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Recordando a Elliott : ¡Qué manera de quererte!

            Cangrejero por nacimiento y en el béisbol local, Elliott Castro Tirado realmente era “rusvelino”, ese gentilicio que solo los que viven y/o janguean en ese sector de Hato Rey conocen. Aunque toda su familia Castro era de Santurce, y Elliott nació allí el 17 de febrero de 1949, se mudó junto a sus padres Elpidio Castro Pérez y Carmen Lydia Tirado Santos y sus hermanas mayores, Yiyi y Millie, cuando tenía 17 meses a lo que se le conoce como Extensión Roosevelt. Allí, en el 455 de la Calle Eddie Gracia, creció y vivió muchísimos años, residencia donde aún vivían sus padres al momento de fallecer y donde aún vive su hermana Millie. Ese era el centro de operaciones de la familia, donde por años se crió su hija Elga y donde estaban todos los primos. Roosevelt fue el lugar donde Elliott se enamoró del deporte. Ahí estudió desde Kinder hasta graduarse de escuela superior en La Merced. En Roosevelt jangueaba, almorzaba, tenía su mecánico, barbero, entre otras cosas; como se hacía antaño en los pueblos de la Isla, por eso con orgullo repetía el lema, “Roosevelt, un pueblo en la ciudad”.

 

Con su hija Elga.

Allí conoció el deporte por distintos medios, vía la cercanía del Estadio Hiram Bithorn, sus andanzas con el Tío Chen y lo que practicó en el Colegio La Merced. Aunque no venía de familia ni de tradición periodística ni de grandes atletas, sí fue influenciado por sus tíos, quienes practicaban el softbol y estaban involucrados con el béisbol, Chen y Toni tuvieron mucho que ver con su amor al deporte. El que haya ingresado al Colegio de Mayagüez con una beca de baloncesto para hacer su carrera en ingeniería no implica que haya tenido una carrera de estudiante-atleta en sus años en el Colegio, mas bien de activista político-estudiante. Aunque oficialmente tuvo una lesión, cuentan por ahí que siempre estuvo destinado a “come-banco”. Sin embargo, su pasión por el deporte se mantuvo, aún en los años en que, entre piquete y piquete, sacaba su grado de ingeniero industrial, ya fuera en una Justas de la LAI o en la cancha sin techo de los Piratas de Quebradillas. En esta época, y en la cancha de los Piratas, conoció a su compañera de vida y madre de su hija, Vilma Ramos Acosta. Parafraseando al escritor uruguayo Eduardo Galeano, Elliott a partir de entonces, comenzó su excelente carrera deportiva, como baloncelista, boxeador, pelotero, volibolista…pero, a diferencia del escritor que lo hizo en sus sueños, él lo haría a través de su voz y escritura.

En su rincón en CLARIDAD.

Se podría decir que exceptuando unos años en que trabajó en El Capitolio como asesor económico de Carlos Gallisá en la legislatura, labor que tuvo gran impacto en su formación política y personal,  y otros en los que fungió como mediador en conflictos laborales, dedicó toda su vida profesional al periodismo deportivo, oficio en el que logró condensar muchas de sus pasiones: el deporte, el arte de narrar y describir, e incluso encontró un modo de canalizar sus inquietudes políticas y sociales a través del deporte. Lo que comenzó asistiendo a Ernesto Díaz González con unas estadísticas, luego se transformó en comentarista y de ahí, una vez experimentó el placer de tener el micrófono en mano, ya no hubo vuelta atrás, desde entonces fue imposible quitárselo. Su colaboración con CLARIDAD, de la mano de Jaime Córdoba, siempre fue la constante, siendo partícipe de alguna forma en sus páginas deportivas por las últimas cuatro décadas. En su vida un poco anárquica, el orden y la disciplina fueron aspectos exclusivos para CLARIDAD, por eso defendió con ahínco su record, de no fallar en su columna ni una semana por las últimas décadas.

