados, porque esta interesa que sus compañías afiliadas Quanta y Atco usen los fondos para proyectos de transmisión”, reiteró.

La licenciada Santiago también dio a conocer sobre las declaraciones del representante de Luma en una ponencia presentada ante la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Publico Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, que preside el representante Luis Raúl Torres. La vista es sobre la resolución RC 136 que pretende examinar el contrato de la AEE y Luma. En su ponencia Santiago recalcó que el contrato de Luma es uno contrario y adverso al interés público, ya que además de darle el control del dinero a Luma le permite que Luma contrate a sus afiliadas.