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Guillermo Joaquín Cuéllar Barandiarán:Celebra a San Romero de América

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Es músico desde siempre, aunque nunca pensó que iba a desarrollar una carrera musical. Guillermo Joaquín Cuéllar Barandiarán, comenzó a interesarse en la guitarra a los doce años por razones religiosas y esas razones y muchas más le han seguido sosteniendo en la música a lo largo de cincuenta años.

El autor de la música y letra de la Misa Popular Salvadoreña visitó Puerto Rico hace unos días, invitado por la organización Red de Esperanza y Solidaridad (REDES) de la Diócesis de Caguas, para ofrecer un concierto en ocasión de festejarse el primer año de la beatificación del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, San Oscar Romero de América.

Su interés por la música comenzó mientras estudiaba en el Colegio de los Jesuitas, en El Salvador, por lo que aprendió a tocar la guitarra con el fin de acompañar la liturgia. Esta era una iniciativa de sacerdotes jóvenes que querían que la juventud se acercara más al catolicismo, nos relata quien, además de ser músico, es antropólogo, profesor de Teología y practicó el periodismo radial.

Las canciones de la Misa Popular Salvadoreña –lo que aquí llamaríamos criolla– fueron escritas a través del tiempo. Cuéllar Barandiarán narra que toma la guitarra cuando estudiante y poco a poco se va metiendo de manera más militante en el Movimiento Juvenil Católico (MJC). Eso es antes de que Monseñor Romero llegara a ser obispo de San Salvador, a principio de los años 70. Comienza entonces a componer canciones que se divulgan y se cantan en el marco del MJC. 

Pero es cuando conoce la Misa Criolla Nicaragüense que se dio cuenta de que él también podía escribir las letras para una misa salvadoreña. “Cuando yo conocí la Misa Nicaragüense de Carlos Mejías Godoy en el año 76, que fui a Nicaragua –todavía estaba Somoza en el poder– fui a tomar contacto con movimientos parecidos a los que estaba participando en El Salvador, en la Iglesia, y en Nicaragua me topé con que en las parroquias los jóvenes estaban trabajando con el Frente Sandinista en plan de lo que se veía venir. Yo vi que todos los jóvenes que estaban metidos en las comunidades de base estaban haciendo música. Entonces, en ese marco, yo conozco la misa campesina. Eso me llamó la atención, una música campesina cantada con música propia de Nicaragua, una misa que retoma las formas culturales y me doy cuenta de que eso es una línea del Vaticano Segundo, que le dio el giro a la Iglesia católica en muchos aspectos. Entre ellos, el giro que se llama la interculturación de la fe, es decir que en cada región del mundo la fe tiene que absorber las formas culturales, por ejemplo, en África. Bienvenidas todas las formas culturales y que se incorporen en la liturgia en la vivencia cristiana en la Iglesia oficial”.

Observa que en donde cree que eso fue tomado más en serio y con mayor creatividad fue en América Latina, lo que comparó con una explosión, ya que en la región, sin exagerar, se pueden distinguir como 20 misas, entre ellas la Misa Panameña, la Misa Panamericana, la Misa Colombiana, la Misa de los Quilombos, la Misa Criolla, en el lapso del 60 al 80, del siglo XX. No obstante, distinguió que de alguna manera por la situación tan álgida en los años 70, en Centro América, las dos misas principales que surgieron, que es la Campesina, de Carlos Godoy, compuesta en el 1975, y la suya fueron las que ascendieron y han llegado a ser hasta el día de hoy las más conocidas en el mundo.

Una vez de regreso a El Salvador comienza entonces a componer canciones, ya más a propósito de integrarlas en el esquema litúrgico. Así las cosas, cuenta que cuando Monseñor Romero ingresa al Arzobispado (1977) ya tenía escritas entre cuatro a cinco canciones que, aunque todavía no se hasta que llega un momento en que el Monseñor Romero le pide que escriba un himno para el patrón nacional de El Salvador, el Divino Salvador del Mundo. Para los creyentes católicos se trata de la Fiesta de la Transfiguración, que se celebra el 6 de agosto. Para los católicos salvadoreños es una fiesta que comienza antes de la independencia y le sirve a la causa independentista. Para Monseñor Romero –indica– esa fiesta es estratégica y ese día siempre lo ocupó para decir una palabra de altura en sus cartas pastorales.

