Por  Alvaro Verzi Rangel

Desvío de dineros, malversación de fondos de la ayuda humanitaria, inflación de cifras, fraude y amenazas fueron usados por el equipo del autoproclamado presidente interino venezolano Juan Guaidó en Cúcuta para rodearse de lujos, con la excusa de mantener a los militares venezolanos desertores. 

La primera denuncia la hizo Orlando Avendaño en Panam-Post, donde recordó que la oferta que atrajo a algunos miembros de las fuerzas armadas venezolanas fue que todo aquel que abandonara al presidente constitucional Nicolás Maduro sería tratado como un héroe. Los militares se terminaron hospedando en siete hoteles. Escándalos, prostitutas, alcohol y violencia; estadía en hoteles, manutención de ellos y su familia; medicinas, comida, bebidas, hospital, lo que necesitaran. 

El ministro venezolano de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, recordó que desde el 23 de marzo denunció con pruebas «el entramado de corrupción y conspiración internacional contra el país desde Cúcuta, Colombia», por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con dinero enviado (centena de miles de dólares) para reclutar sicarios.

Juan Guaidó, por su parte, tuiteó: “Delegación en Colombia ha manejado con austeridad y limitaciones económicas situación de militares en ese país. Ante denuncias, pido al embajador Calderón Berti solicitar formalmente a organismos de inteligencia colombiana la investigación necesaria. ¡Transparencia ante todo!”. 

Y el secretario general de la OEA intetó también deslindarse de la corrupción que todos conocían: “Solicitamos a jurisdicción competente investigación esclarecedora de graves cargos aquí formulados, determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción”. 

Del fracaso de la Operación Cúcuta del 23 de febrero se logró tejer una red de corrupción. Los exdiputados José Manuel Olivares y Gaby Arellano, era quienes conducían la parte operativa relacionada a los esfuerzos por ingresar ayuda humanitaria desde Cúcuta y la eventual posibilidad de un quiebre militar en la frontera que derivaría en el gran triunfo del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Pero fue un fracaso.

El 24 de febrero, al día siguiente de que decenas de militares cruzaran la frontera hacia Colombia, Guaidó firmó una carta en la que se autorizó a Rossana Barrera y a Kevin Rojas, ambos militantes de Voluntad Popular (VP), la atención del comando, logística y seguridad de los “ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano, buscando ayuda y refugio”. Barrera, es cuñada del diputado de VP Sergio Vergara, mano derecha de Guaidó, desde la prisión de Roberto Marrero.

Del pago de los hoteles, el gobierno de Colombia se estaba encargando del pago de unos y ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, de otros, incluidos los hoteles Hampton Inn y el Villa Antigua, en Villa del Rosario. A la gente de Guaidó, le correspondía el pago de los hoteles Ácora y Vasconia.

Una alarma sonó en el gobierno de Colombia, sobre la cifra de militares venezolanos desertores en Cúcuta. La información que le pasó Guaidó al presidente colombiano Iván Duque fue de más de 1.450 funcionarios. La inteligencia colombiana concluyó en que Barrera y Rojas habían inflado la cifra de desertores, ya que son menos de 700.

Las alarmas se prendieron cuando Barrera y Rojas empezaron a llevar una vida de millonarios, desarrollando todo un entramado para malversar fondos relacionados a la ayuda humanitaria y la manutención de los militares en Cúcuta, en hoteles, discotecas, bebidas, comidas y ropa cara en tiendas de Bogotá y Cúcuta, reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles con sobreprecios. 

Otro incidente, del que se percató el Gobierno de Colombia, estuvo relacionado con la cifra de militares en Cúcuta. La información oficial, proveída por el Gobierno de Juan Guaidó al de Iván Duque luego de una valoración, era de más de 1 450 funcionarios. No obstante, una evaluación paralela de inteligencia colombiana concluyó en que Barrera y Rojas habían inflado la cifra de desertores. Realmente eran unos 700.

