Inicio Blog Página 1309

Editorial: América Latina y la lucha de clases

La abismal desigualdad entre las clases, y la falta de acceso de las grandes mayorías a la riqueza y a los servicios básicos que las personas necesitan para poder crecer y sobrevivir, constituyen el marco en que convergen las luchas sociales contemporáneas.

América Latina, nuestra América Latina, la que comienza en México y acaba en el Océano Antártico, pasando por El Caribe, es un conjunto de pueblos y culturas que han sido maltratadas hasta el horror. Por siglos, España, Portugal y Francia (y añadimos ingleses, holandeses, daneses y toda suerte de piratas venidos de Europa) sometieron a sus poblaciones originarias al saqueo, al expolio, a la explotación, a los trabajos forzados, y a una crueldad tan intensa que terminaron por decimar sus fuerzas y sus esperanzas, y en ciertos casos, como el de Puerto Rico, en su exterminio total. Las matanzas de indígenas en América Latina fueron el símbolo más cruel de una conquista sangrienta y feroz que ha pretendido ser justificada por los conquistadores como “misión civilizadora” tras el llamado “descubrimiento”.

En muchos de nuestros pueblos, la mano de obra indígena diezmada fue sustituida por hijos e hijas originarios de África que fueron traídos como propiedad de los conquistadores bajo el ignominioso régimen de la esclavitud. Así se parió la historia de nuestra región, parto del cual nacieron las aguerridas naciones que hoy la pueblan y que siguen luchando por sus reivindicaciones, al cabo de más de 500 años de historia.

En esta nueva era, con el imperialismo estadounidense a la cabeza de sucesivas guerras y apropiaciones, y utilizando nuevos métodos y tecnologías, las grandes potencias del mundo se siguen repartiendo entre ellas las riquezas que debían corresponder a todos y todas los habitantes del planeta. Continúan aumentando sus fabulosas riquezas en un espiral infinito, dejando al margen del progreso y el desarrollo a la mayoría más pobre y desposeída de la población.

Esta es el devenir de la lucha de clases, una lucha milenaria, y sin cuartel, entre los que arrebatan y acaparan riquezas a costa de los que las trabajan y las producen. Esa lucha de clases está hoy multiplicada e internacionalizada por el capitalismo neoliberal que ha trastocado las economías de las naciones concentrando las riquezas en cada vez menos manos. También ha contribuido a las mutaciones y deformaciones en la fibra social y anímica de los pueblos, sumergiendo a tres cuartas partes de la población del mundo en la más abyecta pobreza.

La abismal desigualdad entre las clases, y la falta de acceso de las grandes mayorías a la riqueza y a los servicios básicos que las personas necesitan para poder crecer y sobrevivir, constituyen el marco en que convergen las luchas sociales contemporáneas. Es la lucha contra la explotación del trabajo, y de los recursos naturales y patrimonios de los pueblos. Es la lucha contra las oligarquías, las dictaduras, el militarismo agresor, las fuerzas policíacas abusadoras de los derechos civiles y humanos. Es la lucha para exigir un trabajo digno y bien remunerado, para reclamar servicios básicos, tales como salud, educación y vivienda, para exigir agua y aire limpios. Es la lucha contra los regímenes y sociedades corruptas, que se ceban de la pobreza de otros, y que sirven de parapetos al capital extranjero y depredador porque se benefician de la depredación y el robo.

Hoy cuaja en nuestra América un nuevo activismo. Nuestros pueblos son, en este momento, el escenario más álgido y punzante de la lucha de clases en todo el mundo. Por eso, la sombra nefasta del gobierno de Estados Unidos promueve el caos y la inestabilidad en nuestra región. No quieren ceder su traspatio. Quieren seguir teniendo acceso irrestricto a las riquezas y recursos de nuestros países. Y por eso, enfilan su ferocidad hacia nosotros. En los países con gobiernos de corte popular, promueven la histeria, la desinformación y el desorden civil. Cuando se les antoja, con la ayuda de sus fotutos de la OEA, establecen gobiernos paralelos que carecen de legitimidad y apoyo real entre sus pueblos. Hostigan, sancionan y pretenden estrangular a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Son la fuerza sigilosa tras el golpe de estado en Bolivia. Respaldan material y militarmente a los gobiernos de derecha, y entrenan en tácticas de represión y persecución a milicias, policías y servicios secretos en dichos países.

