Por Mildred Santiago Ortiz/Especial para CLARIDAD

Cuando los cooperadores se unen para cumplir juntos con los fines socio filosóficos de promoción y de progreso humano, encuentran que sus mínimas exigencias de pan y de cultura son un puente que fácilmente acerca y conduce a sus más altos propósitos.

Antulio Parrilla Bonilla

Todos conocemos que en nuestro país la población ha menguado debido a que muchas personas y familias completas han emigrado buscando mejores oportunidades. La devastación causada por el huracán Maria y su antecesora Irma agravaron a situación. Ante esta situación que afecta nuestra economía es una gran noticia conocer que el cooperativismo continúa creciendo en cantidad de socios.

Las estadísticas que presentaremos en este escrito fueron obtenidas de la Corporación para Supervisión y Seguro de Cooperativas, conocida por COSSEC. Los datos son públicos y corresponden a marzo de 2019. La actualización de estos se espera para el mes de septiembre de 2019. Es información relativa al sector de ahorro y crédito. La COSSEC regula las cooperativas de otros tipos diversos, pero no publica datos sobre estas. A esa fecha en el país teníamos 113 cooperativas de ahorro y crédito activas.

Los datos establecen que el 2018 cerró con 988,983 socios y a marzo de 2019 esa cifra había ascendido a 1,025,415 excluidos los socios de cooperativas que no pertenecen al sector de ahorro y crédito. Nos referimos a las agrícolas, de vivienda, gasolineras, de trabajo asociado, entre otras, por lo que estimamos de 10 a 15 mil socios de estos sectores que hay que sumar a la cifra anterior. En esa descripción la COSSEC ofrece información sobre la estabilidad en el sistema de las acciones y depósitos y otros importantes renglones.

Mención aparte merece el por ciento de morosidad o de incumplimiento con los compromisos de asumidos con las cooperativas que mantiene una tendencia descendente. En el 2015 la morosidad era de 5.21 % y en el 2019 la cifra bajo a 3.71%. Este dato demuestra el sentido de responsabilidad del socio ante su cooperativa. Estas son buenas noticias para el País, para el sistema cooperativo y para la autoestima de los nuestros.

Muchas pueden ser las variables que inciden en estas cifras. Lo cierto es que estas instituciones no han estado exentas de situaciones difíciles. Conocemos que están inmersas en procesos y proyectos enfocados en su fortalecimiento. La diferencia es cómo las manejan. La práctica de los valores y principios cooperativos explican la diferencia. Hacen esta diferencia. Los socios han tenido la oportunidad de conocer los detalles en sus respectivas asambleas mediante de la democracia participativa. Nada se esconde, todo se muestra en los estados financieros e informes que son sometidos al escrutinio y debate de los socios. Muchas cooperativas publican sus estados en sus respectivas redes.

Tal vez, el aumento en la cantidad de socios es el resultado de que el pueblo vio, a raíz de los desastres naturales del 2017, la respuesta de sus cooperativas a sus necesidades apremiantes. Validaron su razón de ser: el bienestar humano, el bien común y fueron muchos empleados del sistema que dejaron sus necesidades a un lado para atender las filas en las cooperativas. Así fue como socios y no socios pudieron acceder sin dificultades a su dinero. Hay que destacar que a 30 días del paso de María en 17 pueblos la única institución que prestaba servicios financieros a la comunidad era la cooperativa. Esa experiencia de apego al pueblo es más poderosa que cualquier campaña publicitaria y quedó grabada en la memoria y el corazón de los nuestros.

Otro factor que nos atrevemos a sugerir es el compromiso del cooperativismo con ejercer la responsabilidad social. Hace unas semanas salió el Informe Anual de Inversión Social de las Cooperativas 2018 de la COSSEC. Este es un informe que se prepara en virtud de la Ley 123 de septiembre de 2007, que establece la obligación de someter, no más tarde del 30 de agosto de cada año, un informe sobre la inversión social cooperativa a la Legislatura y al Gobernador de turno. El Sistema de Acopio de Datos de Inversión Social es el instrumento que se utiliza a base de los principios cooperativos. Fue trabajado por el propio movimiento cooperativo, a través de la Comisión Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Este informe de COSSEC concluye que:

“La data financiera y estadística ofrecida por las cooperativas de ahorro y créditos del año fiscal 2018, revela que éstas cumplen cabalmente con una de sus funciones de llevar a cabo inversión social en la comunidad y sus socios.

