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UTIER : “Esto no se va a quedar en un solo campamento, seguimos en la lucha”

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Por Cándida Cotto/CLARIDAD

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“Esto no es como se ha dicho públicamente de que es una negociación colectiva. No es una negociación ordinaria laboral. Es una discusión de cómo nosotros mejoramos las condiciones de empleo de los celadores que están migrando ante las ofertas de trabajo muy atractivas que tienen en Estados Unidos”.

Así lo expresó el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, ante el tranque en las conversaciones con la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El proceso de discusión y negociación comenzó el 5 de octubre de 2018. En él la UTIER ha presentado la preocupación de cómo retener personal. Según defendió, antes ese trabajador o trabajadora no tomaba otras ofertas en consideración porque tenía beneficios marginales que complementaban el bajo salario que recibía en Puerto Rico. Pero los cambios aplicados por la gerencia de la AEE de reducir la licencia por accidentes y la reducción en la aportación al plan médico, que paga solo el 52%, han provocado que los trabajadores estén optando por otras opciones económicas fuera del país.

Hasta el presente la negociación se ha llevado directamente con el director de Recursos Humanos y Asuntos Laborales de la AEE, licenciado Marc Thys, y los líderes de la unión. Figueroa Jaramillo indicó que desde el mes de febrero la gerencia ha insistido en una oferta de que las funciones y deberes de los trabajadores hay que unificarlas. Eso ha sido rebatido señalando que ese no es el problema, que el problema es la fuga de recursos. Inclusive, a pesar de que no era parte de la negociación, la unión ha preguntado qué cosas consideran que afecta la operación, para discutirlas y atemperarlas a algunas que la unión entiende que sí se pueden mejorar, pero la AEE ha insistido en su planteamiento.

La UTIER ha insistido en que el problema es cómo se pueden mejorar las condiciones de empleo para retener a ese trabajador y eventualmente comenzar a haber otros puestos. La organización hizo alusión a que como la única experiencia en la industria eléctrica en la isla se da mediante la AEE es más difícil tener la experiencia y la movilidad de puestos.

En estos momentos la UTIER tiene 3,100 unionados, de los cuales cerca de 600 son celadores. En el 2002 los celadores se contaban en 1,200. Este número contrasta con la cantidad de infraestructura que se tenía en ese momento de 18 mil cables en área soterrada, distribución e infraestructura versus la 34 mil que se tiene al presente.

¿Cómo encaja este número de celadores con los planes de expansión de la AEE?

Figueroa Jaramillo afirma que ese es uno de los planteamientos que ha hecho la UTIER ante la actitud de la gobernadora de no intervenir. Expuso que al planteamiento de que su política pública es la de no intervenir en las negociaciones del gobierno, la UTIER plantea que la política pública de la gobernadora no puede ir por encima de la Constitución porque la Constitución establece los mecanismos de negociación y convenios como un mecanismo de paz laboral.

“Esa es la Constitución que estamos invocando. Es la misma Constitución que la llevó a ella al poder. No puede ser selectiva con partes de la Constitución. Dicho eso, el problema que estamos planteando es un problema de país. En la medida en que el recurso humano se nos vaya, los planes que se anunciaron de modernización no se van a poder cumplir, a menos que ella tenga visualizado traer compañías de Estados Unidos que cobran el triple por trabajar aquí”, manifestó.

El presidente de la UTIER destacó que el trabajo del celador es uno muy especializado y que, aunque siempre habrá gente atrevida, reconoció que los mismos supervisores han demostrado que la situación es más compleja y que el mucho trabajo y el cansancio son peligrosos para ellos.

Otra de las áreas que dijo que hay que atender son los trabajadores de planta. “Tenemos compañeros metiendo turnos de 24 horas. Los trabajadores de planta son los que operan las unidades generatrices, los que prenden las plantas. Hay compañeros que tienen 24 horas trabajando diariamente y un día de descanso. Esto demuestra la falta de personal. Un operador de planta tú no lo consigues en la esquina, igual que un mecánico, los albañiles de planta son gente que se especializa en esas unidades”.

El presidente de la UTIER coincidió con el reconocimiento que hace el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, siglas en inglés) de que los trabajadores unionados de la AEE son su mejor activo. Agregó que un estudio del economista José Alameda reveló que mientras la inversión de capital ha bajado, la producción del trabajador ha subido. Eso es lo que la ha mantenido operacionalmente a la AEE. Es decir, la gerencia no ha hecho inversión de capital para poder mejorar la infraestructura y tener plantas modernas, pero aun así mantiene una operación aceptable porque la producción del trabajador ha subido.

