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Un respiro pasajero

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Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

Poco antes de que terminara el mes de junio trascendió en los medios que la Middle States Commission on Higher Education había sacado de probatoria a los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Pero esto solo sería un “respiro pasajero”, pues el problema fundamental prevalece ante todo. 

Ese corto aliento duraría tan solo ocho años, tiempo por el que la Middle State extendió la acreditación. Sin embargo, el plan fiscal UPR mantiene los recortes al presupuesto y los aumentos en la matrícula. También, la congelación de plazas, incluyendo la de aquellos empleados que trabajarían en el proceso de entregar los estados financieros. Precisamente fue tras la entrega de los estados correspondientes al año fiscal 2017-2018, que la agencia acreditadora retiró la probatoria el pasado 28 de junio. 

En ese sentido, las consideraciones en el plan fiscal UPR mencionadas arriba, entre otras, mantendrían las dudas sobre la estabilidad financiera de la Universidad y su capacidad para seguir operando. Una de las razones por la cual la Middle State decidió poner a la UPR en probatoria en mayo de 2017. 

La representante subgraduada ante la Junta de Gobierno de la UPR, Naomy Rivera Rodríguez, señaló que “todos los golpes de pecho que se ha dado la Administración Universitaria luego de que la Middle State retirara la probatoria de los 11 recintos son simbólicos. Al final del día todas las políticas y recortes presupuestarios proyectados en el plan fiscal de la UPR demuestran cómo la Junta de Gobierno de la Universidad cede a las exigencias de la Junta de Control Fiscal (JCF). La realidad del asunto (de la probatoria) es que se trata de un respiro pasajero”. 

El pasado lunes, 8 de julio, se llevaron a cabo 3 reuniones de Comités de la Junta de Gobierno en las que se discutió la elección del nuevo Director Ejecutivo del Sistema de Retiro de la UPR; la remodelación del primer piso de Administración Central y la nueva política de ayudas económicas para los estudiantes de la UPR. 

Ante los cuestionamientos que surgieron sobre esta última política de ayudas económicas que sustituiría las exenciones de matrícula, se sostuvo una reunión con representantes de los distintos Consejos de Estudiantes y el vicepresidente de asuntos estudiantiles. Allí se acordó que el sector estudiantil no acogería ninguna propuesta hasta que Administración Central asegurara que los fondos propuestos en dicho plan de ayudas económicas existen.

También se determinó que cada Consejo iba a emitir su decisión sobre si apoyaba o no dicha política. Por el momento Bayamón, Cayey, Aguadilla y Rio Piedras no la apoyan. 

Rivera, enfatizó que lo importante no es simplemente que el dinero esté o no, sino la forma en que se implemente y las distribuciones que se están proyectando en cuanto a las exenciones. No se están considerando unos factores muy importantes para que realmente impacten la mayor cantidad de estudiantes.

“Esta política de ayudas económicas para los estudiantes se hace ante la exigencia de la JCF para eliminar las exenciones de matrícula. Para poder cumplir con eso se crea esta política que en su esencia puede sonar justa, sin embargo, se debe puntualizar el hecho de que toma en cuenta solamente como necesidad económica los costos de matrícula”, explicó. 

O sea, obvia los costos de cuota, laboratorio o tecnología, entre otros. Tampoco toma en cuenta el costo de vida de los estudiantes: hospedaje, alimentación, transportación, etcétera. 

“Entonces, ¿la necesidad económica que toma en cuenta esta política es real?”, cuestionó. 

Además, la representante estudiantil criticó que la matemática que hicieron para decir que esto ayuda al 70% de los estudiantes es la cantidad total de las exenciones de matrícula que se otorgaron el pasado año académico. 

El año pasado solo se otorgó el 50% de las exenciones de matrícula. En ese sentido, no se está tomando en consideración la totalidad de los estudiantes elegibles a exenciones. 

“Esta política no ha sido estudiada y los pagos de matrícula comienzan en tres semanas. Si se aprueba esto será a la ligera y no sabemos si el sistema está preparado y va a funcionar pues no hay un plan de trabajo para implementar esta política”, sentenció Rivera. 