En los últimos años, alrededor de la rutina de CLARIDAD añadió otra constante en su vida con el programa radial La Descarga Original, en el cual participó en diversas emisoras radiales, desde el 2000 al 2017. Elliott se destacó en todas las ramas del periodismo deportivo: como narrador y comentarista radial y televisivo en los juegos de baloncesto, y luego de volibol, béisbol, boxeo y de atletismo, sobre todo en las Justas de la LAI, donde trabajó por más de veinte años, evento que esperaba anualmente como si aún fuera estudiante universitario y que se gozaba a cabalidad. También trabajó como director de prensa de varios eventos en Puerto Rico, como premundiales, Series del Caribe y el 10K.

En el Festival de Apoyo a CLARIDAD con Sunshine Logroño.

En esta vasta carrera resalta su resumé internacional, incluyendo ocho Juegos Panamericanos, ya fuera fungiendo como preiodista de Claridad, productor de televisión, narrador o comentarista. También en ocho Juegos Centroamericanos y del Caribe, en algunas ocasiones dirigiendo la transmisión desde la Isla. De igual manera, en algunos de los siete Juegos Olímpicos en los que participó, lo hizo desde la Isla, como productor o ancla televisivo. Cabe destacar su participación en los Juegos Olímpicos Moscú en 1980, como parte de la pequeña delegación de Puerto Rico que boicoteó el boicot del Presidente Jimmy Carter y fue a la antigua Unión Soviética.

Recibiendo un premio del Overseas Press Club Además de su pasión deportiva, Elliott fue un ferviente cocolo. Amante de la salsa, de escucharla, en discos o en vivo, de bailarla y, cuando fuera posible, cantarla, usando cualquier oportunidad para treparse a la tarima y tirar unos pasitos y coro con la orquesta que se lo permitiera. Su pasión por la música lo llevaba a decir que soñaba con algún día ser DJ de salsa en una estación de radio. Luego como suegro del saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón comenzó a ampliar su repertorio, pero más por solidaridad, su corazón cocolo era demasiado puro. También su compromiso social y político eran inquebrantables, afectándole en ocasiones su trabajo. De las últimas actividades públicas en las que participó fue en la manifestación del Primero de Mayo. Elliott era un gran defensor de la igualdad de condiciones, sin importar género, preferencia sexual, raza o clase social, y en muchas de estas luchas fue pionero y siempre consecuente. En los últimos años se dedicó de lleno a las comunidades pobres del país, trabajando en proyectos deportivos y de base comunitaria, convencido que los cambios necesarios tendrían que venir desde abajo y auto gestionados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elliott además se caracterizaba por su eterna sonrisa y por hacer de las relaciones personales el centro de su vida, desde la familia de sangre a las amistades, con las cuales tenía un lazo muy estrecho, hasta los que conocía en la calle y lo paraban a preguntarle por un pronóstico de boxeo. A todos y todas los trataba con atención y cariño. Era tío y padrino de medio Puerto Rico, combinando los reales y los postizos, con los cuales no hacía distinción, adoptando así a todos los amigos de su hija como sobrinos y luego amigos suyos. En su faceta de abuelo de Yara y Elena, siempre fue el abuelo amoroso y chistoso que las niñas recuerdan con mucho amor.

En conferencia de prensa del Festival de Apoyo a CLARIDAD junto a Alida Millán, Manuel de J. González y Andy Montañez. Foto: Alina Luciano

En resumen, Elliott Castro Tirado, fue feliz, entre muchas otras cosas, porque fue de los privilegiados que le pagaban por hacer lo que más le gustaba. A veces hasta comentaba que si sus superiores supieran lo mucho que lo disfrutaba, y que probablemente lo haría gratuitamente, no le pagarían. Elliott vivió el periodismo deportivo como una profesión y también como un oficio, ya que lo consideraba el mejor vehículo para servir a su Patria, su verdadera pasión y norte en su vida. Y que nunca le impidió disfrutar de sus otros placeres: la familia, las amistades, la salsa y Puerto Rico.

Semblanza preparada por  su hija, Elga Castro Ramos

 

Autoconstrucción y construcción informal 

Foto Gabriel Soto

 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com

Después del huracán María y los terremotos, se acusaba a la gente pobre de construir sin permisos, pero no se cuestionaba cómo llegaron a esa situación. Ahora estamos en medio de una pandemia y la Tierra sigue temblando. La temporada de huracanes se aproxima y, mientras tanto, todavía hay personas sin hogar.

