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Irán, la violencia y los silencios

 

Por Rafael Poch de Feliu

Si el término “terrorismo” significa algo en el mundo de hoy, la continuada agresión de Estados Unidos y su socio israelí contra Irán es precisamente eso.

En la legislación alemana existe una ley (Antiterror-Dateigesetz) que regula el criterio para incluir a una persona en el fichero de terroristas. Su artículo 2 define como idóneas para tal inclusión a las “personas que utilizan ilegalmente la violencia como medio para imponer internacionalmente cuestiones políticas o religiosas”. Con ese criterio, no hay duda de que en un mundo regido por el sentido común los presidentes de Estados Unidos y algunos jefes de gobierno europeos deberían encabezar esa serie. Si el término “terrorismo” significa algo en el mundo de hoy, la continuada agresión de Estados Unidos y su socio israelí contra Irán -con la entre impotente y gallinácea aquiescencia de la Unión Europea- es precisamente eso.

La lista de científicos y responsables iraníes vinculados al programa nuclear de Teherán que han sido asesinados es aproximada. Según Haaretzcinco de ellos fueron víctimas entre 2010 y 2012. Según William Tobey, ex alto funcionario de la administración presidencial de Estados Unidos y autor de un artículo remarcable por su cinismo en The Bulletin, los muertos desde 2007 han sido cinco, aunque las noticias sobre esos asesinatos sean, “turbias, incompletas y algunas veces inexactas”, dice.

Esos atentados mortales, así como los ataques con virus informáticos contra las instalaciones nucleares de Irán en Natanz y Busheer, acompañaron las mismas negociaciones del malogrado acuerdo nuclear con Irán de 2015, del que Estados Unidos se retiró unilateralmente cuando sus preceptos estaban siendo escrupulosamente observados por Irán. Pero aquella criminal circunstancia no alteró entonces la posición negociadora de Teherán.

Ahora, este año 2020 que comenzó con el asesinato del General iraní Gasem Soleimani, y continuó con diversos atentados y sabotajes en diversas industrias fundamentales del país, se ha cerrado, el 27 de noviembre, con el asesinato del físico nuclear Mojsen Fajrizadeh. Una vez más los iraníes han mostrado sangre fría. Si el propósito de anteriores atentados fue impedir el acuerdo nuclear de 2015, el perpetrado contra Fajrizadeh busca complicar cualquier hipotético regreso de Estados Unidos a la negociación. El Presidente Rohani quiere impedir una escalada de tensión en la región antes de la investidura de Biden del 20 de enero. Atribuido al Mossad, el atentado ha sido el intento de Israel para utilizar las últimas semanas de la presidencia de Trump para impedir el regreso al acuerdo nuclear. ”En esa trampa no vamos a caer de ninguna de las maneras”, ha dicho el portavoz gubernamental, Ali Rabiei.

El regreso al acuerdo de Viena de 2015 es imperativo para acabar con el régimen de sanciones que asfixian a la economía y a la sociedad de Irán e impide el dinámico despegue del país apuntado en 2016 cuando la breve vigencia del acuerdo ocasionó un crecimiento del 16%. Hoy Irán sufre la peor crisis económica de su historia con la exportación de petróleo reducida en un 88% (de 2,5 millones de barriles diarios a menos de 300.000), su moneda perdiendo el 80% de su valor (2019) y la masiva retirada de empresas extranjeras como consecuencia del chantaje de la extraterritorialidad de la ley americana que impide cualquier transacción bancaria.

En Estados Unidos se presiona al timorato Biden para que incluya en la futura renegociación nuclear otras cuestiones como una retirada de Irán de los escenarios de Siria, Líbano o Irak, propósito que no parece tener gran futuro, pero hay otras vías para complicar ese regreso al acuerdo antes de que Trump se vaya.

Una flota iraní de diez petroleros zarpó la semana pasada de Irán rumbo a Venezuela. La industria petrolera venezolana está descoyuntada por el bloqueo, las sanciones y las tensiones internas, por lo que se presenta una nueva ocasión para la piratería. En agosto Estados Unidos ya apresó cuatro petroleros iraníes en el Caribe y vendió su carga, violando toda ley marítima. Cuando los propietarios cuestionaron judicialmente la medida, Estados Unidos sancionó a dos de ellos. Desde agosto los petroleros iraníes han continuado llegando a Venezuela desconectando sus dispositivos de telecomunicaciones para dificultar su identificación, pero cada uno de esos convoyes es una oportunidad abierta al conflicto. Sobre todo porque, por lo menos hasta el 20 de enero, la dirección de los asuntos referidos a Irán y Venezuela seguirá estando en manos de reputados criminales como Elliot Abrams, patrocinador de los escuadrones de la muerte en los años de la matanza de 200.000 personas en América Central (1% de la población de los siete países de la región), a cargo de los regímenes patrocinados por Estados Unidos, con sus disidentes mutilados o desaparecidos como práctica corriente. Brams, un mentiroso convicto en el caso Irán-Contra de aquellos años ochenta, afirma estos días sin la más mínima prueba que Irán está enviando misiles a Venezuela.

Pero lo más significativo es que este último episodio de sanciones y extrema presión terrorista del viejo conflicto de Washington con Teherán, es consecuencia directa de los dos grandes desbarajustes bélicos de Estados Unidos. Como recuerda Vijay Prashad en un libro sin desperdicio recién editado (Balas de Washington, Edicions Bellaterra), entre 2001 y 2003 Estados Unidos libró dos guerras contra adversarios de Irán: los talibán en Afganistán al este y Saddam Hussein en Irak, al oeste. Aquellas fueron dos guerras estadounidenses ganadas por Irán, porque su resultado fue fortalecer la posición de ese país en la región. Cuando en Washington se dieron cuenta procuraron acorralar de nuevo a Irán en sus fronteras. Para ello hicieron tres cosas: intentaron destruir a Hezbollah con el ataque israelí al Líbano de 2006, apretaron las sanciones contra Siria en 2005 y potenciaron una guerra allí en 2011, y fabricaron una crisis a propósito del programa nuclear de Irán a partir de 2006. Ninguna de las tres acciones funcionó y entonces, en 2015 aceptaron el acuerdo nuclear de Viena. Pero Trump lo rechazó en 2018, abriendo la actual “máxima presión” con sanciones, asesinatos, bloqueos y sabotajes.

