Por Damaris Suárez y Rafael R. Díaz Torres | Centro de Periodismo Investigativo
Aunque cerca de un 97% de los adultos mayores residen en sus casas o en proyectos de vivienda para adultos, a más de dos meses de la emergencia por el COVID-19 el Gobierno no ha realizado pruebas masivas para detectar el virus en esta población. La respuesta gubernamental para atenderlos se ha reducido a realizar, al 5 de junio, 6,685 de las 50,000 pruebas de COVID-19 prometidas para los 28,000 adultos mayores que se estiman que viven en los asilos, que solo albergan a un 3% de ese grupo demográfico.
Problemas como ir al supermercado, que representa un lugar de contagio, el acceso a las medicinas, ir a citas médicas, el mantener las medidas de higiene y limpieza del hogar, entre otros, se agravan en los casos en que los adultos mayores no cuentan con familiares ni cuidadores formales (amas de llaves) que estén disponibles durante la pandemia o con alguna red de apoyo que pueda asistirlos. Para varios profesionales que atienden esta población, la reapertura de una gran cantidad de sectores comerciales y el aumento de riesgo de contagio son una navaja de doble filo para este grupo.
Don Nicodemus Cuevas vive solo en el barrio Anones de Naranjito. Sus hijos están fuera de Puerto Rico, por lo que a sus 82 años hace sus diligencias, va a buscar sus medicamentos, se cocina sus alimentos y hace sus compras, rutina que ha continuado pese al riesgo por el COVID-19.
“Aquí no ha venido ni un ánima a ayudarme. Yo vivo solo, mis hijos están en Estados Unidos. Tengo vecinos cerca pero son tan viejos como yo. ¿Qué si me cuido? ¡Claro, que me cuido!”, dijo entre risas cuando el CPI le preguntó si durante esta emergencia ha recibido ayuda para hacer sus compras o alguna ayuda del Gobierno.
Personas de una iglesia de Toa Alta le llevaron una compra durante la Semana Santa luego de que llamara a una abogada temiendo quedarse sin comida después de escuchar por la radio que los establecimientos estarían cerrados por varios días por orden de la gobernadora, Wanda Vázquez. Esa fue la única ayuda que ha recibido este veterano, que no ha visto las ayudas del Gobierno para los adultos mayores.
“Tanta ayuda para los ancianos y los veteranos. A mí no me han dado nada. La única llamada que me dieron de Veteranos fue para cancelarme la cita… más ná”, aseguró.
A más de dos meses del cierre y en medio de una reapertura comercial, la estrategia del Gobierno está limitada a establecer un protocolo para hacer pruebas rápidas en los centros de cuido prolongado donde apenas residen el 3% de los adultos mayores, y deja al descubierto a los cerca de 844 mil ciudadanos mayores de 60 años que están expuestos porque tienen que hacer sus compras y diligencias exponiéndose a un posible contagio de coronavirus al visitar comercios, hospitales y farmacias.
“A mí los que me preocupan son los adultos mayores que viven en la comunidad, que salen a hacer sus compras por obligación y que se exponen al virus. A esos no se les está haciendo a la prueba”, afirmó José Acarón, director ejecutivo de AARP, Puerto Rico.
Según los datos de laEncuesta de la Comunidad del año 2017, realizada por el Negociado del Censo de los Estados Unidos, la población de edad avanzada en la Isla son 843,829 personas, que representan el 24% de la población. De estos, se estima que solo 28,000 residen en los centros de cuido prolongado (los llamados asilos o centros de envejecientes) en los que desde el pasado 19 de abril se activó un plan para hacer las pruebas de COVID-19 a los residentes y empleados de dichos centros. La iniciativa fue gestada desde la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico y el Elder Justice Task Force (EJTF) del Gobierno de los Estados Unidos.