El señalamiento del arquitecto y urbanista Edwin Quiles se hace cada vez más pertinente. Estamos en un momento en que profesiones como la arquitectura tienen que revisar su alcance, relevancia y disciplina.

Ante la realidad que plantean fenómenos como los mencionados surgen proyectos que dan señales de por dónde van esos cambios a los que alude Quiles cuando habla de pensar en espacios nuevos para proyectos nuevos. Un grupo de arquitectos agrupados bajo el Comité de Acercamiento Comunitario ha ayudado a llevar el mensaje fuera del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR).

Pero este planteamiento no ha sido bien visto por el Gobierno, cuya visión sigue siendo la de poner la construcción de viviendas en manos de desarrolladores que imponen un modelo predeterminado sin la participación de sus futuros habitantes. Sin embargo, el Gobierno “demoniza” la autoconstrucción, cuando “esa es la manera en que los pobres resuelven”. Quiles cuestiona el porqué de prohibirle a la gente que haga sus propias construcciones. A cambio, propone la articulación de un sitio (en las alcaldías o en las escuelas vocacionales, por ejemplo), donde la gente lleve su idea, se le ayude a hacer un plano o reciba orientación de cómo usar mejor el espacio; un servicio a la comunidad cobrando una cantidad mínima.

Quiles contrastó los argumentos en contra de la autoconstrucción con el hecho de que una parte significativa de los edificios que sufrieron daños graves fueron aquellos diseñados y construidos bajo el reglamento de Puerto Rico.  “Lo que decían de que las casas que se cayeron fue porque no cumplían con los códigos, vemos que también los edificios convencionales, como fábricas o escuelas, fueron los que más sufrieron”, añadió.

Se acusa de que la construcción informal es el problema, pero esta se da en diferentes escalas. El planificador David Carrasquillo explicó que la informalidad no son solamente construcciones mal hechas, sino construcciones que se hicieron cuando o en donde no se debían hacer. “El problema es cómo se perciben ambos tipos de problemas, porque sin lugar a dudas ambos son problemáticos; pero no se perciben como problemáticos aquellos que pueden defenderse con dinero o generando la presión suficiente al Estado para que les haga proyectos de mitigación, como son las bombas que extraen agua de Ocean Park”, sostuvo.

En el caso de las comunidades pobres que no tienen esas herramientas para cabildear y mover recursos que les sean de beneficio, se ve como un problema que tienen ellos por ser pobres. Aunque se trate de una intervención igual o más sencilla que un sistema de bombas para extraer agua, ya sea un muro de contención o drenajes.

“La realidad es que estos mismos problemas los han tenido muchas otras comunidades. Simplemente, es que hay una reticencia de parte del Estado, del Gobierno, de reconocer que estas comunidades son tan merecedoras de proyectos de mitigación como otras”, señaló.

Así como Ocean Park, a otras comunidades se les ha dado permiso para construir en lugares donde no se debería. Pero a los primeros no se les acusa de ser una comunidad informal porque tienen permisos, aunque incurran en violaciones como el respeto a la zona marítimo terrestre o construir en zonas inundables, entre otras consideraciones.

Carrasquillo criticó que la política de vivienda ha sido malísima en reconocer cuáles son las necesidades en los asentamientos informales que hay alrededor de la isla para atenderlas de forma directa. En Puerto Rico los trabajos están en la Zona Metropolitana; sin embargo, la mayoría de estos asentamientos se dan fuera de esta zona porque son personas que no tienen acceso a un empleo o al suficiente capital para siquiera tomar en consideración hacer una casa por medios formales.

Señaló que el sector de la construcción y el financiero han abandonado la misión de ofrecer una vivienda asequible. Por un lado, el sector de la construcción no reconoce lo anterior. Tampoco de que pueda haber reglamentación y legislación que ponga un tope de lo que debe costar hacer una casa. Por otra parte, los bancos prefieren vender sus propiedades vacantes a especuladores y a grupos que compran casas por decenas antes que venderlas mediante una hipoteca a una persona de carne y hueso.

