Por Rafael Bernabe / Especial para CLARIDAD

Hace dos viernes asistí a la protesta exigiendo acción ante el cambio climático. Como se sabe, era parte de una iniciativa internacional. Tampoco tengo que aclarar la importancia del tema: se trata de una de las amenazas más graves al ambiente del cual dependemos. Asistí como ambientalista, como sindicalista, como socialista y como miembro de una organización política: el Movimiento Victoria Ciudadana, que está en proceso de inscripción para las elecciones de 2020. El MVC está comprometido con la lucha contra el cambio climático y apoya medidas para atenderlo (energía renovable, transporte colectivo, etc.) No era yo el único integrante del MVC presente. Muy pronto algunos de las compañeras y compañeros se dieron a la tarea de recoger endosos, necesarios para la inscripción. Se recogieron decenas en pocos minutos. No hubo problema con ningún asistente.

Pasada media hora, escuché a uno de los organizadores “aclarando” que esa no era una actividad política y que no estaban ellos vinculados con las personas que estaban recogiendo endosos y que “podíamos recogerlos, pero allí no, que en ese caso tendríamos que irnos.” Esto me recordó la regla asumida en algunas asambleas de que no se expresen posiciones de “partidos políticos”. Esto parecerá un detalle, pero no lo es. Me parece que es una posición incorrecta.

Simpatizo totalmente con el sentimiento que inspira la posición indicada: el merecido desprecio que se han ganado los partidos, los legisladores, los “políticos” y hasta la política en general. Comparto ese desprecio, pero no comparto la conclusión de que no queremos política, ni partidos, ni recogido de endosos. No solo no lo comparto, creo que es un error que tiene el efecto opuesto al que se pretende alcanzar. No solo creo que es un error, creo que contradice los principios que deben regir nuestras actividades amplias, sobre todo si queremos que, como a veces se plantea, prefiguren el tipo de sociedad a que aspiramos.

Lo primero es reconocer que actividades como la del viernes son actividades políticas. Una actividad que se convoca ante el Capitolio, asiento del poder político, para pedir acción al gobierno, es una actividad política. Más política no podía ser. No tiene sentido pedir que “no se meta la política” en una actividad política. Política no es únicamente las elecciones. Es todo lo que tiene que ver con el estado y sus acciones o inacciones. Enviar una carta o un email a un legislador, hacer un piquete o una marcha o una conferencia de prensa son todas actividades políticas. Hacemos política todo el tiempo, incluso los que dicen que no hacen política. La pregunta no es si hacemos política, la pregunta es qué política hacemos. Así que las organizaciones políticas no “introducen” la política en una actividad dirigida al gobierno. No tienen que introducirla ya que son, desde el arranque, actividades políticas.

Alguien planteará que lo que no queremos es política electoral y, por tanto, no deben recogerse endosos. Yo me pregunto, para tomar el caso de la actividad mencionada, ¿podemos atajar el cambio climático mientras el PNP y el PPD sean mayoría en la legislatura? ¿Cómo vamos a cambiar eso si no es cambiando la composición de esa legislatura? Tal vez alguno plantee: hay que cambiar el sistema político actual y sustituirlo revolucionariamente por otro tipo de gobierno. Yo no objeto esa perspectiva, soy socialista y creo en el cambio radical de sistema económico y político. Pero creo no equivocarme cuando digo que nos falta un trecho para hacer eso posible. Y mientras ese sea el caso, es importante usar todos los medios para avanzar en esa dirección y eso incluye la participación electoral. ¿Acaso no debemos llevar a la legislatura a las y los ambientalistas que ahora están en la calle protestando contra las acciones del gobierno? ¿Y cómo puede hacerse eso si no inscribimos nuevos movimientos? ¿Y cómo pueden inscribirse nuevos movimientos si no recogemos endosos? Impedir que se recojan endosos ¿a quién le conviene más si no al PNP y al PPD? Queriendo rechazar la vieja política, ayudamos a perpetuarla.