Por otra parte, Jannelle Santana, presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No-Docentes (HEEND), comparó el asunto de la política de ayudas económicas para estudiantes con la negociación de las exenciones en el Convenio Colectivo –que cobijan a los empleados y sus dependientes– para cerrar el año académico 2018-2019. Al igual que con la política de ayudas económicas para estudiantes, “tampoco hay garantía de dónde provienen los fondos”. 

“Nos están diciendo que mientras dure este periodo de negociación las exenciones quedan eliminadas y que entonces va a entrar a funcionar el programa de ayudas económicas pero todavía ellos no han definido como este programa va a funcionar, solo unos borradores”, dijo. 

Santana, mencionó que si bien le devolvieron la acreditación a la UPR, eso va sujeto a ciertos estándares que, a su vez, dependen la sostenibilidad y la gobernanza universitaria. Por lo tanto, los recortes presupuestarios que se están llevando a cabo no ponen a la Universidad en una buena posición. 

En los últimos estados financieros que ha entregado la universidad a la Middle State hay una nota de Ernest & Young en la cual la firma auditora le comenta a la administración universitaria que tienen una seria preocupación respecto a la habilidad que va a tener la institución para subsistir a los recortes económicos que se están ejecutando. 

“Al recortar constantemente el presupuesto de la Universidad está en duda su capacidad para operar. Además, el concepto de la universidad pública debe garantizar la accesibilidad a los estudiantes, eso no será posible si continuan los aumentos en el costo de la matrícula”, concluyó Santana. 

El gobernador en su laberinto

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Por Carmen E. Ortiz Abréu/Especial para Claridad

Los acontecimientos que estremecieron a Puerto Rico la semana pasada- específicamente los arrestos por las autoridades federales de dos ex funcionarias del gabinete y varios contratistas del gobierno de Ricardo Rosselló, y la revelación de la existencia de un “chat” en el cual por 41 días dieron rienda suelta a sus peores instintos el Gobernador y doce de sus más allegados colaboradores- han convertido al País en un hervidero, y desatado lo que muchos califican como una crisis sin precedentes en nuestro sistema constitucional de gobierno. Como resultado de esta situación, se han afectado irreversiblemente la imagen y utilidad política del Gobernador, hecho que reconocen los líderes de su propio Partido Nuevo Progresista (PNP), algunos de los cuales se refieren a él en privado como “un cadáver político”. 

La caída de Rosselló y su gobierno se venía gestando en silencio desde hace tiempo, sobre todo a partir del desastre provocado por el huracán María. Fue entonces cuando nuestro pueblo empezó a intuir que detrás de la fachada bien construida del gobernante, había paredes falsas que se derrumbaron estrepitosamente al primer soplido del huracán. La respuesta de su gobierno a la emergencia y su manejo errático e insensible de las muertes relacionadas a esta, y de la recuperación post huracán, dejaron una espina clavada en el corazón de nuestra gente. Más adelante, los rumores insistentes de corrupción y mal manejo de fondos aumentaron la suspicacia colectiva. 

Por eso, si bien los arrestos por corrupción de la semana pasada sacudieron la opinión pública, estos eran esperados. Pero la revelación de la existencia del “chat”, y su contenido tan agresivo y despreciable, sacudió al País. Esto ha provocado una ola espontánea y unánime de repudio al Gobernador y sus compañeros de conversación- miembros prominentes del gabinete, contratistas externos y amigos personales del mandatario- como pocas veces se había visto antes en Puerto Rico. Esto ha llevado al liderato legislativo, y a otras importantes figuras dentro del PNP, a distanciarse de las acciones de su Presidente, ante la gravedad del contenido del documento de 889 páginas, que fue filtrado en su totalidad a través del Centro de Periodismo Investigativo. 

El tono del “chat”- inflamatorio, prejuiciado, discriminatorio y en ciertos momentos, flagrantemente ilegal- bordea un sensacionalismo puro y duro que ha generado la atención de los medios de prensa en Puerto Rico, Estados Unidos y otros países, calificando estos sucesos como un gran escándalo político. Ciertamente lo es, no solo porque abona a la percepción de corrupción e ingobernabilidad que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene y propaga sobre Puerto Rico, sino también porque desnuda la falta de decencia y la callosidad moral de la claque nefasta que ha gobernado nuestro país por los pasados treinta meses.

