Por Cristina del Mar Quiles/Centro de Periodismo Investigativo
Cuando el viento bajó de intensidad aquel 20 de septiembre de 2017, los puertorriqueños salieron a sus patios, caminaron por sus vecindarios, se abrieron paso entre los escombros y comenzaron a sacar cuentas de sus pérdidas. Los estimados en dólares y centavos de lo que el huracán María destruyó tardarían. Un sentido generalizado de incertidumbre se asomaba en todas partes.
Un día después, mientras el entonces gobernante Ricardo Rosselló evaluaba el estado en que había quedado el país, Cándida González, una lingüista, fue a ver lo que quedó de la casa que hacía más de 30 años había construido el padre de su primer hijo, y la encontró destruida. Al este de la isla, Josué Ruiz, estudiante universitario y trabajador a tiempo parcial, iba desde la casa de sus suegros en Las Piedras hasta Punta Santiago, en Humacao, donde reside con su esposa, Natalie Torres, y sus tres hijos. El agua del mar, mezclada con la de los caños cercanos que se desbordaron, había inundado la residencia que justo estaban remodelando. Era de noche y en el mismo vecindario, Guillermo Arroyo esperaba en el techo de su casa junto con su perra Minnie a que las aguas bajaran. Había pasado allí el huracán. Fue el esposo de su nieta quien lo encontró y auxilió.
La reconstrucción de la casa de Cándida va a costar cerca de $42,275. Si decidiera hacerla en cemento, resistente a un nuevo embate, tendría que invertir $82,675.
Un Puerto Rico, “fuerte y resiliente”, como lo detalló Rosselló ante el Congreso de Estados Unidos en 2018 al presentar su Plan de Desarrollo Económico y Recuperación de Puerto Rico, costaría $139,000 millones. De estos, las agencias federales habían aprobado $21,044,425,967 hasta el 31 de julio de 2019.
Puerto Rico se enfrenta a una madeja de burocracia para el desembolso de dinero por parte de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), la principal fuente de fondos para la recuperación del país tras el huracán María.
Sección 428
Por primera vez, FEMA ha aplicado a toda una jurisdicción una disposición de la Ley Robert T. Stafford de Ayuda en Desastres y Asistencia en Emergencias que se incluyó como enmienda luego del huracán Sandy, en 2013. Desde entonces, solo se había aplicado para el desarrollo de 258 proyectos en 28 estados. La sección 428 permite la reconstrucción de manera más fuerte y resiliente, pues la Ley Stafford estaba concebida para que FEMA solo subvencionara reparaciones que devolvieran las instalaciones afectadas a las condiciones en que se encontraban antes del desastre, independientemente de si estas ya eran precarias.
La creación de COR3
La negociación de las guías para que la 428 aplicara a todo Puerto Rico estuvo principalmente a cargo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico, también conocida por sus siglas en inglés como COR3, una entidad que Rosselló creó en octubre de 2017 para recibir y distribuir los fondos federales disponibles para la recuperación de la isla.
COR3 se creó como una división de la Autoridad de Alianzas Público Privadas para garantizar “el uso eficiente y efectivo de los recursos disponibles para la recuperación” y minimizar la duplicidad de trabajo entre las entidades gubernamentales, según la orden ejecutiva.
La creación de COR3 precedió la quinta enmienda de la declaración del desastre, en la que el Presidente Trump requirió establecer una autoridad de supervisión de las subvenciones, con apoyo de expertos externos, para recibir los fondos de Asistencia Pública y Mitigación de desastres de FEMA.
Rosselló designó a Omar Marrero como director ejecutivo de COR3, quien, entonces también fungía como director ejecutivo de la Autoridad del Distrito de Convenciones y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas. Cada dependencia, con sus oficinas en una localidad diferente. También era entonces representante autorizado del gobernador (GAR, por sus siglas en inglés) ante FEMA.
En entrevista con el CPI, Marrero justificó la creación de COR3 como parte de las AAPP.
“Teníamos que atender un asunto de credibilidad y unas preocupaciones a nivel federal, así que se estableció la oficina centralizada”, apuntó.
En la práctica, COR3 se encarga de los fondos de FEMA, la fuente primaria de subvenciones de recuperación para la Isla, que esa agencia federal ha estimado que ascenderá a $65,000 millones. De estos, el Gobierno de Puerto Rico solo ha incluido en el Plan Fiscal $49,047 millones. Parte de su gestión, es desembolsar a las agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro el dinero para los proyectos de reconstrucción que vendrá del Programa de Asistencia Pública de FEMA.