Mueren sin que se les hagan las pruebas
De acuerdo a la información de la Base de Datos de Mortalidad en Puerto Rico, entregada el 21 de mayo, la cual tiene un retraso de varias semanas en la entrada de datos, de las 92 muertes que se adjudican al COVID-19 como la causa principal del deceso, 74 corresponden a personas de 60 años o más. Además de estas 92 muertes, hay otras 19 que identifican al COVID-19 como una causa secundaria o complementaria y 14 de este grupo son adultos mayores. Del total de 111 muertes que ponen la COVID como causa principal o complementaria, solo uno de estos decesos ocurrió en un asilo, casa de salud o institución de cuidado prolongado. Un total de 103 muertes ocurrieron en una instalación hospitalaria, ya sea por hospitalización o porque visitaban la sala de emergencia.
Uno de estos casos es el de Doña Rosa, cuyo nombre ficticio busca proteger los detalles de su caso. Su nieta aún no puede entender el episodio que vivió su familia desde el mes de marzo cuando su abuela, entrada en los 80, comenzó a presentar tos y problemas respiratorios y fue tratada por micoplasma. A la mujer no se le hizo ninguna prueba para descartar la influenza, el micoplasma y mucho menos la de COVID-19. Varias semanas después – entre el 24 y 25 de marzo – el cuadro médico de Rosa comenzó a empeorar. Dejó de comer y hablar. Por sus condiciones de salud, su doctora decidió no llevarla al hospital hasta tanto no recibiera los resultados de las pruebas de influenza y micoplasma que arrojaron negativo. El mismo día en que la iban a trasladar a un hospital en el área de Bayamón para hacerle pruebas del coronavirus, Rosa amaneció con graves problemas respiratorios, por lo que sus familiares decidieron llamar a una ambulancia para llevarla de emergencia al hospital. Su cuadro había empeorado al punto en que mantenía abierta su boca para buscar aire entre respiraciones cortas, explicó su nieta. Rosa murió poco después de llegar a la institución hospitalaria, donde fue atendida de emergencia como paciente con fallo respiratorio.
“No estuvo más de dos horas, pues ella fallece en el hospital ese mismo día, el 26 de marzo, mientras intentaban estabilizarla e intubarla”, relató al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) su nieta, quien narró el calvario vivido por su familia bajo la condición de mantener confidencial su identidad mientras se dilucidan varias querellas. Dijo que fueron los familiares los que solicitaron al Negociado de Ciencias Forenses (NCF) que le hicieran la prueba de COVID-19. El cuerpo de Rosa había sido trasladado al NCF ya que al haber fallecido al cabo de dos horas de llegar al hospital, no había sido formalmente hospitalizada.
Mientras los familiares esperaban por el resultado forense para el velatorio de Rosa, su esposo, Don Antonio, quien llevaba semanas con síntomas de tos persistente, dolor de garganta, en el cuerpo y problemas respiratorios, se agravó y fue llevado al mismo hospital en Bayamón. Como no tenía fiebre, el hospital no le hizo la prueba de COVID-19.
“Mi mamá me dice que en el hospital aparentemente entienden que él estaba en depresión por la pérdida de su esposa y que por ende le causa ese sentimiento de sentirse más enfermo de lo que está. Mi madre les dice que por favor le hagan la prueba, y le dicen que como no tiene fiebre, no le pueden hacer la prueba”, dijo.
De acuerdo con la nieta, el 1ro de abril los familiares realizaron el velatorio de Rosa tras recibir la autorización del NCF. Ese mismo día, el Departamento de Salud informó de una mujer de la misma edad de su abuela, que había llegado en condición severa a la sala de emergencias desde una institución médica en la región de Bayamón, donde falleció, y a quien se le realizó la prueba luego de morir arrojando positivo. Sin embargo, la familia de Rosa no fue notificada de que su familiar había dado positivo al COVID-19 hasta varios días después de que se llevara a cabo la ceremonia de duelo familiar.
“Nosotros entendimos que si nos habían autorizado efectuar la ceremonia, entonces mi abuela había dado negativo. No fue hasta el 3 de abril que mi madre informó que le notificaron que abuela había dado positivo al COVID. No recuerdo si fue la funeraria o el [Negociado de] Ciencias Forenses. No se siguió el protocolo de cremar el cuerpo, como decía el Gobierno que se debía hacer si la persona daba positivo al COVID-19. Tuvimos que llamar a la familia para tratar de hacernos todos [los familiares] las pruebas. Una de mis tías salió positivo y mi nene de 10 años”, indicó.
