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Con energía renovada para sacar a Rosselló

 

Por Josefina Pantoja Oquendo/Especial para CLARIDAD

Tal vez por los años que tengo y las barbaridades que he visto y vivido como feminista e independentista, estaba muy escéptica con relación a la posibilidad de que Julia Keleher fuera procesada por sus desmanes en el Departamento de Educación. Creo mucho en la intuición y cuando veo a una persona por vez primera y me inspira desconfianza, mi estómago levanta una especie de bandera de alerta a la cual llamo “brinco de sapo”. Eso fue lo que sentí cuando el Gobernador presentó a esta foránea como secretaria de educación. Consideré además una barbaridad traer a una norteamericana a dirigir un área tan fundamental para nuestro desarrollo como pueblo, como si no hubiera aquí talento con el compromiso, experiencia y preparación para hacerlo. Evidentemente sus talentos eran otros y sumados a la extravagante cantidad de dinero que devengaba en un extraño arreglo que a muchos causó sospechas, devastó el sistema educativo público con decisiones arbitrarias para cerrar escuelas, menoscabar derechos de la clase magisterial, negar toda posibilidad a la educación con perspectiva de género, rodearse de ayudantes de extraña procedencia y establecer una red de contratos con gente que probablemente conocía anteriormente y para favorecer los cuales llegó hasta aquí. Su arresto ha reivindicado las denuncias de los gremios magisteriales y a las madres y padres que denunciaron sus actuaciones. Las falsas lágrimas que de forma dramática derramó en algunas conferencias de prensa para fingir su interés y compromiso con la educación en Puerto Rico, fueron de cocodrilo, como dice el refrán.

La otra funcionaria de alto rango arrestada, Ángela Ávila, es menos conocida, pero igualmente despreciable por haber llevado a cabo acciones corruptas que afectan un área tan fundamental como la salud de nuestra gente, que de forma tan precaria es atendida por el sistema gubernamental y de cuya implantación por ASSES y las aseguradoras privadas contratadas hay quejas todos los días. Otra vez vimos como las autoridades de Estados Unidos en Puerto Rico asumieron la jurisdicción mientras Wanda Vázquez Garced, secretaria de Justicia, se lavó las manos nuevamente. Claro, en esta ocasión, tratándose de Keleher, una persona tan cercana y ensalzada por el gobernador Rosselló, no estuvo presente en la conferencia de prensa para reírle las gracias al jefe del Negociado Federal de Investigaciones en Puerto Rico, Douglas Leff. 

Los arrestos fueron un duro revés para el gobernador quien desde que asumió el poder en enero de 2017 nos ha traído por el camino de la amargura, por sus ejecutorias, las de su gabinete constitucional, jefes de agencias y tantas otras personas en puestos ejecutivos. Han sido muchas las renuncias, voluntarias o no y a falta de nuevos “talentos”, varios han tenido que convertirse en super antihéroes para tapar rotos. Fue así como Raúl Maldonado, ex del Departamento de Hacienda, de Gerencia y Presupuesto, de la Secretaría de la Gobernación y funcionario principal de Asuntos Fiscales, puso fin a su imagen de persona seria, responsable y funcionario probo para iniciar sus paseos al edificio del gobierno de Estado Unidos en la Calle Chardón. No podemos olvidar que otorgó contratos que favorecían a la compañía para la que trabaja su hijo, el ahora llamado familiarmente “Rauli”. Las expresiones públicas que causaron su destitución, los arrestos de hace dos semanas y los que parece están próximos a ocurrir han marcado para Rosselló el escocotamiento del que hablaba el Maestro Albizu Campos cuando la gente empieza a resbalar. 

El gobernador continúa cuesta abajo sin cesar desde que quedó al descubierto la conversación electrónica que mantenía con una docena de personas muy allegadas a él, entre las que había altos funcionarios, contratistas y cabilderos, todos opinando sobre asuntos gubernamentales como si fueran cosas de su partido. Tal es el caso de Elías Sánchez, agresivo y oportunista cabildero con toda la información sensitiva que obtuvo como director de Comité de Transición, luego de las elecciones del 2016 y primer representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal. 