Se planteará que los organizadores no querían que se les asociara con ningún movimiento o partido. Eso es perfectamente razonable. Pero que una organización recoja endosos no quiere decir que la actividad se asocie con esa organización, ni que esa organización lo solicite. Lo mismo pasa con el hecho de que una organización o partido repartan hojas sueltas en la actividad o lleven sus banderas o pancartas. Porque lo dicho sobre el recogido de endosos también aplica a los llamados a que no se traigan banderas de partidos. Cada organización debe decidir si quiere llevar su bandera, pero deben tener derecho y libertad de llevarlas: que cada cual venga con sus banderas, sus camisetas y sus símbolos. La manera de combatir y debilitar a los partidos corruptos, a los politiqueros de siempre, a la política tradicional no es implantando la censura en nuestras movilizaciones.

¿Censura? Sí, censura. De eso se trata, tristemente. Cuando alguien dice “puedes venir a la actividad, pero no con la insignia de tu organización o partido, ni la bandera de tu organización o partido, ni puedes recoger endosos para inscribir un movimiento, ni puedes hablar en nombre de un partido”, cuando eso se dice, se está censurando.

Esto no quiere decir que se pueda hacer cualquier cosa en cualquier actividad. Sería impropio ir a una actividad de una organización política a buscar endosos para otra organización política. Sería absurdo ir a una actividad a llevar un mensaje contrario al de la actividad. Pero no estamos hablando de eso: hablamos de actividades amplias, en las que participan personas con ideas muy diversas, que están de acuerdo en un asunto que define la actividad (contra las medidas de austeridad, por la cancelación de la deuda, por el derecho al aborto, por la energía renovable, por la renuncia de Rosselló, etc.). Me parece que lo ocurrido en el Primero de Mayo, para tomar un ejemplo reciente, es lo correcto. Allí había diversas organizaciones políticas, electorales y no electorales. Cada una con sus banderas o pancartas. Algunas con sus hojas sueltas. Cada una con su perspectiva propia. Cada una tratando, como es legítimo y lógico, de atraer apoyo a sus posiciones. Allí se recogieron endosos. Más aún: había una carpa en la que se recogían endosos. Se recogieron cientos. Y nadie protestó. Ningún organizador nos dijo que no podíamos, ni que nos fuéramos. Así ha sido históricamente. No tiene por qué cambiar ahora. Y como decía: así sería a la sociedad que aspiramos. La unidad no es uniformidad, repito. La unidad no es que la gente deje su bandera en casa. La unidad es que cada cual venga con su bandera o sin bandera, como prefiera.

Reconozcamos entonces que estamos desarrollando luchas políticas. No le huyamos a esa realidad ni a la palabra. Asumamos conscientemente que tenemos que construir y necesitamos construir una nueva política. No tratemos de suprimir el debate político que eso conlleva. Entendamos que en esa lucha habrá distintas posiciones y proyectos políticos. Desarrollemos una lucha lo más unida posible, pero que no pretenda ser uniforme, una lucha unida, diversa y sin censura.

Por Manuel de J. González / CLARIDAD

Entre apagones eléctricos programados o de sorpresa (para la gente es lo mismo) Puerto Rico “celebró” lo que un periódico llamó el “comienzo del fin de la quiebra”. Se refería el diario a que la Junta de Control Fiscal (JCF) presentó su último “plan de ajuste” de la deuda pública puertorriqueña ante la jueza de Nueva York encargada de sentenciarnos, Laura Taylor Swain. La noticia nos dice que, si esa propuesta es finalmente aceptada e implantada, la deuda de Puerto Rico quedaría “reorganizada”. Ese proceso implica que parte de las obligaciones serían borradas y el resto se pagaría mediante un plan de pagos que representa una anualidad de $1,500 millones.

De momento algunos celebraron y la gobernadora en funciones, Wanda Vázquez, en un discurso intencionalmente confuso corrió a apoyar el plan de la JFC. La celebración responde a que en esta ocasión la porción de la deuda que se condona es relativamente alta y el recorte a los jubilados del gobierno es de 8.5 por ciento en pensiones superiores a $1,200 mensuales. Pudo ser peor, nos dicen aliviados.

Claro que pudo ser peor, pero esa posibilidad no quita el sabor amargo de un golpe a los pensionados –a quienes Ricardo Rosselló tantas veces llamó “los más vulnerables”– que es a todas luces más ideológico que necesario. Ese recorte no representa mucho dinero dentro de un total de decenas de miles de millones, pero para las personas que lo sufrirán representa un golpe importante. Esa población ya vive los últimos años de su vida y carece en absoluto de alternativas para intentar reemplazar lo que pierden. Pero la JFC creyó necesario dar ese golpe como un argumento frente a los buitres que ya están afilando sus cuchillos para pelear por lo que les quitan a ellos.