Dice que se sentía incapaz de hacer la canción, por lo que se tardó un año y al final la compuso. “En ese momento yo estaba terminando de componer el mosaico de todas las canciones que iban a ser la misa, cuando me di cuenta de que este himno que acabo de componer va a ser el Gloria de la misa. De hecho, en la grabación (se refiere a la primera grabación) Monseñor aparece en su última homilía pública presentando la canción. En algunas ediciones aparece como el Gloria y en otras como el Divino Salvador”.

Cuéllar Barandiarán conoció a Monseñor Romero a la edad de 21 años, cuando este era obispo de la región Santiago de María y él junto a otros compañeros de la Pastoral Juvenil planificaban ir a esa región oriental del país a hacer trabajo con los jóvenes. Cuando Monseñor llegó al arzobispado, él y un pequeño grupo de la clase de filosofía, le ofrecieron su apoyo. “Sí, necesito apoyo”, nos dijo. Entonces comienza a trabajar en la radio católica y luego formó parte, como representante del Movimiento Juvenil, en una comisión creada por Monseñor.

El músico sonríe al indicar que la Misa Popular Salvadoreña ha sido traducida por los luteranos, no por los católicos. La misa ha sido traducida por la Iglesia Luterana de Estados Unidos. Hay una versión en sueco para ser cantada, a cuyo estreno lo invitaron en el 1990, y otra, que describió como preciosa por su musicalización y el formato de sus voces, traducida por la Asociación de Jóvenes de la Iglesia Luterana de Finlandia. Hay una versión en inglés de Canadá y otras grabaciones de Colombia, Brasil, México, Alemania, Holanda, España y Bélgica.

¿Cómo salva su vida luego del asesinato de Monseñor?

Cuéllar Barandiarán dice que en ese momento no percibía el riesgo que de verdad corría, aunque ya había estado preso en dos ocasiones por su trabajo con la iglesia, aunque al final terminaban soltándolo. Narra que aun cuando después que asesinan a Monseñor Romero se desata una represión impresionante, él no la podía medir, quizás por ser joven. Un amigo sacerdote que ya estaba en Nicaragua le llama e insiste en que salga del país. En una cuarta llamada lo comunica con el músico Paulino Espinosa, quien le pide que vaya a Nicaragua, que estaban grabando un disco y que allí podían grabar su misa. Eso lo convenció. “Le dije a mi esposa que iba a Nicaragua. ‘¿Cuánto tiempo vas a estar?’, me preguntó. No sé, un par de semanas, le dije”.

Se fue el 13 de junio de 1980, y tardó 13 años en regresar. Así salvó su vida. Unos meses después llegaron a su casa los escuadrones de la muerte y, al no encontrar a nadie, se fueron a la casa del al lado y allí mataron a la gente. Su esposa con su pequeña hija se habían ido antes a Estados Unidos con unos familiares. Un tiempo después se juntaron en Canadá.

¿Sigue vivo ese movimiento cristiano activista?

El activista que trabajó tres años en Radio Farabundo Martí durante la guerra suspira ante la pregunta y nos describe: “La Iglesia católica salvadoreña estuvo en el ojo de la tormenta del movimiento político social que se planteó una insurrección; pero al no poder hacerla al estilo que había en Nicaragua, se planteó una guerra popular prolongada. Entonces esa iglesia, que estuvo en el ojo de la tormenta después del asesinato de Monseñor Romero, se fue enconchando, lo que considero algo natural porque sufrió demasiado. En el Salvador mataron a 15 sacerdotes, mataron a 10 religiosas y mataron a cientos de laicos activistas, gente que estaba dispuesta a dar su vida. De esa cantidad, cientos le quisieron dar palo a esa estructura. Eso está tipificado de manera clara como una persecución institucional. Ese es un caso inusual y es lo que terminó definiendo el tema de la canonización en Roma”.