Toda la desgracia que ha sufrido Puerto Rico en las últimas semanas ha tenido, sin embargo, sus aspectos positivos. Los arrestos y el “Chat”, que era administrado por Rosselló y del cual era un activo y florido conversador en cuanto a palabras soeces, altisonantes y degradantes se refiere, promotor de acciones y corillo de los demás, han puesto al descubierto de forma irrefutable en manos de quien está Puerto Rico: son blanquitos al decir de nuestra gente; es decir: provenientes de familias acomodadas, que estudiaron en escuelas privadas, misóginos y macharranes hasta la médula, racistas, corruptos y borrachos de poder; capaces de burlarse de la diversidad funcional de otras personas, inclusive de sus correligionarios; de amenazar y tramar la provocación de daños a quienes piensan y opinan de forma distinta; con un sentido de impunidad a prueba de todo. El habitante de la Fortaleza y su club de correligionarios y amigos han quedado retratados de cuerpo entero y también de espíritu.

Ante tal imagen y burla de la democracia, tan cacareada por ellos, la gente se ha volcado en repudio y reclama como única reivindicación la salida del primer ejecutivo de la gobernación. Han sido múltiples, diversas y multitudinarias las manifestaciones y expresiones de todos los sectores de nuestro Pueblo. La creatividad no ha tenido límites, como tampoco la contundencia y unidad en la demanda para remover a Rosselló del puesto. Mejor aún ha sido la gran cantidad de gente joven que forma parte de la masa activa que denuncia, exige y actúa movilizándose. También destaca el hecho de que no hay monopolización de las convocatorias, pero la gente confía y asiste. Es un movimiento ciudadano que motiva y entusiasma. Por ello el reciente anuncio del gobernador de que renuncia a la presidencia del Partido Nuevo Progresista (PNP) y a una inviable postulación para la gobernación en el 2020, no tiene valor alguno. Podrá ser ficha del juego partidista del PNP del “quítate tu pa’ ponerme yo” pero su pronunciamiento solo ha servido para avivar la ira por la ofensa a nuestra dignidad. ¿Cómo pretende mantenerse en el poder dos años adicionales mal gobernando y, además, borrando las huellas y la evidencia de los desmanes que ha cometido? 

Las mujeres hemos estado bien presentes en esta jornada y así nos mantendremos el tiempo que sea necesario. Las burlas y vejámenes que nos han infligido en el conversatorio del club del gobernador no es lo que más sentimos, sino el daño que se le está causando a nuestra Patria; que este grupete de tipos insensibles y arrogantes asuma que es lo mismo su partido que Puerto Rico y mezclen la responsabilidad de los asuntos públicos con sus ambiciones electoreras. Los presidentes de las cámaras legislativas están midiendo las aguas para ver lo que más les conviene, pero ya la gente no se llama a engaño. O dejan de arrastrar los pies para residenciar a Rosselló o también recibirán su merecido. Bastante arrogancia que padecen ambos. Mientras tanto, con energía renovada participaremos en cuanta actividad sea convocada en unidad y concertación que esté en concordancia con la consigna que también hemos adoptado, “Las MUJERES exigimos FUERA Rosselló”.        

25 de julio

 

Por Carlos Gallisá/CLARIDAD

Reproducimos esta columna de Carlos Gallisá escrita en el 2012 por su vigencia..

 

La fecha del 25 de julio es una fecha nefasta en nuestra historia. Cuando apenas empezábamos a salir del coloniaje español con una carta autonómica que era un intento desesperado de España por retenernos un tiempo más bajo su dominio, las tropas yanquis nos invaden el 25 de julio de 1898, derrocan el gobierno electo por el pueblo puertorriqueño unos cuatro meses antes y este mes de julio se cumplen 114 años de coloniaje yanqui. No hay duda que la fecha es para la protesta y la denuncia de una agresión y la imposición de un sistema colonial que la comunidad internacional ha clasificado como crimen contra la humanidad.

El gobierno de Estados Unidos ha hecho todo lo posible por borrar de nuestra memoria como pueblo la invasión, usando el 25 de julio para anunciar concesiones y reformas. El presidente McKinley utilizo el 25 de julio de 1901 para anunciar el libre comercio entre Estados Unidos y la Isla eliminando una tarifa arancelaria que había provocado mucha protesta. Truman utilizó la fecha en 1946 para anunciar el nombramiento de Jesús T. Piñeiro como el primer gobernador puertorriqueño.  En 1952 Muñoz Marín y Washington a todo escape tomaron la fecha para darle nacimiento al ela y poner en vigor la llamada constitución aun cuando todavía el pueblo de Puerto Rico no había aceptado las enmiendas que el congreso le había hecho a la aprobada por los puertorriqueños. La prisa por no dejar pasar la fecha era tal que la constitución en vigor del 25 de julio de 1952 al 4 de noviembre de ese ano no era la que había aprobado el pueblo. En las elecciones generales de noviembre el pueblo acepto las enmiendas respondiendo al llamado de Muñoz.