En esta última etapa, Trump llegó a escribir, el 25 de junio de 2019, que Estados Unidos atacaría a Irán, “con una fuerza enorme y abrumadora, en algunas áreas abrumadora significará aniquilación”, especificó sin que la Unión Europea se despeinara. Como observó el año pasado Seyed Mohammad, decano de la facultad de estudios mundiales de la Universidad de Teherán, “cuando Trump amenaza a Irán con la destrucción, ningún líder occidental, ningún miembro del Parlamento Europeo, ninguna figura europea de primer nivel está dispuesta a criticar, y menos aún a condenar a Trump. Sus amenazas de un holocausto nuclear han sido recibidas con silencio”. ¿Cuándo figurarán estos mayores criminales en los ficheros de terrorismo?

Reproducido de www.rebelion.org

 

Con cautela y firmeza

Alianza Martiana

 

Miami.- Con cautela y firmeza confrontamos nuestro trabajo político a favor del restablecimiento de las relaciones entre los pueblos y Gobiernos de Estados Unidos y Cuba sobre las bases de respeto mutuo en las que se basaron durante los últimos dos años de la Administración de Obama – Biden las organizaciones de la emigración cubana y latinoamericana que en Miami integramos la Coalición Alianza Martiana: la Brigada Antonio Maceo; la Alianza Martiana –como organización individual-; la Asociación Cultural José Martí; el Círculo Bolivariano de Miami, Negra Hipólita; la Asociación de Mujeres; y Radio Miami.

2020 ha sido un año horrible para todos, y en nuestro caso particular, para nuestros miembros, que nos visto forzados, responsablemente, debido a esta terrible epidemia que sufrimos, en estos tiempos, más que nunca antes, a cancelar nuestras actividades públicas y organizativas, con la ejemplar excepción del trabajo diario de Radio Miami.

Somos testigos cuanto hacen los enemigos del pueblo cubano por entorpecer las posibilidades de este restablecimiento de unas relaciones justas y honrosas entre nuestros dos pueblos y Gobiernos. Fomentando las campañas subversivas de larga tradición contra la independencia, la soberanía, y el derecho a la vida y al desarrollo del pueblo de Cuba, como ha sido la conocida por San Isidro. Sembrando confusión y desinformación en Cuba y en el extranjero a través de las redes sociales y la prensa hegemónica para intentar deslegitimar las instituciones de la Revolución.

Sorpresivamente han resucitado, sin ton ni son aparente, la famosa campaña de los ruidos y señales extraños que afectaron a los diplomáticos estadounidenses en La Habana que suscitó la retirada de los mismos de Cuba. Acusaciones que han sido probadas falsas por autoridades cubanas y extranjeras. Después de todo lo ocurrido en cuanto a las relaciones diplomáticas entre ambos Gobiernos logramos entender ésta como otra operación subversiva contra Cuba.

En fin, mil y una campañas para dificultar el empeño de restablecer las relaciones entre el nuevo Gobierno de Biden y Cuba. Necesidad imprescindible nuestra y de los nuestros en Cuba.

Unidas a todas estas criminales medidas de Bloqueo no podemos dejar de mencionar el costo del mismo durante este año terrible que suma más de $5 mil 500 millones de dólares al pueblo de Cuba, incluyendo sanciones contra instituciones relacionadas a la lucha contra la pandemia del Covid, que con maldad agrava la difícil situación de su economía que Cuba confronta como consecuencia de la pandemia del Covid. Como también la confrontamos en Estados Unidos por las mismas razones.

Sumado, a todo esto y más, las múltiples restricciones de viajes a la Isla y la imposibilidad de nuestros familiares de poder obtener las visas requeridas para viajar a Estados Unidos.

Es imposible en esta Nota de Prensa enumerar todo el daño que la retrógrada y perversa Administración de Trump, acompañada de sus sicarios, han hecho contra nuestros derechos y contra el bienestar y la paz del pueblo cubano.

En el espíritu de lucha optimista que ha caracterizado a través de décadas el desempeño político de nuestras organizaciones en defensa de la independencia, la soberanía, las libertades, la paz y el desarrollo del pueblo cubano y los pueblos latinoamericanos y caribeños, hoy a la vista de un nuevo año reafirmamos resueltos  nuestro compromiso con los mismos.///

 

 

 

Rincón podria perder su playa

 

Centro de Periodismo Investigativo

Dos de los proyectos de envergadura luego del huracán María, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE UU (USACE), conllevarían rellenar con arena periódicamente las famosas playas capitalinas de Condado y Ocean Park, junto con un rompeolas. La entidad federal propone además colocar piedras a lo largo de una milla de costa en Rincón.

Los proyectos buscan proteger las propiedades y la infraestructura de San Juan y Rincón del oleaje, las inundaciones y la erosión que causan las tormentas y el aumento del nivel del mar en un periodo de 50 años. El periodo para enviar preguntas y comentarios públicos, en medio de la temporada navideña y de la pandemia, abrió apenas el 20 de noviembre de 2020 y vence el 6 de enero de 2021.

Dos oceanógrafos del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y una geóloga oceanográfica del Recinto de Río Piedras entrevistados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) anticiparon que el proyecto de Rincón afectaría la posibilidad de recuperar las ya erosionadas playas de ese municipio y que compromete el futuro de su turismo.

El objetivo secundario de esta propuesta es mantener espacios naturales, recreativos y turísticos, según el USACE.

Mínimo el tiempo para comentarios públicos

Miguel Canals Silander, director del Centro de Ciencias Oceánicas Aplicadas e Ingeniería del RUM; Aurelio Mercado, profesor de Oceanografía Física en esa misma institución; y Maritza Barreto, directora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico, advirtieron que siendo este un proyecto crítico para las costas de la capital y de Rincón, debería tener más promoción, análisis y discusión pública. El CPI le preguntó al USACE por qué el periodo de comentarios públicos vence el 6 de enero de 2021, tomando en cuenta los señalamientos de los tres investigadores, la pandemia y la temporada festiva de la Navidad.

