Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

Métodos  de recompensa y manipulación científica. Apoyo a la conducta deseable. Privilegios. Ingenieros, científicos, maestros y administradores que obtienen excelentes remuneraciones por el buen trabajo. Premiados constantemente para hacer todavía mejor las cosas y lograr así aun más altas recompensas.

Casualmente me encontraba hojeando Nueva Visita a Un Mundo Felizcuando recibí el comunicado de prensa en el que representantes de los profesores y estudiantes ante la Junta Universitaria (JU) denuncian que la alta gerencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR)viola la Ley Universitaria y entrega poderes a la Junta de Control Fiscal (JCF).

Decía Aldous Huxley en Nueva Visita a Un Mundo Felizque el dominio casi perfecto que ejerce el gobierno en el mundo imaginario de su propia fábula se logra por el apoyo sistemático a la conducta deseable, por muchas clases de manipulación casi no violenta, tanto físicas como psicológica. Nueva Visita a Un Mundo Felizfue publicado en 1958. El escritor y filósofo británico declaraba en aquel entonces sentirse mucho menos optimista que cuando escribía Un Mundo Felizen 1931, ya que sus profecías se estaban haciendo realidad más pronto de lo que pensó.

Según el comunicado firmado el 4 de junio por Roberto Guzmán, Representante estudiantil, y Jorge L. Colón, Representante claustral, ambos del Recinto de Río Piedras, la alta gerencia de la UPR informó a la JCF que no enviarían un nuevo Plan Fiscal Revisado ni una Propuesta de Presupuesto para el Año Fiscal 2021.

Dos días antes la JCF indicó mediante una carta a la Gobernadora Wanda Vázquez Garced y al Presidente de la Junta de Gobierno de la UPR (JG-UPR), Walter Alomar Jiménez, haber recibido la información sobre la decisión de la gerencia de la UPR. También, que por provisiones de la ley PROMESA, serán ellos quienes desarrollen, certifiquen y sometan un Plan Fiscal y Presupuesto para la UPR para el Año Fiscal 2021.

Los representantes de claustrales y estudiantes ante la JU exigieron la renuncia inmediata de Haddock y Alomar y que de no hacerlo sean destituidos por la Gobernadora. La Hermandad de Empleados Exentos No docentes (HEEND) también exigió la renuncia de Haddock. Sobre Alomar la organización sindical señaló que sus acciones contradecían expresiones públicas en las que sostenía que no se pueden aplicar más recortes al presupuesto universitario.

La abdicación del deber ministerial de los altos funcionarios de la UPR, señalan los representantes ante la JU, violan varias disposiciones de la Ley Universitaria vigente. En primer lugar señalan que según enmendada la Ley 1 de 1966, la JG tiene el deber de “Considerar y aprobar el proyecto de presupuesto del sistema universitario que someta el Presidente anualmente”. [Artículo 3.H.(9)]

Este artículo también indica que “Cuando a la terminación de un año económico no se hubiese aprobado el presupuesto de la Universidad correspondiente al año siguiente en la forma dispuesta en la Ley de la Universidad de Puerto Rico, regirá el presupuesto que estuviere en vigor durante el año anterior.”

Por otro lado, el Artículo 5.C.(6) mandata el Presidente a: “Formular el proyecto de presupuesto integrado para todo el Sistema Universitario basado en los proyectos de presupuesto que le sometan los respectivos rectores, una vez aprobados por las Juntas Administrativas de los recintos y colegios universitarios, y someter el mismo con las recomendaciones de la Junta Universitaria para la consideración y aprobación de la Junta de Gobierno.”

Según el Artículo 6.D.(4), la Junta Universitaria tiene el deber por su parte de “Considerar el proyecto de presupuesto integrado para el sistema universitario según haya sido formulado por el Presidente de la Universidad para ser sometido a la Junta de Gobierno, y formular las recomendaciones que juzgue pertinentes.”

Haddock no informó al pleno de la JU la determinación gerencial sobre el presupuesto en la reunión del pasado miércoles 3 de junio de 2020. Por el contrario, indicó que había concedido una solicitud para “atender el presupuesto en reunión extraordinaria” para la próxima semana, aún cuando ya sabía que la gerencia universitaria había decidido no someter un presupuesto ni nuevo Plan Fiscal Revisado para el Año Fiscal 2021.