La protesta también ha ocupado la fecha. En el 1907 hubo un rechazo masivo a la convocatoria del gobernador americano a conmemorar el noveno aniversario de la invasión en 1938 el nacionalista Esteban Antongiorgi utilizó la fecha para dispararle al gobernador Winship. Por otro lado, la fecha ha sido utilizada también para la represión del independentismo. En 1978 la policía de Carlos Romero Barceló asesino dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla. El llamado de un sector del independentismo a ir a Maravilla en vez de Guánica ha contribuido, sin que esa haya sido la intención, a borrar de la memoria colectiva la invasión. Maravilla es producto de la invasión, como lo es toda la represión al independentismo, por lo que no puede tener una prioridad sobre la protesta de la invasión.

Dentro de la confusión, la mentira y el engaño que preside el 25 de julio en nuestro país debemos detenernos a examinar la gran mentira de lo que han llamado la constitución del ELA. En primer lugar, ¿qué es una Constitución? Es un documento que contiene las normas por las que se ha de organizar y regir un estado y los derechos que se le garantizan a sus ciudadanos. El documento es producto de la expresión libre y soberana de un pueblo. A la Constitución se le llama la ley suprema de la nación por lo que ninguna otra ley puede contradecir o menoscabar lo que se dispone en ella. En Estados Unidos se le llama a la constitución “the law of the land”.

La llamada Constitución del ELA es producto de una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos que se conoce como la Ley 600 y en la que se autoriza al pueblo de Puerto Rico a redactar una “constitución” a los únicos fines de organizar el “gobierno interno” de la Isla. En la autorización el Congreso le impone las siguientes condiciones al pueblo puertorriqueño:

1) Que la constitución debe mandatar una forma republicana de gobierno. (Art. 2 Ley 600)

2) Debe contener una carta de derechos. (Art.2 Ley 600)

3) El presidente de Estados Unidos tiene que aprobar lo que el pueblo de Puerto Rico haya aprobado como constitución. Determinar si ésta es compatible con la Ley 600 y con la constitución de Estados Unidos. (Art.3 Ley 600)

4) Luego de la evaluación presidencial se requiere la aprobación del congreso para que la constitución entre en vigor.  (Art. 3 Ley 600)

El Congreso utilizando el poder antes mencionado le negó la aprobación a las secciones 20 y 5 aprobadas por el pueblo de Puerto Rico. La primera invocaba el derecho al trabajo, a la salud, la educación y la segunda imponía la obligación de asistir a la escuela elemental.

Ante estos hechos, lo que se llama constitución del ELA, ¿es verdaderamente una constitución? Es una expresión libre y soberana del pueblo de Puerto Rico? Si Puerto Rico no es un estado y nunca ha tenido soberanía, y lo que aprobara tenía que contar con la aprobación del presidente y el congreso de Estados Unidos, ¿es realmente una constitución lo que tenemos o es sencillamente una ley del congreso que se le ha llamado constitución para engañar al pueblo de Puerto Rico y más tarde a la comunidad internacional?

Si lo anterior no fuera suficiente, el estado de derecho es sumamente claro: Las leyes federales tienen un rango superior a la constitución de Puerto Rico. Por lo tanto, no es la ley suprema del País. Basta recordar que los federales la violan diariamente cuando interceptan nuestros teléfonos y nos imponen la pena de muerte por crímenes cometidos en Puerto Rico, ambas acciones prohibidas por la llamada constitución del ELA. Definitivamente no es la Ley suprema de nuestra nación. Es una ley mas del Congreso que se nos ha impuesto y un engaño mas de nuestros políticos coloniales.

Junta de Planificación a desplanificar

 

Por Cándida Cotto//CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Cuando el gobernador Ricardo Rosselló, dice que “tiene que terminar la obra que comenzó”, seguro que se refiere a terminar de regalar a Puerto Rico a los inversionistas, desarrolladores extranjeros, a sus amigos del alma. Ya en la práctica ha privatizado a todo el gobierno y lo que no, lo ha regalado. 