Una portavoz del USACE indicó que han llevado a cabo dos webinars públicos, adquirido publicidad en un medio de circulación general, publicado un comunicado de prensa y hecho anuncios en las redes sociales, además de enviar cartas a residentes de las zonas aledañas a los lugares en los que se harán las intervenciones.

El CPI preguntó a esa agencia porqué escogió solamente a San Juan y a Rincón, tomando en cuenta que otros municipios, como Arecibo, muestran los patrones de erosión más graves de toda la Isla, según la geóloga Maritza Barreto, directora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico.

El USACE indicó que la Ley de Control de Inundaciones, Ríos y Puertos de 1970, que habilita los fondos federales para hacer las intervenciones en la costa, requiere llevar a cabo estas medidas en áreas en que haya una justificación económica. Es decir, donde el valor de la infraestructura que hay que proteger sea lo suficientemente grande para que compense los gastos.

Los expertos entrevistados 一al igual que residentes de Loíza, donde USACE también propone un rompeolas para lidiar con la erosión 一critican que la selección por la entidad federal de áreas costeras para proyectos de mitigación esté basada solo en aspectos económicos, sin considerar otras variables humanas y sociales.

El proyecto de San Juan y Rincón costará sobre $203 millones y protegerá pérdidas en infraestructura valorada en más de $245 millones en un periodo de cincuenta años.

El 62% de los gastos de la construcción inicial y el 48% de los costos de los rellenos de arena que se harán sistemáticamente en San Juan serán pagados con fondos federales. Queda por ver cómo hará el Gobierno de Puerto Rico para conseguir el dinero restante, cuando enfrenta una crisis económica y procesos de bancarrota de las instrumentalidades públicas.

Damaris Delgado, secretaria auxiliar de Conservación e Investigaciones en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que coauspicia el proyecto, indicó que esa agencia está explorando, a través de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, la posibilidad de que el gobierno federal pueda completar el trabajo con otros fondos federales.

Los $203 millones “son números preliminares”, indicó Delgado. “Cuando tengamos los finales vamos a tener más capacidad de trabajar con el requerimiento que tiene que cumplir el Gobierno de Puerto Rico y buscaríamos las estrategias que no tenemos ahora” para conseguir el dinero, añadió.

La intervención podría “matar” la playa, el turismo y el valor de las casas 

Canals, Mercado y Barreto coincidieron en que el plan escogido para Rincón es inadecuado. “Es una pena porque van a estar reemplazando playas de arena por roca”, dijo Barreto, quien señaló que USACE hizo su estudio con información que no es la más actualizada, pues data de 2016, y que su análisis espacial debe ser más preciso. “El Cuerpo de Ingenieros se tira por lo fácil. Cuando tiras roca, perdiste la playa”, dijo Mercado. “Las comunidades deben presionar para que haya una justificación híbrida que no sea un rompeolas de piedra de una milla de largo en Rincón. Esa intervención puede salvar las casas. Pero matas la playa y el turismo. Y las casas que salvaste pierden valor”, añadió Canals.

El USACE calcula que, si no se hace una intervención, los daños en infraestructura en Rincón podrían ascender a más de $34 millones dentro de un periodo de 50 años.

“Nosotros estamos abiertos a recibir las recomendaciones de todo el mundo”, alegó la Subsecretaria Auxiliar del DRNA, quien está de forma interina al frente del Programa de Manejo de la Zona Costanera de esa agencia. “Si las preocupaciones de esos expertos y los puntos que traen son lo mejor y los podemos defender, se evalúa y se le presenta al Cuerpo de Ingenieros para que se integre al trabajo que están haciendo”.

El USACE aún está evaluando alternativas que no sean exclusivamente el revestimiento con rocas a lo largo de la costa de Rincón, como alimentar la playa con arena, según Carolina Burnette, una de las ingenieras de USACE que trabaja en la planificación del proyecto.

“No es una decisión fácil. En Rincón, rellenar con arena es más caro. Cuando pongamos la arena, no se va a quedar. Se va a ir y tiene que ser realimentada con más frecuencia que San Juan”, dijo Milan Mora, director de la División de Recursos de Agua del Distrito de Jacksonville, Florida, del USACE.

Tan solo en la playa de Ocean Park, las intervenciones podrían proteger propiedad valorada en más de $132 millones dentro de un periodo de cincuenta años, según el USACE. Allí se instalará infraestructura de rompeolas en combinación con alimentación de arena a lo largo de más de una milla. Para minimizar el posible impacto ambiental durante el proceso de relleno de arena, el USACE ha optado por llevar el material en camiones hasta la playa, en lugar de hacerlo desde el agua, según Burnette.

En Punta Piedrita, costa aledaña al Hospital Ashford del Condado, y en la zona residencial de Punta Las Marías, al igual que en Rincón, habrá revestimiento con rocas. Pero, a diferencia de Rincón, estos puntos específicos de la capital no son balnearios, por lo que no se estarían afectando las playas. “No queda arena. Lo que se va a hacer es reforzarlo, armarlas más, mejorar esos lugares”, explicó Mercado.

El oceanógrafo criticó que el Gobierno de Puerto Rico, después de permitir construcciones en la zona costera, vaya ante el gobierno federal para buscar fondos con el fin de resolver los problemas que enfrenta la infraestructura que en principio no debió estar allí. “El ciclo es bien obvio. Dan permiso a una construcción y se construye. Al tiempo el oleaje choca con la estructura, porque aumenta el nivel del mar. El proyecto pide permiso para tirar piedra. El gobierno le da el permiso. Si el costo de ese proyecto es mucho, le piden al gobierno federal que intervenga. El Cuerpo de Ingenieros tira roca y se pierde la playa. Ya sucedió en Aguadilla en el paseo La Marina”.

El mismo estudio del USACE reconoce ese patrón que comenta Mercado, al señalar que el Gobierno de Puerto Rico no ha establecido una línea de control de construcción costera con mayores restricciones. “No podemos cambiar el pasado y pretender que no ocurrieron las construcciones en la costa. Pero en el futuro se puede tener una mejor planificación que pudiera prevenir la situación que vemos ahora”, dijo Carolina Burnette de USACE.