Mientras todo esto ocurría, Don Antonio empeoraba. Ya le habían hecho una prueba de COVID-19 pero había salido inconclusa y estaba en espera de que le hicieran la molecular. Pero, el sábado, 4 de abril regresó en ambulancia al hospital y por segunda ocasión le hicieron las pruebas de influenza y micoplasma. Lo enviaron de vuelta ese mismo día a su residencia ya que no se le podía hacer la prueba del COVID-19 por ser fin de semana. En el hospital les dijeron que la muestra podría perderse y además, no estaba hospitalizado. No fue hasta lunes que le hicieron la prueba molecular en su residencia donde se mantuvo hasta el viernes después de que – por tercera vez – los familiares lo llevaron nuevamente al hospital porque su cuadro médico empeoraba y no sabían si era positivo al COVID-19. De acuerdo con su nieta, fue en la institución hospitalaria que el personal médico le comunicó los resultados de los análisis: Don Antonio de 87 años no solo tenía pulmonía, ya le estaba fallando el corazón y además, había salido positivo al COVID-19.
“La familia pasó por todo esto… nos enteramos del positivo con mi abuela fallecida por las noticias, pero supuestamente no y luego que sí, y la angustia durante semanas por la condición de mi abuelo hasta que por fin lo hospitalizan por el COVID-19. Nunca nos enteramos quién dio la autorización para el velatorio cuando mi abuela había dado positivo exponiendo a otros miembros de la familia”, lamentó la nieta de ambos adultos mayores.
Dijo que la familia no tiene certeza de cómo se contagió su abuela. Piensan que pudo ser en sus visitas al hospital para atender otras condiciones, pero por otra parte, el esposo de la cuidadora de Rosa murió a causa del coronavirus y tuvo contacto con ella en al menos tres instancias mientras estuvo enfermo sin que se supiera que estaba contagiado. La cuidadora nunca presentó síntomas y posteriormente salió negativo al COVID-19.
No hay estrategia del Gobierno para proteger a los adultos
Según coincidieron la Comisión de derechos de adultos mayores del Colegio de Abogados y AARP, no existe una política pública de orientación, rastreo ni atención individualizada dirigida a proteger a los miles de adultos mayores que viven solos en sus residencias, muchos de ellos con condiciones médicas que los obligan a depender de cuidadores, coincidieron además científicos y profesionales que ofrecen servicios a los viejos. Estos no están en el radar del Gobierno lo que se ilustra en la falta de estadísticas e información sobre dónde se encuentran.
La Guardia Nacional informó el 19 de abril, que habían coordinado visitas a cerca de 1,000 hogares de personas de edad avanzada para que personal militar, en colaboración con los Centros 330, administren tanto la prueba rápida como la prueba molecular a los residentes y empleados de esos hogares. Desde que iniciaron estas visitas hace casi tres semanas, la GNPR ha llegado a 59 hogares donde se han realizado apenas 3,492 pruebas rápidas y 3,193 pruebas molecularesde las 50 mil anunciadas el 19 de abril por la Gobernadora, lo que representa 13% del total de pruebas prometidas.
El Departamento de Salud proveyó esas pruebas rápidas para usarlas en “alrededor de 28,000 residentes y 9,000 empleados en 1,000 facilidades de cuidado prolongado”. En el anuncio inicial se dijo que, con la ayuda del personal de la Guardia Nacional (GN), esperaban hacer todas las pruebas en un período de tres semanas.
“Al momento, el proyecto es solo para centros de envejecientes de cuidado prolongado. Esta es la información que tienen los Centros 330”, sostuvo la presidenta de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, Alicia Suárez Fajardo. Tampoco se proyecta ampliar para incluir a las égidas, que son complejos de vivienda independientes para adultos mayores.
Indicó que en los programas de visitas al hogar que realizan los Centros 330 sí están administrando pruebas de COVID-19 en residencias privadas, pero solo si el médico que está visitando ese hogar privado lo ordena. Esta iniciativa es completamente independiente del proyecto Direct Relief con los centros de envejecientes.