En este año, su inversión social, basada en los Siete (7) Principios del Cooperativismo fue $170 millones, lo cual representa el 1.95% de sus recursos económicos y un 36.85% en comparación con el ingreso bruto. Esta última cifra es un reflejo de cómo el Movimiento Cooperativo cumple con su función de apoyar a sus socios y a la comunidad y el país.

La inversión social de las cooperativas durante el 2018 fue una excelente, esta reflejó un aumento con relación al 2017. En el 2017 la inversión social fue por $150 millones lo que representa un aumento de 13.33% en inversión social para el 2018”.

Pueden ser muchas las razones para este crecimiento lo cierto es que lo más importante y urgente es reconocer que somos más de un millón de cooperativistas y que eso es parte la transformación de un pueblo que no va a pasar la página y que exige ser parte de la solución.

Comentarios a: mildredkairo@gmail.com

Por Rafael Bernabe/Especial para CLARIDAD

El descrédito alcanzado por los partidos dominantes, por la legislatura, por los “políticos” y hasta la “política”, definidos imprecisa, pero despreciados visceralmente por mucha gente, recuerdan el concepto de “crisis orgánica” del marxista italiano Antonio Gramsci. Autores, como Stathis Kouvelakis, lo han usado para analizar el movimiento de los “chalecos amarillos” en Francia. Una crisis orgánica supone una descomposición de la habilidad de la clase dominante de “mantener su rol dirigente”. Uno de sus “síntomas más visibles” es el “colapso del apoyo a los partidos tradicionales”.

Esa crisis se distingue de una situación de cambio radical por la ausencia de una fuerza social capaz de reemplazar el orden en crisis. Es una situación inestable, precaria, llena de oportunidades y de peligros. La clase gobernante intenta recuperar su capacidad de dirigir. Para eso, a pesar del descrédito, cuenta con grandes reservas. Así, la crisis orgánica “desata una recomposición del personal político”, incluyendo la pugna entre, y el surgimiento de nuevos, líderes y partidos, reformas constitucionales, etc. Desde la renuncia de Rosselló su consigna ha sido regresar a la “normalidad”. Pero eso no se logra por decreto, como demuestran el episodio de Pierluisi y la pugna interna del PNP alrededor de la gobernación. La clase gobernante quiere estabilidad, pero no se pone de acuerdo sobre cómo lograrla. Cada cual, de Rivera Schatz al Nuevo Día, del liderato del PPD a los comentaristas radiales, de la Cámara de Comercio a los bufetes patronales tienen ideas distintas sobre cómo lograrla. Cada cual intenta arrimar la brasa a su sardina.

Ante esto proceso es bueno repasar algunas ideas. Puerto Rico no vive bajo una “partidocracia”, como a veces se dice. No está dominado por los partidos. Está dominado por los que dominan a través de los partidos. Si se quiere una frase corta: está dominado por la plutocracia. Por los dueños del dinero, la riqueza y el capital. Por la clase patronal. Por los ricos. Póngale el nombre que usted quiera. Pero esa clase gobernante no es homogénea, ni actúa como unidad. No se reúne en algún sitio y decide cuál será su política. Depende de estructuras que le permiten ir elaborando posiciones: su prensa, sus analistas, think tanks, organizaciones (Asociación de Industriales, Cámara de Comercio, etc.) y sus partidos (el PPD y el PNP).

La relación entre esa clase y sus partidos no es sencilla. Bajo un gobierno electo están sujetos a presiones distintas. Se supone que los funcionarios electos sirvan a la clase gobernante, por un lado, y que logren y mantengan, por otro, el apoyo de los electores. De otro modo, serían poco útiles para la clase gobernante. Pero ese apoyo electoral no se logra con sonrisas y frases bonitas únicamente. A menudo exige hacer concesiones reales a la gente o no dar paso a las exigencias patronales más voraces. Fue el caso de la ley 80, que la clase patronal quería eliminar, algo que algunos de sus políticos consideraban tendría un efecto electoral inaceptable. La clase patronal siempre ha tenido este problema con sus representantes electos: los segundos están más sujetos a la presión electoral y por tanto no implantan toda la agenda antiobrera de los primeros. De ahí también la simpatía de la clase patronal por la Junta: al no ser electa, ni tener que preocuparse por la reelección, la Junta se atrevería a actuar sin miedo allí donde los “políticos” titubean (la ley 80 es también ejemplo de esto). A la clase patronal, por supuesto, también le encanta criticar a los “políticos”, presentándose como parte del pueblo, indignada por la corrupción, etc., a pesar de que es la otra cara de la corrupción: para que un “político” se venda, alguien tiene que comprarlo.