Un amplio y representativo espectro de los principales sectores en Puerto Rico reclama y espera porque el gobernador Ricardo Rosselló abandone su cargo. Este ha reiterado que no va a renunciar. Se ha limitado a separar de sus puestos y contratos gubernamentales al resto de sus amigos del “chat”, pero no ha internalizado ni reconocido en sus expresiones públicas que él era el líder de esas conversaciones infames en que se planificaba el asesinato de reputaciones, la manipulación y el chantaje a medios de prensa, el acoso y asedio de adversarios y disidentes, y se lanzaban epítetos, burlas, insultos o improperios hacia mujeres, miembros de la comunidad LGBTTQ, personas pobres, con defectos físicos y enfermedades, incluyendo los cadáveres de quienes murieron a consecuencia de la catástrofe provocada por el huracán. 

El gobernador Rosselló dice que no renuncia a pesar de que las protestas contra él y su gobierno crecen a cada minuto. No entiende, o no quiere entender, que no tiene credibilidad ni utilidad política en Puerto Rico, y en Estados Unidos tampoco. Que su carrera política es un fraude que se fraguó para el engaño y por el engaño muere. Aquí, su presencia es repudiada. Allá, se le han cerrado las puertas. Si no lo cree, que intente tocar alguna, y nos cuente cómo lo reciben.

 Las autoridades federales han dicho que continuará el desfile de corruptos. Se acercan más arrestos de allegados suyos que serán encausados. Y surgirán también revelaciones adicionales a la prensa acerca de su carácter errático, sórdido y mendaz. Entonces, no tendrá ante sí más alternativas: o renuncia o será residenciado. La Asamblea Legislativa debe sentir la presión pública que la obligue a cumplir con su deber de iniciar el juicio político de un farsante que nunca debió ser gobernador de Puerto Rico. Al culminar el proceso de residenciamiento, Ricardo Rosselló habrá establecido un nuevo precedente: pasar a la historia de Puerto Rico como el primer gobernador encausado y removido de su cargo por alta traición a la confianza de su pueblo. 

Editorial:¡Residenciamiento ya!

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Ha llegado la hora de que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico cumpla con su deber constitucional y patriótico e inicie el proceso para el residenciamiento del gobernador Ricardo Rosselló Nevárez. Ningún interés individual o partidista puede ir por encima de la necesidad suprema de nuestro pueblo de tener un gobierno que le sirva y represente con desprendimiento y sabiduría, además de un nivel mínimo de decoro y dignidad, y en estricto apego a la Ley. Los acontecimientos ocurridos durante los últimos días comprueban que Rosselló no cumple con esos requisitos mínimos.

Su administración ha adoptado una actitud laxa y negligente ante la corrupción con fondos públicos entre miembros de su gabinete, contratistas y asesores, y así queda plasmado en el pliego acusatorio del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra dos ex miembros de su gabinete –la Ex secretaria de Educación, Julia Keleher y la Ex administradora de ASES, Ángela Ávila– junto a varios contratistas y asesores de su administración. Si fuera cierto que su gobierno ha tomado medidas contundentes contra la corrupción ¿por qué  ha evadido el Gobernador contestar la pregunta clave sobre cómo fue que llegó Alberto Velázquez Piñol –arrestado e imputado en la redada federal de la semana pasada– a fungir como representante de La Fortaleza ante las agencias principales del Gobierno, sin ni siquiera figurar como contratista? ¿Quién le otorgó ese poder de representación? ¿A través de quién se colocó a Velázquez Piñol en la firma de contabilidad BDO, y de ahí pasar a la jefatura de ASES, con el poder de decidir cuáles aseguradoras serían contratadas, y cuáles descartadas, del Plan de Salud del Gobierno? 

También carece del temperamento y el carácter que requieren el cargo que ocupa, y así queda evidenciado en las páginas del infame “chat” de Telegram. La conversación del “chat” la encabezaba el Gobernador junto a una docena de sus colaboradores más cercanos, y en el mismo participaba activamente el cabildero Elías Sánchez, entre otros individuos sin vínculo oficial con el gobierno de Puerto Rico.  En las páginas del “chat”, dadas a conocer íntegramente este pasado fin de semana,  abundan las instancias en que el Gobernador manejó con estas personas información sensitiva y confidencial sobre estrategias, y asuntos neurálgicos de gobierno y de política pública. ¿Acaso puede él garantizarle al pueblo de Puerto Rico que el cabildero Sánchez, o cualquiera otro de los contratistas participantes, no se beneficiará personalmente de la información compartida? 