Los pueblos de nuestra América han sufrido mucho pero han aprendido de las lecciones de la historia. Por eso, en cada uno de nuestros países existen y persisten fuerzas muy vivas que no están dispuestas a rendir sus conquistas ni aplazar sus reclamos. Lo mismo en las urnas que con el activismo en las calles, nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos se vuelcan en acciones concretas y decisivas por sus derechos y su futuro. Está ocurriendo en Argentina y en Brasil; en Ecuador y en Chile, y también en el indigenismo vivo y militante de Bolivia que se levanta contra el golpe de estado perpetrado contra su gobierno legítimo, y su líder, Evo Morales- el gran sindicalista indígena, de humilde disposición y laboriosidad incansable- que le devolvió al pueblo boliviano pobre el poder político, la fuerza y la esperanza.

Independencia judicial y una foto para la historia

Por Manuel de J. González /CLARIDAD

No me alegran las cuitas del Tribunal Supremo ni me hace feliz que sus insuficiencias queden expuestas a la vista de todos. Esa actitud hacia nuestro más alto foro judicial no nace de mi condición de abogado practicante, sino de otra faceta de mi vida mucho más importante y profunda: la de un independentista que, además, siempre se ha ubicado a la izquierda del pentagrama político isleño.

Para el independentismo puertorriqueño la frase “independencia judicial” nunca debiera tener un contenido hueco. No es o, mejor dicho, no debiera ser un recurso retórico o artificioso que se pronuncia porque suena bien. Ello es así porque históricamente hemos sido un grupo perseguido o que de manera intencional se le ha querido marginar de la vida pública, como también les ocurre a otros sectores llamados “minoritarios”. En ese mismo encuadramiento están los trabajadores que luchan por sus derechos (que realmente son mayoría), las mujeres que rechazan la discriminación y las personas que son marginadas porque son “diferentes”. Cuando los ataques contra estos grupos se tornan insoportables, la única tabla de salvación de la que se pueden agarrar es la de un tribunal y en muchas ocasiones han conseguido allí algún remedio justo. Para que pueda cumplir esa función esencial de salvamento el sistema judicial debiera tener un mínimo de independencia frente a las otras dos ramas que componen el gobierno porque casi siempre el ataque a nuestros derechos viene de una de ellas.

Contrario a lo que le ha ocurrido en el Tribunal Federal, en el sistema judicial de Puerto Rico el independentismo boricua en muchas ocasiones ha encontrado amparo. En el federal la experiencia quedó marcada por el aquel proceso truculento y prejuiciado que en 1936 sirvió para descabezar y desterrar a casi todo el liderato del Partido Nacionalista. En los tribunales de Puerto Rico la experiencia ha sido distinta.

Como persona cercana a Juan Mari Brás fui testigo directo de muchos de los “experimentos jurídicos” que Juan impulsó buscando sentar algún precedente beneficioso para los perseguidos. Importantes opiniones judiciales relacionadas con la libertad de expresión, de asociación, por los derechos ciudadanos y contra el uso de fondos públicos para fines privados todavía tienen presencia destacada en la jurisprudencia puertorriqueña como corolario de aquellos “experimentos”.

Pero el mejor ejemplo del buen servicio que puede dar la independencia judicial bien aplicada es el proceso que condujo a la prohibición del llamado “carpeteo” y a la orden judicial que permitió que más de cien mil puertorriqueños tuviéramos acceso a los expedientes elaborados por la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico durante más de cincuenta años. Aquel proceso lo inició, también como un “experimento jurídico”, el inolvidable compañero David Noriega mediante un recurso en el Tribunal Superior de San Juan. Allí llegó a la sala de un juez ilustrado y, sobre todo, valiente, Arnaldo López, quien respetando con pulcritud el proceso, emitió la histórica sentencia prohibiendo la persecución policiaca por razones políticas y la elaboración de expedientes o “carpetas” a los perseguidos. Posteriormente el Tribunal Supremo confirmó el dictamen del juez López y estableció un procedimiento ordenado para la entrega de los expedientes. Si no hubiese sido por la actuación de aquel juez valiente que se sentía “independiente”, y por el Tribunal Supremo que lo ratificó, la bochornosa práctica (todavía “legalmente” practicada por el FBI) estaría muy activa en la Policía.