Mientras, el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico administra el Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR en inglés) de HUD, que tras los huracanes Irma y María, tiene $19,900 millones en fondos asignados a Puerto Rico.
La administración Rosselló trató de que fuera la Oficina de Desarrollo Socioeconómico Comunitario (Odsec) la que administrara los fondos CDBG-DR que se asignaran a Puerto Rico, según se recoge en un memorando de la Oficina del Inspector General de HUD. Bajo el marco propuesto, Odsec sería responsable de la planificación, administración y supervisión del programa, así como de preparar el plan de acción, desarrollar políticas y procedimientos, gestión, revisiones ambientales, esfuerzos de monitoreo e informes. Odsec delegaría a otras tres entidades: la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
Pero este plan de Rosselló no fue aceptado por las agencias federales.
Entre las preocupaciones que identificó HUD en el memorando sobre la propuesta de administración de fondos CDBG-DR por parte de Odsec, se incluye que era una entidad nueva creada en febrero de 2017 de la que no existían datos sobre su desempeño en la administración de este tipo de fondos.
Se menciona, además, que Odsec tenía 103 empleados, de los que 32 trabajaban en la ya desaparecida Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), a la que la misma Oficina del Inspector General de HUD le hizo señalamientos por no reportar adecuadamente la utilización de fondos y hasta usarlos para fines inelegibles. También señala que no hicieron un seguimiento adecuado a los recipientes de los fondos.
El informe resalta “la incapacidad de Puerto Rico para gastar los fondos del desastre de 2008 de manera oportuna”.
Omar Marrero indicó al CPI que desconocía de este memorando.
Los estimados del desastre
Cuando Rosselló acudió al Congreso por primera vez después de María el 13 de noviembre de 2017, presentó el informe Reconstruyendo un mejor Puerto Rico, en el que requería $94,000 millones para la reconstrucción del país.
El director ejecutivo de COR3 explicó que la cifra de $94,000 millones que incluyó Rosselló en ese informe correspondía a una evaluación preliminar de los daños y del costo que conllevaría una reconstrucción más fuerte y resiliente.
Marrero indicó que el equipo de Rosselló había visto el informe (Eye of the Storm) que unas semanas antes había publicado Texas estimando en cerca de $61,000 millones los daños causados por el huracán Harvey, que entró por la Costa del Golfo de Texas el 25 de agosto de 2017.
Texas es un estado con un Rainy Day Fund, que le permite financiar algunos proyectos, y una de las delegaciones congresionales más grandes. Al compararse, el equipo de Puerto Rico consideró que debía elevar sus estándares.
Reconstruyendo un mejor Puerto Rico, según Marrero, reflejaba preliminarmente el daño que había sufrido la Isla. Este trabajo se realizó con la ayuda de la Oficina de Recuperación de Tormentas del Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Las fundaciones Ford, Rockefeller y Open Society proveyeron fondos para que la compañía Deloitte, – que luego fue contratada por COR3 por $31.6 millones – también brindara ayuda en la preparación del informe.
Marrero dijo que este primer informe de daños no cayó bien entre los congresistas y que esa fue la razón por la que se le requirió al Gobierno de Puerto Rico preparar un plan de recuperación en un plazo de 180 días, cuando se firmó, el 9 de febrero de 2018, la Ley federal de Presupuesto Bipartita. Fue en esta ley que el Congreso incluyó la disposición para que FEMA permitiera la aplicación de la sección 428 para proyectos en Puerto Rico, aunque ya había sido un requerimiento del presidente Trump en la quinta enmienda a la declaración de desastre para Puerto Rico.
“Porque a algunos no les gustó en Washington, luego, nos requieren en febrero: ‘Preséntame un plan de recuperación’. Pues perfecto, presentamos un plan de recuperación en 180 días”, dijo el funcionario.
Se trató, entonces, del Plan de Desarrollo Económico y Recuperación de Puerto Rico con un estimado de $139,000 millones en proyectos de reconstrucción que Rosselló entregó al Congreso el 8 de agosto de 2018.