Más allá de realizar esta mínima cantidad de pruebas rápidas en los centros de envejecientes y la iniciativa de repartición de alimentos a través de los centros, las autoridades no han ideado un plan de acción para atender múltiples necesidades que tienen los adultos mayores, sector que representa el 24% de la población de Puerto Rico, coincidieron salubristas y líderes de entidades especializadas en servicio a las personas de edad avanzada.
La iniciativa del ‘Elderly Task Force’ se queda corta ante las necesidades de una población adulta mayor que en su mayoría residen solos, con sus cónyuges o en proyectos unifamiliares. Contrario a los residentes en asilos, esta población es la que más se expone para cubrir sus necesidades, coincidieron varios profesionales dedicados a atender a este grupo.
Pese a estar en mayor riesgo, la ausencia de una efectiva red de apoyo directa y un plan de orientación y seguimiento de las medidas para evitar el contagio, los mantiene invisibilizados en el protocolo del Estado, no solo para la administración de pruebas de COVID-19 y la distribución de alimentos, sino además para suplirles las necesidades más básicas de atención, higiene e incluso cuidados médicos con la sensibilidad que esta población merece.
“El Gobierno se ha concentrado en realizar pruebas para detectar el letal virus en centros de cuidado prolongado, dejando desprotegidos al resto”, denunció la gerontóloga y trabajadora social, Dra. Astrid Santiago Orría.
“No existe una política coordinada de orientación, rastreo y cuidados de adultos mayores pese su vulnerabilidad ante COVID-19”, opinó la gerontóloga al escuchar los casos de Doña Rosa y Don Antonio.
Riesgo real de adultos mayores ante COVID-19
Carmen Ortiz, de 69 años, no ha recibido ni alimentos ni ayuda del Gobierno. Reside en Luquillo con su compañero, y desde que inició la cuarentena, es la encargada de hacer las compras de alimentos y medicamentos del hogar.
Recibe un vale de $25 mensuales de la aseguradora MMM para comprar alimentos. Y una vez al mes, acude al supermercado tomando todas las precauciones para hacer su compra, que luego comparte con su hija y sus nietos.
“Yo voy sola. Me levanto a las cuatro y arranco a las cinco de la mañana para que no haya mucha gente. Hago mis diligencias y regreso rapidito para acá. Voy con mis guantes, mi mascarilla, llevo mi ‘hand sanitizer’ y todo. No salgo a menos que sea necesario, al supermercado y a la farmacia a buscar mis medicamentos. De ahí en fuera para más ningún lado”, explicó.
Admitió que es incómodo, pero prefiere hacer sus compras porque se siente capaz; no tiene condiciones médicas “más allá de las tiroides”. Aunque han abierto los comercios, señaló que no los ha visitado. Tampoco han tenido reuniones familiares, lo que confiesa que ha sido difícil.
“No hemos podido estar compartiendo. Nos hablamos por teléfono. Ni en el Día de las Madres…”, lamentó.
El Gobierno no ha establecido una campaña de orientación masiva encaminada para la protección, seguridad y atención de la población más vulnerable y de mayor riesgo de contagio ante la reapertura comercial.
“Creo que lo más importante es reconocer que a pesar de que las personas de 60 años o más solo representan el 28% de los infectados, son casi el 80% de las muertes. El riesgo, estadísticamente hablando, es 10 veces mayor a morir si te infectas siendo mayor de 60. Alguien mayor, retirado posiblemente es enfermado por alguien que decidió que no iba a seguir las medidas de protección. Hay necesidad de un compromiso social”, señaló el epidemiólogo y estadístico Luis Manuel Santiago Bibiloni.