En los últimos días hemos visto con nuestros propios ojos cómo el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico laceró su imagen de cuerpo independiente ante la mayoría de los puertorriqueños. Durante tres largos días los medios noticiosos reseñaron las visitas al Capitolio de varios magistrados de ese foro para cabildear por un aumento de sueldo exclusivamente para los jueces y juezas. No fueron a abogar por mejorar la situación presupuestaria de la rama judicial ni a apoyar medidas destinadas a aliviar la situación de todos sus empleados que, igual que los demás funcionarios públicos, han sido golpeados por las medidas de austeridad impuestas en los últimos años. Lo gestionado fue un aumento salarial exclusivo al sector mejor pagado del sistema, los propios jueces.

Lo peor, sin embargo, no fue el proyecto de ley gestionado, sino el cabildeo abierto efectuado por los magistrados a favor de la medida que aumentaba sus salarios. La gestión incluyó – ¡increíblemente! – la comparecencia de varios jueces al caucus de la mayoría del Partido Nuevo Progresista del Senado. Aquella reunión, recogida en numerosas fotografías y vídeos, representó el golpe más severo dado a la independencia judicial en buen tiempo.

Mientras los magistrados del Tribunal cabildeaban por sus salarios, la Legislatura consideraba dos medidas que en algún momento futuro podrían estar ante esos mismos jueces para que decidan sobre su constitucionalidad o su validez. Una es un proyecto caprichoso de la autoría del presidente del Senado para trastocar uno de los estatutos más sensibles de cualquier país, el que dispone cómo se vota y cómo se cuentan los votos de las elecciones generales. Mientras escuchaban a los jueces argumentar a favor de un aumento salarial, el mismo caucus del PNP se aprestaba a darle una estocada a la confiabilidad del sistema electoral.

Aquel mismo caucus de políticos también tenía en su agenda la revisión total del Código Civil, una legislación que impondría cambios significativos a prácticamente todas las reglamentaciones que inciden sobre la vida de los puertorriqueños. Las herencias, la relación de sus padres con sus hijos, los derechos reproductivos, la vida toda de las mujeres, los contratos y hasta existencia futura de los aún no nacidos, van a estar afectados por las decisiones que se aprestan a tomar los integrantes de aquel caucus.

Con toda seguridad, los jueces que estaban reunidos con los políticos dirán que aquella gestión por su salario no comprometió su independencia, pero ¿cuál es la percepción del pueblo? Ninguna institución puede ser efectiva si carece del sentido de legitimidad que nace de la confianza pública. Es esa percepción de legitimidad lo que hace posible que las instituciones de gobierno funcionen y se mantengan operando más allá de las personas que en determinado momento las dirigen. Los individuos van y vienen, pero las estructuras permanecen sólo si el pueblo al que le sirven confía en ellas.

Ojalá que el daño que el Tribunal Supremo se autoinfligió pueda ser reparado.

Medidas de austeridad Impacto en la Educación

Por Cándida Cotto /CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

Gran parte de las políticas de austeridad aplicadas por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Puerto Rico han estado dirigidas contra la educación pública tanto en la Universidad de Puerto Rico (UPR) como en el Departamento de Educación (DE). El cierre de casi el 30% de las escuelas —cerca de 416— que hubo en apenas dos años es uno de los cierres de escuelas más intensos que ha tenido la humanidad.

Así lo denunció el economista José Caraballo Cueto en el foro Ley Promesa y su impacto en la educación, auspiciado por la Comisión Sin Barreras Siglo XXI, en ocasión de celebrarse el Cuarto Congreso Educación Especial Juan Santiago Nieves. Ante un público integrado en su mayoría por madres, padres y profesionales que trabajan y defienden los derechos de niñas y niños con necesidades de educación especial, el director del Centro de Información Censal de la UPR, Recinto de Cayey, comparó que en Estados Unidos con la ley No child left behind que obligaba a cerrar escuelas por supuesto bajo aprovechamiento, en el estado de Michigan se cerraron en cuatro años 200 escuelas, cuando es un estado mucho más grande que Puerto Rico. Agregó que en otras jurisdicciones se cerraron de 30 a 250 escuelas. Siendo Puerto Rico una jurisdicción pequeña, la cantidad de 400 escuelas es una cifra muy significativa.

Trajo a la atención que, antes del huracán María, el Gobierno justificaba los cierres por la baja en la población y por la crisis fiscal, sin embargo, puntualizó que sus recaudos han aumentado después del huracán, aun con los ajustes por inflación.

Caraballo Cueto cuestionó para qué el Gobierno está usando esos recaudos y por qué no se ha reducido la austeridad: “No se están usando para asistir a las familias desplazadas que no atendió FEMA”.