“Ese es un documento bien serio y responsable que se hizo con el insumo de muchísimos grupos con interés y que refleja lo que es la política pública post lo que ha sido el desastre natural más grande en Puerto Rico. Ahora, obviamente, ese documento fue mucho más detallado y ya identifica, incluso, los cursos de acción que se tienen que tomar para lograr mover la balanza y la responsabilidad que impuso el gobierno federal de identificar fondos congresionales”, expuso Marrero.
La Ley federal de Presupuesto Bipartita también establece que el gobernador deberá publicar cada 180 días un informe sobre el progreso alcanzado en cuanto a los objetivos incluidos en el Plan, en coordinación con el administrador de Fema. Los 180 días se cumplieron el 4 de febrero y los siguientes, el 3 de agosto de 2019.
El informe de los primeros 180 días establece que la implementación de la sección 428 de la Ley Stafford ha significado que el proceso para el reembolso del dinero para la construcción de obra permanente de asistencia pública haya sido sumamente lento.
La obra permanente se refiere a las categorías de FEMA de la C a la G, que incluye carreteras y puentes, instalaciones de control de agua, edificios y equipo, servicios básicos, y parques, instalaciones recreativas y otras.
“Desafortunadamente, el progreso de los proyectos de trabajo permanente bajo Asistencia Pública, bajo la Sección 428 de la Ley Stafford, ha sido extremadamente lento y ha limitado que la recuperación pueda encaminarse concretamente”, lee el reporte.
El 31 de enero de 2019, todavía no había ni un solo proyecto con el dinero obligado. En comparación, a un año y cuatro meses luego del huracán Katrina, Luisiana ya tenía el dinero para 2,424 proyectos con cerca de $1,400 millones obligados. Mientras, Texas, luego del huracán Harvey, tenía $159 millones para 2,124 proyectos.
“La dificultad con la Sección 428 es que requiere un estimado de costo fijo (fixed cost estimate) que, una vez acordado con FEMA, el recipiente y el subrecipiente no lo pueden cambiar o enmendar”, le informó Puerto Rico al Congreso en su informe de los 180 días.
“En un proyecto típico bajo el Programa de Asistencia Pública de FEMA, la cantidad de la subvención es estimada y, si hay circunstancias que se descubren durante el periodo de reparación o reemplazo que alteran el alcance del trabajo o el costo, el proyecto puede ser enmendado. Debido al requerimiento del estimado de costo fijo, la revisión de un proyecto antes de la obligación del dinero es onerosa y consume mucho tiempo”, se detalla.
El informe le solicita al Congreso que le pida al Presidente que enmiende la declaración de desastre para que no se limite la capacidad de Puerto Rico de utilizar el Programa de Asistencia Pública fuera de la Sección 428, pero eso aún no ha ocurrido.
Mientras, Marrero dijo que ha solicitado a los alcaldes que identifiquen sus proyectos, prioritarios y otros proyectos pequeños, de menos de $123,100, que se pueden adelantar sin tener que pasar por el proceso requerido por la Sección 428. El nuevo director del COR3, Ottmar Chávez, también ha insistido en el mismo asunto.
En el segundo informe, que Rosselló adjuntó al Congreso con una carta que firmó el pasado 31 de julio, dos días antes de hacer efectiva su renuncia, la insatisfacción es similar.
“La mayoría de los proyectos de trabajo permanente aún no han comenzado ni tienen su dinero obligado 22 meses después de los huracanes Irma y María devastaran la isla”, expuso.
Según la información que ofreció Chávez, de 50,000 sitios que deben inspeccionarse, hasta agosto solo se habían inspeccionado 20,000. Estos 50,000 sitios se espera que se agrupen en unos 9,200 proyectos, y hasta la fecha, se ha acordado el costo de estimado fijo solo para 139 proyectos.
Lo que ha llegado
Este proceso, ha significado que hasta la fecha, FEMA, la principal fuente de fondos de recuperación, ha obligado $5,816,890,838 en fondos de Asistencia Pública (PA), y aprobado $2,573,762,155 en Asistencia Individual (IA), según el portal de transparencia de COR3. Entre FEMA y otras agencias federales, se han obligado un total de $20,310,831,109 de los que $13,825,576,097 han sido desembolsados.
La segunda fuente de financiamiento federal más grande para la recuperación es el programa CDBG-DR de HUD, que se espera que destine cerca de $19,900 millones a la Isla. De esta cifra, los primeros $1,500 millones no habían estado accesibles hasta el pasado 2 de febrero de 2019.