Para enviar preguntas y comentarios sobre el estudio, las personas deben comunicarse a PuertoRicoCoastalStudy@usace.army.mil

También pueden dirigir una carta a la atención de Angela Dunn, al U.S. Army Corps of Engineers, Jacksonville District, 701 San Marco Blvd, Jacksonville, Florida 32207-8175.

Comentarios a emartinez@periodismoinvestigativo.com

 

La deuda de la AEE está en un “limbo indefinido”

 

 Centro de Periodismo Investigativo

 El segundo intento para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se encuentra en una especie de limbo. Para sacarlo de allí, la Junta de Control Fiscal (JCF), que manda sobre las finanzas de la Isla, modificará los términos de la negociación que hizo antes de la pandemia con los bonistas de la corporación pública. Estas enmiendas podrían conllevar cambios sustanciales a la luz de los efectos del COVID-19 en la maltrecha economía de la Isla y de los nuevos nombramientos a la JCF.

 La nueva Legislatura que comenzará en 2021, con una mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), tendrá que evaluar este acuerdo revisado o Restructuring Support Agreement (RSA, por sus siglas en inglés) y dar su aprobación o rechazo. Los líderes de todos los partidos políticos habían expresado durante la pasada campaña electoral desde reservas hasta su repudio al RSA que estaba sobre la mesa.

 La JCF, creada bajo la ley federal PROMESA para que Puerto Rico reestructure sus deudas públicas, tenía hasta el 9 de diciembre de 2020 para explicar al Tribunal Federal cómo la pandemia ha afectado los supuestos fiscales que dieron base al RSA y si este debe modificarse. La JCF, sin embargo, volvió a pedir a la jueza federal Laura Taylor Swain tiempo adicional (hasta el 10 de marzo de 2021) para dar una respuesta.

 La reestructuración de la deuda de unos $9 mil millones con los bonistas es un requisito para que la corporación pública regrese al mercado de bonos. El RSA propuesto hasta el momento aumentaría el costo de la electricidad a niveles nunca vistos en la Isla y perjudicaría principalmente a casi la mitad de la población, que vive bajo el nivel de pobreza, según coinciden seis expertos entrevistados por el CPI. Se trata de una transacción decisiva para el sistema energético y a la vez para el futuro de costo de la vida en Puerto Rico.

 El gobernador electo por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, había anticipado que se tienen que tomar en cuenta los efectos de la pandemia para evaluar la viabilidad del RSA. CarlosDelgado, ex candidato a la gobernación y presidente del PPD, había señalado que el acuerdo propuesto desincentiva a los consumidores. Los líderes del Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Independentista Puertorriqueño y el Proyecto Dignidad se oponen al RSA. Este también fuerechazadoen enero de 2020 por la saliente legislatura dominada por el PNP, por que implica un aumento en la factura.

 “La Junta de Supervisión ha continuado realizando diligencias del RSA y la asequibilidad y sustentabilidad de las tarifas eléctricas en la Isla, dado el panorama económico aún cambiante y los efectos de la pandemia del COVID-19, y analizando los medios óptimos para implementar las transacciones del RSA, aunque la legislación requerida no se ha promulgado”, indicó el ente fiscal en su escrito ante el tribunal, a la vez que informó que ha hecho “importantes progresos” en su análisis.

 El Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, que representa principalmente a empresas puertorriqueñas suplidoras del Gobierno y a quienes no tienen garantía de recobrar el dinero invertido, sostuvo en una moción de agosto que el actual RSA “ya no existe como un acuerdo viable».

 David Skeel, nuevo presidente de la JCF, dijo el 24 de noviembre en un editorialque los planes de reestructuración de las deudas del Gobierno central y de la AEE habían “quedado en vilo y deben ser renegociados debido al virus del COVID-19”. Skeel ahora tiene cuatro nuevos miembros en la JCF, entre los que se encuentra Justin Peterson, quien ha cabildeado en favor de bonistas y ha criticado el manejo de las negociaciones para reestructurar la deuda del Gobierno central.

 “Es previsible que tenga esa misma postura con la AEE”, dijo el abogado Rolando Emmanueli, quien representa a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) en el proceso de bancarrota, refiriéndose a la posición favorable a los bonistas que ha manifestado Peterson.

Los otros tres nuevos miembros que nombró en diciembre el presidente Donald Trump son Betty A. Rosa, demócrata de Nueva York, el republicano de Utah John E. Nixony el puertorriquenno Antonio L. Medina, ex director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial.

Los detalles de las enmiendas del RSA se mantienen en secreto. “Es un tema que definitivamente verán todos los miembros de la Junta, incluyendo los nuevos miembros”, según Edward Zayas, portavoz de la JCF.

El RSA y su impacto en las familias pobres

 El RSA propuesto hasta la fecha sólo recorta en un 23% la deuda con los bonistas y coloca su recobro por encima de las prioridades de la población en caso de huracanes, ya que la corporación pública sólo podría pedir dinero prestado para reparar infraestructura cuando ocurra un desastre mayor y establecer un cargo adicional en la factura para pagarlo. Estos son algunos de los puntos principales que deben modificarse, según Tomás Torres, quien representa a los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE.

 Ese préstamo que la corporación pública tomaría para atender gastos de los desastres no puede significar que se deje de pagar antes a los bonistas ni afectar la calificación de los bonos emitidos previamente por la AEE, según el RSA.

 “Este acuerdo es en claro beneficio de los bonistas y no de los consumidores ni del pueblo de Puerto Rico”, dijo Torres.

 El desenlace de las negociaciones afectará a esta y a la próxima generación de puertorriqueños. En 2030, el promedio anual de la factura que le llega a los consumidores todos los meses será de unos 27 centavos el kilovatio por hora (kWh), según el plan fiscal de la corporación pública. Si el RSA que está sobre la mesa se aprobara, le añadiría unos 3.3 centavos por el cargo de transición (pago de los consumidores para saldar la deuda), y la electricidad llegaría en 2030 a 30.3 centavos el kWh. Eso es un aumento de casi un 60% respecto al costo actual.

