Por Denis Márquez Lebrón/Especial para CLARIDAD

Durante los meses de abril y mayo, en medio de una de las crisis de salud más grandes que hayamos enfrentado, el país fue testigo del nivel de podredumbre existente en algunas esferas del Gobierno. La celebración de vistas públicas para investigar el proceso de compras de pruebas Covid-19, puso de manifiesto, una vez más, al clientelismo político como el germen de la corrupción gubernamental que hemos atestiguado y denunciado tanto en gobiernos rojos, como azules.

En estas vistas se develó un esquema fraudulento mediante el cual, en los momentos de mayor necesidad en el país, un grupo de personas cuyo único vínculo es su afiliación al partido de gobierno, intentaron timar al Pueblo de Puerto Rico por 38 millones de dólares.

El principal artífice del esquema millonario lo fue el Lcdo. Juan Maldonado.  Activista y candidato a legislador municipal PNP en Caguas, exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo y emparentado con la Comisionada Residente Jennifer González, que se da a la tarea de identificar personas y compañías de productos de salud, como ventiladores y pruebas para detectar el virus.  Maldonado, contacta a su amigo Robert Rodríguez, donante del PNP y dueño compañía APEX, la cual brindaba servicios de construcción y restauración de hospitales al Departamento de Salud (DS).

Junto al Sr. Rodríguez, Maldonado hace contactos para importar pruebas rápidas del Covid-19.  Necesitando un contacto para revender las pruebas que alegadamente consiguió, el Lcdo. Maldonado contacta al Sr. Tito Laureano, ex asesor legislativo, donante y activista del PNP, contratista del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en el área de Rectoría del recinto, con acceso directo al Dr. Segundo Rodríguez, Rector de Ciencias Médicas y encargado del “Task Force” Médico, nombrado por la gobernadora para “asesorar” al gobierno sobre todo lo relativo a la pandemia.

Una vez se conectan el Lcdo. Maldonado y el Dr. Rodríguez, entran a la ecuación los funcionarios de Salud que facilitarían los procesos de compras.  En primer lugar, la Sra. Adil Rosa, Secretaria Auxiliar de Administración del DS, al igual que los personajes anteriores, activista del PNP.  La Sra. Rosa, le encargó todos los trámites relacionados a la compra de las pruebas que ofrecía el Lcdo. Maldonado a la Sra. Mariel Rivera, activista PNP y ex empleada de la Comisión Estatal de Elecciones bajo Norma Burgos.

La Sra. Rivera, encargada de tramitar la orden de 38 millones de dólares reconoció en las vistas públicas que contaba con tres meses de experiencia en Salud, nunca había trabajado una orden de compras y no conocía en su totalidad los procedimientos de compra del Departamento.  La falta de conocimiento de la Sra. Rivera en todo lo concerniente a compras, no fue disuasivo para la Sra. Rosa, quien reconoció que había referido y promovido a Mariel Rivera para que fuera contratada en Salud porque era su amiga y correligionaria PNP.

Como si todo lo anterior no fuer suficiente, la Sra. Rosa llegó al DS de la mano de la Sra. Mabel Cabeza, activista PNP, vinculada a Elías Sánchez y la campaña de Ricardo Rosselló, “chief of staff” del ex Secretario de Salud, Rafael Rodríguez y posteriormente nombrada por La Fortaleza como el enlace entre el DS y el “Task Force” Médico.

El factor común de todos y cada uno de los protagonistas de este esquema es obvio, activistas del partido de gobierno, cuyas acciones convirtieron en una burda caricatura, a lo que debe ser la agencia de gobierno constitucional responsable de la Salud del País.

Durante las vistas, los testimonios de estas personas se convirtieron en una verdadera enredadera, echándose la culpa los unos a otros.  Nadie sabía quien era encargado de tomar que decisión, todos aprobaron la transacción confiando que el eslabón anterior de la cadena había pasado juicio sobre la efectividad y validez de las pruebas a ser adquiridas.  Algunos llegaron al extremo de alegar que su “liderato” y su forma de trabajar, había sido confundido con la facultad real de aprobar dicha transacción.

Es alarmante y ofensivo, cómo en medio de una emergencia los criterios para seleccionar el personal que estaría a cargo de las decisiones más importantes y que tendrían un efecto sobre toda la ciudadanía durante un suceso que no vivíamos hace más de un siglo, una pandemia, eran criterios que solo contemplaron su cercanía o lealtad al partido de gobierno.

Cuando recorremos ese corto camino entre el partido de gobierno y el proceso de compras, pasamos por varias etapas. La primera, de cómo fue que las personas con capacidad para tomar decisiones fueron escogidas por su nivel de cercanía con la maquinaria partidista, expresado por sus propios testimonios y lo que es más alarmante, que en La Fortaleza se tenía conocimiento de todos estos movimientos y decisiones. Luego del escogido de las personas, vimos cómo operaban, a espaldas de las personas con la capacidad legal de tomar decisiones y las que judicialmente pudieran cargar con la responsabilidad de una decisión mal tomada.

Todo lo anterior se complementa con la irresponsabilidad y desidia de otros funcionarios públicos; como la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, quien no sabía -hasta que la confronté en las vistas- que era la responsable de velar por el ejercicio responsable de las compras o contrataciones por parte de las agencias durante la declaración de emergencia y el ex Director de la Autoridad de Servicios Generales quien incumplió con la Ley habilitadora de su agencia al no aprobar el Reglamento Uniforme de Compras y Subastas y sustituirlo por una Carta Circular, a más de seis meses de vencido el término para aprobar el mismo.

Al final, más allá de la negligencia crasa e incumplimiento -con los que algunos han querido describir el proceso de compra de las pruebas Covid-19- para nosotros quedó meridianamente claro que se trató de todo un esquema fraudulento, una conspiración que dejó en evidencia, además, el colapso del sistema de salud privado y la necesidad de transformarlo.