Más aún, la existencia de ese “chat” y todo su contenido son prueba fehaciente de la falta de decencia y de brújula moral del Gobernador y su camarilla de íntimos. Bajo ninguna circunstancia puede gobernar nuestro país quien invierte su tiempo durante días enteros en conversaciones degradantes con sus principales asesores, conversaciones que denotan la intención de destruir, acosar e insultar a quienes a ellos les parezca. Si esa es su forma de liberar el estrés, como alegó Rosselló durante su conferencia de prensa tras su llegada de España, entonces está irremediablemente incapacitado para ser el gobernante de nuestro país.   

Acosado por la opinión pública y el liderato de su partido, y como medida de mitigación de crisis, el gobernador despidió a sus compañeros de “chat” de los puestos que ocupaban y a los demás- menos a Elías Sánchez que participaba en el “chat” como su amigo- les canceló los contratos. Sin embargo, pretende seguir ocupando su cargo durante el año y medio que le queda de su mandato. Con esta estrategia de distanciarse de quienes yerran, Rosselló ha logrado vadear muchas crisis durante su incumbencia. Culpar a los demás por sus errores o defectos es una táctica recurrente de su proceder. Sólo que en esta ocasión, permitirle que se salga con la suya, es hacerse cómplice de su burla a nuestro pueblo.  

Ricardo Rosselló no puede seguir gobernando a Puerto Rico porque con sus acciones ha degradado la dignidad del cargo que ocupa. No puede gobernar porque ha traicionado la confianza del pueblo que lo eligió.  No puede continuar porque el grito general del País exigiendo su salida lo ha despojado de toda legitimidad. Pero, sobre todo, no puede gobernar porque en el curso del “chateo” con sus amigos, el Gobernador violó la ley,  y las páginas del “chat” constituyen evidencia de dichos delitos.

Durante el fin de semana, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, informó que dicho cuerpo le concedería un tiempo adicional de reflexión al Gobernador antes de exigirle su salida. Entre otras razones, Méndez expresó que la Cámara de Representantes no tenía ante sí un pliego acusatorio del cual partir para iniciar el proceso de residenciamiento.  

Al cierre de estas páginas, el Representante a la Cámara por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) , Denis Márquez presentó ante dicho cuerpo un pliego acusatorio con 18 posibles delitos contra el gobernador Ricardo Rosselló contenidos en el “chat”  de Telegram. Entre otros, se mencionan la malversación de fondos, la recopilación ilegal de información personal, conspiración, amenazas, discriminación, incitación a la violencia, influencia indebida y enriquecimiento ilícito.  

Ya no tiene excusas el presidente de la Cámara de Representantes. Tiene ante sí una muestra de los posibles delitos que cometió el Gobernador mientras “chateaba” con amigos y miembros de su equipo de trabajo.  El pliego acusatorio del compañero del PIP es un buen primer paso en la dirección correcta.  Es responsabilidad de la Asamblea Legislativa cumplir con su deber constitucional, tomar en serio las acusaciones que hace uno de sus portavoces, e iniciar el proceso de residenciamiento de inmediato, sin ampararse en subterfugios o consideraciones ajenas a su función como garantes de la voluntad de nuestro pueblo. 

Pronto vendrán los otros chats

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Por Manuel de J. González/CLARIDAD

El chat de casi 900 páginas que, junto a los arrestos por corrupción, tienen al gobierno de Ricardo Rosselló guindando de un clavo, ¡sólo cubre 41 días! Comenzó el 30 de noviembre de 2018 y concluyó el 20 de enero de 2019. Antes y después de esas fechas los integrantes del “Team Rosselló”, que eran adictos a este tipo de operación, deben haber intercambiado mensajes suficientes para llenar todos los tomos de la antigua enciclopedia Británica. 

En las 889 páginas que conocemos gracias al Centro de Periodismo Investigativo abundan las conspiraciones para dañar reputaciones, estrategias para manipular encuestas, degradaciones personales, confesiones de delitos y miles de vulgaridades, todas ellas producto del “trabajo” de un pequeño grupo muy bien pagado. ¿Cuántas acciones del mismo tipo encontraríamos en los intercambios de mensajes a lo largo de dos años y medio?