“El mercado de bienes raíces no responde en lo absoluto a lo que gana la población promedio per cápita. Una casa que cuesta ya casi cerca de los $200 mil es totalmente inalcanzable para una persona que trabaja, yo diría, por el mínimo; pero en verdad, personas que ganan 3 y 4 veces el mínimo tampoco pueden acceder a un préstamo de ese calibre para comprar una casa”.  “No es una cuestión de que estas personas que se ven afectadas son responsables de su situación, porque no es así. Ciertamente, hace rato tiene que haber una enmienda para hacer algún tipo de reforma en términos de vivienda, de cómo se administran diferentes programas federales como el CRA (Community Reinvestment Act) y otras políticas que se supone que estén impactando directamente a las personas, especialmente para acceder a una vivienda asequible; los fondos que vinieron después del huracán, que muchas veces la forma en que han diseñado los programas no cumplen en satisfacer las necesidades que tienen estas poblaciones”, añadió.

Si una persona desea realizar cualquier mejora que sobrepase los $6 mil tiene que sacar permisos, pagar arbitrios al Estado, más un gestor, más un contratista, lo que infla los costos del arreglo de forma exorbitante. Ante esto, Carrasquillo mencionó que debe haber unos costos que se deben sufragar temporeramente en lo que el proceso de recuperación se da. Que debe haber también una una exención en los costos de los profesionales. Con el dinero se podría tener un ejército de profesionales que tengan su sueldo y no tengan que cobrarle directamente a la persona afectada; un programa público en donde se financie y se le comisione a diferentes entidades profesionales como el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. Que hagan trabajo pro bono o por algún tipo de costo nominal.

“Parte de las responsabilidades de estos grupos profesionales es rendir servicio pro bono; sin embargo, si no se viabiliza mediante el gobierno lo que estás haciendo es canalizando al sector privado que como intermediario se está llevando todo el dinero que se supone esté llegando a las comunidades”, dijo Carrasquillo, quien concluyó que el proceso no necesariamente se resuelve añadiendo burocracia, pero sí se puede enmendar añadiendo procesos de participación.

Hay asuntos para los que no basta una evaluación de escritorio para ser entendidos. Si como parte del proceso de las construcciones el Gobierno tomara en serio el que la gente que vive en estas comunidades opinara, se podría hacer un trabajo más responsable y más justo. Se podría también evitar futuras catástrofes sociales y ambientales.

 

La Junta de Control Fiscal engaña a los alcaldes

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

La Junta de Control Fiscal (JCF) impone a los municipios planes fiscales que obligan al despido de empleados. En medio de tener que lidiar contra la propagación de la pandemia del coronavirus, al menos diez municipios también se enfrentan a la Junta por la imposición de unos planes fiscales que entre sus exigencias incluye el despido de empleados.

 Entre sus ejecutorias en estos tiempos de pandemia del coronavirus (COVID-19) la Junta certificó los planes fiscales 20-21 de 10 municipios que forman parte de su alegado plan piloto para “aumentar sus ingresos e impulsar medidas de eficiencia operacional”. Los municipios escogidos de manera arbitraria por la JCF para formar parte del plan piloto son: Orocovis, Aibonito, Villalba, Barranquitas, Cidra, Comerío, Camuy, Isabela, Quebradillas y San Sebastián.

 “La Junta está totalmente enajenada de la realidad”, expresó en entrevista el presidente interino de la Asociación de Alcaldes (AA), Luis Javier Hernández Ortiz, alcalde de Villalba, quien afirmó   que fueron engañados por ese organismo. De acuerdo al relato del presidente de la Asociación que agrupa a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD),  cuando  hace un año la Junta anunció la implementación de un programa piloto, los acercamientos que le hicieron a cada uno de los alcaldes de los 10 municipios fue que el programa  buscaba unos fines particulares: primero, conocer cómo funcionaban los municipios; cómo se podían establecer consorcios, como por ejemplo el consorcio energético que tiene su municipio con los municipios de Orocovis, Barranquitas y Morovis; que tenían un grupo de inversionistas que querían hacer desarrollo en Puerto Rico y que querían ver cómo  implementar esas iniciativas en estos 10 pueblos; por último, ver cómo la Junta con su personal técnico les ayudaban a maximizar sus  recaudos y los fondos  federales.

 Incluso dijo que la Junta sabía e hizo alusión a que distinto al Gobierno central, los municipios estaban pagando sus deudas.  “Somos la única entidad que está pagando su deuda con un año de anticipación, a diferencia del Gobierno central”, por lo que según la JCF no era necesario tener unas imposiciones tan drásticas.