“Es bien importante que se publique la ayuda y el teléfono. Qué esfuerzos a nivel comunitario y municipal se están haciendo para llevar esta información. Tenemos la brecha digital. No van a tener (los viejos) un teléfono inteligente ni va a tener Facebook. Tenemos personas que son adultos mayores que no tienen familiares y necesitan esa asistencia. Hay unos esfuerzos como los centros, pero no todos participan. Y otros que no tienen transportación en lugares remotos y residiendo solos”, resaltó la Lcda. Giselle Lombardi, presidenta de la Comisión de Derechos de Adultos Mayores del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Por su parte, Santiago Bibiloni propuso que, ante la respuesta insuficiente del Gobierno, es necesario que la comunidad se active para velar por los adultos mayores que residen en sus barrios y se conviertan en sus “cuidadores informales” asistiendo en sus compras, ayudando en la higiene y limpieza así como en la compra de medicamentos y citas médicas. Propuso además un programa comunitario en el que se “adopte a un viejo”.
“Además del poco esfuerzo por darle más pruebas a asilos, no he visto acercamiento a los viejos que viven solos. ¿De qué vale? Por eso mi programa que he llamado Adopte a un viejo. Muchas veces nos olvidamos del factor humano en el cierre. Son gente bien mayor que salen para comprar al día. Siguen saliendo diariamente. Pero si tuviéramos un plan… Necesitan ayuda y la comunidad debe asumir la responsabilidad que no ha asumido el Gobierno. La respuesta es de abajo hacia arriba. Estamos saturados de números y hay que darle una tónica humana”, afirmó.
La propuesta de Santiago Biblioni coincide con la visión del Dr. Mark Grabowsky, experto en prevención de enfermedades durante unwebinarcoordinado por Filantropía Puerto Rico. Grabowsky sostuvo que “Lo que necesitaríamos serían medidas más intensivas particularmente en los grupos de mayor riesgo”. Citó un estudio de David L. Katz de la Universidad de Yale que propone medidas estrictas para los adultos mayores que, de tener enfermedades crónicas, deben mantenerse en distanciamiento social en estricto confinamiento en el hogar y tener cero contactos con familiares.
Sin protocolo para administrar pruebas en centros de cuido
La ausencia de un protocolo que especifique cómo se llevará a cabo el proceso dentro de estos hogares y centros de cuido prolongado, que fue confirmada por tres fuentes al CPI, levanta interrogantes sobre qué medidas se tomarán para proteger la salud de los adultos mayores que residen en estas instituciones.
“El Departamento de Salud es quien lidera este esfuerzo”, dijo al CPI el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, Juan Reyes, cuando se le preguntó por qué no se ha llegado a más asilos. Informó además, que el Gobierno contrató a los laboratorios Quest y Toledo para trabajar el plan.
La administración de las pruebas rápidas en los centros comenzó el lunes 20 de abril, un día después de divulgarse el anuncio de la iniciativa. Para ese primer día se tenía proyectado acudir a tres hogares de adultos mayores, según explicó Reyes. No obstante, solo se pudo llegar a dos y realizar 200 pruebas a residentes y empleados.
“Las coordinaciones no fueron las más correctas”, explicó Reyes.
Cuando se le preguntó al portavoz de la GN sobre la existencia del protocolo de Salud para llevar a cabo la iniciativa, el oficial militar indicó que entendía que este sería divulgado por la agencia el jueves 23 de abril. El CPI solicitó al Departamento de Salud el documento en tres ocasiones a partir del 22 de abril, pero las gestiones fueron infructuosas.
“Es algo que discutimos con el personal de Salud. Por eso no hemos desarrollado esta misión de manera agresiva. Los hogares que se trabajaron el lunes [20 de abril] fueron los que solicitaron los servicios al [Elder Justice] Task Force y el Departamento de Salud”, comentó Reyes al admitir que al comienzo de la iniciativa todavía no existía un protocolo del Departamento de Salud para manejar la administración de pruebas de COVID-19 en los hogares de ancianos y centros de cuidado de larga duración.
Por ser una iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos a través de la Fiscalía Federal y el EJTF, el CPI se comunicó con el Distrito de Puerto Rico de la Fiscalía Federal para indagar sobre la existencia de un protocolo. Se preguntó si el gobierno federal también participa de la elaboración del protocolo, además del Departamento de Salud de Puerto Rico.