Por el contrario, denunció que el Gobierno Central está usando esos nuevos recaudos, nuevos ingresos, para pagar más deuda. Según indicó, en el Plan Fiscal, certificado antes de María, el Gobierno y la JCF dijeron que en promedio se podía pagar $821 millones de deuda. Sin embargo, tras el paso de María, y la supuesta reconstrucción con los nuevos recaudos lo que ha hecho es duplicar el pago de la deuda.

En el caso del cierre de escuelas criticó que se diga que es lógico que si baja la población hay que cerrar escuelas. Rechazó que ese argumento sea racional, debido a que las escuelas no pagan alquiler y en lo más que se podría ahorrar sería en utilidades y una que otra maestra, con un sueldo de $1,700 al mes, que son menos de $20 mil al año por maestro. Indicó que por el contrario, la supuesta economía por el cierre de escuelas del 2017 al 2020 apenas generó unos $40 millones.

El economista, quien también tiene un hijo de educación especial, expresó que lo que sí puede traer el cierre de escuelas, y ha traído, es unos problemas sociales muy grandes en Puerto Rico. “Me preguntaba desde el inicio cuál es la teoría del cierre de escuelas si hay grupos pequeños; malo sería que tenga grupos grandes”. Al señalar que contrario a las escuelas privadas, en las escuelas públicas hay una diversidad de necesidades, Caraballo Cueto criticó que en el Plan Fiscal de la JCF se diga que lo ideal es tener 25 estudiantes por grupo en la escuela elemental y en la superior 30 por cada maestro. “En ese sentido no es que es ideal, sino que puede ayudar al aprovechamiento académico”. Dijo no entender la forma en que los asesores de la JCF, en particular la firma McKinsing, calcula las cosas y reafirmó que las políticas de la Junta no están ayudando al aprovechamiento académico en el país.

Aun cuando indicó que desde las organizaciones no gubernamentales se puede trabajar a favor de la educación, postula que la responsabilidad que tiene el estado con la educación pública no se puede delegar. En el caso de la educación especial hay que trabajar esto como un derecho, no como un negocio. Trajo por ejemplo que en Puerto Rico casi no hay una desclasificación de los estudiantes que están en educación especial, ya que no hay intervención temprana. Reclama que tiene que haber un comité fiscalizador ciudadano para los servicios de terapias privadas.

A esos efectos, Caraballo Cueto añadió no creer que el síndico que va a establecer el DE para velar por los fondos del programa “esté muy preocupado por la calidad de las terapias que se están dando y si realmente hay actividad”.

En lo que respecta a la situación economía indicó que en el país estamos viviendo una crisis económica sin precedentes y que la reconstrucción no es para todos y todas, sino que son los sectores ligados a la construcción y los bonistas quienes están mejor después de María que antes de María.

Maquiavélica la

Junta de Control Fiscal

El licenciado Rolando Emmanuelli, también exponente en el foro, acentuó de entrada que la situación económica y de desigualdad de pobreza que sufre Puerto Rico responde a su situación política colonial, por lo que la ley Promesa no vino a resolver ningún problema, ni siquiera de la desigualdad de la pobreza, sino que vino a reestructurar el régimen colonial para que el país pueda seguir funcionado para los mercados de capital y los bonistas.

En lugar de procurar que haya un crecimiento económico para atender el problema de la pobreza y que aumente la demanda por el consumo, la JCF lo que ha hecho es exigir que haya cuatro presupuestos balanceados consecutivos y esto lo hace imponiendo políticas de austeridad, aplicando recortes a los servicios esenciales, de los cuales es obvio que la educación, en particular la educación especial, es de los primeros que hay que atender.

Emmanuelli destacó que estas decisiones de la JCF no vienen porque la ley Promesa lo diga, sino que responden a la visión republicana de sus miembros de agudizar más las garras neoliberales sobre la isla e imponer medidas de austeridad para poder extraer el máximo de esos servicios esenciales.

De manera enfática, el experto en la Ley de Quiebra indicó que la ley Promesa dice que hay que definir los servicios esenciales, pero por el contrario, la JCF tiene una mentalidad de austeridad y neoliberalismo y dice que no los va a definir.

Continuó denunciando que la JCF impone esa visión económica de austeridad sin definir los servicios esenciales. Emmanuelli denunció que la JCF escogió de manera maquiavélica no definir los servicios esenciales, aun cuando la ley lo establece, con el propósito de aumentar la capacidad de pago a los bonistas. La no definición de estos servicios es lo que ha estado menoscabando todos los sectores de acción del Gobierno, en particular la educación.

