Por Elsa Claro

¿Se desactiva el estallido ciudadano en Chile con las ofertas de reparación social de Sebastián Piñera y/o con la eventual nueva constitución? El enfoque del presidente y sus representantes en los debates para viabilizar una Carta Magna, parecen distantes, muy distantes, de las urgencias populares. Por ello, cabe suponer que no, no habrá paz social duradera.

De entrada, debe transcurrir más de un año, sin garantías ni claros derroteros de por medio, antes de que la Ley de leyes cobre vida. Tampoco está claro si responderá a lo exigido por esa masa insubordinada que parece tan incrédula a estas alturas. Y tienen razones para la aprensión, pues no resulta secreto que la actual, prescrita y puesta en vigor durante la dictadura de Augusto Pinochet, fue particularmente fortificada por sus autores con argucias legales buscando impedir modificaciones. Por eso fue concebida con una enmarañada parafernalia jurídica intrínseca, y la acompañaron con una veintena de estatutos sistémicos constitucionales, conocidos con el sugerente título de las “leyes de amarre”.

Ese andamiaje judicial vigente desde los 80, da base y es garantía del modelo neoliberal chileno, concebido para darle preeminencia a la propiedad privada y a la minoría sobre cualquier otro derecho ciudadano. Lo ocurrido durante 40 años se interpreta por los dirigentes del país austral como prototípico, digno de admiración y elogio. Tal genera la lógica interrogante: ¿ciertamente van a cambiarlo?

Las suspicacias parten de lo dicho por el jefe de estado, quien respondió a un periodista de El País, sobre las causas para tan grandes protestas: “Tengo mi propia hipótesis: el malestar del éxito. De las tres décadas de avance emergió una clase media amplia, pujante”. Según Piñera, en ese lapso se vivieron uno de los mejores periodos de la historia nacional. “En 30 años logramos recuperar la democracia en forma ejemplar, logramos un proceso de crecimiento y desarrollo que nunca antes habíamos conocido, multiplicamos por cinco nuestro ingreso per cápita”.

Para muchos economistas medir el bienestar general de ese modo es casi fraudulento, pues se toman las rentas globales para sacar un porciento de cuánto se recibe individuamente, como si cada habitante obtuviera iguales ingresos. Pero una cosa es el crecimiento y otra la redistribución de la riqueza, en este caso concentrada en pocas manos, obviamente.

En cuanto respecta a la ejemplaridad democrática a la cual alude el mandatario ¿será por eso que los carabineros han detenido a 6 362 manifestantes, de ellos 759 niños y adolescentes? El registro de heridos por pedigones y otras armas asciende a 2 381 y siguen aumentando las víctimas mortales que ya sobrepasan la veintena. Junto a saldo tan poco edificante está el registro de torturas, abusos sexuales y otras transgresiones a la dignidad personal.

¿Quién permite o no evita esos atropellos? Se supone sea el mismo que afirma: “No supimos entender que había un clamor subterráneo de la ciudadanía por lograr una sociedad más justa, más igualitaria, con más movilidad social, más igualdad de oportunidades, menos abusos”. ¿Se le debe creer a Piñera cuando admite la realidad exigida por la población en las calles o con su particular historia de éxito ya citada?

El jefe de estado es uno de los hombres más ricos de Chile y hermano de quien estructuró muchas de las desigualdades urgidas de reparación. Cuanto para la mayoría es injusto y anormal, es maravilloso y legitimo dentro de los sectores privilegiados, a salvo de problemas como los referidos a necesidades sanitarias o educacionales, ambas reducidas a las incongruencias y unilateralidad del mercado, favorable solo para quienes pueden pagar. Tampoco les preocupan las magras pensiones muy por debajo del nivel promedio existente a finales de los 70 y que emplea los pagos de los trabajadores como capital base de transacciones financieras de dudosa moralidad.

No ven la punta ni el final del descontento. En el análisis del actual jefe de estado (insiste en decir que los problemas no se generaron en su mandato), parecieran no existir las protestas de etapas anteriores protagonizadas por quienes entonces niños (los pingüinos ¿recuerdan?), ahora adolescentes y jóvenes, o los universitarios y sus familias, abogaron por la posibilidad de acceder a estudios superiores. Son generaciones que vienen pidiendo poder educarse, base para el desarrollo material y espiritual de las personas. No tienen posibilidad porque la educación también fue convertida en negocio bajo condiciones aberrantes, hasta con el uso de fondos públicos para la gestión privada de tan sensible ámbito.

