Por Cándida Cotto/CLARIDAD

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Por encima de críticos señalamientos,  la Cámara de Representantes concurrió con aprobar la versión del Senado del proyecto de un nuevo Código Civil (CC). En medio de denuncias          por amplios sectores de la sociedad sobre incongruencias, discrimen y negación de derechos, lo aprobó, igual que su contraparte, sin dar espacio a vistas públicas.

“Ese código va a terminar en los tribunales”, afirmó el activista Pedro Julio Serrano, portavoz del Comité Amplio de Búsqueda de Equidad, en entrevista con este semanario.  Serrano denunció que el proyecto se hizo público por trasmano, ya que el Senado no lo hizo accesible hasta la tarde del miércoles, el día antes de su aprobación en la Cámara.

“Esto no se trata de un código civil, se trata de un código secreto. Si a eso le añadimos que lo que se ha hecho es un entuerto que no tiene ni pies ni cabeza, eso es un código Frankenstein, porque han generado un monstruo que no tiene coherencia. Por un lado, limita derechos y, por otro, dice que nada de lo que está escrito vulnera derechos”.

Una de estas incoherencias es que en una parte se limita el derecho de las personas trans a cambiar su certificado de nacimiento; pero en el pleno del Senado le añadieron una enmienda que dice que nada de lo ahí expuesto va en contra de los procesos ya establecidos para los cambios de los certificados de nacimiento. Lo mismo pasa con el derecho al aborto, que por un lado le da derechos al no nacido; pero dice que si no nace, no tiene derechos.

Para el activista de la comunidad LGTBQ el proyecto tiene un sesgo religioso. Señaló que fue escrito por el sacerdote Carlos Pérez y la senadora fundamentalista Milagros Charbonier: “Te tengo que hablar claro: si es bueno para Carlos Pérez y para Milagros Charbonier, es malo para la comunidad LGTBQ y para las mujeres. Eso es así de sencillo”.

Serrano también dijo que es mentira lo que dice el PNP de que el código es producto de 20 años de trabajo. “Eso es mentira. Ellos echaron a un zafacón todo el trabajo que había hecho la Comisión Revisora. Carlos Pérez y Charbonier hicieron una versión totalmente nueva y absurda”.

En una entrevista de CLARIDADal representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Dennis Márquez Lebrón, este había adelantado que no tenía dudas de que la Cámara concurriría con las enmiendas del Senado, que  no habría debate, menos aun, vistas públicas ni ningún tipo de discusión. El legislador ahora confirma que no fue hasta el miércoles en la tarde que pudo ver en papel una versión del código aprobado en el Senado debido a que durante el día todavía no estaba en el sistema. Dennis reprobó el proceso mediante el cual la mayoría legislativa aprobó lo que dijo debería ser el proyecto de ley de mayor consenso en el país.

Entre los aspectos del código que expuso necesitan revisión está que en la versión del Código original —el que primero trabajó la Cámara— habían establecido un artículo en la parte introductoria que establecía que no podía haber ningún tipo de discrimen por las causales de raza, ideas políticas e ideas religiosas, pero no incluyeron por género. Márquez Lebrón  y otros legisladores planteaban que la ley en el ámbito laboral recogía el discrimen por razón de género, pero los legisladores del PNP en vez de incluirlo decidieron eliminarlo del proyecto de ley. “Es importante tenerlo porque marcaba una ruta. Los derechos por discrimen de género no están recogidos en la Constitución. Habría que hacer una interpretación. Está en la legislación laboral, menguada, y eso era una oportunidad de que la parte inicial del Código marcara una ruta de que todo ese Código no iba establecer ningún tipo de discrimen por ninguna de las razones establecidas”.

El licenciado Márquez Lebrón reconoció que aunque en el Código hay aspectos que se modernizan,  si en la parte inicial, en la parte introductoria, en la parte que más afecta directamente a las personas, a las relaciones humanas, a las relaciones interpersonales, no se quiere ser  claro, no se quiere ser preciso, no se quiere reconocer la realidad social y se quiere mantener un enfoque conservador, en ocasiones fundamentalista, eso es lo que se refleja esas áreas del Código Civil, a pesar de que ha habido enmiendas y cambios.

Añadió que hay otros artículos en que, como no se quieren reconocer unos derechos, se redactan unas ambigüedades: “Una de las peores cosas que se puede hacer con una ley o con un código civil es ser ambiguo, porque va a terminar en los tribunales.  Eso es parte del esquema de tratar de jugar con todos: complacer aquellos sectores que reclaman derechos, pero también complacer a su sector conservador religioso”.

Por su parte,  el representante por el partido Victoria Ciudadana, Manuel Natal, también llamó la atención sobre la cantidad de incongruencias que hay en las enmiendas que a última hora hizo el Senado y con las cuales no debió concurrir la Cámara. Como mínimo, la Cámara debió nombrar un comité de conferencia para atender las enmiendas que no solo grupos de la sociedad civil están pidiendo, sino otras que sencillamente son un disparate.  Reiteró la necesidad de que el proyecto tuviese vistas públicas, no solo porque en el Senado no hubo, sino porque luego de la vista pública que se celebró (en el mes de febrero) en la Cámara de Representantes, hubo dos proyectos sustitutivos.