Además de las denuncias por violentar la ley universitaria y entregar poderes a la JCF, los representantes de los profesores y estudiantes denunciaron que Haddock intentó celebrar la reunión del 3 de junio violentando las normas parlamentarias y procesales vigentes con el fin de imponer su propia agenda. Que no se les permitió discutir otros asuntos de vital importancia para la institución.

“El presidente impidió el diálogo desde el inicio de la reunión, cuando determinó unilateralmente no acoger para trámite y discusión las mociones presentadas.  Funcionarios administrativos y rectores de las 11 unidades del sistema apoyaron la acción antidemocrática. Esta acción interfirió con los trabajos del día, entre ellas la discusión de la propuesta de una nueva Ley Universitaria, Proyecto del Senado 1536 (P. del S. 1536)”.

 Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND)

 Además de exigir la renuncia de Haddock, la HEEND señaló que la decisión del presidente pone a la institución en una situación precaria porque la JCF hará el presupuesto sin conocer las necesidades de los recintos ni del sistema.

La presidenta de la Heend, Jannell Marina Santana Andino, responsabilizó a los rectores de ser cómplices de esta estocada a la Universidad, por no haber ejercido liderazgo y permanecer escondidos detrás de sus salarios y sus escritorios. Denunció también que este mes se le otorgará una plaza permanente de catedrático a Haddock.

Mientras ingenieros, científicos, maestros y administradores, a quienes en una situación de ventaja se les ha concedido cierta medida de libertad profesional no se extravíen en el terreno de la ideología y la política que ha favorecido tal ventaja, yendo más allá de los límites prescritos, más notables serán sus triunfos y mejor recompensados. Esto no necesariamente significa que hayan hecho un buen trabajo o que su conducta sea deseable para todos.

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

De no hacerse las suficientes pruebas que determinan si una persona tiene el coronavirus (COVID-19) y se mantenga un rastreo de contagios adecuados, el país estará dando pasos torpes en el control de la epidemia, lo que tendrá como consecuencia un alza en los casos de contagio.

Las entidades Coalición de Sabiduría COVID-19 (COSACO PR), la Red de Acción Puertorriqueña para una Política Pública basada en Evidencia Científica (PR-SPAN, por sus siglas en inglés)y Ciencia Puerto Rico (CienciaPR) cursaron, el 26 de mayo, una carta a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, en la que solicitan que el Gobierno priorice en la compra de pruebas moleculares de RT-PCR, la cual afirman es laúnica prueba de naturaleza diagnóstica autorizada para detectar el coronavirus. Las organizaciones científicas reclaman que se utilice la asignación al Departamento de Salud (DS) de $68 millones para atender la crisis del COVID-19 en Puerto Rico.

El candidato a doctorado en Biología Computacional, Danilo Pérez Rivera, miembro del grupo de científicos de   la Coalición Covid-19, destacó en entrevista con CLARIDADque el reclamo de COSACO PRes que es necesario que se robustezca el sistema de rastreo de casos en la isla para lo cual la prueba molecular es la piedra angular. “Nuestro énfasis es en que el sistema de monitoreo esta flojo. Hay muchos lugares donde invertir, pero la piedra angular va a ser el uso primario, priorizado, de las pruebas moleculares y para ello se debe hacer una gran inversión en estos recursos”.

¿Como se implementa la aplicación de pruebas?, le  preguntó CLARIDAD.Pérez Rivera reconoció que COSACO PRno quiere pruebas infinitas, ese aspecto lo tienen claro, por su imposibilidad; pero sí tienen claro que hay que decidir un orden de cómo se utilizan las pruebas de manera eficiente. Señaló que la imposibilidad de hacerles pruebas a todos los ciudadanos no puede ser excusa para, de una manera irresponsable, articular protocolos inadecuados.

Según explicó, una forma puntual de implementar un rastreo adecuado es cambiando la práctica actual que insiste en conceptualizar las pruebas serológicas como pruebas confirmatorias. Hasta el momento, en Puerto Rico se está haciendo la prueba serológica porque es rápida y si sale positiva, entonces es que se refiere a la prueba molecular. Esto se considera un error craso, que no tiene razón de ser, ni desde la perspectiva estadística, ni biológica ni médica. La recomendación de COSACO PRes que cuando se vaya a hacer este tipo de prueba, se hagan las dos a la vez, ya que si se hace primero la prueba serológica se está pasando por alto a la gente infectada, lo que, por ende, no  detiene el contagio. “Más bien, es necesario cambiar el orden en que se están haciendo las pruebas: en lugar de hacer primero las pruebas serológicas, hacer primero las pruebas PCR”, insistió.