Desde hace una semana, la UTIER mantiene un campamento de protesta frente a La Fortaleza, en reclamo a que la gobernadora Wanda Vázquez Garced intervenga en las negociaciones. “Hasta ahora la gobernadora ha demostrado esa llamada inacción, pero nosotros vamos a seguir presionando. Esto no se va a quedar tan solo en un campamento, vamos a seguir haciendo actividades. Seguimos en lucha”, afirmó Figueroa Jaramillo, a quien no le sorprendería ni descarta que la Junta de Control Fiscal (JCF) esté presionando para que la gerencia de la AEE no tenga una actitud más abierta.

Hacia una cooperativa energética

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Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

El 18 de abril, la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) publicó la Solicitud de Cualificación para el manejo de hidroeléctricas. Como parte de este proceso, la organización Unidos por Utuado sometió los requisitos correspondientes, a fin de administrar toda la infraestructura que constituyen los lagos Caonillas y Dos Bocas mediante la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña.

La solicitud fue entregada por la organización el 1 de julio. La fecha limite era el 8 de julio. Según dijo a CLARIDAD Maribel Hernández, coordinadora de proyecto de Unidos por Utuado, se supone que en agosto la AAPP ya hubiese evaluado y contestado para informar quién pasaría a la segunda ronda.

“AAPP abre la oportunidad un Jueves Santo […] Nosotros (Unidos por Utuado) estábamos organizando comunidades cuando la Autoridad de Alianzas Público Privadas publicó la solicitud. Nos enteramos de casualidad”, relató Hernández.

Sin embargo, los requisitos exigidos por la AAPP para administrar estas hidroeléctricas “eran imposibles” como para que una compañía en Puerto Rico pudiera administrarlas. Entre los requisitos, un capital de $25 millones para dos hidroeléctricas y que la compañía tuviera más de 5 años de experiencia rehabilitando este tipo de sistema energético. “Aquí no hay nadie que las rehabilite”, manifestó.

Hernández dijo que la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña está compitiendo contra intereses extranjeros, varias compañías norteamericana cabildeadas por puertorriqueños tratando de llevarse la APP. Se sabe que uno de los competidores es CubeHydro, una compañía con sede en Maryland, fundada por la ex subsecretaria de Energía federal, Kristina M. Johnson, en 2015.

“Desde un principio estábamos organizándonos para formar la cooperativa a raíz de la ley 258, que abre las oportunidades para las cooperativas eléctricas.”

Hidroeléctricas en Caonillas y Dos Bocas

Las plantas hidroeléctricas fueron abandonadas durante la década de los 70. Actualmente, de los seis generadores distribuidos entre los embalses de Caonillas y Dos Bocas, solo está funcionando una, en Dos Bocas, que produce seis megavatios. Eso daría para “prender” Utuado y la mitad de Adjuntas.

Hernández mencionó que sin embargo, actualmente esos seis megavatios se utilizan para dar energía a las bombas del superacueducto. Ante esto añadió: “¡Imagínate esto en manos privadas! La población estaría vulnerable en cuanto a la accesibilidad a energía. El agua que llega a San Juan se hace en Dos Bocas, o sea, que esto no es solo para el centro de la isla, estamos hablando de cómo nos afecta a todo Puerto Rico”.

Dos Bocas tiene tres generadores, cada uno con la capacidad de generar seis megavatios. Por otra parte, Caonillas (Caonillas 1 y Caonillas 2) tiene otros tres generadores que no están funcionando: dos en Caonillas 1, que pueden generar sobre diez megavatios cada uno, y uno en Caonillas 2, con la capacidad de generar cinco megavatios.

“Todos esos generadores están obsoletos. Estamos hablando de que ya la infraestructura está lista. Es cuestión de arreglarla y meterle mano. Cambiarlo completo y hacer unas hidroeléctricas tipo siglo 21. Si se dejara la tecnología que está, la producción de energía no sería costo-efectiva”, expuso Hernández.

“Con ese sistema se generan los seis megavatios de energía actuales. Los demás generadores no están funcionando. Solamente hay un generador. En total todo ese sistema podría generar 43 megavatios, e inclusive estamos siendo bien conservadores, pero con tecnología más moderna podemos generar sobre 45 megavatios”, añadió.

