CLARIDAD
Se podría atribuir a intransigencia, así como a falta de conocimiento por parte del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (DVPR) y el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología (FCT), la falta de acceso de los y las pequeñas agricultores a los fondos destinados para la recuperación agrícola (REGROW, siglas inglés), denunciaron organizaciones y grupos comunitarios que integran el esfuerzo Recuperación Justa para la Agricultura.
En entrevista, Elisa Sánchez Torres, directora del Centro de Apoyo Jíbaro de Lares y Bartolo, expuso a CLARIDADque el programa REGROW es parte de los fondos CDBR para los agricultores destinados a la recuperación de los efectos del huracán María. La asignación de $92.5 millones le fue otorgada en septiembre pasado al DVPR, el cual sin mediar consulta ni siquiera con el entonces secretario de agricultura, le otorgó un contrato al Fideicomiso para manejar el programa.
“Cuando anunciaron que los fondos estaban disponibles y empiezan a dar orientación, personas que estamos en comunidades agrícolas y pequeños agricultores empezamos a levantar la bandera de alarma por varias razones”, expresó Sánchez Torres.
Para empezar, denunció, de los $92 millones para el programa, Vivienda le destinó al Fideicomiso $30 millones para la administración; es decir, una tercera parte de los fondos. Entre las tareas que tiene asignado el Fideicomiso es hacer una revisión financiera de cada solicitud de los agricultores, lo que implica que están determinando la solicitud de acuerdo con el informe crediticio del agricultor. Resaltó que de acuerdo a las guías y legislación federal del programa, se supone que el 70 % de esos fondos CDBG sean destinados a familias de bajos y moderados ingresos. Por el contrario, Vivienda y el Fideicomiso han decidido dar prioridad a los negocios y no a la producción agrícola de fincas de ingresos limitados.
“Lo que pasa es que los agricultores, en su gran mayoría el pequeño agricultor, que es un 88 % de los agricultores en este país, están trabajando de manera informal, no tienen las fincas registradas como negocio. Otro requisito que le solicitan a la hora de presentar los documentos es experiencia administrativa, educativa. Cuando vamos a tratar de llenar las solicitudes, obvio, los agricultores ni fueron a la escuela o tienen baja escolaridad, no tienen registrado su finca como negocio. No han llenado planilla porque, la mayoría, los ingresos son muy bajos. Y ellos temen llenar las planillas por la situación de que le van a quitar, más que el PAN, el seguro médico”, manifestó Sánchez Torres.
Añadió que el agricultor de la montaña está en condiciones peores porque allá nunca llegó semilla después del huracán, tampoco nada de fondos, debido a que la gran mayoría no tenían asegurados sus cultivos.
Para poder presentarle esta evidencia al Fideicomiso, la directora del Centro de Apoyo Mutuo de Lares y Bartolo (una comunidad a 45 minutos del pueblo de Lares) recibió una subvención de Apoyo Legal Puerto Rico para hacer unas entrevistas en los pasados dos meses a pequeños y medianos agricultores de la montaña, que comprenden los pueblos de Adjuntas, Lares y Camuy. Las entrevistas arrojaron además que la media de edad de los agricultores está sobre los 58 años. Se observa que el agricultor nunca se retira, como tampoco ha habido un relevo generacional, más aun, los pocos jóvenes obreros agrícolas que había, luego del paso del huracán María se fueron a trabajar a Estados Unidos ante el ofrecimiento de un salario de $15 dólares la hora. Dio como ejemplo que el sector Bartolo se quedó con apenas siete obreros agrícolas jóvenes. “Fue tan devastador para el [agricultor] pequeño y grande, que hasta las haciendas grandes están trabajando con siete y cinco obreros”.
Sánchez denunció que tanto los requisitos como el lenguaje de la solicitud hacen imposible que un pequeño agricultor tenga acceso a los fondos. Ante las denuncias, la excusa del Fideicomiso es que no fueron ellos quienes prepararon las guías del programa, que están atados al reglamento federal y que tienen que cumplir con el contrato. También les dicen que ‘vayan a reclamarle al Departamento de Vivienda’.