Además del recorte a las pensiones, la JFC y sus defensores también celebran que la propuesta representa un pago anual a los acreedores de $1,500 millones, señalando que sin reestructuración alguna el pago rondaría en los $4 mil millones. El argumento es altamente demagógico porque se sabe que aquellos $4 mil nunca fueron pagados ni se pagarían, sencillamente porque el país no puede. De ahí precisamente el proceso de negociación. Pero lo más absurdo de ese reclamo de “victoria” es que pasa por alto la advertencia del Nobel Joseph Stiglitz y el profesor Martín Guzmán en cuanto a que la economía de Puerto Rico sólo puede aguantar un pago de entre $400 y $800 millones anuales. ¡El pago anual propuesto por la JFC es casi el doble del tope establecido en el estudio de Stiglitz-Guzmán!

El estudio de los profesores de la Universidad de Columbia se basó en el comportamiento de la economía de Puerto Rico al presente y en el esperado para las próximas décadas. Concluye que si el pago obligado a los acreedores es superior al tope de $800 millones anuales en un futuro relativamente corto no podría pagarse, convirtiendo la quiebra en un círculo vicioso insoportable. La JFC, en cambio, infla las proyecciones del comportamiento de la economía para justificar el pago anual propuesto. Así les garantiza a los buitres un cobro muy superior al que la economía aguanta, dejando sobre la mesa la posibilidad de otra quiebra.

Tampoco se puede olvidar que el plan de ajuste sometido por la JFC es el tercero de su especie y en los dos anteriores el pueblo puertorriqueño quedó severamente trasquilado, abonando al peligro advertido en el estudio de Stglitz-Guzmán. Antes llegó el de COFINA que ya es final porque a pesar de las protestas y las advertencias la juez de Nueva York lo aprobó. En ese acuerdo los buitres terminarán cobrando más de dos terceras partes de una acreencia que adquirieron a precio de remate, asegurándose una ganancia fabulosa. Por nuestra parte, los boricuas cargaremos con una hipoteca que se extiende por otros cuarenta años.

El tercer plan de ajuste es el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que desde hace varios meses está ante la jueza Taylor Swain. Esa propuesta de la JFC también fue avalada por el gobernador de turno que era el ahora huido Ricardo Rosselló. Según sus términos, los buitres cobrarán la mayoría de su acreencia y, peor aún, se le impone al pueblo puertorriqueño un aumento considerable en la tarifa de electricidad. Según un estudio del economista Ramón Cao el aumento será de un 13 por ciento en el presente año fiscal y seguirá aumentando hasta llegar a 47 por ciento en 2024. Esas cifras suponen un golpe muy serio no sólo al bolsillo de cada ciudadano sino a la economía en general, aumentando el riesgo que antes habían advertido Stiglitz y Guzmán, porque si las tarifas de electricidad constriñen la actividad económica menos aún podremos pagar los $1500 millones anuales que el último plan propone.

No deja de ser irónico que las celebraciones por parte del gobierno al tercer plan de ajuste de la deuda – que llevó a El Nuevo Día a proclamar como el “principio del fin de la quiebra” – se produzcan en medio de apagones masivos que han dejado a oscuras a la mitad del país. Esos apagones (o “relevos de carga”, según José Ortiz, el mentiroso patológico que dirige la AEE) se producen debido al estado calamitoso del sistema eléctrico, cuyas plantas generatrices no reciben mantenimiento desde hace cinco años. Ese estado de precariedad es producto de dos factores: la negligencia e incompetencia de quienes dirigen la Autoridad y la litación de recursos, a lo que hay que sumar los que se roban. El pacto de reestructuración que pronto aprobará la jueza Taylor Swain aumentará esos problemas afectando aún más la economía y convirtiendo otra vez en impagable el servicio a la deuda.

Como nota final debemos decir que ya estamos hartos de eufemismos. El “servicio a la deuda” es el pago regular que tenemos que hacer, la llamada “reestructuración” no es más que un plan de pagos con algo de quita para beneficio de los acreedores, y los “relevos de carga” son los apagones que no por ser frecuentes se tornan soportables.