Natal expresó que, aprobado el proyecto, habrá que mover la lucha a La Fortaleza para que no se firme. Comentó que la gobernadora, en expresiones públicas, planteó que estaría velando por que los derechos de todas las personas se respeten, sobre todo los de las comunidades marginadas. “Si la gobernadora va a ser cónsona con lo que ha dicho, debe vetar el proyecto. Vamos a tener un ejemplo. Tiene hasta el sábado para vetar el proyecto de la Reforma Electoral. Podemos aventurar que actuará de la misma forma con el Código Civil”.

 Los derechos no se regalan

En otra entrevista,  la presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social (CPTS), doctora Mabel López Ortiz, se unió a los reclamos de una participación amplia en la redacción de un documento tan importante como el Código Civil. Desmintió el argumento de la Legislaturadel PNP de que en el proyecto había participado mucha gente. “Eso es parcialmente cierto. En el primer borrador hubo vistas, pero mucha gente se quedó fuera porque ellos decidieron a quién iban aceptar”.

A la pregunta de cómo incide en el Trabajo Social el Código Civil, López Ortiz reclamó que en su profesión deben tener la capacidad de defender los derechos de la diversidad y pluralidad de los ciudadanos.  “Por ejemplo, no puedo pensar desde el Trabajo Social que una persona que está en la cárcel ya no tenga derechos. Son sujetos humanos que debemos defender y de alguna manera viabilizar, que tengan derechos en ese sentido. Aparentemente, los cambios que han sugerido son sumamente conservadores en el manejo de la diversidad familiar”.

Alertó de que se le ha dado mucho énfasis al tema de la diversidad sexual de las familias del mismo sexo, pero que también hay que considerar el asunto de las parejas que no están casadas, por lo que se debe  tener la malicia de que no todas las familias están reconocidas en el CC. López Rivera destacó que en el ejercicio de la práctica del trabajo social se concurre en que hay que tener un código atemperado a los tiempos. Pero atemperarlo a los tiempos no es que la mujer que ya había adelantado sus derechos en el control de sus derechos reproductivos ahora tenga que ir a un tribunal para tomar decisiones sobre su vida: “Los derechos no se regalan después que se tienen”.

Ya firmado el proyecto por Senado y Cámara, la gobernadora tiene 10 días para firmarlo o vetarlo. Los 10 días, exceptuando los domingos, empiezan a contar desde el momento en que Fortaleza certifica que lo recibió.  El legislador del PIP explicó que aquí no aplica el veto de bolsillo ni dejarlo sobre la mesa porque la Legislatura está en el periodo que aplica el concepto de los 10 días. Si la gobernadora no lo firma, el proyecto se da por rechazado.

El  Colegio de Abogados y Abogadas (CAPR) es otro de los sectores que había rechazado el proyecto del Senado y había reclamado a la Cámara que hiciera vistas públicas.

“El Código Civil constituye una pieza fundamental para los derechos de todas las personas, desde antes de su nacimiento hasta después de su muerte, por lo que la legislación reviste de un alto interés público y de participación ciudadana”, manifestó en declaraciones públicas el presidente del CAPR, licenciado Edgardo Manuel Román Espada.

A su vez, el presidente de la Comisión de Derecho Civil del CAAPR, José Javier Lamas Rivera, añadió que el Código aprobado por el Senado era “sustancialmente distinto” al que fue discutido en las vistas públicas celebradas en la Cámara:“En aquella ocasión, la discusión se centró en los cambios radicales que impulsaba un sector, en detrimento de nuestros derechos civiles, y se logró eliminar buena parte de las disposiciones medievales que tenía la primera versión de esta pieza legislativa. Sin embargo, quedaron en el tintero temas sustanciales que impactan nuestro andamiaje jurídico privado”, subrayó.

Lamas Rivera además mostró preocupación por la aprobación de un código anticuado. “¿Por qué mantenemos plazos de prescripción de diez y veinte años como si viviéramos en el siglo XIX? ¿Por qué no se regula la contratación, empleando medios digitales? ¿Cuál es el miedo a reglamentar los derechos patrimoniales de los hijos póstumos? Este Código Civil no es un código moderno, necesita ajustarse al Siglo XXI”, reclamó el licenciado.

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

El Código Civil recién aprobado por la Legislatura tiene partes buenas, que son el producto de más de 20 años de trabajo. Durante ese tiempo personas muy capaces y bien intencionadas hicieron aportaciones a un cuerpo normativo que, en su mayor parte, tiene más de un siglo de aprobado. El problema fue, que ese trabajo serio fue a dar al escritorio de la legisladora María M. Charbonier quien, motivada por su fundamentalismo religioso y sus prejuicios, como no podía poner en blanco y negro lo que de verdad pretendía, le introdujo píldoras que, como semillas del mal, sacarán sus espinas más adelante.