El único gesto que ha hecho el Fideicomiso fue que cuando se quejaron del documento, en el que hay que presentar evidencia de estudio para un agricultor que lleva 30 años y es analfabeta, hicieron un documento para que el agricultor vaciara su experiencia. No solo es que los requerimientos no se adaptan a la realidad de los y las agricultores, es que todo se hace mediante vía electrónica y la orientación se da mediante un centro de llamadas. “El 75 % de los agricultores no tienen internet y menos una computadora”.
Sánchez Torres comentó que cuando los centros comunitarios empezaron a dar orientación por iniciativa propia para que los agricultores se enteraran de que estaban los fondos, notaron que el lenguaje de los documentos es el de una visión de una empresa, lo que contrasta con la realidad de los agricultores, que lo que manejan es una finca familiar.
Las solicitudes son tan difíciles de llenar que hasta los grandes agroempresarios están pagando para que se les llene, y ya hay contables que están cobrando por llenar la solicitud desde $70 a $1, 500. En esa línea, trajo a la luz que el exsecretario Rivera Aquino fue el primero que comenzó a llenarles solicitudes a las grandes empresas agrícolas. “Hay una abogada en el pueblo de Lares que cobra $2,500, y si le aprueban, cobra una comisión”.
Un aspecto que destacó es que según se define en las guías y por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos un “pequeño agricultor” es aquel que gana menos de $350 mil al año. Sánchez Torres detalló que el promedio de ingresos del pequeño agricultor en Puerto Rico es $12 mil dólares al año y que los que se reconocen como grandes agroempresarios están en los $350 mil.
“Lo que significa que están compitiendo con el agricultor de al lado (se refiere a los pequeños agricultores). Y según el Fideicomiso, han recibido mil y pico de solicitudes. Como estábamos en el covid, la excusa es que no pueden hacer nada en persona. De esas, me atrevo a decir que 980 pagaron por que se las hicieran”,.
En el caso de los pescadores, alertó de que ni los mencionan en las guías, cuando se supone que estos tienen acceso a esos fondos. Ante la dificultad de identificar su lugar de trabajo, el Fideicomiso les está pidiendo un afidávit que identifique su vivienda como su lugar de trabajo.
En entrevista por separado, Jaqueline Pérez, directora de la Fundación Bucarabón, en Maricao, otra de las organizaciones que suscribieron las denuncias, confirmó que de parte del secretario del Departamento de Agricultura, “no he visto ningún tipo de acción. Como secretario debería dar la mano”.
Coincidió con que la complejidad y los requisitos de la solicitud son tantos, que algunos agricultores han tenido que recurrir a otros profesionales que cobran desde $800 hasta $2,500 por llenarles la solicitud.
“Es un problema, porque estos fondos están para adelantar la agricultura; pero si los vamos a dejar a personas que siempre cogen el dinero porque saben cómo manejarlo, es discriminatorio.”.
Ambas gestoras censuraron que se les pida a los agricultores un historial crediticio como si se tratara de un préstamo, cuando el hecho es que el programa es una subvención.
Las organizaciones están reclamando que se enmiende el contrato con el FCT y que parte de los $30 millones se les dé a las organizaciones que sí están trabajando directamente con los agricultores. Sánchez Torres trajo a la atención que el actual secretario de Agricultura, Ramón González se reunió con el secretario del DV, William Rodríguez, y le pidió $10 millones de los fondos para que sea Agricultura el que evalúe las solicitudes.
En tanto, el movimiento de Recuperación Justa para la Agricultura le solicitó una reunión al Departamento de Vivienda Federal (HUD), que es de donde originan los fondos para presentarle sus objeciones. Sánchez Torres observó que es el secretario de vivienda es quien debe solicitar cambios al programa, “pero no lo va hacer ni se va a reunir con nosotros”, denunció.