 “Eso fue un año atrás, esa es la historia bonita de la Junta con el plan piloto. La realidad es que nunca hicieron nada de lo que dijeron”, denunció. El alcalde de Villalba reconoció que hubo varias cosas en curso que interrumpieron el proceso. Primero, la disputa entre la JCF y el Gobierno central por la Ley 29, la cual eximía a los municipios de su aportación al seguro de salud del Gobierno y del llamado Pay to go, pago de pensiones del Gobierno central. La Junta impugnó la ley ante la jueza Laura Taylor Swain, quien favoreció la postura de la Junta.

 “Esa es una imposición ilegal e injusta para los municipios porque los municipios ya pagamos las pensiones y plan médico de nuestros empleados y eso nos impone el pago de la deuda de pensiones del Gobierno central”. Otra cosa que dijo  atrasó las conversaciones y comunicaciones con la Junta fueron los temblores. “De ahí del anuncio que ellos hicieron, al disparate que hicieron hace poco, muy poca comunicación fluyó entre los municipios”. La Junta dio a conocer la certificación de los planes fiscales el 30 de junio.

 

“Lo único que veíamos que pedía la Junta era un informe de los fondos federales que se recibían por el huracán, los fondos del COVID y de los terremotos, ellos lo único que hacían era pedir información”,  continuó denunciando.

 Es obvio que los inversionistas nunca llegaron ni les dijeron quiénes eran ni en qué áreas estaban interesados. La asistencia técnica para mejorar los recaudos y fondos federales tampoco llegó. Lo que si llegó, dijo, fue una escueta carta de la JCF donde establecía un plan fiscal elaborado por su cuenta, estandarizado para los 10 municipios, sin importar nivel de pobreza, qué municipios son más grandes ni qué tipo de proyectos había. Por ejemplo, en el caso de Villalba, aunque la Junta reconoce el proyecto energético, no incluyeron los ingresos proyectados durante los próximos cinco años del proyecto.

 El alcalde descargó: “Así ocurrió con todos los municipios: un plan fiscal, un copy-paste, que no se atempera a la realidad de los municipios y, por último, una carta de dos páginas que le establece a los 10 municipios un presupuesto con un máximo y un mínimo de ingresos y gastos. La legislatura municipal nunca interactuó con la Junta y, de hecho, la carta sobre los presupuestos fue dirigida a la gobernadora, como si fuéramos un departamento, una agencia de gobierno. Se les olvida que los municipios tienen una estructura política separada. Ellos la enviaron a la gobernadora como si esta pudiera hacer algo con esa carta”. 

 Como ejemplo de las contradicciones que insistió  presentan los planes certificados por la Junta, señaló que aunque les da más dinero, porque lo único que toman en cuenta es el Fondo General, le añaden $3 millones producto de unas proyecciones de los recaudos del CRIM (Centro de Recaudos Municipales).  Pero si esos estimados están incorrectos, inflados, el resultado para los alcaldes será que les van a obligar a poner unos números incorrectos que producirán un resultado incorrecto,  por lo que al final del camino van a tener un déficit. Destacó que en estos momentos el CRIM está en una batalla con la Junta porque le quiere imponer unos estimados de recaudos que no tienen ninguna justificación.

 Despido de empleados

Hernández- Ortiz estima que lo peor es que, si se acepta la carta de la JCF por buena, de que les da más dinero a los municipios, los alcaldes se verán forzados a aceptar instrucciones de política pública que la Junta no ha podido lograr con el Gobierno central: el despido masivo de empleados. En el caso de Villalba, aunque le dan más dinero para gastar, le piden que haga una reducción de $1 millón en nómina.  “En plena pandemia cuando más se necesitan los empleados, la Junta desconoce totalmente cómo funciona el sector laboral gubernamental”, tronó Hernández-Ortiz.  Agregó que para poder despedir empleados en esa magnitud tiene que establecer un plan de cesantías para respetarles los derechos constitucionales a cada uno: “Eso no funciona de hoy para hoy, un ajuste de esa magnitud”.