Hernández resumió que la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña está solicitando las hidroeléctricas Caonillas 1 y Caonillas 2 y Dos Bocas. El proyecto funcionaría a través de una Alianza Público Privada por 30 años. “Aspiramos a comprarla; pero si no, queremos manejarla”, sostuvo.

Para energizar a Adjuntas, Jayuya y Utuado se necesitarían 11 megavatios, por lo que restarían 32 megavatios para distribuir. “Estamos hablando de que con esa cantidad podemos prender casi todo Ponce. Eso es lo que generan esas plantas que están totalmente malqueridas, abandonadas y que son un patrimonio nuestro. Dos Bocas está funcionando con unos generadores de 1930”.

¿Cómo estarían llevando a cabo el proceso de rehabilitación?

La forma en que se llevaría a cabo el proceso de rehabilitación está todavía en la etapa de planificación. Unidos por Utuado ha conseguido el respaldo de PowerSecure y Voith para realizar la rehabilitación ante la falta de compañías en la isla con experiencia para llevar a cabo ese proceso, que requiere de una inversión de sobre $150 millones de dólares.

La rehabilitación implicaría tanto el cambio de generadores y toda la modernización del sistema como el dragado de los embalses. Hernández citó al hidrólogo Dr. Ferdinand Quiñonez mencionando que hay unos estudios donde se estima que Dos Bocas y Caonillas están sobre un 70% de sedimentación.

La coordinadora de Proyecto de Unidos por Utuado resaltó la importancia de hacer el dragado, así como el cambio de generadores para poder generar energía costo-eficiente en el centro de la isla. “Tenemos que hacer dragado. Contemplamos tener un dragado permanente. El proyecto consiste tanto en el dragado de los embalses como en el cambio de generadores y toda la maquinaria […] Queremos poner unos generadores modernos. Hay unos generadores que se llaman pump-return con los que sacas agua, la pasas por lo generadores para producir energía y la devuelves al embalse. Tenemos que asegurar el recurso agua”.

¿En cuánto calculan el kWh con la rehabilitación?

El costo del kWh a partir de la rehabilitación del sistema todavía no ha sido precisado debido a que no saben la deuda que tengan que asumir de PREPA, “pero independientemente, nosotros vamos a tener la energía más barata, y no solamente eso, una vez nosotros fijemos el precio podemos tener ese precio para los residentes de Adjuntas, Jayuya y Utuado permanentemente por 30 años. Digo, al menos que no ocurra algo superoficial, pero eso es a lo que aspiramos”, puntualizó.

En contraste, mencionó que según el plan de energía eléctrica el costo del kWh pudiera llegar hasta los 35 centavos. En cambio, la Cooperativa Hidroeléctrica aspira mantener a un precio mucho más bajo “de lo que PREPA lo va a tirar”.

Parte del plan proyectado por Unidos por Utuado consiste en habilitar gente del centro de la isla para que puedan trabajar en las plantas una vez las compañías hayan rehabilitado el sistema. “Como es cooperativa somos todos socios-dueños. Con todas las ganancias podemos liquidar rápido las deudas y quedarnos con el manejo. Ahí podremos mejorar tarifas, etcétera. Los planes son bien interesantes y bien ambiciosos para nuestros residentes”.

“El compromiso es tener gente del centro de la isla, y crear una fuente de empleos, no solamente trabajando en las hidroeléctricas, sino apoyando la fuente económica y el negocio que puede haber detrás de tener energía costo-eficiente en el centro de la isla. Queremos que ellos simplemente hagan la rehabilitación y tener la gente capacitada para que se adiestren y sean los que se queden manejándola […] que el dinero que se levanta sea para el centro de la isla. Queremos que haya economía porque de lo contrario estos pueblos se van a morir”.

Exigen repuestas

Sobre las denuncias hechas por la organización, Hernández añadió que: “No podemos pedirle a estas compañías multinacionales (PowerSuply y Voith) ni a la USDA que esperen a que la AAPP se decida a continuar con el proceso para pasar a la próxima fase. Nuestra propuesta puede fallar, podemos quedarnos sin esos colaboradores poniendo en riesgo un proyecto para el beneficio de nuestras comunidades. Ha sido un proceso totalmente hermético y queremos que sea transparente, como se supone”.