A la interrogante de si al no estarse haciendo las pruebas adecuadas en el orden adecuado es posible detectar que se llegó al pico de la epidemia, Pérez Rivera indicó que el pico de la epidemia se complicó en el momento en que el Gobierno decidió dejar de la prueba PCR. En Puerto Rico se comenzó haciendo las pruebas PCR y luego se cambió a las serológicas.

“Cuando se toma esa decisión, se complica el panorama porque las pruebas serológicas son buenas para detectar casos acumulados, pero muy malas para detectar casos activos. Cuando se habla de picos, se interesa mirar la cantidad de casos activos o la cantidad de casos nuevos. Cuando hablamos de pico, hablamos de un valor que sube y eventualmente baja. Los casos acumulados no se reducen porque no tienen un pico. Ahora, el sistema de detección de casos nunca levantó de manera robusta; nunca habido un pico porque nunca se preparó el sistema para poder identificarlo”.

Añadió que, no obstante, si se utilizan los datos de los hospitales, se ve que a finales de abril se vio un pico y a finales de mayo hubo un descenso. Sin embargo, en la primera semana de junio ese descenso no continuó y se está volviendo a ver un incremento “Yo espero que esto sea simplemente ruido y nos mantengamos constante. Pero a la luz de lo que ha estado sucediendo en el país en términos de la reapertura, la preocupación de que esto sea un repunte y estemos hablando de que va a haber una nueva alza en hospitalizaciones es real, es preocupante”.

Aun cuando dijo que no podía ofrecer un número basado en las estadísticas del Gobierno, observó que las hospitalizaciones reflejan que estamos en un punto donde “nos estamos exponiendo a un riesgo real del cual vamos a ver las consecuencias en dos o tres semanas, cuando los casos emerjan y representen hospitalizaciones y complicaciones”.  La reanudación de los servicios médicos que estuvieron limitados puede provocar un aumento en la ocupación de los hospitales de personas que están llegando con condiciones previas en peor estado. Eso puede contribuir a la saturación del sistema médico hospitalario y a que el segundo repunte se pase peor que el primer pico.

En cuanto a priorizar quiénes deben hacerse la prueba, más allá de los trabajadores de la salud, los de la línea de alimentos, suplidores médicos y cuidadores, comentó que a medida que la persona vaya asumiendo más riesgo de exposición se debe hacer la prueba. “El riesgo de contraer la enfermedad es igual para todos en términos estadísticos, las proporciones siguen las mismas. De nuestra población, a los niños, a los adultos, a los viejitos les está dando COVID”. Reparó en que no a todo el mundo le afecta igual, que la edad ciertamente complica el cuadro y que el tener condiciones de salud previas, como enfermedades cardiovasculares y diabetes, son factores demostrados de riesgo para el COVID-19.

En entrevista a la doctora Mónica Feliú Mojer, directora de comunicaciones de Ciencia PR, esta recalcó que desde el principio de la pandemia Ciencia PR ha insistido en plantear que la PCR es la única prueba diagnóstica disponible en el mercado que puede detectar el virus. Postuló con ahínco que, cuando se está en una pandemia en donde no hay tratamiento para la enfermedad y tampoco hay vacuna para proteger a las personas de que se infecten la única manera real de control, aparte de las medidas de prevención, es identificando quiénes están infectados para poder detener el contagio.  “Para eso, la piedra angular son las pruebas moleculares. Así que el virus es invisible ante los ojos, hay que tomar medidas para evitar que la persona contagie a otros y asegurarle todo el apoyo para recuperarse”.

La doctora en neurobiología censuró que el Gobierno no solo no ha hecho suficientes pruebas moleculares, sino que está priorizando las pruebas erróneas; una y otra vez está utilizando las pruebas serológicas. Más aun, calificó de irresponsable la estrategia del Gobierno de utilizar las pruebas serológicas y denunció que este tipo de prueba rápida no son pruebas de calidad, no son confiables, tanto, que una de las marcas hubo que retirarla del mercado.