 Cabe la posibilidad de que a los costos de luz se añadan más partidas que están por determinarse, como un posible aumento por causa de una línea de crédito de $894 millonesque necesita  la AEE. El objetivo del financiamiento es establecer un fondo de reserva que usará LUMA, la empresa escogida para administrar la red de transmisión y distribución de electricidad, para asuntos como gastos y  compra de combustible, entre otros.

 “Si nos quedamos con el RSA como está ahora, la Autoridad de Energía Eléctrica va a operar unos años y después va volver a caer en quiebra. Y ese sería el peor resultado para Puerto Rico”, proyectó Sergio Marxuach, director de política pública del think tankCentro para una Nueva Economía.

 El economista Ramón Cao, por su parte, publicó dos estudios, en2019y en2020, que concluyen que el RSA propuesto es insostenible. “Los consumidores nos estaríamos embargando por 47 años. Al final del RSA yo no voy a estar vivo. Y es muy probable que tú tampoco. Estamos embargando a las próximas dos generaciones. Estamos hablando de los nietos de mis hijos. Mira tú a quién estamos embargando ahora”, criticó Cao.

 Uno de los asuntos que se tiene que atender en la enmienda del RSA es que se cumpla la meta de que el costo de la luz no sobrepase los 20 centavos el kWh, según lo dispone la Ley 17, que instaura la nueva política energética.

 “Una persona que vive con un presupuesto limitado, ¿cómo va a atender esa factura tan cara? Nadie tiene dinero para esa deuda acumulada de luz, más internet, teléfono, colegios, hipotecas. Una deuda así disminuye la resiliencia del pueblo ante los desastres”, sostuvo la abogada Maritere Padilla, directora de política pública de Hispanic Federation, una entidad sin fines de lucro que auspicia el desarrollo de generación con energía solar en centros de salud de la montaña. “Imagínese si ya se estuviera pagando el costo de transición en una emergencia como la pandemia de ahora, esa deuda se iría acumulando para las familias que están enfrentando con necesidades esta crisis”.

 Su aseveración no es hipotética. “Hemos visto casos de gente con deudas acumuladas que se han exacerbado por la crisis que estamos viviendo”, dijo al CPI Hannia Rivera, directora ejecutiva de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, que defiende a los consumidores ante la AEE y compañías privadas de servicios eléctricos.

 Este año, en efecto, 259,450 familias resultaron elegibles para recibir fondos federales de subsidio de energía, que administra el Departamento de la Familia (DF). Eso es casi el 20% de los clientes de la AEE.

 Se trata de un significativo aumento de 312% de beneficiarios de ese programa con respecto 2015, cuando lo recibieron 62,940 familias. Una portavoz del DF indicó que esto se explica porque ahora la ayuda se le otorga de forma automática a familias elegibles para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

 El DF recibió además 25,952solicitudes para Crisis de Energía, un programa paralelo que entrega fondos a núcleos familiares que tienen aviso de suspensión por atrasos en el pago de la luz. Se aprobó a 15,832 familias (el 61% de las solicitantes), según el DF.

Las observaciones de Hispanic Federation sobre los efectos del RSA en las personas que viven bajo el nivel de pobreza coinciden con un estudioque preparó el sociólogo Héctor Cordero Guzmán para la UTIER. Este señala que los aumentos contemplados en el RSA son injustos y poco equitativos.

“Cuando haces el aumento por kilovatio hora, le llega a todo el mundo, pero no todo el mundo lo siente igual”, dijo Cordero al CPI. “Es un impacto que se siente diferente, desproporcionado y altísimo en el bolsillo de las familias pobres, si lo comparas con las familias de más recursos”.

 “Como la electricidad es un bien de primera necesidad, puedes bajar el consumo, pero hay un piso del cual es imposible bajar sin afectar la calidad de vida y la salud de esos hogares pobres. El acuerdo puede poner en riesgo la salud física y económica de muchas familias por una cuenta de electricidad que no es proporcional con su nivel de ingreso”, añadió Cordero. “Si eres una persona que depende de cierto equipo adicional a las neveras, como máquinas de oxígeno, que no son lujos, si no que se convierten en necesidad. A ellos el cantazo le va a llegar más duro”.

Si se aprueba, el RSA empeorará la emigración, lo que seguirá afectando la economía y, por consiguiente, a la AEE, según el estudio.

 El COVID-19 trastocó los supuestos del Plan Fiscal

 El 31 de julio de 2020, cuatro meses después del cierre de las actividades económicas en la Isla por el COVID-19, la JCF radicó una moción indicando que evaluaba la viabilidad del RSA a la luz de los efectos de la pandemia en la economía. La situación empeoraba por un periodo de sequía y la incertidumbre ante los pronósticos de una temporada de huracanes activa. El año había comenzado con un terremoto de magnitud 6.4 en la escala Richter que sacó de circulación la central Costa Sur, una de las más importantes del País, causando un apagón general. El costo aproximado de las reparaciones fue de $25 millones. La JCF alertaba que el Plan Fiscal de la AEE que había certificado estaba en veremos.

 “El acuerdo está oficialmente como en un limbo”, dijo Sergio Marxuach. “Está basado en unas premisas que ahora no son ciertas. La primera es la del crecimiento económico que se iba a generar por la inversión federal del huracán María, que está super atrasada y los cambios estructurales que iba a hacer el Gobierno de Puerto Rico para mejorar la economía. El consumo de electricidad va junto con la economía. Sabemos que la economía está por el piso por la pandemia. En términos de crecimiento económico, no vamos a estar donde el plan dijo que estábamos y el consumo de electricidad va a bajar más”.

 El impacto acumulativo negativo del COVID-19 en la economía de Puerto Rico será de $6,600 millones en 2020 y 2021, según la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. Hasta un 30% de las pequeñas empresas están en riesgo de cerrar de forma permanente por los efectos de las restricciones, indicó el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy. Este es el segundo gran colapso económico que ha sufrido Puerto Rico en tres años, junto con el impacto del huracán María en 2017. Un total de 1,509,034personas (casi uno de cada dos puertorriqueños) depende de la ayuda del PAN para llevar comida a la mesa, según el DF.

 “Si subes más el costo de la electricidad, la economía no lo aguanta. Por eso es que la Junta tiene que revisar el RSA a la luz de la pandemia”, indicó Torres.