Entre los buenos cambios está, por ejemplo, la sección que atiende lo relativo al derecho sucesorio. Pero esas aportaciones positivas han quedado opacadas por la mentalidad retrógrada de la mayoría legislativa que, capitaneada por Charbonier, además de atropellar el proceso, corrompieron con sus píldoras y con su vaguedad, el buen trabajo de los otros.

Entre estas bombas de zapa está la figura del “no nacido”. Una de las normas legales contenidas en el Código vigente es que la vida, con los derechos y obligaciones asociados a ella, comienza con el nacimiento. Ahora, por obra y gracia de Charbonier, están sobre del tapete los llamados “derechos del concebido, pero no nacido”, una figura jurídica que tendría consecuencias funestas en cuanto al poder de la mujer sobre su cuerpo, entre muchas otras cosas. Hace bastante tiempo que los grupos fundamentalistas estaban tratando de poner eso en la ley. Ahora lo lograron.

Cuando el proyecto llegó al Senado (donde está Nayda Venegas, socia de Charbonier en asuntos de fe) trataron de encubrir la píldora añadiéndole la frase de que esa nueva redacción “no menoscabaría derechos constitucionales”, pero dejaron el fraseo original inalterado. Con lo que ya estaba y lo que añadieron en el Senado, conformaron un Franquenstein que irá abriendo los caminos que ellos quieren abrir.

Entra las muchas píldoras que la Legislatura del PNP le introdujo al trabajo que ya estaba hecho, está también la relacionada con la manera cómo se dispondrá de propiedad pública, asunto que, como sabemos, ha dado pie a tanto acto de corrupción. La norma vigente establece un procedimiento bastante riguroso para que se autorice el traslado de un bien público a manos privadas, con intervenciones de agencias reguladoras, como la Junta de Planificación, y la propia Legislatura. Ahora lo flexibilizan introduciéndole vaguedad y dejando el mecanismo a merced de futuros reglamentos. ¡Si con las normas que había se traqueteó, imaginemos lo que nos viene encima!

El Código Civil no es una ley más, sino un conglomerado de miles de artículos que rigen nuestra vida desde el nacimiento hasta después de la muerte. En lugar de atender todos esos asuntos mediante leyes separadas, en la Francia napoleónica nació la idea de juntarlas en un solo documento que, en realidad, es la suma de cientos de leyes. El Código que tenemos en Puerto Rico llegó desde España en 1889 y desde entonces ha sufrido múltiples revisiones. Prácticamente todos los años se legisla algún cambio en uno de sus millares de artículos. No es mala idea hacer una revisión general, con una visión integral que lo modernice y lo haga más efectivo. El problema en manos de quién se deja la encomienda.

EL NUEVO PLEBISCITO

Mientras nos endilgaban su versión del Código Civil, la Legislatura aprobó legislación para imponernos otra consulta de estatus, de manera simultánea con las elecciones generales del próximo noviembre. En esta ocasión la mano que dirigió el proceso es la de Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado.

Este sería el cuarto plebiscito impuesto por algún gobierno del PNP, desde que Pedro Rosselló llegó a la gobernación en 1993. Tratando de lograr una mayoría a favor de la anexión, desde entonces han jugado muchas cartas. En la primera convocaron a una consulta del modo tradicional, con las tres fórmulas y, contrario a lo que esperaban, ganó el “ela”. Entonces procedieron con otro plebiscito, dejando fuera a ese “ela”, pero el Tribunal Supremo, que en ese momento no controlaban, les obligó a incluir “ninguna de las anteriores” como alternativa, que resultó victoriosa. La tercera movida vino en 2012, con una consulta doble, primero preguntando si se quería un cambio de estatus y luego votando por alternativas que también excluían el “ela”. Así lograron una “mayoría” a favor de la estadidad, pero con el 45% de los votantes dejando la papeleta en blanco.

En esta ocasión, en la nueva convocatoria para noviembre, se atrevieron con una votación estadidad Sí o No, aunque en las definiciones tratan de enfangar un poco el No, advirtiendo que entonces se quedaría la colonia actual. De esa manera buscan que los opositores a la estadidad que también rechazan la colonia opten por no votar.

Coincido con los que afirman detrás de esta nueva consulta está el propósito puramente electoralista de darle una razón más a los del PNP para ir a votar, a pesar del malestar general creado por el Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. Además de ese hecho, creo que el liderato PNP entiende que este es el mejor momento para buscar una mayoría a favor de la anexión, porque tras el huracán de 2017, los terremotos y la pandemia, la dependencia de las aportaciones federales se ha disparado.

Aun teniendo presente lo anterior, creo que la nueva movida de los anexionistas es temeraria y debemos hacer todo lo posible para que les rebote en contra. Para los “estadolibristas”, de todas las tendencias, no hay limitación para optar por el No porque, en última instancia, la selección es entre la anexión y el estado actual. Tampoco debe haber limitación para los soberanistas e independentistas. El PNP ha puesto sobre el tapete la posibilidad de expresar un rechazo contundente a la anexión y parece tentador aceptar su reto.