Se refiere a la canonización de Monseñor Romero por la sede de la Iglesia católica en Roma, al considerar que tanto su asesinato como la persecución y asesinato de cientos de activistas cristianos fue un esquema bastante similar a lo que se considera la Era del Martirio del origen del cristianismo, durante el Imperio Romano.

Sobre el papel de la Iglesia católica destaca que es imposible pensar en lo que pasó en los años 80, en El Salvador, sin la Iglesia, que ha sido una institución muy importante con mucha influencia en la historia nacional a lo largo, por lo menos, de la época republicana. Indicó que el periodo específico de Monseñor Romero no se hubiese podido dar, ni entender, sin el trabajo del anterior arzobispo Monseñor Luis Chávez y González, junto a su obispo auxiliar Arturo Rivera y Lamas, quienes contribuyeron a estructurar la visión de lo que significa ser católico y lo que significa la institución dentro de la sociedad salvadoreña a partir del Concilio Vaticano II. “Esta dupla es la que hace un trabajo de 15, 20 años previos, de tal manera que cuando Monseñor Romero llega, se encuentra con una iglesia que ya tiene un derrotero definido como institución, no unos cuantos por ahí desperdigados. Tiene una línea bien clara”.

Al conmemorar este pasado 14 de octubre el primer aniversario de lo que Roma llama canonización, Cuéllar Barandiarán trae a la atención las palabras del padre brasileño Pedro Casaldáliga: “Tu pueblo te hizo santo”. Expresa que en el 95 compuso una canción que se titula, Proclámenlo santo, en donde se dirige a la cúpula del Vaticano, que le cerraba las puertas a considerar la beatificación. El interés era negar la tarea de Monseñor Romero y formar nuevas generaciones de sacerdotes, sembrándoles la idea de que Monseñor fue un político manipulado por la guerrilla, denunció.

“Esa es la Iglesia católica que hay ahora, pero resulta que el Vaticano dio la vuelta y ahora es un santo de la iglesia; ¿ahora cómo lo recomponemos?”, se cuestiona con relación a cómo la presente jerarquía de la iglesia salvadoreña va asumir la propuesta del papa de presentar a Monseñor Romero como modelo universal. “Para mí ha sido un regalo de la vida haber tenido la intuición y haberlo hecho canción y haberla divulgado”, concluye.

Dos Naciones en llamas

 

Por Manuel de J. González/ CLARIDAD

En el mundo quedan pocos ejemplos de colonialismo clásico como el de Puerto Rico, pero persisten muchos casos de naciones que subsisten dentro de otras y relaman el derecho a autodeterminarse para encaminarse hacia un futuro independiente. Dos de esas naciones –Cataluña y el Kurdistán– han estado en el centro de las noticias internacionales las pasada semanas. En ambos casos se trata de nacionalidades muy definidas cuyo devenir histórico las ha colocado dentro de otra demarcación estatal que las constriñe, limita e impide su particular desarrollo nacional. 

Entre esos dos casos el más cercano a nosotros es el catalán, nación amarrada dentro del estado español desde hace siglos. A lo largo de esas centurias el estado central ha tratado de destruirla en más de una ocasión, pero la muy testaruda nacionalidad persiste. En ocasiones, cuando fracasan los intentos avasalladores, se han ensayado distintos arreglos autonómicos que ahora, en medio de otra ola represiva, parecen agotados. Hace apenas diez años todo indicaba que el diálogo y la negociación habían dado con un nuevo arreglo que garantizaba un periodo largo de convivencia entre Cataluña y España. Esa esperanza de buena relación ha sido cercenada por acciones repetidas del sistema judicial español, siempre actuando a pedido de la derecha tradicional. En toda sociedad las curias judiciales son las que con mayor lentitud cambian y, en el caso de España, el autoritarismo y el nacionalismo centralista heredado del franquismo tienen una fuerte presencia en el sistema de tribunales. 