El pasado 15 de mayo, unos 60 desertores de la fuerza armada de Venezuela y sus familias fueron desalojados del hotel en el que se refugiaban en Colombia debido a deudas con el hospedaje.

A mediados de mayo ambos encargados de la operatividad en Cúcuta se propusieron organizar una cena benéfica lujoso restaurante Pajares Salina de Bogotá, con el fin de recoger fondos para mantener a los uniformados y sus familiares, a la que se opuso el “embajador” de Guaidó, Calderón Berti. La cena se canceló finalmente.

Los servicios de inteligencia colombianos alertaron a Caracas: «Leopoldo López y Juan Guaidó se enteraron de todo lo que hacían Rossana Barrera y Kevin Rojas», quienes fueron apartados, pese a la férrea defensa de la gente de Guaidó, que intentaban desviar la atención contra Calderón Berti. Barrera entregó en una aditoría practicada en Bogotá soportes por apenas cien mil dólares de gastos durante su estancia en Cíucuta.

Molestia de los colombianos

El Gobierno de Colombia está molesto y se siente estafado en su condición de “aliado” de la oposición venezolana, no solo por los dolosos manejos de la gente de Guaidó sino que jamás le comunicaron sobre los diálogos que se desarrollaron en Oslo con representantes del gobierno. Hace un mes Guaidó y López supieron del entramado corrupto de sus emisarios en Cúcuta: hasta ahora no respondieron.

Barrera y Rojas eran asimismo corresponsables del manejo de las toneladas de ayuda humanitaria estacionada en Cúcuta y donada por varios países, junto a Miguel Sabal, el designado por Guaidó para manejar todo lo relacionado a USAID: el 60% de todos los alimentos donados por diversos gobiernos, como el chileno, se dañó, se pudrió.

Estas comprobaciones despertaron las alarmas e investigaciones en varios gobiernos sudamericanos, que también sumaron sus “ayudas” a la oposición venezolana, mientras financian a los “embajadores” y “enviados especiales” de quien ahora ya no presentan como “presidente interino” sino solo como “presidente de la Asamblea General”.

Reproducido de www.rebelion.org

El autor es Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la ) 

Por Eduardo Ibarra Aguirre

Para entender quizá la más reciente de las amenazas de Donald Trump a México, y también las muchas que seguirán, es preciso echar una mirada al proceso electoral del primer martes de noviembre para comprender los juegos retóricos que reproduce vía Twitter, en la víspera de su cumpleaños 74.

Amenaza Trump: “Si (México) hace una gran labor, entonces no vamos a tener mucha gente llegando. Si no la hacen, entonces tenemos fase dos, que es muy dura, pero creo que harán una buena labor”. Mas reconoció que “México nos está ayudando mucho más sobre migración que los demócratas en Estados Unidos… el presidente de México (Andrés Manuel López Obrador) y yo tenemos una relación muy, muy excelente”, y resaltó que el país vecino está trasladando 6 mil integrantes de la Guardia Nacional al sureste de México, “un número que nunca se había escuchado antes”.

Al parecer los números sobre las intenciones de voto del electorado estadunidense están muy lejos de favorecer al híper activo tuitero que acaba de cometer una gran pifia con el príncipe británico.

Veamos. Joe Biden y Bernie Sanders arrasan con Trump en nueva encuesta de presidenciables. El primero lo supera con 13 puntos (53% contra 40%) y el senador que se proclama socialista tiene una ventaja de nueve puntos (51% contra 42%). Además de los precandidatos del partido azul y su burro, como la senadora Kamala Harris que supera a Trump 49% contra 42%. Le sigue la senadora Elizabeth Warren, quien lo supera con 49% contra 42% del presidente.

De acuerdo con la encuesta de la Universidad de Quinniapiac, de Hamden, Connecticut, el panorama es tan negativo para el blofero presidente que figuras de bajo perfil, como el senador Cory Booker y el alcalde de Indiana, Pete Buttigieg, también lo superan con 47% contra 42% de Donald John.