Lo que se ha dicho que llegará
El Plan de Desarrollo Económico y Recuperación de Puerto Rico cuenta con que hay disponibles $69,100 millones de fondos de FEMA y de HUD, y de seguros privados. Indica que FEMA aportaría al menos $41,200 millones en un período de 11 años, pero ese estimado ha sido actualizado varias veces desde entonces.
FEMA apunta a subvenciones que suman $65,000 millones por la totalidad de la recuperación de los huracanes Irma y María, mientras que el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico certificado por la Junta de Control Fiscal el 9 de mayo de 2019, estima que llegarán $49,047 millones de FEMA hasta el año fiscal 2032 y $19,946 de fondos CDBG-DR de HUD.
“Ese [$65,000 millones] es el estimado de FEMA, pero hay que obligar ese dinero. Ese estimado [de FEMA] está basado en unas presunciones, así que, por eso, va a haber unos números [de parte del gobierno de Puerto Rico] más conservadores. Si no obligamos ese dinero, no se hace real. Al final del día, el Plan Fiscal se basa en presunciones, son presunciones macroeconómicas. El responsable del Plan Fiscal es el gobierno de Puerto Rico, no es FEMA”, dijo Marrero para explicar la diferencia en cifras.
El plan incluye entre los $139,000 millones necesarios, $24,500 millones que están disponibles, pero cuya certeza y fuente de fondos son imprecisas.
Por ejemplo, el Gobierno de Puerto Rico proyecta que recibirá $21,000 millones de unos fondos por los que debe competir con estados y territorios afectados por los huracanes Harvey, Irma y María y por fuegos forestales.
A dos años del paso del huracán, en este renglón, 10 agencias federales han asignado 6,800 millones, obligado cerca de 2,600 millones y desembolsado poco más de 1,000 millones, según reporta el portal del COR3.
En el limbo
El plan reconoce, además, que habría que conseguir otros $45,400 millones, “pero el éxito obteniendo estos fondos no está garantizado”. Entre las fuentes para estos fondos inciertos se incluyen el Gobierno de Puerto Rico, el sector privado y contribuciones filantrópicas.
“Hay poca probabilidad [sobre estos fondos]. Es una realidad. Pero cuando a nosotros nos pidieron desarrollar el plan, parte de los requisitos (de FEMA) era poner el costo total de la reconstrucción de Puerto Rico y desarrollo económico a largo plazo. No es que eso es lo que necesitamos para reconstruir a Puerto Rico. No. Es que a mí me pidieron, y si ves la ley, qué es lo que toma para, no solamente ‘disaster recovery’, [sino también] para economic recovery, pues ahí se presentó todo, las iniciativas puntuales de turismo, desarrollo económico, desarrollo de la agricultura… Ellos me pidieron todo. Eso fue lo que presentamos”, expuso Marrero al ser abordado sobre la incertidumbre de obtener esos fondos.
“Ahora bien. En el plan también dice que en el caso de no tener esos fondos, tenemos que priorizar por lo que tenemos. Y, obviamente, tenemos que priorizar por lo que tenemos frente a nosotros que es CDBG y FEMA”, agregó.
Marrero también señaló que esos $45,400 millones, aunque no se sabe de dónde saldrán, tenían que aparecer en el plan para justificar apropiaciones suplementarias en el Congreso en el futuro.
El plan dice que, aunque solo se han identificado $85,600 millones en fondos federales para la recuperación, la mayor parte de lo que queda sin cubrir también podría obtenerse mediante subvención federal.
La incertidumbre sobre la procedencia de parte importante del dinero necesario para reponer lo perdido se traslada a las comunidades y a las familias que sufrieron directamente los embates.
Cándida no tiene todavía todo el dinero que necesita para volver a tener una casa. Josué y Natalie buscan ahorrar para poder mudarse a una estructura que recién adquirieron con ayuda de su familia. Dependen del sueldo de Josué, que trabaja en una tienda por departamentos y en una organización sin fines de lucro, para sostenerse junto con los tres niños, pues Natalie quedó desempleada tras el huracán. Mientras, Guillermo y Genara permanecen en su residencia en Punta Santiago, donde ahora, dos años más tarde, la mayoría de los cuartos todavía no tienen muebles.