Durante la primera administración del socialdemócrata José Rodríguez Zapatero, a lo largo de dos años muy trabajosos, los partidos e instituciones catalanes lograron consensuar un nuevo estatuto de autonomía. Fue un proceso ejemplarmente democrático que comenzó y terminó en Cataluña y requirió dos referéndums entre la población catalana. El resultado de aquel proceso, que establecía un delicado balance entre las exigencias catalanas y los requisitos centralistas de Madrid, fue liquidado de un plumazo por el Tribunal Constitucional que en abril de 2010 acogió el pedido de nulidad del derechista Partido Popular. Tras aquella sentencia, la confrontación entre el nacionalismo españolista y los reclamos catalanes quedó servida y un millón de personas marchó por las calles de Barcelona exigiendo la separación total. El apoyo a la independencia rondaba en el 25% luego del nuevo estatuto autonómico, pero tras la anulación judicial se convirtió en mayoría.

Cerrada la vía del consenso, los catalanes, siempre apostando por la no violencia, acudieron a la desobediencia civil y a la confrontación política en las calles. Primero reclamaron un referéndum de autodeterminación consensuado, como el que en 2014 se celebró en Escocia y, ante el portazo del gobierno español, optaron por convocarlo ellos mismos mediante legislación aprobada Parlamento autonómico. El gobierno y la judicatura española respondieron con el autoritarismo que recuerda el franquismo. Primero fueron las cargas policiales contra los ciudadanos que hacían fila para votar, que causaron consternación en el resto de Europa. Luego, tras celebrarse la consulta, se procedió a la detención y el encarcelamiento “preventivo” de los dirigentes catalanes. Hace unos días, los todavía encarcelados fueron condenados a penas de entre 9 y 13 años por el supuesto delito de “sedición”. 

Como ocurrió en 2010 luego de la sentencia contra el estatuto autonómico, tras la condena los catalanes volvieron masivamente a calles enfrentándose una vez más a la violencia policial. Los regímenes autoritarios nunca han aprendido que la represión, incluyendo la que se viste con ropaje jurídico, pocas veces logra su objetivo y, en cambio, provoca mayor combatividad. La resistencia catalana, alimentada por una experiencia de siglos, no se va a detener aunque encarcelen por más de una década a sus dirigentes o porque se desate otra vez violencia policial. Su lucha se mantendrá hasta que el gobierno central, tal vez presionado por la Unión Europea, encuentre una salida que reconozca y permita el desarrollo de la nación catalana. 

El caso de Kurdistán es algo más complicado que el catalán porque es una nación cuyo territorio, por actos asociados a los imperios que han controlado la región, quedó repartido entre sus cuatro estados vecinos, que actualmente se conocen como Turquía, Siria, Irak e Irán. Dentro de Kurdistán esas fronteras realmente no existen, pero oficialmente parte de ellos son ciudadanos turcos, sirios, iraquíes o iraníes. La particularidad étnica y el asentamiento territorial han llevado a diferentes arreglos autonómicos con cada uno de esos estados y también a conflictos repetidos motivados por esfuerzos dirigidos a la asimilación forzada o la aniquilación de la nacionalidad kurda. 

Más recientemente, los conflictos entre las potencias internacionales o las guerras internas en los países que controlan una parte de su territorio han tenido impactos significativos para los kurdos. La invasión estadounidense a Irak, que liquidó el gobierno que dirigía Saddam Hussein, les facilitó el desarrollo de su propio estado autonómico, fortalecido frente al iraquí. Más recientemente, durante la guerra en Siria, se convirtieron en la principal fuerza que combatía el malvado Estado Islámico y, en el proceso, pagando con muchas vidas, también ganaron en fuerza y autonomía aumentando el control sobre su propio territorio. Ese avance preocupó al gobierno turco, que siempre han sido uno de los más intolerantes y agresivos contra los reclamos kurdos. Hace unas semanas, con la anuencia tácita de Estados Unidos, que antes había utilizado a los kurdos como carne de cañón contra los islamistas, Turquía invadió el norte sirio con el único propósito de tratar de aniquilar las fuerzas kurdas. 

Ninguna de las dos ofensivas, ni la turca contra los kurdos ni la española contra Cataluña, acabarán con los reclamos de ambas nacionalidades. Habrá presos, muertos y heridos, pero mientras haya nación el reclamo de autodeterminación persiste. 