Ahora la Junta de Planificación se dispone a celebrar nueve días de vistas públicas- del 15 al 24 de julio- con el propósito de adoptar nuevos mapas de calificación, como se llama ahora a los mapas de zonificación. El experto en Derecho Ambiental, Pedro Sadeé Lloréns, lanzó la voz de alerta respecto a los peligros que esto puede representar. Indicó que los cambios abarcarían a todos los municipios e incluirían numerosas áreas especiales naturales, históricas y agrícolas, entre otras. 

Ante el aviso de vista pública Sadeé Lloréns, profesor de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Rio Piedras, le cursó una carta a la presidenta de la JP, planificadora María del C Gordillo Pérez, en donde le expone una serie de consideraciones para solicitarle que se pospongan las vistas públicas y se den al menos 90 días previo a la fecha en que se pauten nuevas vistas. Trae a la atención que dada su amplitud e implicaciones, se trata en realidad de un cambio de grandes proporciones y de consecuencias vastísimas para lo cual, la Junta no ha concedido suficiente tiempo de análisis y evaluación. Es decir ni a el público en general, a los residentes de urbanizaciones y comunidades, los Municipios, ni a las organizaciones no gubernamentales que “se interesan por la protección de los recursos naturales, el medio ambiente y la agricultura”.

En el caso particular de los municipios advierte, que los cambios distritales amenazan con invalidar de un plumazo las disposiciones de los planes de ordenamiento territorial, sin que sea humanamente posible que en tan poco tiempo se puedan examinar con el detalle que se requiere los usos de los terrenos de los   mapas de calificaciones propuestos, no importa que se cataloguen como meras equivalencias de nomenclatura. “Recordemos que estos planes han implicado la inversión de millones de dólares municipales. La tarea del análisis se dificulta en extremo debido a que la Junta no ha incluido en el Aviso de las vistas ningún análisis o explicación razonable de lo que propone y sus implicaciones”. 

Sadeé Lloréns advierte además que ese análisis, explicación o memorial explicativo tampoco puede encontrase en el portal de la JP. Otro elemento que tampoco se preovee en el Aviso es el que alude a áreas o zonas sobrepuestas, pero no puede encontrase una ilustración o explicación de éstas, aún cuando los cambios de distrito que se proponen pueden afectar y de hecho afectarían terrenos de gran valía natural o agrícola. 

Continúa señalando que a las dificultades indicadas se suma la ausencia de información o explicación de los impactos de los distritos propuestos en el Plan de Usos de Terrenos u otros instrumentos de planificación, ni sobre el importante tema de la incorporación o no de nueva información y toma de conciencia sobre los riesgos en zonas de riesgo, costeras o no.

Por su parte el planificador ambiental José Rivera Santana, catalogó las pretensiones de la JP como “otro atropello y un ejemplo de la corrupción en el manejo de las reglamentaciones de planificación. “En efecto, lo que pretende la Junta de Planificación es abolir mediante un proceso, a mi juicio ilegal y fraudulento, el Plan de Usos de Terrenos y los planes territoriales de los municipios”. Advirtió que de aprobarse lo propuesto, no solo tendrá consecuencias nefastas para los sistemas naturales, sino también para los centros urbanos y la calidad de vida de sus residentes. 

“Se traen “por la cocina” cambios en la calificación (zonificación) que desvirtúan la visión y propósitos de los distritos permitiendo usos y densidades inaceptables. ¡Es grave! ¡Muy grave!”, recalcó. 

Hay que traer a la atención que la administración de Rosselló Nevares, colocó a la JP bajo la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Además, se propone crear un fideicomiso para entregar a manos privadas el 96% de las propiedades de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), la cual tiene propiedades tanto en zonas costeras, y otras áreas privilegiadas, la designación de todo Puerto Rico como “zonas de oportunidades”, y ahora los cambios a los mapas de calificación del uso de los suelos, todo levanta sospechas del por qué y la prisa por los cambios. 

En riesgo el patrimonio cultural del país

 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com

Los archivos nacionales son instituciones que salvaguardan el legado histórico, político y cultural de los pueblos. En estos se reúnen los documentos oficiales del gobierno e instituciones, que ayudan a entender la historia y el desarrollo de un país; testimonios que merecen preservarse para las actuales y futuras generaciones. 

