Por Cándida Cotto/CLARIDAD

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Citaciones al Tribunal, denuncias por parte de sus trabajadores de todos los sectores, cuestionamientos sobre el proceso de privatización y su Plan Integrado de Recursos (PIR), es el verdadero cuadro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Desde este jueves 26 al 30 de septiembre la gerencia de la AEE tendrá que explicar ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan (TPI), sala del juez Anthony Cuevas Ramos, por qué no ha entregado documentos públicos a las organizaciones Cambio y al Instituto de Economía y Análisis Financiero en Energía (IEEFA, en inglés) relacionados al proceso de privatización y datos del sistema eléctrico de la Isla. Desde que ambas organizaciones acudieron al TPI en el mes de mayo para exigir información pública relacionada a ambos procesos la AEE ha insistido en que la información es una “privilegiada”.

Aun cuando en mayo la AEE llegó a un acuerdo de que para el siete de junio haría disponible la información pública sobre ambos procesos, la corporación no cumplió en entregar la información, por lo que en la vista del seis de septiembre el juez determinó que en los próximos días Cambio entregará una lista aún más detallada de los documentos que la AEE ha fallado en entregar. También deben indicar cuáles son los documentos que la AEE ha clasificado como privilegiados, pero que CAMBIO argumenta que el privilegio no aplica.

El juez además ordenó comparecer a las vistas a cuatro altos funcionarios de la AEE: la licenciada Astrid Rodríguez, consultora jurídica; el ingeniero Hiram Medero, director de Informática; el ingeniero Efran Paredes, director de Planificación; y Fernando Padilla, director de la Oficina de Reestructuración.

En declaraciones en comunicado de prensa la presidenta de Cambio, ingeniera Ingrid Vila Biaggi, denunció que el proceso ha sido uno de entregas a cuentagotas. “Hemos sido nosotros los que hemos identificado por otras vías y fuentes (como las hojas de facturación de Filsinger Energy Partners, contratos de Sargent & Lundy, reuniones con la Autoridad para las Alianzas Público Privadas) la existencia de un sinnúmero de documentos públicos de la AEE, responsivos a nuestra solicitud. La respuesta inicial a muchos asuntos es que ‘no existe’, pero cuando les exponemos lo evidente de que sí existen los documentos, pues los producen. Aducen a diferencias en interpretaciones, pero desde el primer día les hemos hecho claro que interesamos todos los documentos que sean responsivos a nuestras solicitudes. Por esto, en parte, ponemos en duda que lo que nos han entregado sea la totalidad de los documentos públicos que existen en respuesta a nuestras solicitudes”.

En tanto los abogados d2e la AEE alegan que ya han entregado 4,000 páginas de documentos. Vila Biaggi desmintió los argumentos de la AEE de que hay documentos que no existen, como los estudios de valorización de activos, sin embargo apuntó que la AEE había contratado a la firma Sargent & Lundy para que les entregara un informe en junio de 2018.

“Cabe señalar también que a la fecha no han querido entregarnos información alguna sobre el sistema eléctrico. Esta información es necesaria para poder realizar modelaje alterno sobre la transformación del sistema centrado en energía renovable distribuida en techos versus los planes que persigue la AEE de inversión cuantiosa en infraestructura de gas natural. Desafortunadamente la AEE carece de una cultura de transparencia y dificulta el hacer accesible a la ciudadanía documentación pública, en clara violación a la Constitución”, añadió Vila Biaggi.

El Plan Integrado de Recursos

Mientras el PIR de la AEE también es cuestionado tanto por Cambio, IEEFA, la organización de El Puente: Enlace Latino de Acción Climática (el Puente) y otras organizaciones comunitarias y ambientales. En su más reciente vista ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) igual se denunció la falta de acceso a información, que el PIR encierra potenciales conflictos de intereses, que no optimiza ni maximiza las fuentes renovables y tampoco considera elementos importantes como lo es el cambio climático.

En la vista del seis de septiembre el NEPR acogió algunas de las solicitudes de acceso a la información hechas por los grupos comunitarios y ambientales, entre ellas que el PIR esté disponible en español, aunque no se especificó para cuándo. Se supone que la Ley 57 de 2014 le impone al PIR que sea un proceso con “transparencia” y la evaluación ciudadana. del PIR, requerimiento que la Ley 57 de 2014 le impone al PIR.

Respecto a los conflictos de intereses Cambio señaló que el consultor de la AEE para el PIR, la compañía Siemens, es la que le suple los equipos generadores y para el análisis del PIR la compañía usó modelos de tecnología producidos y mercadeados por la propia empresa. Por su parte la AEE alega que el contrato de Siemens contiene disposiciones que le impiden incurrir en conflicto de interés, y que de haberlo tienen que notificarlo.