Antes de este chat conocíamos el que se divulgó a principios de 2018 conocido como “el de WhatsApp”, por la aplicación para celulares utilizada en aquella ocasión. Como recordamos, aquel intercambio de mensajes se efectuó previo a las elecciones de 2016 entre el grupo de personas que ejecutaba la campaña electoral del entonces candidato Ricardo Rosselló. De allí surgía una clara conspiración dirigida a alterar el resultado de las elecciones manipulando el voto a domicilio de las personas “encamadas”. El escándalo que provocó aquel chat fue enorme y, aunque sólo se produjo la acusación criminal de una persona (el juez municipal que luego quisieron poner a cargo de la Comisión de Elecciones) representó el fin de carrera como “servidores públicos” de un grupo de allegados a Rosselló. 

Cuando se divulgó aquel chat, la administración de Ricardo Rosselló llevaba un año y en esos 12 meses el grupo íntimo de amigos tiene que haber producido intercambios suficientes para llenar media enciclopedia. Nadie los conoce aún, pero en alguna parte del ciber espacio deben estar aquellos chateos. Las computadoras y los teléfonos utilizados deben estar en algún almacén o gaveta de oficinas y casas. Varios de aquellos chateros ya se fueron o, como dijo hace poco Itza García, una de las que se fue, “están en el exilio”. La mayoría, sin embargo, se quedó y siguió formando parte del “team Rosselló”, muy bien ubicados en posiciones de poder o, todavía mejor, disfrutando de buenos contratos. 

Los que se quedaron luego del escándalo del WhatsApp no aprendieron de aquella experiencia. Según conocemos ahora, siguieron en la misma faena, documentando sus actos en el etéreo, pero descubrible, espacio cibernético. 

En algún momento en 2018 (puede que haya sido el 30 noviembre, cuando comenzó el chat recién conocido) decidieron abandonar WhatsApp y pasaron a Telegram, otra aplicación para teléfonos móviles supuestamente más “segura”. Según algunos entendidos, esta tecnología permite que los mensajes se “auto destruyan”, es decir, se borren luego de que el receptor los reciba. Otros entendidos dicen que tal cosa sólo la puede hacer la persona que dirige el chat, que en este caso era el propio Ricardo Rosselló. En este caso no los borraron. No sabemos si el chat que comenzó a partir del 20 de enero de 2019 utilizando la aplicación Signal pueda ser conocido, pero seguramente lo serán todos los que se mantuvieron antes del 30 de noviembre de 2018 utilizando WhatsApp. 

Los integrantes del chat recién divulgado nunca estuvieron desprevenidos. El 25 de diciembre de 2018, ¡el día de Navidad!, en medio de un frenesí de burlas, el más viejo del grupo, el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado, advirtió que lo que se estaba escribiendo “puede afectar la reelección” del Gobernador ya que no era “encriptado”. En aquel momento ninguno de sus interlocutores le hizo caso y no es hasta principios de enero, casi un mes después, que Christian Sobrino, quien siempre había sido uno de los más parlanchines, propuso que abandonara Telegram y pasaran a Signal. En la propuesta no se indican razones, pero obviamente estaba reaccionando tardíamente a la advertencia de Maldonado. Pocos días después el chat de Telegram concluye. 

Todo lo anterior indica que apenas estamos en la primera entrega de una larga lista de diálogos conspirativos. En algún lugar deben estar los intercambios a lo largo de 2018 hechos a través de WhatsApp, y los que se hicieron entre el 20 de enero y el 13 de julio de 2019 a través de Signal. Con toda probabilidad, todos ellos deben o debieron estar en poder de la misma persona que el día de Navidad de 2018 hizo la advertencia sobre el peligro que representaba un chat “no encriptado”: Raúl Maldonado. 

Maldonado regresó a Hacienda en febrero de 2019. Salió definitivamente de allí el 25 de junio, luego de provocar su despido denunciando la existencia de una “mafia institucional” en el departamento que dirigía. Entre una y otra fecha tuvo tiempo suficiente para copiar e imprimir todo lo que estuviera en las computadoras del Departamento o en celulares oficiales

No hay que ser muy espabilado para saber o esperar que los otros chats, los que tienen páginas suficientes para llenar una enciclopedia Británica, serán prontamente divulgados. También resulta obvio que toda esa información está en poder del FBI. Días antes de denunciar la “mafia institucional”, Maldonado sostuvo una reunión con agentes de ese cuerpo policial que, según su portavoz, se produjo a petición del todavía secretario. 