Como ejemplo del peligro de no usar las pruebas adecuadas la doctora Feliú Mojer trajo a la atención el deceso de una mujer a quien se le hizo la prueba serológica, que dio negativo aun estando infectada y falleció. “Ahí está el peligro. El dolor de esa familia es ejemplo de por qué esa estrategia es errónea. Entonces no solo tenemos gente que está falleciendo, pero el Gobierno está tomando decisiones de política pública fundamentada con información incorrecta. Están cerrando comedores, oficinas, basados en las pruebas que no son”.

El otro aspecto que denunciaron las organizaciones científicas es lo tardío de la implementación de un rastreo de contagios, basado en pruebas que no son las correctas. La comunidad científica abogó por que se adopte el modelo de rastreo municipal, como el implantado en el municipio de Villalba, dado a que los municipios están más cerca de las comunidades, lo que permite un conteo más certero. La doctora Feliú Mojer no dejó pasar por alto el denunciar que a nivel del DS hay problemas severos con la confiabilidad y la transparencia de los datos, mientras ahora mismo Puerto Rico tiene fondos federales específicamente para montar esos sistemas de rastreo y comprar pruebas. Una vez más reclamó que los fondos destinados a mitigar la pandemia se utilicen de manera sabia y fundamentada en la ciencia.

“Se supone que ese dinero se pueda utilizar para que los municipios establezcan su propio sistema. Según el secretario de salud, ya 40 municipios han establecido su rastreo municipal”, reconoció la nuerobiológa. Al igual que su colega científico, señaló que no se le puede hacer la prueba a todo el mundo y que hacérsela depende de la voluntad de los ciudadanos; pero que sí las personas en mayor exposición deberían estar haciéndose la prueba.  No obstante, en aras de la necesidad de tener datos, dijo que se puede tomar muestras representativas de ciertas comunidades o regiones para poder tener datarepresentativa. “Sí hay estrategias que se pueden implementar para poder tener una mejor idea de cuáles y cómo está la infección en la población”.

La doctora Feliú Mojer comentó que el país está dando palos a ciegas al no cumplir con los criterios establecidos por las organizaciones salubristas para comenzar una reapertura. En esa línea reiteró que el peligro de que aumenten los casos va a continuar presente, aun cuando hay algunos indicios de que la isla ha evitado el peor de los casos. De acuerdo con la información provista por los laboratorios de referencias privados, se han realizado suficientes pruebas moleculares y se ha observado que el número de infecciones no es tan alto como en otros países.

A dos semanas de enviada la misiva, tanto Pérez Rivera como Feliú Mojer confirmaron que no han recibido ninguna contestación de parte de la ejecutiva. En la misiva, la comunidad científica incluye nueve recomendaciones al DS para atender la pandemia. Entre ellas, que se exhorte y se promueva a que los médicos ordenen la realización de las pruebas moleculares; el uso de la prueba molecular para el personal de salud, las égidas y los aeropuertos; que se coordine con el CDC utilizar las pruebas serológicas rápidas ya compradas para realizar estudios de prevalencia del COVID-19 en la isla  y que se fiscalice a las aseguradoras privadas que no están respetando la Ley CARES, que ordena la cubierta sin condiciones y restricciones de toda orden médica para una prueba serológica o molecular.

La falta de un epidemiólogo del Estado

La doctora Feliú Mojer reiteró su preocupación ante la falta de datos, la lentitud severa en el manejo de los datos  y la falta de transparencia en la cantidad de información que se comparte con los medios todos los días. A preguntas de CLARIDADrespecto a la falta de un epidemiólogo del Estado, reaccionó: “No lo entiendo. Puerto Rico está en la pandemia del siglo, pero si no hay un epidemiólogo o epidemióloga del Estado, quién entonces va a llevar la estrategia epidemiológica a largo plazo del país, porque el secretario ha demostrado claramente que no tiene el expertise”.

La doctora recordó la experiencia del huracán María: “Ya vivimos el impacto que tiene el que los sistemas de recolección y la transparencia del país estén en un estado pobre; lo vimos con los muertos de María. Nosotros vimos que la falta de datos confiables, literalmente, nos cuesta vidas. Me preocupa mucho que esa experiencia se repita en esta pandemia”.