Criticó que mientras tanto, la AAPP le da prioridad al puerto para mega yates aprobado el pasado 3 de octubre. Eso tiene más prioridad que tener un sistema de energía robusto para los residentes del centro de la isla.

Unidos por Utuado está emplazando al licenciado Fermín Fontanes, director de la AAPP, a dar una respuesta. “Queremos que dé una respuesta. Logramos ser la primera cooperativa eléctrica en Puerto Rico. Lo hemos logrado y queremos poder democratizar nuestra energía a través de un sistema de cooperativas. Con tantos proyecto a puerta cerrada, que no conviene a ninguno de los puertorriqueños y que nunca hemos tenido la oportunidad de opinar, creo que con un sistema cooperativista los socios-dueños pueden cuestionar mediante asambleas a la junta de directores de las cooperativas. No podemos cuestionar a PREPA”.

“Es crucial asegurar que estas plantas y toda la infraestructura que constituye lo que es Caonillas y Dos Bocas quede en manos de puertorriqueños. Estamos hablando de la accesibilidad que va a tener esto en manos de gente que somos los que sufrimos la angustia de tener que estar tanto tiempo en oscuridad. Que vimos tantas cosas tristes”.

Nace Doña Isabelita 5 DE NOVIEMBRE DE 1907

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Su educación formal la recibió en las escuelas públicas de su pueblo natal y en los pueblos vecinos de Fajardo y Naguabo. A los 18 años ingresa a la Universidad de Puerto Rico gracias a una oportunidad que brinda el gobierno a aquellas personas que deseaban ser maestras y maestros rurales y tuviesen al menos un décimo grado de estudios. En la Universidad de Puerto Rico obtiene un grado en Educación. Impartió la enseñanza por 14 años en escuelas rurales de Ceiba y de Humacao.

A raíz de la revolución de octubre de 1950 doña Isabel fue encarcelada por violar la ley 53, ley de la mordaza.

Al oír Doña Isabelita, como afectuosamente la llamaban, por radio lo de la masacre de Ponce, un domingo de Ramos en marzo de 1937 cuando una manifestación de la juventud nacionalista se disponía a marchar hacia la iglesia donde hablarían sobre la abolición de la esclavitud y exigirían la excarcelación de don Pedro Albizu Campos y los demás presos políticos,fue tal la conmoción de Doña Isabelita que desde entonces se convirtió en una fervorosa seguidora de Albizu Campos. Junto a las también nacionalistas Blanca Canales y Carmín Pérez y formó parte del círculo de allegados de Albizu Campos.

Aunque Isabelita no tomó parte en la revolución de octubre de 1950, el gobierno colonialista la involucró y desde sus oficinas, donde esta vez trabajaba en trabajo social escolar, la condujeron a la cárcel. Allí cumplió una condena de quince meses. Fue destituida como empleada pública y sus derechos fueron cancelados.

Logró seguir como maestra en un colegio privado. Fue de poca duración. En Marzo, 1954, cuatro nacionalistas atacaron el Congreso de Estados Unidos, exigiendo la libertad de las encarcelados y la independencia de Puerto Rico.

Furioso, el imperio de EEUU ordenó que se encarcelara cuanto independentista nacionalista hubiese fuera del presidio.

Y en la madrugada del 6 de marzo de 1954 volvieron a cargar con doña Isabel para la cárcel. Esta vez le impusieron una sentencia de diecisiete años. Con un recurso de Habeas Corpus que por derecho propio ella misma radicó, logró quedar libre a los once años.

Al quedar libre de cargos en 1965, doña Isabel empezó a coser y a tejer para su manutención y para seguir laborando por la libertad de los pueblos.

Mientras participaba en un acto de protesta en las playas de Vieques en 1979 en repudio a la Marina de Estados Unidos,cuatro agentes militares, entre ellos una mujer, la maniataron y la tiraron en la arena. La oficial se sentó sobre sus espaldas mientras con un revólver apuntaba a sus costillas. Luego de torturarla, la levantaron de la arena y le quitaron las esposas.

La llevaron al cuartel de la policía en el pueblo y contaron una mentira de que era una vieja borracha que encontraron arrastrándose en la arena.

En sus últimos años estuvo inmersa en la lucha por la excarcelación de Oscar López Rivera.

Fallece Doña Isabelita el 13 de enero de 2015 a los 107 años de edad.