“Con recorte de 71 millones más la Universidad quedaría inoperante”

 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com 

Los recortes que se le han hecho al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) desde que la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó el primer plan fiscal para la institución académica nunca han sido manejables. 

Así lo viene reclamando la comunidad universitaria, especialmente el sector estudiantil, desde la huelga del 2017. Sin embargo, luego de cumplir con los recortes “responsablemente”, la administración universitaria reclama que en este momento la Universidad “…no puede en realidad tolerar otro recorte”. Así lo advirtió el presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, el jueves de la semana pasada. 

Como parte del recorte de $71 millones para el próximo año fiscal, Haddock dijo que este no afectaría la matrícula, pero que en consecuencia pudiera tener efectos en el cierre de algún recinto. De ser así, el cierre se estaría efectuando a partir del primero del 1 de julio de 2020, cuando comienza el año fiscal 2020-2021. 

“Es una preocupación de la comunidad universitaria y es algo que el sector estudiantil viene hablando desde hace 3 años, desde que se creó la Junta de Control Fiscal y se impusieron los recortes. Desde el primero. Antes de eso habíamos dicho que los recortes no eran manejables, que no iban a beneficiar a la Universidad. Ahora, después de decir que los recortes son manejables, de la nada, la administración universitaria dice que los recortes no son manejables”, manifestó el representante estudiantil a nivel graduado, Jorge Rivera. 

A la Universidad ya se le han recortado $332 millones del Fondo General, lo que equivale al 40% del presupuesto que recibe la institución del Gobierno central. Con un recorte como el que se proyecta para el próximo año fiscal esa cifra aumentaría a $401 millón, lo que equivale al 51%. La Universidad se quedaría con unos $432 millones para operar el próximo año fiscal. 

El representante estudiantil sostuvo que con un recorte de $71 millones la Universidad “como la conocemos hoy quedaría inoperante […] un recorte de esa magnitud va a ser menos manejable para la Universidad por las estrechez económica”. 

Rivera mencionó que el mismo presidente de la Universidad ha dicho que en la reunión que sostuvo con la gobernadora Wanda Vázquez ella dijo que estaba muy receptiva y abierta a defender la institución y a que no se le recortara. Pero entonces la Junta dice que no es ella quien recorta, que es el Gobierno. 

“Esto es la papa caliente de la responsabilidad […] Al final del día la responsabilidad es del Gobierno. Yo creo que la administración tiene que enfocarse en que la gobernadora haga un detente completamente al próximo recorte de la UPR”, dijo. 

El congresista Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, presentó una enmienda a la Ley PROMESA en la que se declara a la UPR como un servicio esencial. Un llamado que la comunidad universitaria ha hecho desde que se implementó dicha ley, que se declare un servicio esencial para proteger el caudal de la UPR y proteger su asignación presupuestaria.

“De efectuarse el recorte de $71 millones, la Universidad como la conocemos hoy quedaría inoperante […] un recorte de esa magnitud va a ser menos manejable para la Universidad por las estrechez económica”, sostuvo Rivera. 

El presidente puso a la comunidad universitaria a escoger entre cerrar recintos o pagar el retiro, lo que es absurdo porque mantener recintos abiertos no depende del dinero que los trabajadores han aportado por años al retiro. Además, porque no hay garantías de que ese dinero se va a utilizar para mantener los recintos operando.

La Universidad no ha sido responsable, primero, con los depósitos al sistema de retiro de la UPR; segundo, le ha reducido partidas presupuestarias en utilidades en los recintos.

Según el plan fiscal aprobado por la JCF en el mes de junio, la aportación que tiene que hacer la Universidad al Fideicomiso del Sistema de Retiro fue duplicada por el ente federal. De $80 millones que tenía que aportar según el plan fiscal aprobado el año pasado, subió a $160 millones luego de la revisión de dicho plan en verano. 

“Por eso él [Haddock] está diciendo tienen que decidir entre el cierre de recintos o el pago del retiro”.