Las organizaciones además objetan que el PIR no optimiza ni maximiza las fuentes renovables. Por el contrario se basa en el mismo sistema de generación, transmisión y distribución a gran escala, y no fomenta las oportunidades de generación distribuida a base de renovables, las cuales defienden los ambientalistas reducirían la vulnerabilidad en tiempos de emergencia además de contribuir a estabilizar el costo de la energía.

Mientras la AEE alega tener límites a la integración de renovables debido a que no tiene el personal necesario para evaluar los proyectos y las interconexiones. Cambio denunció que la AEE admitió que no podrán lograr el objetivo de 15% renovable el año que viene, como propone el PIR, como tampoco podrá incorpora recursos renovables luego de 2027.

Tampoco se identifica en el PIR vertederos o lugares contaminados para ubicar sistemas fotovoltaicos, ni se considera la colocación de tales sistemas en techos de edificios o residencias. En su lugar, se identifican Suelos Rústico Común para ubicar sistemas fotovoltaicos a gran escala y hasta en terrenos agrícolas o de valor ambiental.

En un aspecto que se denota que el PIR está en línea con la privatización de la AEE, es que aun cuando dice que éste está centrado en el consumidor en el mejor de los escenarios solo se le destina a los consumidores la producción de un 20% de la energía. Otra declaración que lo confirma es que la AEE admitió en la vista que el PIR no considera el impacto que pueda tener el acuerdo con los bonistas para el pago de la deuda, el cual implica un aumento en la factura de la electricidad y un impuesto al sol. Las organizaciones denunciaron que dejar el acuerdo fuera de las consideraciones del PIR resulta en un plan deficiente por lo cual reclamaron ante el NEPR que la AEE haga un análisis de viabilidad del impacto del cargo de transición que provoca el acuerdo.

Los trabajadores

Mientras el director ejecutivo de la AEE, ingeniero José Ortíz, en entrevistas y declaraciones a la Prensa vaticina un “modelo resiliente en siete años” y no parece darse por enterado de las criticas, los trabajadores afiliados a la Unión de Empleados Profesionales de la AEE, en una carta pública le solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced una reunión “a los fines de evitar el colapso de la empresa y evitar que los intereses privados prevalezcan sobre los del pueblo de Puerto Rico”.

Según el presidente de la Unión, Evans Castro Aponte, solicitaron reunirse con la gobernadora ante la imposibilidad de reunirse con el director ejecutivo, aun cuando se supone que sean su “personal esencial y primordial para que el resto de los empelados puedan ejecutar su trabajo correcta y eficientemente”. Entre los asuntos que dijo la Unión interesa discutir con la Gobernadora están; el manejo inadecuado del manejo de efectivo, el de cuentas por cobrar, el manejo inadecuado de la pérdida de energía por hurto, la pérdida de energía en cuentas primarias por desperfectos técnicos en los equipos de medición.

Por su parte miembros de la Unión Independiente de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) la cual ha presentado una resistencia y defensa de que la AEE se mantenga como corporación pública, hace unas dos semanas también se reunión con la Gobernadora. La reunión no tuvo los resultados esperados por la UTIER de que la gobernadora intercediera con la gerencia de la AEE para que atienda los reclamos de los celadores de línea. A juicio del presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, el director de la AEE debe renunciar, por haber fracasado en su gestión. En recientes declaraciones a CLARIDAD, Figueroa Jaramillo, atribuyó que “el ingeniero Ortiz se ha dedicado única y exclusivamente a lo que es un síndico liquidador que no le importa nada mas que sus propios intereses”.

Por María de Lourdes Guzmán/Especial para CLARIDAD

Luego de los eventos del verano de 2019 que provocaron la renuncia del gobernador Ricardo Rosello, y sofocado el golpe de estado de Pedro Pierluisi, finalmente fue juramentada la actual gobernadora, Wanda Vázquez. Aun cuando la Gobernadora no es santa de la devoción de muchos(as) de los que participamos de las masivas protestas de pueblo, con su llegada se respiró un aire que calmó las protestas, con lo que el País volvió, por así decirlo, a la cotidianidad. En sus primeras expresiones en el cargo, esta dijo que su puesto no era político partidista y que la estadidad no estaba entre sus prioridades. Eso revolcó a los estadistas del corazón del rollo, pero le ganó simpatías de un gran sector de un pueblo harto de la politiquería y la corrupción que emanó de ella. Desautorizó un contrato de con la firma Stantec para la reconstrucción del sistema eléctrico, que José Ortiz, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, había aprobado y que ya tenía salivando a uno de tantos contratistas que por años han pululado por la AEE. La gobernadora indicó que todos los contratos gubernamentales serian evaluados “sin excepción”. Comenzó a celebrar reuniones con Reymundo y to´ el mundo en una muestra de apertura con la que parecía querer distanciarse de su antecesor, Ricardo Roselló.