 Bono de Navidad

 Otro aspecto que rechazan los alcaldes es la prohibición a que se otorgue el bono de Navidad, no importa que los municipios terminen con un superávit. Su aclaración a la Junta es que si los municipios tienen suficiente dinero recaudado para otorgar el bono, para los municipios pequeños ese incentivo viene siendo un aliciente para los empleados y un impacto positivo a la economía local.

 Plan médico

La Junta de Control Fiscal también les está solicitando la eliminación del pago del plan médico de sus empleados. En referencia a la Junta, el presidente de la Asociación de Alcaldes se reafirmó en denunciar que  “esta gente está totalmente enajenados de la realidad. Si me dices que esto lo vas a implementar en los 78 municipios; pero es solo a 10 municipios a tres meses de una elección”.

 Defendió que los alcaldes estén totalmente opuestos a todas esas medidas. En el caso del despido de empleados observó, que sería despedir empleados en áreas de servicio, que en la práctica ya no ofrece el Gobierno central. Reconoció que puede haber alcaldes que no tengan interés en revalidar, a quienes  les va a importar poco, pero “a nosotros, los que sí nos importa revalidar, nos importa mucho”.

 Privatizaciones

 Otra de las medidas recomendadas por la JCF es la “asociación” con el sector privado. En esa línea trajo el ejemplo de que antes en su municipio el recogido de basura estaba privatizado. Su administración asumió otra vez el recogido, lo que le ha resultado un ahorro en el 50% de sus gastos. Antes le costaba casi $1.2 millones al año. Hernández Rivera hizo la observación de que no todos los municipios funcionan de la misma manera, ya sea por cómo están organizados, por compromiso de los empleados, por la geografía, por su población. En el caso del pueblo de Comerío, denunció, se le quitan casi $2 millones de su presupuesto, sin tener ninguna inversión de capital de desarrollo económico a nivel central nada para ayudar a que ese municipio se desarrolle.

 Tasaciones del CRIM

 La Junta además quiere imponer una actualización a las tasaciones de propiedades, tarea que dijo ya el CRIM y los municipios están trabajando. Añadió que una petición de los municipios es que se les permita tener más fiscalización de su propio CRIM, que les den las herramientas individuales para poder trabajar las áreas de fiscalización, retasación y evaluación de casos que ya se están trabajando.

 El costo de la pandemia

 Hasta el momento,  frente a la Junta, los municipios parecen contar con el respaldo de la administración de la gobernadora. El alcalde confirmó que recientemente hubo una reunión con un representante de la gobernadora y personal del representante del Gobierno ante la Junta, AAFAF (la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), donde se discutió que todos estaban de acuerdo en que no pueden aceptar las medidas que pretende imponer la JCF, ya que estas provocarían una crisis a los municipios en plena pandemia y en la temporada de huracanes. Los alcaldes consideran que no es justa su aplicación porque los municipios están pagando su deuda.

 La alternativa que estos plantean es que si la Junta quiere que estén bajo las mismas premisas del Gobierno central tiene que darles entonces un respiro a sus deudas. De su parte, como presidente de la AA, se propone convocar a su matrícula para pedirle un voto de confianza para que todos hablen el mismo idioma, de que nadie acepte las imposiciones de la Junta. La condición que plantean los alcaldes que si la Junta quiere que los municipios estén bajo la misma premisa del Gobierno central tienen que darles entonces un respiro a sus deudas.

 A preguntas de CLARIDAD, Hernández afirmó que el costo para los municipios de atender la pandemia ha sido sustancial por la disminución en ingresos por patentes y recaudos del IVU y por el costo que han tenido que asumir en el sistema de rastreo que en su caso implementó su municipio. Aclaró que por fin el Estado ha comenzado a subsidiarlos con los fondos Coronavirus Care Act. Los municipios han tenido que asumir además  la desinfección de áreas, la entrega de alimentos, de compras y las campañas de educación.