Rivera destacó la importancia de que la comunidad universitaria se movilice para hacer un detente al recorte. Ello no solo implicaría el cierre de recintos, también afectaría los servicios a los estudiantes, la contratación de personal docente para dar cursos, la viabilidad y creación de programas académicos y la acreditación, entre otras cosas, que garantizan la calidad y accesibilidad de un sistema público de educación superior. 

Falta de transparencia

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD/ccotto@claridadpuertorico.com

El Informe sobre el Gasto Contributivo (IGT) publicado por el Departamento de Hacienda (DH) todavía no es suficiente para decir que existe transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno respecto al dinero público. El hecho es que el IGC que fue preparado a petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) no analiza si las exenciones contributivas sobre los ingresos y/o privilegios contributivos están cumpliendo con sus objetivos sociales y económicos, apuntó la economista Martha Quiñones Domínguez en entrevista respecto a su apreciación sobre el IGT.

Para comprender un poco mejor el tema señaló el contexto histórico de los gastos fiscales (llamados también exenciones). Estos vienen desde 1900 con la Ley Foraker y 1917 con la Ley Jones, con el propósito de atraer empresas de Estados Unidos a Puerto Rico, en el contexto de los planes expansionistas del capital manufacturero estadounidense. Luego con la Ley 600 y con la implantación del proyecto “Operación Manos a la Obra” (el programa de desarrollo industrial, industrialización por invitación) las exenciones fueron parte del modelo de industrialización por invitación, que se fue ajustando a partir de las nuevas realidades impuestas desde el exterior. Con la firma en 1947 del Acta de Incentivos Industriales se inicia formalmente la estrategia de industrialización por invitación lo que describe como “capitalismo dependiente”, bajo la dirección entonces de la Administración de Fomento Económico (AFE) con el objetivo explícito de atraer capital manufacturero de Estados Unidos cuya producción se orientaría al mercado de exportación. 

El gobierno de Puerto Rico diseñó su estrategia de crecimiento económico basada en los siguientes principios: mano de obra abundante y barata, exención contributiva sobre los ingresos, infraestructura económica provista por el gobierno central, y otros beneficios. Quiñones Domínguez reconoció que, aunque por filtración, el modelo de otorgar exenciones contributivas tuvo sus efectos positivos en sus inicios (entre el 1940 a mediados de 1960). Esa herramienta fiscal de exención contributiva sobre los ingresos se fue torciendo con los años y se comenzó a incluir a diversas actividades en las cuales no se define de manera clara cuáles son sus objetivos sociales y económicas. “Esto debido a la improvisación y las legislaciones por encargo que cada reforma contribuida introducía y la falta de evaluación de esta”, afirmó. 

Expuso que aunque en el documento se encuentra el origen y los objetivos de los gastos fiscales, los tratos contributivos son definidos como “Gastos fiscales”, lo que son gastos públicos, pero disfrazados (con máscara). Reparó en que es difícil evaluar con los documentos que se han presentado si se cumplen los objetivos. Por ejemplo, indicó que se puede mencionar las exenciones totales aplicables a las iglesias que no presentan claramente cuál es el beneficio social y porqué se debe otorgar. 

En ese aspecto en el IGC no hay evidencia del costo-beneficio de los créditos fiscales existentes y no se estimula sus evaluaciones. Mientras se denota que el gobierno aplica a Puerto Rico políticas fiscales para el desarrollo económico adoptadas por otros países sin evaluar los posibles efectos. Tampoco se establece una política fiscal clara del tipo de industria, actividad económica que Puerto Rico debería continuar estimulando o comenzar a estimular para promover su desarrollo económico, con las industrias a proteger. 

La economista criticó que el gobierno actúa de manera improvisada según la industria de moda o la que llevo más cabilderos para legislar, sin estudios, sin objetivos y perspectivas. “Esto hace que no tengamos el crecimiento económico esperado, que tengamos tantas exenciones y que no logremos industrias locales que generen capital local”. Quiñones Domínguez indicó que se impone evaluar los impuestos a la renta, al consumo, los impuestos de Base amplia y tasas bajas, tasas altas y base subsidiada, las exenciones, las exclusiones contributivas para alentar la actividad económica versus proporcionar justicia fiscal y conocer los que ya no son necesarios, los que no han aportado y las que se deben eliminar por ser injustificados. 

