Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD
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Fundamentalmente, son tres los problemas que afectan el desempeño y la calidad de los servicios que prestan el Archivo General (AGPR) y la Biblioteca Nacional (BNPR).
A juicio del presidente de PROSOL-UTIER, Luis Pedraza Leduc, el problema principal es la falta de personal, seguido por unas deficiencias de planta física “muy serias” y por un “grave” problema gerencial. PROSOL-UTIER es la representante sindical de los empleados unionados en ambas instituciones.
“El primer problema principal es falta de personal en términos generales, desde archiveros hasta bibliotecarios […] personal de mantenimiento para atender la planta física, como debe ser, y los oficiales de custodia, ya que son sitios abiertos, que entran diferentes personas, y se necesita ese personal también a tiempo completo”, dijo a CLARIDAD, Pedraza.
Sobre los problemas salud y seguridad en la planta física, Pedraza señaló que los archivos están contaminados y hay unas áreas de las bóvedas que tienen hongos, que los ascensores no funcionan y que hay problemas de iluminación en algunas áreas. Todo eso dificulta la conservación del material contenido en el Archivo y en la Biblioteca.
“Si a eso se suma que es un edificio cerrado y que cuando ha habido problemas de energía eléctrica inmediatamente hay problemas de crecimiento de hongos, eso dificulta el mejor trabajo que se puede hacer”, sostuvo.
El tercer problema es el administrativo-gerencial; asunto que está, a su vez, vinculado al problema del presupuesto del Instituto, que se va reduciendo cada año. Pedraza reclamó que el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) no está cumpliendo su deber de proteger el Archivo y la Biblioteca “como debe ser”. Dijo además que los fondos de operación del Instituto se han disminuido tanto, que hace 12 años eran sobre 300 empleados unionados y en estos momentos no alcanzan 100 matrículas.
Como parte de este problema el líder sindical destacó la preocupación que han manifestado algunos empleados del Archivo sobre la posibilidad de mudar el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe al edificio Dr. Ricardo Alegría, sede de ambas entidades.
“Hay una preocupación muy seria de los compañeros de cómo el flujo del personal, tanto del Archivo como del Centro, y los estudiantes puede afectar los espacios y la conservación de documentos y materiales. Ese problema gerencial lo que está es buscando un uso distinto al Archivo y la Biblioteca, y en vez de fortalecer su uso, lo que están pensando es en cómo sacarle dinero, y eso afecta su funcionamiento […] No hay la visión, capacidad y expertise para dirigir correctamente lo que debe ser el Archivo y la Biblioteca, la memoria del país”.
Pedraza, denunció un problema en la dirección del Archivo, más allá del gerencial:
“Tenemos una persona [el licenciado Héctor Dávila] dirigiendo el Archivo, cuyo conocimiento como archivero está cuestionado. La biblioteca anda suelta porque no hay bibliotecarios como tal. El archivero está ocupando el espacio de la biblioteca sin que ese sea su fuerte. Yo te diría que en este momento la biblioteca está siendo desplazada como parte de esa estructura. Se le da más atención al archivo que a la biblioteca”.
PROSOL-UTIER está pidiendo al director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz, todos los contratos que tiene la agencia y que se identifiquen las plazas vacantes.
“Nuestra teoría es que nosotros estamos siendo sustituidos por contratos. Lo que reclamamos es que si el puesto existe y el servicio es definido como trabajo unionado de servicio público, a esa persona por contrato se le nombre como empleado, que pase a ser parte de la plantilla del servicio público”.
“Eso da garantía, da permanencia. Acaba el cuatrienio y esa persona se queda; que si se rige por los objetivos del Instituto y cumple con sus funciones, número uno, tiene más beneficios, y número dos, eso es lo que queremos. Nosotros creemos en el servicio público, no creemos en el concepto de contratos. Los contratos no se rigen de la misma manera”, expuso el presidente del sindicato.
Describió como una falsedad el que a una persona que se le exige trabajo de una jornada diaria y es supervisada sea un contrato de servicios.
Los empleados, sobre todo los archiveros, cuestionan el “contrato de asesoría” otorgado a Hilda Ayala. Estos han reclamado que Ayala realiza otras funciones, incluyendo una parte de las que corresponden al director del Archivo; que pide información para luego ella presentar su informe; que hace un trabajo de archivística cuando ya hay el personal para hacer eso.
Fuentes cercanas a este medio dijeron que, mientras usurpa la labor de los archiveros, Ayala gana $50 la hora, mientras que Dávila puede estar en los $5 mil mensuales.
Con el dinero utilizado para pagar esos sueldos exorbitantes de dos personas cuyo trabajo es cuestionado se podría pagar el personal que hace falta. Los archiveros también han reclamado que no reciben un aumento de salario desde el 2006.
Pedraza sugirió que, en todo caso, lo que se necesita es nombrar más personal que sea del servicio público. Añadió, sin embargo, que independientemente de todas estas limitaciones, el Archivo y la Biblioteca: “siguen funcionando porque tiene un personal que lleva años y conoce el trabajo y, por encima del huracán y las deficiencias administrativas, sigue dando un servicio”.
En el programa de servicios generales, por ejemplo, hay solamente dos empleadas para determinar el valor histórico de todos los documentos que generan las entidades públicas en P.R. (municipios, agencias y corporaciones) y si estos deben ser conservados.
“Es imposible que con ciento y pico de agencias, generando papeles a todo lo que da, estas dos compañeras puedan determinar qué se queda y qué se va […] Todo eso afecta el trabajo, hay un volumen muy alto de trabajo que hacer. Se pierde mucho esfuerzo, tiempo y recursos en ese proceso. Falta dirección”, dijo Pedraza.
“Hay también un debate ideológico entre los que planteamos la necesidad de fortalecer el Instituto y quienes plantean que esto es cuestión de gestores culturales, donde de una perspectiva neoliberal plantean otro tipo de estructura; mucho individualismo, gestores privados, contratos privados, industrias creativas en contra de las estructuras tradicionales del gobierno”, añadió.
El sindicato le está exigiendo al patrono toda la información de cara al presupuesto del año 2020-2021. Pedraza dijo que se están preparando para moverse a la Legislatura y exigir que se asigne el presupuesto necesario; que están tratando de traer a la palestra pública la necesidad de un presupuesto adecuado a las necesidades del Instituto, “no el dinero que sobre para la cultura”. Por tal razón cuestionó si en Puerto Rico se considera la cultura un servicio esencial.
“Cuando se ve el ICP como un todo – museos, centros culturales, colecciones–, no hay presupuesto para sostener eso como debe ser, no lo estás divulgando ni lo estás protegiendo. En resumen, el Instituto no está cumpliendo su función al día de hoy”, concluyó.