Ante el furor público que causó el anuncio de la posible aprobación de un nuevo mapa de calificación de terrenos que daría al traste con el Plan de Uso de Terrenos vigente, Vázquez comunicó que evaluaría dicho mapa lo que alivió un poco las tensiones de los opositores a ese proyecto. Destituyó de su posición a la directora del Negociado de Ciencias Forenses, agencia que, durante este cuatrienio, ha estado manga por hombro. Despidió al Lcdo. Erick Rolón, secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, señalado por irregularidades en una subasta en dicha agencia y para quien las recientes muertes en las cárceles eran un asunto “normal”. Ante los insistentes reclamos de los sectores feministas del país frente la alarmante incidencia de violencia de género, se reunió con la Colectiva Feminista en Construcción y otras representantes de las mujeres, luego de lo cual emitió una “alerta nacional”. Discutió con el presidente de la UTIER la situación de las condiciones de trabajo de los celadores de la AEE y sus quejas ante la enorme cantidad de contratos millonarios otorgados por esa corporación a diversas empresas. Para algunos, como mi amigo Ignacio Rivera, la gobernadora parecía traer “un pasito muy bonito”.

Poco antes de cumplir un mes en la gobernación, se le presentó su primera prueba de fuego con el aviso de la llegada de la tormenta tropical Dorian, que poco antes de acercarse a nuestras costas, se convirtió en huracán categoría uno. La gobernadora se dirigió al país y pareció tener control del asunto. Sin embargo, pronto asomó su adhesión al republicanismo estadounidense, pues no faltó el agradecimiento a Trump quien, sin reservas, ha mostrado su desprecio hacia los puertorriqueños. Según la Gobernadora dio a entender durante la emergencia, las agencias concernidas estaban preparadas para enfrentarla. Poco después el pueblo supo que no existía un plan de contingencia. No se hicieron esperar las múltiples quejas hacia la labor del Sr. Carlos Acevedo, director de la agencia de manejo de emergencias por su pobre desempeño ante la emergencia. Ex directores de esa agencia solicitaron, unánimemente, su renuncia. La Gobernadora se negó a despedirlo alegando que le habían “leído la cartilla”.

Medios periodísticos independientes divulgaron los múltiples contratos que había otorgado José Ortiz en la AEE, la constante intervención del Ing. José Pérez Canabal en los asuntos de la corporación pública y los pagos de gastos exorbitantes a funcionarios de compañías estadounidenses. Contrario a su promesa de evaluar todos los contratos gubernamentales, la gobernadora ha hecho oídos sordos ante el desempeño inmoral y escandaloso de José Ortiz en la AEE. Ante la denuncia del festival de contratos en la Legislatura, la gobernadora indicó que dará “deferencia a los líderes legislativos”. Como si ello fuera poco, expresó su respaldo a la reestructuración de la deuda de la AEE con los bonistas, acuerdo que según el respetado economista Ramón Cao García, sería devastador para la economía del país. Luego expresó que no intervendría en la pugna laboral entre la corporación y la UTIER. Por otro lado, la tan anunciada “alerta nacional” resultó ser letra muerta pues nunca dio paso formal a las propuestas de los sectores feministas para implantarla. Sigue latente la amenaza de la aprobación del nuevo mapa de calificación. Recientemente, la Gobernadora recibió elogios de la nefasta Junta de Control Fiscal por su respaldo a dicho organismo, incluyendo a los nombramientos de sus miembros, cuya constitucionalidad está en entredicho. Además, a pesar de la deficiencia e indolencia en el trato dado por el gobierno federal luego del implacable azote del huracán María, ha justificado el retraso en la llegada de fondos para la reconstrucción. Se desentendió del escándalo que se creó al asignársele el nombre de un parque recreativo en Canóvanas, a uno de los artífices de los asesinatos del Cerro Maravilla. La Gobernadora del pasito bonito comenzó a dar traspiés.