Estos análisis son los que en efecto requiere la JCF que fue quien pidió el IGC para poder estimar cómo los impuestos y las políticas que imponen de recortes afectan en última instancia los precios pagados por los consumidores, los ingresos recibidos por los trabajadores y jubilados y los efectos sobre el crecimiento económico. Y no solamente en los inversores. 

La economista denunció que la carga económica de los impuestos siempre va hacia un grupo, los trabajadores y jubilados. “Por eso de los $20,329 millones (se refiere a los gastos en exenciones) entre las medidas de gastos e ingresos incluidos en el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rio se concentran en la eliminación de subsidios que son $7,825 (millones) que incluye a los municipios y la UPR que ocupa el primer lugar dentro de la categoría de mayor impacto, pero no toca los gastos fiscales, y no los menciona”.

En conclusión, es más fácil ocultar gastos fiscales que incluirlos en el presupuesto, por eso siempre se trae como una necesidad –por parte del gobierno– el de hacer una reforma tributaria como algo aparte del Presupuesto, cuando es parte de este. Como en el Presupuesto no se puede determinar cuánto dinero representan las exenciones, pues no hay transparencia en el proceso del Presupuesto, acción que dijo que debería ser discutido públicamente como parte del proceso de planificar al país, “por eso la JCF puede hacer decisiones arbitrarias sin tomar en consideración este documento”.

Por otra parte la organización Espacios Abiertos, decidió desistir del caso que se encontraba ante la consideración del Tribunal Supremo, para que el gobierno revele el Informe Sobre Concesiones Contributivas Discrecionales (Tax Abatements). La directora ejecutiva de EA Cecille Blondet, declaró que la publicación del IGC por parte del gobierno es un gran paso para lograr la transparencia en los gastos fiscales en Puerto Rico, por ese motivo 

“Lograr que se publicara ese informe fue una batalla que Espacios Abiertos llevó hasta los tribunales ante la negativa del gobierno de divulgar la información sobre concesiones contributivas que le había compartido a la Junta de Supervisión Fiscal desde julio 2017. Mientras en los Estados Unidos esa información se publica desde 1974, en Puerto Rico tomó décadas”, afirmó.

La desigualdad territorial: Puerto Rico, USVI, Guam y Samoa Americana  (último de 3 artículos)

 

Por Wilma E. Reverón Collazo/Especial para CLARIDAD

 

PUERTO RICO

Puerto Rico fue regido por un gobierno militar desde su invasión y ocupación el 25 de julio de 1898. Al igual que Guam y Filipinas fue cedido por España a EEUU como botín de guerra como compensación, al ser derrotada por la fuerzas navales de EEUU en la Guerra Cubano-Hispanoamericana. 

En 1900 el Congreso de EEUU legisló para proveer un gobierno civil bajo lo que se conoció con el nombre de Ley Foraker.1 El gobernador, el gabinete ejecutivo de 11 miembros, de los cuales 5 eran puertorriqueños y los miembros de la rama judicial, eran nombrados por el presidente de EEUU. Los puertorriqueños elegían 35 legisladores a la Cámara de Representantes. Tenían además un Comisionado Residente nombrado por el presidente de EEUU con derecho a voz y sin voto en el Congreso de EEUU.

Esta ley orgánica es sustituida por la Ley Jones-Shafroth2 Conocida como La Ley de Relaciones Federales, está impuso la ciudadanía de EEUU sobre todos los habitantes de la Isla de Puerto Rico nacidos en o después del 25 de abril de 1898. Se constituyó el Senado de Puerto Rico y se permitió que el Comisionado Residente fuera electo.