Así tenemos una doble hipocresía inherente a nuestra democracia patronal: los políticos patronales desprecian al pueblo, pero tienen que presentarse como amigos y servidores del pueblo (lo cual a veces implica conflictos reales con los patronos que representan) y los patronos a veces se distancian de los políticos corruptos que no dejan de estar a su servicio. La publicación del chat alteró el funcionamiento de esta máquina. Dejó al descubierto la primera hipocresía: el desprecio de los políticos por el pueblo quedó expuesto, resumido en la frase “cogemos de pendejos hasta a los nuestros”.

Pero el chat fue el detonante, no la causa del verano de 2019. Una “crisis orgánica” no se fragua en tres días: se preparó durante poco más de una década. Desde 2006 nuestra economía se hunde en una crisis cada vez más grave. Se han perdido 250 mil empleos. Cientos de miles han tenido que emigrar. La juventud no encuentra futuro en su país. Ante esta depresión, el gobierno primero se endeudó, imponiendo nuevos sacrificios (el IVU en 2006). Cuando la deuda se convirtió en parte de la crisis, impuso medidas de austeridad para tratar de pagarla: la ley 7, la ley 66, los recortes de presupuesto, los ataques a las pensiones, el cierre de escuelas, el aumento del IVU. Mientras tanto, continuaba la corrupción, destapada por algún escándalo, como el de Anaudi Hernández. El desprestigio de los partidos tradicionales ya se reflejó en 2016 con la victoria de Rosselló con 42% de los votos. Entonces llegó la Junta a imponer medidas de austeridad cada vez más severas. Sobre esta realidad se descargó el golpe de María: más de 4,000 mil muertos, $90 mil millones en pérdidas. La respuesta de los gobiernos coloniales e imperiales fueron ineptas y corruptas (recordemos a Trump tirando papel toalla y el contrato de Whitefish). La frustración con todo esto estalló en julio 2019.

La crisis será larga precisamente porque nuestra clase gobernante no tiene proyecto. Les encanta culpar al gobierno, pero no han articulado un plan coherente para sacarnos de la depresión. Como candidato a la gobernación propuse a sus organizaciones recuperar ganancias que hoy se fugan para reinvertirlas aquí: eran los primeros en rechazar estas medidas, que les beneficiarían. Prefieren perjudicarse antes que tocar los privilegios del capital externo. Son una burguesía dependiente, sin visión de país ni de futuro.

Pero seguirán gobernando hasta que construyamos nuestra alternativa. Su objetivo ahora es la normalización. Se usarán varias estrategias: la crisis se atribuirá a los desmanes de Rosselló. Resuelto eso, debe regresarse a la normalidad. Pensaban que Pierluisi era el hombre para lograrlo. Por dos días GFR Media lo vendió como el hombre de la estabilidad. Pero la crisis era demasiado grave. Repudiada la maniobra por el Tribunal Supremo, se desligan de Pierluisi y lo atribuyen todo a sus errores. Ahora vendrá una maniobra más insidiosa: se nos preguntará ¿de qué sirvió la lucha, la movilización, la protesta si, al fin y al cabo, todo quedó igual? Es decir, se tratará de convertir los límites de la victoria en argumento contra la lucha. No podemos permitirlo. Mientras los de arriba intentan recomponer su dominio, tenemos que construir nuestra alternativa. La perspectiva no puede ser hacerle una nueva constitución al régimen colonial, sino desatar la descolonización acompañada de la lucha contra la Junta y el bipartidismo. Eso implica seguir en la calle y también prepararse para las urnas: sacamos a Rosselló en 2019, terminemos de limpiar la casa en 2020.