El Junte de Voluntades organizado desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que agrupa numerosos sectores que luchan, entre otras cosas, por la derogación de las leyes de cabotaje, le solicitó su intervención para evitar la fusión entre P.R. Terminals y Luis Ayala Colón, fusión que permitiría el control de un 80% del acarreo marítimo por parte de Tote Maritime. Ello, indudablemente, provocaría un monopolio del manejo de la carga marítima del país y se entregaría a Tote y Crowley el control absoluto de toda nuestra subsistencia económica. A pesar de que los muelles donde se recibe la carga son propiedad de la Autoridad de Puertos, el secretario de la agencia, Anthony Maceira, uno de los participantes del chat de la vergüenza, se ha lavado las manos aduciendo, falsamente, que la corporación marítima federal ha dado el visto bueno al acuerdo. Rememorando a su antecesor, la gobernadora expresó que Maceira goza de su confianza. Todo tiende a indicar que el resto de los miembros del gabinete nombrados por Ricardo Roselló, gozan también de su confianza, a pesar de la manifiesta incompetencia con la que muchos se han desempeñado.

Aquella gobernadora que mostró un rostro afable y actitud de diálogo con el pueblo, ya va mostrando sus verdaderos colores. Es el rostro del neoliberalismo clásico y de la adhesión a los intereses de los enemigos del país. Detrás de la sonrisa para la foto ya se asoma el rostro de quien es cómplice de aquellos que representan intereses contrarios a los del pueblo, desdeñando la legitimidad de sus reclamos. Que nadie se llame a engaño. Con la gobernadora se acabó la luna de miel.

Por Félix Aponte Ortiz/Especial para CLARIDAD

Con el titular de primera plana “NO analizarán muertes por María” del periódico El Vocero del jueves 19 de septiembre de 2019, la gobernadora Wanda Vázquez parece que establece la política pública relacionado al manejo del trágico impacto del huracán María hace dos años sobre Puerto Rico. Decía el mismo medio comercial de noticias “…La gobernadora Wanda Vázquez admite que no hay dinero para realizar un segundo estudio prometido por la administración Rosselló” relacionado al esclarecimiento del número de muertes, las circunstancias de esos fallecimientos y la información forense necesaria para establecer los factores que provocaron los decesos de varios miles de compatriotas. Nos consterna esa noticia. Esta información nos parece crucial e indispensable para considerar fijar responsabilidades por negligencia en el ejercicio de funciones ministeriales de varios jefes de agencias durante y posterior al impacto del huracán María. Tal como está planteado, y como me parecía previsible, el gobierno pretende echar al olvido el doloroso desenlace de la vida de miles de personas fallecidas, así como de sus familiares. La alegada carencia de recursos monetarios para llevar a cabo el trabajo forense necesario de esta tragedia humana no tiene justificación.

El viernes 20 de septiembre en la versión electrónica del periódico Metro se publicó un parte de prensa con el título “Salud conmemora segundo aniversario del paso de María con evento de preparación en Yabucoa”. La noticia destacaba que el Departamento de Salud (DS) celebró una actividad que denominó “NutriFestival: Puerto Rico se prepara con Salud”, actividad que celebraron en el llamado Parque del Niño. Esa actividad asignaba énfasis a la protección de infantes, niños y mujeres embarazadas a la que el DS identifica como poblaciones que “requieren de un cuidado particular ante el paso de cualquier evento atmosférico”. Metro atribuye al Secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, haber planteado en un comunicado escrito lo siguiente: “La temporada de huracanes no ha terminado, así que tenemos que estar vigilantes y preparados para enfrentar cualquier disturbio atmosférico que se presente. Qué mejor que proveerle, de forma creativa, herramientas educativas a los ciudadanos para que tengan claro cómo deben prepararse y manejar una situación de esta índole protegiendo su salud. Más aún, si en su núcleo familiar cuentan con esta población.” Estas expresiones que se atribuyen a Rodríguez sugieren que en la mentalidad del secretario la protección de la salud pública es un deber primario del ciudadano particular, no del Estado, soslayando el deber constitucional del DS de proteger la salud y el bienestar del Pueblo de Puerto Rico. Oculta el comunicado del secretario que cientos, sino miles, de los fallecidos durante el huracán María tuvieron desenlace fatal por la carencia o inhabilidad para acceder a servicios de mantenimiento de salud básico. Entre esas carencias se incluyen procedimientos de diálisis, falta de insulina y de medicamentos para controlar la hipertensión, de medicamentos para controlar expresiones de extrema ansiedad o de depresión emocional, así como de sicosis y otros casos agudos de salud mental. Muchas personas se suicidaron. Muchos otros cientos murieron en facilidades hospitalarias carentes de servicios básicos de higiene, de energía eléctrica, de falta de capacidad para procedimientos quirúrgicos de emergencia; incluyendo los de respuesta de emergencias cardiovasculares. Dentro de toda esa población afectada se incluían a cientos de miles de envejecientes, precariamente institucionalizadas en centros de cuido carentes de servicios básicos de salud, de alimentación y de agua potable. Mientras este escenario se desenvolvía días y semanas después del huracán, ese señor secretario de salud, así como sus colegas del Departamento de Seguridad y de Familia, pernoctaban placenteramente en el Centro de Operaciones de Emergencia ubicado en el Centro de Convenciones de Miramar, con aire acondicionado, agua potable, alimentación continua, caliente y variada, así como custodia para su seguridad por un gran contingente de soldados armados que controlaban el perímetro de ese alegado centro de operaciones de emergencia.