Si el FBI no actúa primero, todos los otros chats serán divulgados, por lo que estamos en medio de un verano que se proyecta extremadamente largo. 

Rosselló y su Manada: Reprimir por existir

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Por Mari Mari Narváez/Especial para Claridad

Siempre digo que jamás en la vida pensé heredar un país así. Tal vez fue inocencia, candor. Pero al menos en términos de la represión, siempre pensé que viviría en un país muy distinto, precisamente por todo lo que sufrieron nuestros viejos. Incluso desde muy pequeña, cuando desde siempre tuve que tener ciertos cuidados y avisar de cualquier intercambio extraño que me ocurriera, partía de la premisa de que la tremenda persecución política que logró comprobarse y repudiarse en Puerto Rico, especialmente con el famoso caso de las carpetas, protegería a nuestra generación. Creí que eso era una lección aprendida por todos los sectores en el País y que no tendríamos que temer, de forma tan generalizada, asuntos como que se nos fabricaran casos, se nos hiciera daño o incluso que se nos asesinara por ser disidentes políticos. 

Cuando el FBI asesinó a Filiberto Ojeda Ríos, comencé a sospechar que las cosas no necesariamente serían distintas para nosotros. 

En efecto, en estos últimos años he evidenciado unos niveles de represión que no había imaginado, tanto a nivel nacional como de EEUU (la represión cuasi paramilitar en Standing Rock; los casos de la sargento Manning, Snowden y Julián Assange, solo por nombrar unos pocos). Personalmente me tocó hace poco con la fabricación de un caso contra mi pareja, Arturo Massol Deyá, uno de los opositores más críticos de la gasificación del país. Los casos recientes de los últimos 1 de mayo, el encarcelamiento de Nina Droz, Elimar Chardón Sierra, los cargos contra estudiantes que protestan, el constante exceso de uso de fuerza contra manifestantes, los arrestos masivos de esas mismas personas, los arrestos al estilo secuestro, las intimidaciones y fabricaciones serias a estudiantes huelguistas, las amenazas contra una periodista, entre muchos otros casos, han sido ejemplos nefastos de represión reciente en nuestro país. 

Aún con este historial, quedé anonadada cuando vi la dinámica tan represiva del famoso chat de la Manada del gobernador Ricky Rosselló. ¿Por qué? Porque Rosselló y sus secuaces dedican buena parte de sus intercambios a insultar o “marcar” a personas que consideran opositoras, sugerir escarmientos, campañas violentas de troles (evidentemente pagos con fondos públicos) en su contra, entre muchas otras estrategias perversas. 

El caso del ex monitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio, es importante porque todo indica que la Manada logró su propósito. El Monitor, en efecto, terminó renunciando. Hay que preguntarse cuánto tuvo que ver la intención discutida en el chat con la materialización de esa renuncia. 

El chat publicado abarca menos de dos meses de conversación y, aún así, en él se le llama puta a Melissa Mark Viverito sencillamente por ser una opositora política; Se “marca” a Manuel Natal, a quien sugieren dar un “escarmiento” “refiriéndolo” a la Policía “sin hacerlo público”. ¿Qué era lo que iban a “referir” a la Policía si no hay indicación de que Natal hubiese cometido delito alguno? ¿O es que estaban sugiriendo fabricarle un caso?

De la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dice Cristian Sobrino incluso que está “salivando por caerle a tiros”, a lo que Rosselló contesta que “le haría un gran favor”. Sobra decir cuán repulsivo es este intercambio, tratándose del gobernador de este país y su gabinete. 

A la esposa del senador Juan Dalmau querían provocarle daño profesional para poder darle su puesto a un estadista. Al ex director del Instituto de Estadísticas, Mario Marazzi, todo indica se confirma que le crearon una campaña de descrédito hasta obligarlo a renunciar también. 