“Es realmente absurdo lo que dice Jaresko, de que es bueno no definir los servicios esenciales, porque entonces los bonistas no van a poder cuestionar el que se haya tomado una determinación. Nada más lejos de la verdad; eso es falso. Miente la señora Jaresko porque la decisión que tome la Junta de qué son los servicios esenciales no es revisable judicialmente. Nadie la puede alterar, así que ningún bonista puede hacerlo. Así que la Junta no solo incumple con la ley Promesa, sino que miente y trata de hacer creer que no definir los servicios esenciales es bueno para el país”, manifestó el licenciado Emmanuelli.

En esa línea, agregó que la JCF ha invertido el orden de atención del problema económico y financiero de Puerto Rico porque el Congreso dispuso que partiera de la premisa de definir lo que son los servicios esenciales para entonces, lo que sobre, se maneje para los acreedores.

Al reiterar que la JCF está ejecutando la ley Promesa al revés recalcó que el país se encuentra en dos dimensiones: uno, el problema político de tener una junta que nadie votó por sus miembros y dos, una junta cuyos miembros responden a unos intereses de capital financiero totalmente desvinculados de Puerto Rico y de las necesidades de las personas, por lo que el proceso está dirigido para beneficiar de manera exclusiva a ese capital financiero.

El representante legal de la UTIER, una de las organizaciones sindicales que ha impugnado la constitucionalidad de la ley Promesa censuró la postura del secretario del DE de querer entregarle a la JCF las finanzas de esa agencia. El secretario Eligio Hernández hizo declaraciones en ese sentido a la JCF durante unas vistas públicas la semana pasada.

Con esta postura, afirma Emmanuelli, el secretario le está entregando la cabeza de servicios esenciales de educación a la Junta.

En cuanto a los cuatro presupuestos balanceados que exige la JCF, desmintió que puedan lograrse, ya que no tiene ningún tipo de medida de crecimiento económico. Señaló que en cuanto los fondos de María se agoten, si es que llegan en su totalidad y con la puntualidad que se han anunciado, la misma JCF ha aceptado que habrá un decrecimiento económico adicional, por lo que habrá déficit para los años 20-30 y, por ende, el espectro real de que PR vuelva a caer en un impago.

Golpe de estado y lucha de clases en Bolivia

Por Carlos Rivera Lugo/ Especial para CLARIDAD

Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles son su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. Nos alimentamos de los tiempos difíciles. Acaso no venimos de abajo. Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales … La década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido la lucha de ustedes, desde abajo, desde sus sindicatos, desde las universidades, desde los barrios, que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. … Y si temporalmente, provisionalmente tenemos que volver a replegarnos …¡ bienvenido! Para eso se es un revolucionario … Luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse. Hasta que se acabe la vida, ese es nuestro destino.       

                                                                               -Álvaro García Linera

                                                                               Vicepresidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia

Si una diferencia marcó para siempre la Revolución francesa fue que a partir de ésta el objetivo de la revolución fue la felicidad del pueblo. No se trataba de meramente potenciar la libertad según entendida hasta ese momento o de meramente reformar lo existente, sino de producir algo nuevo: la libertad colectiva, es decir, la de cada uno y una para participar, en igualdad de condiciones, en las decisiones sobre los asuntos comunes y, consustancial a ello, la emancipación real de la humanidad toda de la necesidad que también nos tiraniza. Como ya sabemos, la Revolución francesa terminó finalmente devorando a sus propios hijos e hijas. Prevaleció la infelicidad continuada de los sectores populares ante el ascenso de una nueva clase dominante: la clase capitalista. La libertad pasó a ser la de dicha clase, es decir, la libertad para explotar a las clases subalternas y para imponer un régimen de gobernanza que garantice la reproducción permanente de su dominación.

Maquiavelo probó ser visionario cuando presagió: “No hay nada más difícil de realizar, ni de resultado más dudoso, ni más peligroso de gestionar, que iniciar un nuevo orden”. Tal parece que Marx llegó a una conclusión algo similar cuando advirtió que tal vez la única felicidad a la que parecían destinados los de abajo es la lucha permanente. Claro está, independientemente de que éste concibiese la revolución como una trinchera sin fin, no dejó de aquilatar la importancia histórica de asumir esa vocación revolucionaria como lo único que le daba sentido al devenir histórico, incluyendo la posibilidad de potenciar sus impulsos “comunizantes” reales hacia una nueva sociedad.