Desde allí de Miramar el silente Secretario de Salud no comunicaba sobre su conocimiento en cuanto a la implantación anticipada de medidas de preparación y respuesta a catástrofes que el propio DS había desarrollado desde el año 2003 con una asignación multimillonaria anual suplida por el Center for Disease Control del Departamento de Salud federal. Desde, al menos, el año 2003 el gobierno federal exigió y auspició el desarrollo de programas de planificación y programación contra desastres y catástrofes que incluía, pero no se limitaba, a incidentes provocados por bioterrorismo, epidemias y pandemias, terremotos y eventos atmosféricos como huracanes de categoría mayor. Con el auspicio de ese programa federal se desarrolló un mecanismo de preparación y respuesta que vinculaba todos los servicios de preservación de salud y de respuesta a eventos catastróficos, y que el secretario debía velar por su implantación. Me consta de ese programa porque en el mismo colaboraron múltiples planificadores que fueron mis estudiantes, así como colegas salubristas de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. En varias instancias colaboré profesionalmente con el desarrollo de ese Programa para atender consultas informales y ofrecer asesoramiento sobre el concepto de resiliencia que actualmente tanto se utiliza de forma retórica por funcionarios electos y alegados líderes sociales. Toda la inversión monetaria (que estimo excede los $100 millones) y todo el trabajo de profesionales de distintas disciplinas que trabajaron la estructuración de ese programa de preparación para desastres en el DS, resultaron inútiles ante la aparente ignorancia o indolencia de los funcionarios con el deber ministerial de ponerlos en ejecución. Se debe tener en cuenta , además, que la responsabilidad e incumplimiento con el deber ministerial, no se limita a los funcionarios del gobierno de Puerto Rico pues también involucra las responsabilidades y funciones del Departamento de Salud federal, del CDC en Atlanta, y de otras entidades responsables de la salud pública en Puerto Rico que tampoco actuaron preventivamente y sobre los cuales no hemos escuchado que se haya realizado una auditoría forense sobre qué hicieron y qué no hicieron para prevenir las muertes y el desasosiego de la salud pública que padeció una porción considerable de nuestra población.

La política pública sobre la evaluación de las muertes del huracán María no puede ser la de “borrón y cuenta nueva”, la de “empastelar el asunto y olvidarnos del mismo”. Actuar de esa forma sería equivalente a lo que históricamente se ha hecho en Puerto Rico después del impacto de cada huracán catastrófico: contamos los muertos, o algunos de ellos, los enterramos y nos olvidamos del asunto. Así hicimos en septiembre de 1960 cuando más de un centenar de compatriotas murieron en Humacao por las inundaciones del huracán San Lorenzo (Donna) que afectó el este de Puerto Rico con lluvias extremas. Muchos de los muertos en Humacao se enterraron en una ‘fosa común’. Nunca supimos la identidad concreta de esos seres humanos fallecidos. Sí sabemos que tenían un elemento en común, entre ellos y con los muchos fallecidos por los incidentes de huracán María en el 2017: se trataba de gente pobre, gente invisible social, económica y políticamente. La responsabilidad gubernamental y la responsabilidad legal y moral de los funcionarios que manejaron negligentemente los acontecimientos del huracán María no pueden echarse al olvido en una ‘fosa común’. Casi todos esos funcionarios que tenían esa responsabilidad legal y moral para manejar racionalmente los eventos con potencial desastroso siguen actualmente en sus funciones ministeriales. Esas son las personas que tienen la obligación de proteger al Pueblo contra otro evento atmosférico que pueda producir una catástrofe social. La política pública sobre los fallecidos en María no puede ser la del olvido pues entre las potenciales víctimas de ese negligente desempeño, puede estar usted, distinguido lector de esta columna, pues sus restos pueden también terminar en una fosa común.