Los que lograron titularse tienen deudas enormes y pocas opciones de trabajo, otro campo de actividad alicaído y carente de protecciones sindicales o legislativas. Las suspicacias sobre una verdadera intención de cambiar las cosas se basan en esas experiencias anteriores y en lo evidenciado al juzgar a la población como un “enemigo” o “una invasión alienígena”.

Después de tan viciado enfoque del presidente o sus allegados, Piñera prometió poner en vigor amortiguadores. Uno basado en las medidas tributarias orientadas a mejorar ingresos para los sectores medios y bajos, que presentó al congreso. Le hubieran creído si a continuación no echara mano de recursos autoritarios a través del Consejo de Seguridad Nacional, organismo integrado por los activos del gobierno y los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y los Carabineros. Es decir, los represores.

Representantes del Colegio Médico, aludiendo a la violencia oficial contra quienes protestan, consideró ante la prensa que hay emergencia sanitaria, —así califica el actual transcurso— dado el número desproporcionado de víctimas, entre ellas, la altísima cifra de heridas o pérdidas de ojos. Confirmada con fotos y videos, las “fuerzas de orden” prefieren disparar los gases lacrimógenos apuntando hacia la cara de los reclamantes. Otra infamia es dificultar o impedir la asistencia médica a los heridos.

En tanto, los integrantes de la mesa de entendimiento que acordó las bases del proyecto para una nueva Constitución, firmaron junto con los representantes del estado ese plan, rechazado, sin embargo, por el Partido Comunista (PCCH) , contrario a la dependencia que se mantiene sobre el porcentaje, ventajoso al oficialismo, para aprobar el texto definitivo. Ese es uno de los mecanismos, dije, concebidos en la era pinochetista para mantener acuarteladas las bases del modelo.

Otro motivo del PCCH para apartarse del grupo que concluyó aprobando el cronograma es; “la propuesta de una nueva constitución es un buen paso, pero no se habla de la vulneración a los derechos humanos ni de la necesidad de justicia”.

Cuando Piñera se refirió, forzado por las circunstancias, a realizar cambios en la Carta Magna, no pensaba como los insubordinados. Su visión, parece, se circunscribe a temas organizativos en la esfera administrativa, pero no tanto a las urgencias reales de la población, aun cuando admita lo necesario de poner en marcha mecanismos más justos e igualitarios. Según dijo no caerá “en la tentación de la demagogia y el populismo” (¿?). Sus favorecidos representantes en el veredicto de la todavía hipotética Carta Magna, con entera seguridad, no piensan distinto.

Los pasos hacia un eventual entendimiento provocan más temores que optimismo. Pudiera intervenir en lo subjetivo de las apreciaciones, la cercana experiencia en Ecuador, donde Lenín Moreno frenó, ya se sabrá si solo para ganar tiempo y empoderar métodos coercitivos, su propio capítulo de indignación generalizada, a través de promesas en zona de dudoso cumplimiento. Hay varias hipótesis de mayor o menor desconfianza y recelos, viendo cómo se transgrede la movilización popular o se roban los métodos de lucha en situaciones inversas a los reclamos de masa, tal el lamentabilísimo caso de Bolivia con la complicidad, intrigas y engañifas de organizaciones regionales y, por supuesto, de Estados Unidos.

Admitiendo la peculiar habilidad del capitalismo para amoldarse a ciertas circunstancias adversas, resulta evidente e inocultable, el agotamiento del neoliberalismo. Lo admiten incluso altos representantes de esa clase encumbrada sobre sacrificios y humillaciones. El multimillonario estadounidense Ray Dalio, recién dijo que el sistema económico global se está moviendo hacia un “cambio de paradigma según se agrava la distancia entre los ricos y los pobres”.

Advierte de consecuencias que irán disparando otros procesos de urgentes protestas, debido a la creciente desigualdad y el abandono o las consecuencias de consideraciones mínimas hacia las mayorías. Eso se parece mucho a un final infeliz.

Reproducido de www.cubadebate.cu