 El Comité de Acreedores No Asegurados (UCC, en inglés) sometió una moción al tribunal el 18 de agosto de 2020, solicitando la anulación de este proceso de reestructuración para evitar que “entre en un limbo indefinido”. Indicó que, desde antes de la pandemia, la JCF había aplazado en once ocasiones la audiencia para discutir el RSA, atrasando el proceso en más de quince meses (van dieciocho de retraso).  La jueza Laura Taylor Swain, quien dirige los casos de la quiebra, rechazó esta moción. El 4 de diciembre, el UCC radicó un recurso apelativo.

 UCC alegó que los representantes del Gobierno “no tienen interés” en aprobar el RSA. Señaló que José Ortiz, ex director ejecutivo de la AEE, dijo en una conferencia de la industria energética que el RSA tenía que ser renegociado y que no veía un acuerdo hasta el 2021. Unas aseveraciones similares las hizo Ralph Kreil, presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, durante un conversatorio de la Cámara de Comercio de Puerto Rico el 18 de noviembre de 2020: “Creo que debe ser renegociado”. Luego, especificó al CPI que había hecho estas declaraciones en su carácter personal y que se refería a modificar el mismo acuerdo que se está discutiendo y no a comenzar uno nuevo.

 El 25 de septiembre, la JCF indicó al tribunal que por la falta de una vacuna contra el COVID-19 desconoce hasta cuándo durarán los efectos de la pandemia en la economía de la Isla, y recordó que tiene que trabajar con un cambio de gobierno para finalizar la reestructuración de la deuda.

 La JCF quiere mantener el mismo acuerdo pero renegociar ciertos términos, según su moción. Sostuvo que no puede comenzar otra vez desde cero: “Reconstruirlo sería difícil, sino imposible”. Explicó que muchos de los acreedores originales vendieron sus bonos, y ahora no estarían negociando con el mismo grupo, de modo que se perdería el consenso actual.

 La situación de la AEE es peor de lo que se discute en público

El proceso que iba encaminado a la aprobación del RSA antes de la pandemia no hubiera resuelto el problema de insolvencia y déficit de la corporación pública, que tiene una deuda mucho mayor de los $9 mil millones que se consignan en las negociaciones de la deuda, según un estudio del economista Cao, comisionado por el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE. Y es que la deuda no sólo incluye la de los bonistas, sino también las pensiones, las líneas de crédito para compra de combustible, las cuentas por pagar, las permutas financieras (o SWAPs) y lo adeudado al Banco Gubernamental de Fomento, para un total de $17,692 millones.

 “El RSA que estaba sobre la mesa no resuelve absolutamente nada y limita las posibilidades de futuro terriblemente. La Autoridad, después que gaste los diez mil millones que le ha dado el gobierno federal para restaurar la red eléctrica, todavía le queda por hacer un montón de cosas del sistema de transmisión y distribución y la generación. La forma razonable de hacer eso es yendo al mercado de bonos. Pero con los indicadores financieros y los déficit operacionales anuales, no hay forma de que encuentres a alguien que te preste dinero a menos que sea un garrotero que presta dinero a interés elevado. El acuerdo, antes de la pandemia y los terremotos, no resolvía el problema. Y ahora con la pandemia es peor”, advirtió Cao.

Pero los activos de la corporación pública son sólo de $9,889 millones. Esto significa que la AEE tiene un déficit de $7,803 millones.

Para que un RSA sea viable, la AEE necesita recortar su deuda total de $17,692 millonesa unos $5,000 millones, que es la deuda sostenible, según Cao.

 Entre 2006 y 2010, ya la AEE estaba al borde de la insolvencia. En 2011 se convirtió en insolvente y no podía cubrir costos operacionales y pagar sus deudas, según el análisis de los estados financieros de la corporación pública que hizo Cao. El economista cuestionó cómo en esas condiciones la AEE pudo seguir pidiendo prestado. Sostiene que la deuda debe ser auditada antes de llegar a un acuerdo de reestructuración, porque una parte de esta puede ser ilegal. Las emisiones de bonos durante esos años se llevaron a cabo bajo administraciones del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá (2005 a 2009), del PPD, y de Luis Fortuño (2009 a 2013), del PNP.

 Los problemas financieros cobraron relevancia en 2014, cuando la AEE tuvo problemas para pagar los bonos y el combustible que necesitaba para generar electricidad. Durante la administración del exgobernador del PPD Alejandro García Padilla (2013 a 2017), la AEE comenzó un proceso de reestructuración de su deuda bajo la tutela de Lisa Donahue, de la firma AlixPartners, a la que pagó sobre $45 millones.

 Pero la JCF anunció, en junio de 2017, que rechazaba ese primer acuerdo, indicando que no promovía reformas estructurales y operacionales requeridas para atraer capital, y que el curso de acción más indicado era a través de la quiebra por medio del Título III de PROMESA que ahora está ante la consideración del tribunal.

El Proletariado: significado antiguo y moderno

 

Columnista invitado

Especial para CLARIDAD

El proletariado tiene su origen en la historia de Roma antigua esclavista, de varios siglos antes del calendario de referencia cristiana (AC). Tras un largo interludio histórico, el término resucitó a comienzos del siglo 19 para designar a clase obrera asalariada que se abría paso en Europa y en el contexto de la revolución tecnológica industrial asociada al capitalismo.

Exploremos los antecedentes históricos, su etimología, y aplicación moderna.

Roma antigua

La historia de Roma antigua tiene tres marcos de referencia histórica general: el Reino, 753-509 AC; la República, 509-27 AC; el Imperio, 27 AC-476. En la época de la República era costumbre hacer censos quinquenales (cada 5 años) para establecer obligaciones de servicio militar y derechos de voto. Las autoridades romanas emplearon el criterio de propiedad, con gradaciones de niveles de posesión, para establecer su concepción de la división de ciudadanos en clases sociales. En otras palabras, centraron en la propiedad privada de los medios de producción el eje de la división de la sociedad en clases.