Vivimos en un mundo en que el tren de la historia está siempre en marcha y no siempre podemos anticipar los sentidos de ésta. La historia continuamente nos sorprende con un grado de aleatoriedad que supera nuestras previsiones. Pero lejos de concebir este hecho como una maldición, hay que verlo como una oportunidad y un reto para seguir perfeccionando humildemente nuestras luchas, así como sus comprensiones y prácticas. Es lo que me parece la más importante de las lecciones de la crisis actual por la que atraviesa Bolivia a partir del golpe de Estado perpetrado contra el gobierno constitucional presidido por el indígena y socialista Evo Morales.

Un golpe de Estado

Ante este nuevo horror golpista que ha salpicado de sangre al pueblo hermano, le escribí el domingo pasado, 10 de noviembre, a un compañero boliviano, integrante del grupo de Comuna, un espacio de reflexión crítica en el que también estuvo participando Álvaro García Linera antes de asumir la vicepresidencia de su país. Si bien sabía que en tiempos recientes, mi amigo se había distanciado un tanto del gobierno encabezado por Evo Morales y García Linera, aun así quise conocer su apreciación sobre el golpe en curso. Su respuesta me dejó anonadado: “Es muy interesante lo que está sucediendo, primeramente porque no es un golpe de Estado sino una rebelión pacífica ciudadana ante el fraude electoral y postulación ilegal de Evo. Segundo, la velocidad de los sucesos demuestra la magnitud de la crisis estatal nacional que tenemos encima y que no se implementaron las transformaciones necesarias que orientaba la nueva constitución”. Concluyó su misiva sosteniendo que Bolivia se hallaba “en un umbral interesante aunque también peligroso. No te (he) mencionado el fuerte protagonismo de voces conservadoras y restauradoras con sensibilidades religiosas”. Esto último, me adelantó, sería tema para otro correo.

¡Rebelión ciudadana pacífica! ¿En serio? Puedo entender que existen contradicciones en el seno del proceso encabezado por Evo Morales y García Linera, que se critiquen y se luche por superarlas, pero tratar al gobierno de éstos como enemigos del pueblo que deben ser cazados como supuestos traidores, no lo puedo entender y menos justificar. Me preguntaba: ¿estará dispuesto el compañero a asumir su responsabilidad o complicidad por las consecuencias prácticas de sus exquisiteces teóricas?

Bajo el gobierno de Evo Morales y García Linera, Bolivia se refundó constitucionalmente como Estado plurinacional, multicultural y una democracia participativa basada en la autodeterminación, sobre todo de los pueblos indígenas hasta ese momento invisibilizados; nacionalizó el gas y otros hidrocarburos; socializó el agua como derecho humano fundamental; pasó a ser el país con el mayor crecimiento económico de América Latina; aumentó su Producto Interno Bruto en un 400 por ciento; se sacó al 30 por ciento de los bolivianos de la pobreza extrema; se eliminaron las 8 bases militares que tenía Estados Unidos en el territorio boliviano; la mitad de los cargos públicos son ocupados por mujeres, el 68 por ciento de las cuales son indígenas; el salario mínimo aumentó en un mil por ciento; se creó una pensión para los adultos mayores de los 65 años y se estableció un Bono para todos los estudiantes del país; se promovió activamente la protección del medio ambiente, es decir, la Pachamama (Madre Naturaleza); y el analfabetismo se redujo de 22.7 al 2.3 por ciento; entre otros logros. La libertad se entendió desde la perspectiva de los de abajo: la emancipación de los más de toda necesidad que impidiese su incorporación productiva y políticamente activa. De ahí que resulta completamente comprensible la reacción de Evo Morales al golpe contra su gestión gubernamental: “Mi único pecado es ser indígena, ser socialista y anti-imperialista”. El golpe de Estado amenaza con revertir todo lo avanzado en los pasados 14 años bajo su presidencia.