En 1950, mientras el Congreso de EEUU para Guam aprobaba una Ley Orgánica, para Puerto Rico se aprobaba la Ley 600 permitiéndoles redactar una constitución la cual fue sometida al Congreso de EEUU para su aprobación. La misma fue enmendada por el Congreso de EEUU, eliminando disposiciones de su Carta de Derechos que elevaban a rango constitucional derechos sociales y económicos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. La Constitución de Puerto Rico, además, está limitada de querer ser enmendada en que la misma tiene que ser cónsona con las leyes y la Constitución de EEUU.

Una vez el electorado aprobó la Constitución de Puerto Rico en referéndum, se estableció el 25 de julio de 1952 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En 1953 EEUU solicitó y obtuvo3 la exclusión de Puerto Rico de la Lista de Territorios No Autónomos (TNA) en el cual figuraba con Guam, Samoa Americana e Islas Vírgenes Estadounidenses. EEUU dijo ante la ONU que Puerto Rico había alcanzado ¨atributos de gobiernos propio¨. Dicha representación falsa de gobierno propio ha sido desmentida en la decisión del Supremo de EEUU en el caso de Puerto Rico v. Sánchez Valle4. Tanto la rama ejecutiva como el Congreso de EEUU se han expresado claramente sobre la inexistencia de soberanía propia del gobierno de Puerto Rico. Desde 1972 el Comité de Descolonización de la ONU ha atendido el caso de Puerto Rico y ha adoptado 38 decisiones sobre el mismo sin que se haya devuelto a la Lista de TNA.

Puerto Rico, al igual que Guam, ha sido un enclave militar de EEUU. Puerto Rico fue sede de la Flota Naval del Atlántico Norte con sus instalaciones en el pueblo de Ceiba y las Islas de Vieques y Culebra como polígonos de tiro. Las protestas contra las actividades militares, la contaminación de tierras y aguas, la destrucción de corales en las islas que se destacan por su gran belleza, movilizó a los habitantes de Puerto Rico en campañas masivas de desobediencia civil que lograron los cierres de los polígono de tiro en los años setenta el de Culebra, en el 2003 el de Vieques y el cierre de la Base Naval Roosevelt Road en Ceiba. En 1973, asimismo se cerró la Base de la Fuerza Aérea de EEUU en Ramey, Aguadilla. Al día de hoy subsiste la base militar de Fort Buchanan bajo el control del Comando Sur de EEUU.

Aunque algunos plantean que debido a los cambios tecnológicos en la forma de hacer guerra Puerto Rico ha perdido importancia estratégica militar, lo cierto es que aún Puerto Rico se utiliza como centro de coordinación y constituye una amenaza para nuestros vecinos de América Latina y el Caribe.

Puerto Rico al igual que Guam, Islas Vírgenes y Samoa Americana, ha sido objeto de acción y legislación unilateral de EEUU, como lo fueron las leyes orgánicas Foraker y Jones-Shafroth, y ha intentado cambio en sus relaciones con EEUU dentro de los confines de la Constitución y leyes de EEUU, mediante la presentación de legislación en el Congreso de EEUU las cuales nunca han sido aprobadas y la celebración de cuatro plebiscitos que no han logrado mover al Congreso de EEUU a atender los reclamos de descolonización.

Asimismo la lucha por la independencia de Puerto Rico ha acudido a todos los medios a su alcance, desde la lucha, armada, la participación electoral, la desobediencia civil y la resistencia.

CONCLUSION

Ciudadanos o nacionales de EEUU, en el Caribe o en el Pacífico, todos los habitantes de los territorios de EEUU se han enfrentado a la imposición unilateral de leyes aprobadas por el Congreso de EEUU donde solo tenemos derecho a un delegado con voz sin voto, a enfrentar la ocupación de tierras para fines militares con sus consabidos impactos ecológicos, ambientales, culturales y la exposición a ser objetos de ataques de enemigos de EEUU; la indiferencia y torpedeo de los ejercicios de libre determinación y el impedimento a tomar decisiones propias para salvaguardar los intereses de nuestras islas, siendo siempre sujetos en última instancia al interés estratégico político y militar de EEUU.

Afortunadamente, hoy se configura una alianza entre nuestros pueblos que podría ayudarnos mutuamente a ejercer la presión necesaria para que EEUU no siga ignorando los reclamos de nuestros pueblos.