En The Constitution of the Roman Republic (Oxford University Press, 1999), el historiador inglés Andrew Lintott señala que con la designación de Comita Centuriata (Asamblea Popular) se estableció una organización de 18 centuriae(unidad de cien) de caballería y 170 centuriaede infantería. Los integrantes de la caballería aportaban sus caballos y armas; los de infantería, armas y armaduras. A su vez, se establecieron cinco clases de niveles de propiedad y riqueza, y cinco subdivisiones de adsidui (o, assidui), cuyo eslabón más bajo estaba compuesto por los proletarii(prolerariado).

Los proletarios tenían poquísima, mayormente ninguna propiedad (de tierra y vivienda, por ejemplo). Esta clase de destituidos de la sociedad servía al estado romano aportando básicamente su prole, decendencia. En este sentido los proletarios y proletarias eran concebidos como reproductores de hijos e hijas. En Cities and Economic Development from the Dawn of History to the Present(University of Chicago Press, 1988), el historiador de la economía Paul Bairoch postula que en un momento dado podían comprender entre 30 y 40% de la población.

Si los proletarios eran libres, pero carentes de propiedad, y por otro lado el sistema de producción romana se basaba en la esclavitud, ¿de qué vivían esos ciudadanos pobres? El antropólogo estadounidense James Ferguson (Stanford University) observa que esa masa de la población oscilaba en lo que hoy denominamos desempleo y subempleo. Vivían chiripeando, o ganándose la vida con pequeños trabajos, haciendo lo que supieran hacer de oficios o lo que pudieran, incluso vendiendo o trocando menudencias; podían ser empleados temporeramente por propietarios o por el estado. Habitaban en arrabales en las afueras o márgenes de la ciudad y en condiciones miserables.

Theodor Mommsen (1817-1903), historiador alemán y uno de los especialistas principales de la historia de Roma, apuntó que en el año 201 AC, tiempo de la Segunda Guerra Púnica (entre Roma y Cartago), ante la escasez de ciudadanos propietarios y la necesidad de tropas, se autorizó la formación de soldados proletarios asalariados (History of Rome, Vol. III, 1957, pp. 48-55). Ese fue un nexo, yo añadiría, asociando los términos de proletariado y asalariados.

Téngase presente que en la Roma antigua los proletarios ocupaban el peldaño social más bajo de los ciudadanos libres. Debajo de ellos, estaban los esclavos en Roma y repartidos por todo el imperio.

Esclavitud moderna

Varios autores afirman que luego de la caída del imperio romano, a finales del siglo 5, el término proletariado se esfumó hasta comienzos del siglo 19. Cuesta creer que luego de tener tanto peso histórico, identificando a un segmento significativo de la sociedad, se dejara de usar el término y por tantísimo tiempo.

En The Compact Edition of the Oxford English Dictionary se registran dos instancias del siglo 17. En una (con referencia de Butler, Hud. T. I, 720) del 1663, evidentemente desde una posición de clase dominante se cita: “We that are wisely mounted higher, like Speculators should forsee portended mischiefs farther than Low Proletarians Tithing men”. Especuladores usualmente está asociado a un sector de comerciantes o empresarios que, en esta advertencia, dice deberían estar alertas a los zorros engañadores que estaban por encima de los proletarios diezmeros. Tithing, se refiere a los pagadores del diezmo. La otra, es una referencia al médico inglés Thomas Ardy, autor de tres obras críticas de la brujería, en cuya tercera titulada The Doctrine of the Devils (1676), se refiere de manera despectiva a “the Proletarian rabble”, la ralea o chusma proletaria (Vol. II, 1971, p. 2321). Seguramente, en otra investigación (una exhortación que hacemos especialmente a jóvenes estudiantes) descubrirán otros textos o documentos en que emplean proletariado o proletarios y los contextos o circunstancias en que aparecen.

En lo que he podido indagar se señala al francés Hughes-Felicité Robert de Lamennais como el que, en un “folleto de 1807”, volvió a emplear el término proletariado haciendo una analogía con los esclavos de la antigüedad romana pero refiriéndose a la clase obrera asalariada de la época que él vivió y conoció bien de cerca. Lamennais (1782-1854) era un sacerdote católico (ordenado en 1816) de ideas liberales progresistas (favorecía la separación de Iglesia y Estado) que se fue separando de la iglesia según fue adoptando posturas a favor de los pobres y la clase trabajadora. Para él esa era la base del cristianismo.

Lamennais apoyó la lucha por la independencia de Bélgica y de Irlanda. Protestó la represión rusa a una rebelión en Polonia en 1831 que fue apoyada por el Papa Gregorio XVI. Tras manifestar su disgusto en un viaje a Roma y publicar su obra Palabras de un creyente (1834), el Papa ripostó con una encíclica condenatoria, lo que condujo a su ruptura con la Iglesia, pero no con el cristianismo; que no es lo mismo ni se escribe igual.

Algunos paisanos suyos como el político Fréderic Bastiat (1801-1850), autor de Harmonies économiques (1850) postulaban que la sociedad del capital y trabajo asalariado (capitalismo) era un designio de Dios, “el Divino obrero”. La armonía social se lograba, según Bastiat, con cada clase en su lugar realizando eficientemente sus funciones. Ese punto de vista lo venía combatiendo Lamennais desde años antes.

Su concepción del proletariado tomó forma en la publicación en 1839 del ensayo De L’esclavage moderne(Esclavitud Moderna). Al año siguiente se publicaron traducciones al inglés y al español. Para este artículo, por supuesto, he leído Esclavitud Moderna (1840, 117 páginas), accesible en Google Books en internet, una joya de manifiesto de reivindicación de la dignidad de la clase obrera y a la vez de denuncia de las condiciones opresivas laborales a la que estaba sometida; ¿lo ha dejado de estar?

Basten aquí unas breves citas para exponer su perspectiva, que formuló desde un cristianismo social libertador. Lamennais recordó que en la antigüedad el pueblo en su base estaba conformado por los esclavos. “Cambiadas las relaciones en diferentes clases, cambió también de significado la palabra pueblo”. Durante la era del feudalismo los siervos libres se convirtieron en la base del pueblo. “El siervo, en efecto”, observó Lamennais, “(una gran parte de Europa está todavía llena de siervos) no se diferenciaba del esclavo antiguo, sino, en la dependencia personal un poco menos que absoluta”.