“Doña Isabelita fue una patriota a carta cabal de la estirpe albizuista. A pesar de sufrir cárcel, persecución y abusos por parte del gobierno estadounidense y sus regentes coloniales, nunca dio un paso atrás en defensa de su ideal. Nos queda su ejemplo de constancia, patriotismo y dignidad como faro que alumbra el camino hacia el triunfo final”,
Juan Dalmau.

Entre los nombres de Ramón Emeterio Betances, Eugenio María de Hostos, Pedro Albizu Campos, y otros, está el de Isabel Rosado, todos profetas que buscan llevar a Puerto Rico a la Independencia fuera del imperialismo norteamericano y de cualquier otro imperio.

De calendario preparado por Darío Ortiz.

Impunidad, enésima parte

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Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Las hijas de la actual gobernadora Wanda Vázquez tienen puestos de “confianza” en el gobierno, con buenos salarios. Una de ellas, abogada de profesión, recibió el contrato y comenzó a ganar su buen sueldo antes de ser “licenciada”. Una vez la noticia se divulgó, la gobernadora dijo que sus hijas tenían sus puestazos desde antes de ella llegar a la Fortaleza, cuando todavía era Secretaria de Justicia a cargo, entre otras cosas, de combatir la corrupción pública. Una vez ella hizo su “aclaración” ahí quedó todo, como si el nepotismo quedara subsanado al cambiar de oficina. Nadie investiga ni investigará y las jóvenes agraciadas seguirán cobrando del tesoro público, al menos mientras su madre siga como gobernadora.

El hijo de Zoé Laboy, antes senadora y ahora secretaria de la Gobernación, ha tenido varios contratos con el gobierno que le han dejado más de cien mil dólares y ahora mismo disfruta de uno de ellos. Uno de sus contratos fue con la Legislatura cuando su madre era senadora. La secretaria “aclaró” que ella no intervino en los contratos ni siquiera en el de la Legislatura, que eso lo gestionó el joven solo quien, a parte de llamarse Delfos, como el lugar del oráculo, no se distingue por nada más. Con esa “aclaración” terminó el asunto, nadie investiga ni investigará y el joven agraciado seguirá cobrando mientras su madre está en Fortaleza como antes cobró mientras fue senadora.

El superintendente del Capitolio, José Jerón Muñiz, pero cuyo nombre político es “Jeroncito”, sólo se distingue por haber sido candidato derrotado a alcalde del municipio de Quebradillas. Todo indica que, en cuanto a lo financiero, la derrota le vino bien. Después de las elecciones se instaló en el Capitolio una vez éste advino al mando su buen amigo Thomas Rivera Schatz con quien comparte pasión por los caballos de paso fino además de “ideal” de estadidad. Se sabe que ha contratado empresas de familiares para trabajos en los edificios legislativos y que, además, beneficia a corporaciones registradas a la carrera en Puerto Rico por ciudadanos dominicanos, quienes las manejan por control remoto desde la República. También existe información de que, además de dirigir las operaciones del Capitolio, Jeroncito reparte contratos en el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Calidad Ambiental. A este personaje supuestamente lo está investigando el FBI cuyos directivos filtraron la información a la prensa, pero mientras tanto sigue tranquilamente en su puesto capitolino cobrando y repartiendo contratos. El presidente de Cámara, el único de los jefes que ha dado cara, dijo que las empresas contratadas lo estaban desde antes, según “aclaró” el propio Jeroncito. Ahí quedó todo.

Ricardo Llerandi, exsecretario de la Gobernación, fue grabado hace algunos meses arengando a secretarios y ejecutivos del gobierno para que se lanzaran a buscar dinero para la campaña política de reelección de Ricardo Rosselló. La pasada semana se divulgó otra grabación todavía más gráfica. Además de que la politiquería en el gobierno ha quedado expuesta con mucha claridad, de las grabaciones se desprenden varias violaciones a estatutos penales. Han pasado meses desde la primera grabación y Llerandi se mantuvo en el cargo hasta el otro día cuando renunció por otras razones. Sobre la necesaria investigación criminal nadie habla.