Luego vienen también las burlas en el momento en que fallecen disidentes políticos de gran estatura en el país como Carlos Gallisá y Marta Font. Los adolescentes de la Manada no podían respetar mínimamente a alguien que implicara resistencia en su miope visión de mundo.

Todas estas personas son de alguna manera críticas del gobierno, unas más que otras. Pero ninguna representaba una amenaza real o significativa contra los integrantes de la Manada de Rosselló, que no fuera en aspectos estrictamente político-partidistas. Todas eran personas que simplemente piensan o actúan distinto que Rosselló. La existencia de gente así es algo tan normal en la vida política como el café al desayuno. ¿Cómo es posible que, en menos de dos meses, un gobernador exprese su deseo de hacer daño a tantas de estas personas? 

El ex-monitor federal de la Policía, por ejemplo, era una persona que trataba de hacer su trabajo. A nuestro juicio, en muchas ocasiones incluso defendió las posturas del Gobierno. Sus informes de los 1 de mayo de 2017 y 2018 justificaban el uso de agentes químicos contra manifestantes, algo que los grupos activistas de derechos humanos hemos criticado ampliamente. 

Al menos en el ámbito público, Claudio no alcanzó a entrar en los temas más espesos y difíciles sobre la Policía como pueden ser la fabricación de casos y de evidencia, las ejecuciones extrajudiciales y el exceso de uso de fuerza, a seis años de firmado el Acuerdo de Reforma. Lo que Claudio señaló fueron asuntos importantes como las represalias que se tomaron contra los pilotos de FURA que denunciaron el uso fraudulento de los helicópteros por parte de Fortaleza. Denunció los ascensos ilegales dentro de la Uniformada y las prácticas erráticas y excesivas durante las protestas del 1 de mayo, específicamente en torno a unos casos extremos de personas evidentemente agredidas por la Policía ante el lente de los fotoperiodistas del País. Nada de esto puede considerarse que fuera una agenda especial de Claudio para hacer daño al gobierno de Ricardo Rosselló. Lo único absurdo era pensar que habría un monitor supervisando la reforma de la Policía (como lo exige el Acuerdo de reforma) y que este no haría señalamientos de serias preocupaciones o incumplimiento. Eso sencillamente no sería posible en reforma alguna. En el proceso de desarrollo y cumplimiento de un proceso tan complejo como este siempre habrá señalamientos. Realmente, el gobierno de Puerto Rico siempre ha tenido el apoyo casi absoluto del juez Gelpí en esta reforma. Personalmente, sospecho que Claudio no alcanzó a hacer mucho más porque a su propio jefe, el Juez, no le interesaba revolcar el avispero y obligar a la Policía a rendir cuentas genuinamente. 

Si la Manada de Rosselló “marcaba” a periodistas, fiscalizadores, activistas y adversarios por algo tan obvio y normal como es disentir, esto me sugiere que la represión en Puerto Rico está normalizada. No solo se sigue reprimiendo utilizando los recursos del estado para destruir reputaciones, proyectos, ideas, libertad de expresión y de prensa. También se reprime a los disidentes potenciales por el mero hecho de existir. Solo por ser periodista, te velan a qué y a quién le das Like, como se lee en el chat en diversas ocasiones. Solo por ser opositora ideológica te insultan o hablan de querer matarte. Si levantas la voz contra ellos, te “caen arriba” con su “gente” en las redes sociales. Esto es muy peligroso e inaceptable en un país que se jacta de tener “libertades civiles”, y es extremadamente desafiante para quienes hacemos trabajo de resistencia. 

Este tema de los troles no debe subestimarse. Es muy serio para el ejercicio de expresión en un país acorralado democráticamente como el nuestro. Que el Ejecutivo, con fondos públicos, le pague a los ‘troles’ para que insulten, amenacen, intimiden y dañen reputaciones, es una práctica violenta, corrupta y peligrosa por muchas razones. Entre ellas, por el efecto paralizante que tiene en el ejercicio de expresión y en la reputación de disidentes políticos, periodistas, analistas y otras personas.

Todo esto ha sido muy humillante, doloroso y hasta sorprendente, incluso para alguien como yo que ni vota ni los ha apoyado ni esperado nada de ellos jamás. Apenas puedo imaginarme cómo será para todas las personas decentes, sensibles y necesitadas de este país que confiaron en Ricardo Rosselló. 

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