Los focos rojos están encendidos para el magnate inmobiliario y evasor fiscal porque hasta la “chiquillada” demócrata lo supera en intención de voto, muy por encima del margen de error de la encuesta que es de 3.5%.

Así se comprende mejor la conducta sumamente hostil y demagógica del misógino que emplea migrantes indocumentados en sus empresas. Y si a lo anterior agregamos el anuncio hecho el día 12 por la portavoz de la Cancillería de la República Popular China, Hua Chun Ying, en Pekín, el cuadro queda completo:

“Altos cargos de Estados Unidos afirman que ‘la era de la rendición comercial de su país ha llegado a su fin’, pero es su intimidación económica global y su hegemonía lo que ha terminado, EU debe volver a respetar las leyes internacionales, dejar de abrogarse ni derechos ni mandatos extraterritoriales, debe aprender a respetar a sus similares, para así salvaguardar unos intercambios diplomáticos y comerciales transparentes y no discriminatorios; China y EU han negociado en el pasado otras fricciones con buenos resultados, así que las puertas al diálogo están abiertas, siempre que sea sobre la base del respeto y el beneficio mutuo. Pero mientras persistan estas nuevas fricciones comerciales planteadas, China de manera recíproca unilateral, informa al gobierno de Estados Unidos de América, y al mundo entero, que procede en lo inmediato a imponer aranceles a 128 productos originarios de EU. A su vez, se comienza a considerar la idea de cesar en la compra de deuda pública estadunidense. Es todo, muy buenas noches”.

Un golpe directo y al corazón de la estrategia proteccionista del emperador desesperado por reelegirse para ocupar cuatro años más la Casa Blanca, pero sin reparar en que el imperio de las barras y las estrellas ya no está en condiciones de imponer sus intereses y voluntad donde se le pegue la gana sin pagar altos costos.

Reproducido de www.alainet.org

Por Victoria Korn

La publicación del segundo informe de la Corte Superior de Cuentas haitiano sobre la corrupción en el manejo del fondo de Petrocaribe, que confirma la implicación del presidente Jovenel Moïse y su gobierno en el desfalco, ha desatado una nueva ola de movilizaciones, tras las enormes protestas de julio de 2018 contra el aumento de los combustibles y el ajuste impuesto por el FMI, y luego con el movimiento contra la corrupción de Petrocaribe.

Como era de esperarse, Moise negó su implicación en actos de corrupción y malos manejos de los fondos públicos. ‘Su presidente, el que usted votó, no es corrupto y nunca lo será’, dijo Moise durante un acto en el aniversario 24 de la Policía Nacional, y pidió dejar que el sistema de justicia haga su trabajo y lleve a cabo la investigación para responsabilizar a aquellos que usaron mal el tesoro público.

Los fondos de Petrocaribe llegaron al país para ser destinados a proyectos de infraestructura social y energética, pero se encontraron con sobreprecios, subejecuciones, contratos yuxtapuestos, obras fantasmales, liquidación precoz de fondos, evasión fiscal, nepotismo, donde, según el segundo informe de la segunda auditoría del citado tribunal, Jovenel Moïse participó de forma directa a través de empresas de su propiedad, como Agritrans.

También aparecen vinculados a la trama de corrupción funcionarios de carrera, primeros ministros, ex ministros y directores de empresas. Se trata en suma de un hecho de corrupción que, a escala local, quizás resulta aún más significativo que el escándalo trasnacional en torno a la constructora Odebrecht. Y sin embargo, como son las cabezas de un gobierno plenamente consustanciado con los intereses estadounidenses las que penden de un hilo, nadie pondrá el grito en el cielo.

Tras la publicación del informe del Tribunal, a finales de mayo, el gobernante enfrenta una fuerte presión popular que pide su renuncia y lo acusa de no tener moral para dirigir la nación. El 9 de junio se realizaron gigantescas marchas en la capital, Puerto Príncipe, y las principales ciudades del país con cantos y consignas como “Vamos al palacio a buscar el dinero de Petrocaribe, si no aparece lo vamos a quemar”. El 10 y el 11, el país fue paralizado por una huelga general y las protestas han continuado toda la semana pese a la brutal represión.