Sobre la presidenta de la Junta que reglamenta las telecomunicaciones, Sandra Torres, existe una declaración jurada que indica que instruyó a sus subalternos a exigirle donativos políticos a los ejecutivos de las empresas que la Junta supervisa. Ahí está retratado un claro delito de extorsión, además de un uso burdo del aparato gubernamental para gestiones políticas. Ella corrió a negar la denuncia que contiene la declaración jurada, pero el asunto se puede esclarecer con mucha facilidad porque la orden de Torres se dirigió a varias personas y porque debe haber algún récord electrónico o en papel. Claro está, ese esclarecimiento se produciría si alguien investigara y esa función le correspondería al Departamento de Justicia que antes dirigió Wanda Vázquez, la que desde allí les buscó trabajo a sus hijas. A juzgar por la experiencia el DJ nada hará. Ese mismo Departamento está “investigando” desde hace meses los delitos del chat de Telegram y todavía no ha sido capaz de intervenir el teléfono de Elías Sánchez, uno de los jefes de aquella operación delictiva.

Hace varias semanas desde la Fortaleza hicieron un referido al Departamento de Justicia sobre actuaciones del secretario de Agricultura, Carlos Flores. Cuando algún asunto se refiere a ese Departamento es porque existe alguna información confiable que sugiere la comisión de un delito. En esta ocasión, luego del referido no se tomó ninguna medida cautelar que proteja el interés y los fondos públicos. El Sr. Flores sigue en su cargo tomando las mismas decisiones que siempre ha tomado a pesar de la sospecha que sus jefes de Fortaleza tienen en su contra.

Lo anterior solo resume 6 instancias de claros actos de corrupción o de, al menos, indicios de ella, donde la impunidad ha sido la norma. La lista es bien larga y en otros artículos hemos repetido la misma denuncia. Ahora se habla de los hijos e hijas de Vázquez y Laboy y antes se hablaba del “talentoso” hijo de Raúl Maldonado. Ahora se habla de corporaciones fantasmas contratadas desde el Capitolio y antes se expuso con mucho detalle el pequeño ejército de políticos derrotados que tiene Rivera Schatz bajo contrato para que hagan trabajo político en barrios y pueblos. Entre esos individuos contratados para hacer trabajo politiquero pagado con fondos públicos está varios hijos de, esposos y esposas de, cónyuges, sobrinos y tíos. Después de las denuncias todos siguen en sus puestos y cobrando del menguado presupuesto público.

Esta es la enésima denuncia. Faltan más.

“La mar se levanta y nosotras también”: Conversación sobre la emergencia climática en Puerto Rico

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Por Gabriela Ortiz Díaz/Especial para Claridad

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), establecido en 1988 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, alertó el año pasado que la humanidad tiene hasta el 2030 para evitar los daños catastróficos que se avecinan, productos del sobre calentamiento global. En esta década que resta, lo seres humanos deben tomar acciones radicales que logren cambios profundos en las sociedades del mundo, como reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono.

Esta información, presentada por la moderadora Mariolga Reyes Cruz, sirvió de introducción al foro La mar se levanta y nosotras también: la recuperación justa ante la emergencia climática, efectuado el pasado sábado en el recinto riopedrense de la Universidad de Puerto Rico. El mismo fue un punto de encuentro para que conversaran con el público cinco mujeres que se hayan inmersas en la lucha contra las repercusiones del cambio climático en Puerto Rico.

El grupo de mujeres estuvo compuesto por Mabette Colón, portavoz de la lucha contra la quema y el depósito de cenizas de carbón en Puerto Rico; Ariadna Godreau, cofundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, una organización que atiende temas de acceso a la justicia, el derecho a la vivienda y la recuperación justa; Elda Guadalupe, maestra de ciencia en Vieques y presidenta de la junta directora de La Colmena, organización que promueve la seguridad alimentaria en la Isla Municipio, además, activista en temas de desplazamiento, contaminación militar y transportación marítima digna; Adriana González, trabajadora junto al Sierra Club de temas relacionados a la justicia ambiental y protección del área natural del Corredor Ecológico del Este; e Isabel McCullough Valentín, joven de 16 años, estudiante de la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico y líder ambiental de Para la Naturaleza.

Este conversatorio reconoció la presencia del liderato de mujeres en las diferentes luchas sociales que se dan actualmente en el país. Precisamente, la idea que estuvo de fondo durante toda la conversación fue que la lucha por desacelerar los cambios medioambientales que se aproximan – y que ya se ven – es también una lucha social, económica y política.

“Las sociedades basadas en la explotación, el consumo desmedido y el crecimiento sin límites agotan los ecosistemas de los que todos los seres humanos dependemos para vivir. Ante esto, las comunidades más vulnerables y marginadas históricamente sufrirán mucho más los efectos desiguales de la crisis climática, por lo tanto, esta emergencia es medioambiental, económica, ética y política. Es una crisis civilizatoria”, dijo durante la introducción Reyes Cruz.