En contraste con archivos nacionales de otros países, el nuestro está en el abandono. Basta con pasar por el edificio Ricardo Alegría en la Avenida Constitución, para constatar el deplorable estado del edificio que alberga el Archivo General y la Biblioteca Nacional, adscritos al Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

Pero el asunto va mas allá, no sería suficiente con un “lavado de cara” y un poco de pintura por así decirlo. Al deterioro físico de las facilidades se suma el deterioro administrativo y la falta de personal. Es una queja recurrente entre compañeros historiadores, periodistas y sociólogos –por mencionar algunos– que se benefician de sus servicios. 

Así, fuentes de entero crédito han criticado y cuestionado la falta de fondos, personal y el deterioro del Archivo y la Biblioteca en su totalidad, tanto en lo físico como en lo administrativo. 

Ante la falta de personal, el trabajo se multiplica para la plantilla de archiveros que queda. La Biblioteca Nacional tampoco cuenta con recursos humanos para garantizar un servicio eficiente. Entre otras labores, los cuatro o cinco archiveros que quedan tienen que hacer de tripas corazones para atender a los usuarios de sala, fotocopias archivar documentos, etcétera. 

El personal para las colecciones también es limitado. Mientras, el laboratorio de restauración está cerrado por falta de expertos en la materia. 

No hay personal que realice el debido proceso de disposición de documentos de las agencias y municipios. Muchas agencias reclaman al archivo que vaya y coteje los documentos para llevarlos al archivo.

A pesar de esta carencia cuando se retira un empleado se congela la plaza. 

 

Como consecuencia del estado del Archivo las personas que son custodios de documentos de valor histórico desconfían de donarlos por temor a que cierre o empeoren sus condiciones.

Las puertas y ventanas están frágiles. El elevador que permite acceso a los depósitos no está funcionando. En consecuencia, los archiveros han tenido que utilizar por meses unas escaleras incómodas para cargar las cajas de documentos. Esto representa un peligro. 

Los depósitos tienen problemas de filtración y control de temperatura a pesar de que es indispensable que estos espacios mantengan unas condiciones óptimas para evitar el deterioro de los documentos. 

Por otra parte, está la pretensión de mudar el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe al edificio Ricardo Alegría, lo que limitaría las instalaciones del Archivo y la Biblioteca significativamente.Esto pondría en riesgo las colecciones y toda la documentación con la que cuentan ambas instituciones. 

Aunque el ICP y el Centro se encuentran en conversaciones acerca del alquiler según constató El Adoquín Times hace unas semanas, la mudanza de dicho centro universitario no se ha llevado a consulta con los empleados. 

Ante esto, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, radicó una legislación para investigar el estado y funcionamiento del Archivo General. La resolución 1446 busca determinar el nivel de cumplimiento del ICP con lo dispuesto en la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico.

El gobierno actual no ha demostrado interés alguno en preservar tal patrimonio histórico. Por ejemplo, el cierre de la Galería Nacional, los recortes al presupuesto de la Orquesta Sinfónica, y el poco o ningún interés por reactivar los Centros Culturales en los pueblos. La situación refleja desdén y falta de voluntad política.

No puedo cerrar esta historia sin antes comentar que mientras la escribo solo pienso en la sociedad distópica descrita por George Orwell en 1984 y en el Ministerio de la Verdad, cuyo fin es manipular o destruir documentos históricos para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia mantenida por el Estado. Pero a diferencia de la novela de Orwell, esto no es ficción. 

Corroboración de “La cuesta de San José”

Corroboración de “La cuesta de San José”

Por Julio Eduardo Torres/Especial para CLARIDAD

A mi regreso a Puerto Rico de un viaje de deportes, leo el lunes 8 de julio, la columna del compañero Reinaldo Pérez Ramírez “La Cuesta de San José”. De mis ojos brotaron lágrimas. El recuerdo de esa actuación del hermano Gregorio “Goyo” Lima, hoy inconsciente y postrado en cama, me llevó a recordar mucho de su vida.

Señala Rei que hoy Goyo está impedido de corroborar lo que nos cuenta. Yo también oí esa narración más de una vez. Pero, como la fuente es la misma, Goyo, no puedo servir de corroboración. Sin embargo, la narración si está corroborada. La ha corroborado el propio Goyo con sus actuaciones durante toda una vida.