En una entrevista que fue realizada por el periodista Luis Hernández Navarro en Ciudad de México el sábado pasado, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera le responde a aquellos que alegan que no ha habido golpe de estado: “Hubo golpe de estado desde el momento en que bandas paramilitares, de civiles armados quemaron sindicatos, quemaron colegios electorales, atacaron miles de mujeres indefensas, vejaron a mujeres en las calles y no hubo fuerza policial que las protegiera. Hay golpe de estado porque el mando policial desconoció la Constitución, desconoció el mando civil, se amotinó contra el gobierno constitucionalmente elegido el año 2015 hasta enero 15 de 2020. Ha habido golpe de estado porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas … le pide al presidente Evo Morales que renuncie, desconociendo el mando constitucional y diciéndole o renuncias o aquí el Ejercito te va a matar. Ha habido golpe de estado porque una diputada anodina, sin ningún tipo de relevancia, sin ningún tipo de cargo constitucional en las jerarquías para la transmisión de mando, ha asumido supuestamente la presidencia desconociendo la Constitución y esta jerarquía de transmisión de mando que establece claramente la Constitución. Es presidenta por la coerción”.

Se está viviendo la lucha de clases en las calles

Efectivamente, se está hoy ante una dictadura sangrienta que tiene, según García Linera, su base social en una clase media tradicional y conservadora que está resentida porque en los últimos 14 años hubo una redistribución de la riqueza en el país que permitió que emergiera una clase media de origen indígena y popular. En reacción a ello, esta clase media tradicional se ha atrincherado en un discurso racista. Los indígenas, los pobladores y los campesinos no son “sus hermanos y hermanas”, como pretende un discurso humanista “light”, tal vez bien intencionado pero totalmente ajeno a la realidad. Son sus enemigos de clase bajo el discurso racista y clasista que ha asumido, el cual ha terminado en su “fascistización” como sector social. La democracia ampliada bajo el nuevo orden constitucional fue la que promovió la igualdad de los sectores indígenas y populares. De ahí que las turbas derechistas salían literalmente, fuese en Santa Cruz o en Cochabamba, a cazar indios o “collas”, como los llaman despectivamente. En La Paz, esas bandas racistas y clasistas pedían la salida del indio Evo Morales. Este racismo es tan sólo una manifestación de su odio de clase. Es una minoría con ínfulas aristocráticas que le prenden fuego al país con tal de no perder sus privilegios o que se creen más ilustrados que los hombres y mujeres de abajo.

Ahora bien, se le preguntó a García Linera sobre estos sectores llamados autonomistas, en relación al Estado, que desde posturas críticas de izquierda o seudo-izquierda apoyaron a los golpistas, como el caso del compañero boliviano previamente mencionado. Sobre estos señala García Linera: “El gran problema de algunos de estos grupos autonomistas es su desfase de la realidad, una manera de idear y armar conceptos preocupados más bien en la estética de los conceptos”. Más le preocupa a éstos su coherencia exquisita con unos principios o ideales a priori a lo kantiano, añadiría yo. De ahí su incapacidad para aprehender los hechos reales. Sigue diciendo el vicepresidente boliviano: “Los grupos autonomistas vieron al inicio de las movilizaciones de la clase media tradicional un despertar de la sociedad, hablaban de una nueva explosión de democracia. Interesante. ¿Cuál fue el problema de éstos? Que no entendían el contenido de clase y la condición de clase de esas colectividades urbanas que comenzaron a manifestar su rechazo y movilizarse contra Evo Morales. Eran de clase media, universidades privadas, barrios acomodados; no eran de las villas, no eran de los barrios obreros, no eran de los barrios de inmigrantes.”

Reitera García Linera que el primer gran error de los autonomistas fue no entender este carácter de clase de las movilizaciones iniciales contra el gobierno y su actual “fascistización”. El segundo gran error, afirma, es no haber podido leer correctamente su discurso racista y clasista. Cuando esos colectivos urbanos comienzan a gritar que hay que salir a matar a los “collas”, los grupos y voceros llamados autonomistas enmudecieron. “¿Qué dicen ahora estos autonomistas con todo lo que ha sucedido? ¿Dónde quedó todo ese despertar democrático … Y mira el monstruo que han engendrado. … Y ahora qué van a hacer los autonomistas, ¿aferrarse a su ‘nuevo’ sujeto que resultó racista, clasista, golpista y fascista?”.

Estos llamados autonomistas pecan, según afirma García Linera, de un desfase absoluto respecto de la realidad. “Si fueran autonomistas de verdad, más bien deberían estarse preguntando cómo es que se está moviendo El Alto: no hay líderes, no hay dirigentes visibles y se están produciendo auto convocatorias de juntas vecinales… Es un pueblo, vejado, maltratado pero que no se rinde. … Hay un pueblo auto organizado que defiende la democracia, lo logrado en estos años…Es tiempo que se sacudan, que tengan un bañito de realidad… que entiendan que la lucha de clases es ésta, la que se está viviendo en las calles.” No podemos desconocer que en Bolivia la clase social se visibiliza dentro de un contexto étnico. “Hay como un isomorfismo entre clase y etnicidad en Bolivia”, subraya García Linera, uno de los más prominentes intelectuales marxistas de Nuestra América y del mundo.