Y continuó, a modo de contextualización de la realidad social actual: “Haití, Ecuador, Colombia y Chile han estado tomando las calles por un presente justo y sostenible. Hace unos meses, en Puerto Rico sacamos a un gobernante corrupto, pero nos hemos quedado con el mismo sistema que lo produjo”.

¿Cómo enfrentamos la emergencia climática desde nuestro archipiélago? ¿Qué futuros son posibles a medida que la mar se levanta, los huracanes arrecian, nuestra seguridad alimentaria peligra y nuestros gobernantes viven a espaldas del bien común? La conversación giró en torno a preguntas como estas. Específicamente, las panelistas tuvieron que responder a tres cuestionamientos: ¿Qué implica tomar en serio la emergencia climática para las luchas en las que están inmersas?, ¿Qué imagen pueden dibujar de Puerto Rico luego de que se ganen las luchas en las que están insertadas?, ¿Qué acciones les parecen necesarias y urgentes para lograr una recuperación y una transición justa frente a la emergencia climática?

En resumen, para Adriana González tomar en serio la crisis climática es enfocarse más allá de la protección ecología; es poner a la gente en el centro de la lucha ambiental. También, “entender que tenemos tiempo. El “término” emergencia es fatalista, pero todavía tenemos esperanza porque, si tomamos acción ahora, vamos a poder crear espacios para que la gente pueda disfrutar de una vida plena”, dijo.

Además, para esta líder es saber que los cambios que estamos presenciando – costas erosionadas, el impacto desastroso de huracanes, deterioro de lo que mantiene viva nuestra presencia –, afecta más a las comunidades marginadas en Puerto Rico, que son las primeras que tienen más altos porcentajes de casos de cáncer u otra condición de salud, por ejemplo.

Para Mabette Colón, por su parte, tomar en serio esta lucha es hacerles entender a trabajadores de la planta de AES que se reclama, no para poner en juego su sustento, sino porque la contaminación con cenizas de carbón afecta la propia existencia de ellos, la de sus familiares y la de las comunidades aledañas a la planta.

También, para que el reclamo de justicia ambiental cobre más importancia es necesario que “toda la comunidad se una a la lucha que llevan varias organizaciones contra las agencias, empresas que contaminan y matan diariamente”, comentó.

Asimismo, Elda Guadalupe considera que tomar en serio este tema implica ser conscientes de que hay muchas luchas a la vez, pero que hay unos puntos en los que estas coinciden, como es el del cambio climático.

Guadalupe resaltó la idea de que hablar de maneras de combatir el cambio climático es hablar de maneras de lograr la soberanía alimentaria por medio de la agroecología. Para eso es necesario, en el caso de Vieques, que se le devuelva la potestad de más del 25 por ciento de sus costas, que en la actualidad están a cargo de la entidad federal Vida Silvestre. “Es por esas costas, que no le pertenecen a Vieques, que entra el agua potable a la Isla Municipio a través de una tubería submarina que está a merced de un ente exterior y de que cualquier fenómeno natural la rompa. Es importante tener una fuente de agua potable para generar la agricultura, vital para llevar a cabo la soberanía alimentaria”, explicó.

Para ella también es importante hablar sobre el acceso a las tierras y el desplazamiento de terrenos en Vieques por parte de la Marina de Estados Unidos y de la construcción de edificios y casas para veranear. “El problema de construir es que se hace en las costas o en las partes altas, lugares donde la escorrentía lleva el agua”, acotó.

De igual modo, para Isabel McCullough tomar en serio estos temas ambientales es que los legisladores creen leyes que se implementen y que tomen en consideración lo que plantean las comunidades afectadas a partir del desarrollo de un diagnóstico comunitario participativo. Además, trabajar para lograr la descolonización de Puerto Rico y ver este proceso como un método indispensable para lidiar con los efectos de la crisis climática en la isla.

Finalmente, para Ariadna Godreau trabajar para minimizar el impacto de los cambios medioambientales en Puerto Rico es lograr que los planes de vivienda, desplazamiento y mitigación se hagan en atención a las necesidades y derechos humanos de las personas del país. También, lograr insertar personas que conozcan de estos temas y que quieran el bien común en diferentes puestos políticos.

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