Recibido de abogado a finales de la década del 60, comenzó a trabajar en Ponce en un bufete corporativo, con un buen sueldo inicial. En un año, otorgó mas escrituras que todas juntas las que hizo en el resto de su vida profesional. Si hubiera continuado allí, habría tenido una holgada vida financiera. Pero su discurso de graduación lo llamaba. Al año renunció y se agenció una posición en la Sociedad Para Asistencia Legal, con un salario mensual inferior a los $500. Se dedicó a defender a los pobres, primero en Caguas y después en Bayamón. En Caguas son legendarias las historias sobre sus batallas con una judicatura que demasiado a menudo discriminaba contra los pobres. En Bayamón, participó en casos de envergadura en defensa de los menos afortunados y los perseguidos.

Siempre ha sido un abogado valiente y atrevido. En esos primeros años se integró plenamente a la actividad del Colegio de Abogados que en ese momento era una entidad esencial en la vida de Puerto Rico. Fue miembro de su Junta de Gobierno. Allí fue autor o coautor de la resolución aprobada en Vieques, requiriendo la salida de la Corte Federal de Puerto Rico.

Al cabo de unos años renunció de SAL y estableció su bufete en Bayamón. Era a mediados de la década de los 70 donde la persecución al independentismo era rampante. Su renuncia fue en gran parte motivada por los impedimentos que imponía SAL a la defensa de “casos políticos”,. Aunque desde SAL había representado a algunos perseguidos políticos, al renunciar se integró plenamente a la defensa del independentismo perseguido. 

Defendió puertorriqueños perseguidos en todos los foros: en la Corte Federal, incluyendo casos de Servicio Militar Obligatorio, de Vieques y muchos otros. En los Tribunales de Puerto Rico lo hizo en casi todos los distritos: Humacao, Aguadilla, Ponce, Aibonito, Bayamón, San Juan y otros. Fue el primer abogado que en 1976 llegó al tribunal a representar a los 4 de Mata de Plátano en Luquillo. Entre sus representados estuvieron Filiberto, Narciso Rabell, Willy Abreu, Rita Zengotita, Elías Castro, Miguel Cabrera, Carlos Fortuño y muchos otros. No discriminaba por agrupación, credo político específico o ninguna otra consideración. Bastaba ser un perseguido. Nunca conocí que cobrara un solo centavo por sus servicios a esos puertorriqueños. Aún en los últimos tiempos, ya rayando los 80, hizo calladamente múltiples gestiones tratando de ayudar a los perseguidos de ahora. 

En buena parte de su vida participó en el deporte nacional en el que fue figura controversial. Participó en organizar el viaje a las Olimpiadas mundiales Moscú 1980, retando el boicot de Estados Unidos. Fue miembro del Comité Olímpico, Vicepresidente y Presidente de la Federación de Esgrima de Puerto Rico, un deporte de la elite. Desde esta Federación realizó múltiples gestiones para llevar el deporte al pueblo de modo que los hijos de los pobres, aquellos que no podían subir la cuesta de San José, tuvieran la oportunidad de conocer el deporte y participar en él.

Por sobre todo fue un patriota abogado. Quizás la anécdotas que mejor demuestra su vocación de abogado patriota, valiente y osado, ocurrió en la Corte Federal en 1988 en el caso de Filiberto Ojeda Ríos. Al ser arrestado nuevamente Filiberto por lo ocurrido en el arresto en Luquillo en 1985, Goyo fue designado por el Tribunal para representarlo. En la primera vista, los federales insistían en que Filiberto permaneciera detenido en Roosevelt Roads durante todo el proceso. Filiberto y Goyo se oponían. El fiscal consultó con “Washington” para ver si era posible cambiar la directriz. Informó que “Washington” dijo que no. Goyo sugirió que se eliminaran los intermediarios y “lets talk to the Master”, lo que podía tener una implicación ofensiva. Uno de los planteamientos era el acceso del abogado a Filiberto. El magistrado entonces dispuso que Filiberto permaneciera en Roosevelt Roads y se pusiera a disposición de Goyo un agente del FBI para que llevara a Goyo a Roosevelt Roads cuantas veces él quisiera. A esto Goyo ripostó que solo entraría a Roosevelt Roads con las armas en la mano a sacar el invasor de su patria. Ahí acabó la sesión. Al otro día temprano, la Jueza que presidía el caso botó a Goyo del caso. Filiberto no fue a Roosevelt Roads sino que fue trasladado a MCC de New York, hasta que le construyeron una celda en el último piso del edificio de la Corte Federal en el Viejo San Juan. Aunque expulsado, triunfante. 

Ciertamente, la vida de Goyo es elocuente corroboración de su discurso “La Cuesta de San José”.