 Según informó Hernández Ortiz, para atender la emergencia, el Gobierno de Puerto Rico les ha otorgado a los 78 municipios solo $100 millones de los $2.2 billones recibidos del Gobierno de Estados Unidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claridades: Los 25 de julio

 

 

El 25 de julio ha sido día particular en la historia en Puerto Rico. Bien particular. En la historia anterior al 1898, era el día de Santiago Apóstol. Esta figura mítica, tuvo su base en Santiago, el apóstol, quien según la historia había predicado en Hispania y murió en el año 44 D. C. Luego, la leyenda lo presenta apareciéndose en el año 844, donde supuestamene su figura ayudó al rey Ramiro I de Asturias, en una victoria “contra los moros”. Su figura entonces se coloca en uno de esos cruces entre el mito, la historia y la creación ideológica en la lucha contra el dominio musulmán en la península ibérica. Ramiro I lo proclamó patrono de los soldados ibéricos.

Esta figura de un exterminador de quienes no fueran ibéricos, fue utilizada en la conquista española de América, a tal nivel que Santiago es uno de los nombres más usados para nombrar pueblos en América Latina (quizá el más usado). En Puerto Rico, el poblado (hoy municipio) de Loíza, conmemora el 25 de julio como su fiesta más conocida, (su otro patrono tiene fiestas en marzo, en homenaje al “santo” irlandés San Patricio). La figura de Santiago también está en el escudo de Loíza, municipio destacadamente reconocido por su población negra.

La fiesta de Santiago era una gran fiesta en todo Puerto Rico. Esa es una de las razones principales -sino la principal- por las que el General Miles, que ya había bombardeado a San Juan desde mayo, escoge esa fecha para la invasión militar de EEUUAA contra nuestro país en 1898.

Durante la Guerra Española-Americana , las fuerzas estadounidenses al mando del General Nelson A. Miles desembarcó en Guánica cerca de Ponce el 26 de julio de 1898. Esto sorprendió a los españoles y a los Estados Unidos, porque Miles había recibido instrucciones para desembarcar cerca de San Juan. Ese plan lo alteró Miles porque concluyó que si entraba por San Juan era vulnerable a los ataques de embarcaciones pequeñas.

Miles movió las tropas hacia San Juan, y su avance fue detenido en Aibonito en la Batalla de Asomante. Fue mientras se daba esta batalla, que España y EEUUAA firmaron un armisticio el 13 de agosto de 1898. En otras palabras: la invasión comenzó un 25 de julio, pero ni ese día -ni en otro- las tropas de EEUUAA lograron rendir a Puerto Rico.

 

25 de julio de 1952

Tras la conquista yanki, en 1952 se proclama la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero NO fue el 25 de julio.

La ley que crea el ELA, fue firmada por el Presidente Harry S. Truman–en una versión modificada a lo que había aprobado una asamblea constituyente–, “Ley Pública 82 – 447 – 66 Estatuto 327”, el día 03 de julio de 1952. El 10 de julio del mismo año, la Convención Constituyente de Puerto Rico se volvió a reunir y aprobó las condiciones establecidas por la Ley Pública 82-447. Luego, fue el 25 de julio de 1952, cuando el gobernador Luis Muñoz Marínproclamó en un acto público la efectividad de la Constitución. De este modo, el día que antes había sido en homenaje a un enemigo de moros, luego fue el día en que se conmemoraba la invasión militar de EEUUAA a Puerto Rico, ahora se conocería como Día de la Constitución.

(De acuerdo con el profesor Antonio Fernós López-Cepero de la Universidad de Puerto Rico, Muñoz Marín eligió expresamente el 25 de julio para la proclamación de la Constitución con la intención de reemplazar la celebración del desembarco de 1898 con la conmemoración de la aprobación de la Constitución. En un artículo publicado el 25 de julio de 2010, López-Cepero afirmó en una entrevista al periódico El Nuevo Díaque había oído esta información de su padre, el doctor Antonio Fernós Isern, quien fue el presidente de la Convención Constitucional en 1952.)

 

25 de julio de 1978

Como parte de una campaña represiva en contra del independentismo, fueron ejecutados en Cerro Maravilla dos jóvenes independentistas, Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado. Los autores intelectuales de estos asesinatos (tanto a nivel del ELA como del gobierno federal yanki) nunca han sido enjuiciados por los dos asesinatos.

 

25 de julio de 2019

Puerto Rico amanece a la noticia de que el gobernador del ELA, Ricky Rosselló Nevares, tuvo que renunciar a su puesto por las protestas del pueblo.

 

Fuente principal: programa radial “Tiempos de lucha”, Radio Caribe 1540 AM, 29 de julio 2017.