Por ello es importante, convertir nuestro sistema a un Plan de Salud Universal, que elimine el intermediario que solo busca el beneficio y lucro propio; reconocer que la Salud del Pueblo de Puerto Rico es un derecho humano de todas las personas que habitan nuestra isla; y eliminar el clientelismo político que corrompe los cimientos de nuestro gobierno en todos los niveles, para comenzar a construir una Nueva Patria.

El autor es representante por el Partido Independentista Puertorriqueño ante la legislatura.

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Foto: José  (Pucho) Charrón

Recordé la foto que encabeza este artículo porque el joven que aplaude la primera fila, exhibiendo su prominente pelo afro, nos abandonó el domingo 21 de julio, Día de los Padres. Osvaldo Romero Pizarro, padre amoroso, decidió morirse ese día al lado de sus hijas Mariela e Isamaría. La foto es del 27 de octubre de 1974 y fue tomada en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York un día muy especial. Entonces Osvaldo vivía y trabajaba en esa ciudad, donde organizaba las comunidades boricuas para la lucha de independencia como militante del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP). También ya era un organizador sindical, labor a la que dedicaría el resto de su vida.

La foto es como una galería de patriotas boricuas. Al lado de Osvaldo en primera fila está Lolita Aulet, mujer extraordinaria de Bayamón que, como casi todos los del grupo, había viajado a Nueva York desde San Juan para aquel acto histórico. Lolita siempre fue la secretaría de actas de la Comisión Política del MPI y el PSP. Durante más de una década allí se enteró de todas las estrategias, conspiraciones y debates, que guardaba en sus notas y se llevó a la tumba. Un maldito cáncer, que enfrentó con proverbial estoicismo, la mató temprano.

Muchos de los que se destacan en la fila del medio de la foto también se fueron hacia la eternidad, tras dedicar casi todos sus años a la lucha de la nación boricua. Julio Vives Vázquez, entonces presidente del PSP, mira de lado desde la derecha, con una media sonrisa de satisfacción. De este abogado de Comerío algún día se podrá decir y contar todo lo que hizo, arriesgando su vida y su libertad, en la lucha clandestina que arropó el país en aquellos años.

Al lado de Julio, con enorme bigote y levantando el puño, está Ramón Arbona, a quien distinguimos como uno de los fundadores de Claridad. En lo personal, le debo mucho. Si aprendí un poco del oficio periodístico fue gracias a Ramón, a quién conocí temprano en mi vida, todavía adolescente. Pocos dominaron el castellano y el inglés como él, y su dedicación al oficio lo unió a Claridad a lo largo de una vida. Fue, además, el principal propulsor de la edición bilingüe de este periódico, editada en Nueva York. Desde allí circulaba por las comunidades boricuas de Estados Unidos, vinculándolas a Puerto Rico y a sus luchas.

Luego de Ramón están Juan Mari Brás y Fermín Arraiza Miranda, Secretario y Subsecretario General del PSP. Juan se nos fue en 2010 y Fermín hace apenas un año. Tras el instante que recoge la foto, Mari Brás bajaría al centro del Garden a dar un discurso que puso muchas veces de pie a los miles de boricuas que, junto a norteamericanos solidarios, llenaron a capacidad el recinto. La mayoría de ellos había hecho un corto viaje en tren desde sus comunidades neoyorquinas o desde Nueva Jersey o Hartford. Pero muchos lo hicieron desde lugares más distantes, llenos de entusiasmo, para asistir al “Día de Solidaridad con Puerto Rico”.

Entre los que se destacan en primera fila, levantando el puño y mirando de lado, olvidé antes mencionar a Pedro Grant Chacón, que también nos abandonó hace algunos años. Si se nos pidiera resumir la lucha sindical puertorriqueña durante más de medio siglo, bastaría con mencionar el nombre de Pedro Grant. Como Mari Brás en la lucha patriótica, Grant fue el constante fundador del sindicalismo boricua, ocupando todos los frentes. Organizó a los trabajadores de los muelles de San Juan, a los obreros de la construcción y a tantos más. También fue propulsor principal de las organizaciones unitarias del sindicalismo, como el Movimiento Obrero Unido, y estuvo vinculado al MPI desde que se fundó en 1959.

Finalmente, en la foto estamos otros que todavía seguimos aportando a una lucha que no cesa: Florencio Merced, Jenaro Rentas, Francisco Hernández, Gervasio Morales, Arturo Grant, Antonio Gaztambide…. Éramos, igual que Osvaldo Romero, los jóvenes de entonces, integrantes de un movimiento que se impuso metas grandes y cumplió muchas de ellas.

En 1974, cuando el carpeteo y la persecución contra el movimiento independentista estaba en su apogeo, muchos no creían que fuera posible llenar a capacidad el Madison Square Garden en un acto en solidaridad con la lucha de independencia de Puerto Rico. Pero el PSP tenía entonces una estructura organizativa que alcanzaba todas las comunidades donde se asentaban los boricuas y contaba, además, con la solidaridad de múltiples organizaciones progresistas de Estados Unidos, incluyendo los que luchaban por los derechos de la población afronorteamericana. Dos mujeres representantes de esos grupos, la actriz Jane Fonda y la luchadora Angela Davis, subieron a la tribuna del acto del Garden.

En 1974 los organizadores de aquella movilización, entre los que estaba Osvaldo Romero, cumplieron con sus metas. Los que estuvimos allí y todavía respiramos, tenemos algunas pendientes. Los que van llegando tendrán que imponerse otras porque, como dijo Rafael Cancel Miranda, si no luchamos, “nos dejan sin Patria.”