El orden de batalla

El líder marxista boliviano concluye que la principal lección que ha sacado de lo ocurrido es que los procesos revolucionarios y su construcción de una sociedad igualitaria no puede garantizarse por medio de las fuerzas militares y policiales heredadas. Acepta que no hubo una renovación completa de esas fuerzas y que, más allá, debió haberse creado una fuerza civil armada de defensa de las conquistas.

El golpe no ha triunfado aún de manera definitiva, insiste. “Nadie sabe lo que va a pasar finalmente con Bolivia.” El país está dividido, apunta. También, añade, hay una especie de Estado dividido, un doble poder. La Rama Ejecutiva está en manos de los golpistas y la Legislativa con una mayoría de miembros del Movimiento al Socialismo (MAS). Tanto Evo Morales como éstos proponen un diálogo para una negociación que permita romper este tranque y detener la suma de muertos a manos de los militares y policías. Ello incluye una propuesta de nuevas elecciones. Sin embargo, hasta ahora los golpistas –apoyados por Washington y la Organización de Estados Americanos (OEA)- pretenden imponerse por la fuerza.

Así es la dialéctica histórica del poder: una trinchera sin fin. Y aunque se preferiría siempre triunfar por medios políticos, no podemos olvidar que la política no es otra cosa que la guerra por otros medios y a veces, cuando se tornan indistinguibles dentro de ese orden de batalla que es una sociedad de clases, no queda otra que no sea prepararse para usar todos los medios posibles, incluyendo la guerra.

21 de noviembre de 1988 Tribunal Supremo declara inconstitucional la preparación de 135,000 carpetas a independentistas

Las carpetas de subversivos no fueron una sorpresa para los independentistas. Los independentistas se habían acostumbrado al hostigamiento, persecución y vigilancia de sus personas, de sus familiares y de sus actividades, como parte y consecuencia aceptada de la lucha por su ideal. Sus denuncias públicas sobre estas prácticas ilegales caían en oídos sordos ante el Gobierno y el Pueblo. Se criminalizó el amor a la patria.

En 1987 un agente de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, de nombre William Colón Berríos, aseguró la existencia de un esquema de vigilancia y persecución a ciudadanos, alegadamente, subversivos o separatistas por las ondas radiales de WKAQ.

La División de Inteligencia se había formado como parte de un andamiaje del FBI, con personal adiestrado por éstos, para perseguir a toda persona o agrupación que se manifestara contra las políticas del gobierno, principalmente los independentistas, a los que se les conocía como subversivos o separatistas. Ya ha declarado el agente y convicto Julio César Andrades que en la vigilancia todo era permitido y que fue escalando; que los agentes eran entrenados por el FBI y les hablaban de contrainsurgencia, con autorización de tirar a matar; es decir, incluso el asesinato político estaba permitido.

Tras el país conocer la existencia de las carpetas de subversivos, la primera reacción del Gobernador Rafael Hernández Colón fue intentar destruirlas. No será la única ocasión como veremos. Para ese entonces el Lcdo. José Andréu Fuentes era el representante legal del gobierno, quien defendió la postura de la destrucción. Por su parte, David Noriega Rodríguez, al momento legislador por el PIP, se movió inmediatamente y logró una orden interdictal que prohibía la destrucción de las carpetas que fue emitida por el Juez Superior Arnaldo López Rivera. Posteriormente, éste declaró inconstitucional la práctica de persecución por razones ideológicas por infringir los derechos de libertad de palabra, de asociación y de intimidad, y por constituir ello una afrenta a la dignidad del ser humano. Ordenó que se devolvieran las carpetas a las víctimas de la persecución. El 21 de noviembre de 1988 el Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante Opinión del Juez Asociado Hon. Peter Ortiz lo confirmó.

Sobre las carpetas de la parte federal de la represión antiindependentista del COINTELPRO del FBI, puede comenzar por aquí en: www.puertorico-herald.org/issues/vol4n22/FBI-es.html. Y puede seguir con: https://www.80grados.net/fbi-pierde-documentos-de-cointelpro/.