La historia posterior, siguiendo su bosquejo histórico, llegó a la Francia de su atención crítica: la de los “tres estados” del siglo 18; el primero, de los eclesiásticos, el segundo de los nobles, y el tercero integrado por la mayoría de la naciente  burguesía hasta los trabajadores. Lamennais reintrodujo el término proletariado para identificar a la clase obrera asalariada, pero haciendo una analogía con los esclavos de la antigüedad con quien comparó su situación existencial: “Entendemos por pueblo a los proletarios; es decir, a los que no poseyendo cosa alguna, viven únicamente de su trabajo. Poco importa el género de trabajo, pues que existen proletarios de todas las condiciones y de todas profesiones. El mayor número subsiste de un trabajo corporal”.

“El proletario es el hombre que vive de su trabajo”, escribió Lamennais, “y que no podría vivir sino trabajase.  De este modo tiene por correspondiente término el salario ó la retribución señalada por el capitalista en cambio de su trabajo. La necesidad pues de vivir, hace al proletario dependiente del capitalista, y lo somete irresistiblemente, pues en el bolsillo de este está la vida de aquel. Se cierra este bolsillo, si llega a faltar el salario al trabajador, éste perecerá de hambre, a menos de mendigar, que es esclavitud más humillante y dura todavía.” (Esclavitud Moderna. Barcelona; Imp. De J. Matas y de Bodalles, 1840).

Los dejamos con estas citas de embocadura. Para Lamennais, cristiano y creyente en la no-violencia, el camino libertador del proletariado era político en el campo del sufragio universal. En su tiempo eso significaba ampliar la base de las elecciones a incluir a todos los varones, para que eligieran representantes de su clase y abogaran por sus intereses.

Lamennais y Puerto Rico

Felicité-Robert de Lamennais no fue desconocido en Puerto Rico en el siglo 19 y comienzos del siglo 20. Fue citado tanto en la Gaceta de Puerto Rico, periódico oficial del gobierno; en el Boletin Mercantil de Puerto Rico, representante de “los españoles sin condiciones” y de la clase comercial  y hacenda dominante; y en La Correspondencia de Puerto Rico, que publicaba artículos de autonomistas e independentistas. Vamos a dar cuatro ejemplos.

Al año siguiente de su muerte, en un apartado titulado “Estafador Autográfico” se señala la aparición de un género de estafadores que vendían firmas falsificadas de personalidades famosas a coleccionistas. Entre las firmas comercializadas así, la de Lamennais (Gaceta de Puerto Rico, Vol. 24, Núm. 126, 20 octubre 1855, p. 3).

Donde más espectacularmente figura es el artículo “La Igualdad Social”, en 1893, en que el Boletín Mercantildesata una andanada reaccionaria contra reformadores sociales como el francés Henri de Saint-Simón (1760-1825), el galés Robert Owen (1771-1858), y Lamennais. Desde el punto de vista de la clase dominante española (incluyendo a algunos puertorriqueños en sus filas), la sociedad de clases tenía un origen divino y achacaban las diferencias y consecuencias nefastas al libre albedrío humano. El artículo comienza exponiendo: “La desigualdad humana arranca de manos del mismo Dios que colocó en lo diverso la estética universal, y dotó al hombre de inteligencia para conocer y de libertad para elegir, de donde nacen la noción de lo bueno y de lo malo, y la idea de los premios y castigos, que originan la verdadera desigualdad social”.

En su recuento “histórico”, más bien ideológico, señalan a Saint-Simón, “que proclamó grandes quimeras sobre la reforma social, colocándola en un símbolo por el cual se borraba toda diferencia, toda familia, todo derecho hereditario y toda industria colectiva…”. Owen, a quien identifican como filósofo inglés, “imitó tales propagandas, levantando al efecto una gran fábrica en Escocia con más de 2,000 trabajadores, cuyos ensayos quiso luego repetir en la América del Norte”. Se refiere a las industrias modelo en que el empresario proveía alojamiento decente a los obreros, beneficios compartidos de las ganancias, servicios médicos y educación a los hijos e hijas del proletariado.

Y llegó el turno de Lamennais: “han sido renovados todos estos delirios por Lamennais, el apóstol más furioso de la democracia moderna y el más avanzado de los radicales contemporáneos, que pretendió constituir la soberanía de la igualdad absoluta, en la república universal, diciendo al pueblo: «¡Pueblo, despierta; esclavos, levantaos; romped vuestras cadenas; no permitáis que en vosotros por más tiempo se degrade el concepto del hombre”. (Boletín Mercantil, Año 55, Núm. 44, 16 abril 1893. p. 2). Tenemos que agradecerle a aquellos expositores del Boletín Mercantilhaber transmitido tan elocuentemente las aspiraciones de liberación del pueblo trabajador.

En circunstancias cambiantes después del 1898, en que la clase obrera puertorriqueña celebraba el 1ro de Mayo luchando por la jornada de 8 horas laborales y militaba en la calle por todas sus reivindicaciones sociales, en el mismo periódico, de 1906, encontramos un anunció de venta de libros titulado “Biblioteca de Sociología”, y en que figura: “El libro del pueblo, de Lamennais” (Boletín Mercantil, Año 68, Núm 173, 25 julio 1906, p. 3).

Finalmente, la prensa liberal dedicó en un número un apartado titulado “Album femenino”, en 1907, con algunas citas de reflexión, incluyendo la siguiente: “Para la mujer, vivir no es comer y beber, sino pensar – Lamennais”. (La Correspondencia de Puerto Rico, Año 17,  Núm. 6132, 1 diciembre 1907, p. 1). Ese era el contexto de inicios de la lucha de la mujer por el derecho al voto en Puerto Rico.

Los vocablos proletariado y proletarios fueron apareciendo en la prensa, documentos oficiales y publicaciones de la clase obrera durante el siglo 19 y el siguiente siglo 20. Aunque hallan caído en desuso común en la actualidad – pregunten a la juventud si los usan o saben qué significan – como sucedió con el proletariide la Roma antigua volverán a renacer con todo su significado social emancipador en cualquier momento que el futuro, próximo o lejano, los necesite en Puerto Rico y en todos los países.