“Nosotros seguimos afinando protocolo y ayudando en la coordinación inter-agencial y dando seguimiento a la data y reporte diario”, fue la respuesta brindada por Fiscalía Federal en representación de la Coordinadora del EJTF, la fiscal federal auxiliar, Jacqueline Novas.
No fue hasta el martes, 19 de mayo, que Salud finalmente le envió al CPI un documento de tres páginas que presenta diagramas sobre las agencias involucradas en la iniciativa y los pasos a seguir según el resultado de la prueba. El documento no incluye párrafos explicativos, no tiene un título o encabezado, ni se indica quién lo produce o a quién se dirige. Tampoco se explican las medidas de salud y seguridad que se seguirán cuando se acuda a administrar las pruebas dentro los centros de ancianos.
La ausencia de esta información como parte de la iniciativa para la administración de pruebas en los centros de cuidado ha levantado preocupaciones entre personas que trabajan con esa población, incluyendo quienes administran estas instituciones. Una de las interrogantes planteadas al CPI es cómo se tomarán las medidas para evitar que el personal médico y de apoyo que visite varios centros no contagie a los residentes y personal de los hogares en los cuales no se han reportado casos sospechosos de COVID-19.
“Se va a ir a todos los hogares, pero si había un caso en uno de estos, pues hay gente que dice que no quiere que vengan al mío (hogar) porque ya estuvieron expuestos”, comentó al CPI, la Presidenta de la Asociación de dueños de centros de cuidado de larga duración, Juanita Aponte, quien a su vez dirige el Hogar Lomas San Agustín en Río Piedras.
Según Aponte, el peligro de contagio de sus residentes son las personas que salen y entran a estas instituciones de cuido constantemente. Los adultos mayores nunca salen de los centros y las visitas de familiares han estado prohibidas desde que comenzó la emergencia.
“Les pedí que me trajeran evidencia de que quienes vienen a hacer las pruebas están negativos [al COVID-19] para que no contagien a mi matrícula. En cierto sentido a mí me preocupa que yo esté absorbiendo responsabilidad en errores que cometan ellos”, explicó Aponte, quien abogó por un protocolo que incluya un relevo de responsabilidad a los dueños de centros de cuido en caso de que sus residentes sean infectados de COVID-19 por quienes hacen las pruebas del Gobierno.
Aunque el Departamento de la Familia publicó la Guía para la Prevención y Control de Infección por COVID-19 en Establecimientos de Cuidado de Larga Duración para Adultos Mayores el 31 de marzo, ese documento no aborda el tema de las pruebas para detectar el virus.
“¿Cuál es el plan? ¿Cuál va a ser el personal encargado de decirles a los encargados de los centros sobre el protocolo? ¿Realmente lo conveniente es adiestrar a una persona en la institución para que haga las pruebas cuando hay casos sospechosos?”, cuestionó la presidenta de la Brigada de la 3ra Edad, Amada García Gutiérrez, al reflexionar sobre la necesidad de un protocolo que delimite las medidas de seguridad.
Ante estas interrogantes, el Ayudante General de la Guardia Nacional admitió que dicha preocupación es válida. Dijo sin embargo que la administración de las pruebas será voluntaria según decidan los centros de cuidado de ancianos.
“Ciertamente es una preocupación. Si nos ponemos a evaluar, no queremos que nos pase lo que ha pasado en centros de envejecientes en otros estados”, dijo Reyes, refiriéndose al alto número de muertes. Según una investigación publicada por AARP, más de 38 mil personas, incluyendo adultos mayores y trabajadores, han muerto en los centros de cuido prolongado de ancianos en los Estados Unidos. Esa cifra representa aproximadamente una cuarta parte de las muertes relacionadas al COVID-19 en ese país hasta el 1 de junio.
La mitad de las muertes adjudicadas al COVID-19 en Europa se registraron en hogares de ancianos, informó la Organización Mundial de la Salud. Según declaraciones del director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, el alto número de contagios y muertes en los centros de cuidado de larga duración recalcan la necesidad de que sus servicios se gestionen de forma segura y que se mejoren las condiciones del personal que trabaja en estos lugares.
Rafael R. Díaz Torres es miembro de Report for America