La crisis política se sigue agravando. Es un gobierno ilegítimo, producto de un fraude electoral en 2016, con un candidato designado por el ex presidente Michel Martelly y la embajada estadounidense. Moise fue aupado a un fantasmagórico primer lugar, desplazando al ganador legítimo, el exsenador Jean-Charles Moïse, a un tercer puesto que no le permitió ni proyectar su sombra en un ballotage.

Ha ido perdiendo el apoyo de sectores de la burguesía y de la Iglesia Católica, que empiezan a cuestionarlo, ante la presión de la lucha popular. El 30 de mayo senadores opositores impidieron la ratificación del gabinete de Moïse encabezado por el primer ministro Jean Michel Lapin, con lo cual cobra fuerza la denuncia de que Moïse encabeza un gobierno de facto sin sustento legal al no contar con apoyo parlamentario.

Un grupo de diputados solicitó en una carta abierta al presidente del Congreso que abra un procedimiento para destituir a Moïse. El cuestionamiento generalizado alcanza también al parlamento, pues la oposición burguesa también está involucrada directa e indirectamente en la corrupción.

La gente en las protestas habla de la necesidad de acabar con “el sistema”. La gente repudia no solo al gobierno sino al régimen en su conjunto, los mecanismos de explotación y saqueo que caracterizan al Estado capitalista haitiano bajo la dominación semicolonial de Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, España, los países que integran el Core Group.

Esta instancia, en la que también participan delegados de la Unión Europea, la ONU y la OEA, es odiada por su respaldo al gobierno derechista de Moïse y el Partido Tet Kale (PHTK, partido de las cabezas rapadas), por su apoyo a la represión policial en febrero de este año, cuando elogiaron el “profesionalismo” de los represores, y por su participación en la rapiña económica contra el pueblo haitiano.

Los movimientos sociales repudian la brutalidad policial, reflejada en asesinatos y decenas de heridos, y exigen la expulsión del Core Group y a las fuerzas de ocupación de la Minustah. Señalan que la deuda externa debe anularse y exigir reparaciones históricas a Francia y EEUU, por las extorsiones e invasiones sufridas por el pueblo haitiano a manos de ellos desde la independencia.

El estado está en completa bancarrota, deficitario en la provisión de derechos sanitarios, educativos o habitacionales, atado por las correas del Fondo Monetario Internacional  y del Banco Mundial, militarmente ocupado desde el año 2004 por las misiones de “pacificación” y “justicia” de la ONU, y que usa instrumentos represivos desproporcionados para reprimir ciudadanos de a pie, pero que carece de la capacidad o de la voluntad de poner un límite a las bandas criminales organizadas y financiadas por el propio poder político.

Estos grupos, los “gangs”, los que perpetran masacres y aterrorizan las comunidades para que los senadores o expresidentes que los organizaron y armaron, vuelven a financiarlos y cobijarlos bajo su ala, como sucedió con el por estas alturas ya casi mítico Anel, amo y señor de Grand-Ravine. Los gangs cumplen objetivos como forzar a la ciudadanía a abandonar las calles que ocupan casi sin solución de continuidad desde hace años contra la crisis económica, la carestía de la vida, la ocupación internacional y la corrupción gubernamental.

El movimiento Popular Nou pap Domi (No dormiremos) convocó la nueva jornada de protestas, tras la masiva respuesta de la movilización del jueves último en Puerto Príncipe. Integrado en su mayoría por jóvenes, exigen la renuncia del presidente Jovenel Moise y denuncian la corrupción como uno de los principales males del país. Según sus organizadores, la marcha fue un éxito, pero bandas paramilitares asesinaron a un periodista.

A diferencia de protestas anteriores, en esta ocasión la ciudad no se paralizó, y en otras zonas de Puerto Príncipe, se reanudaron las actividades, ralentizadas desde la movilización de este domingo. Pero siguen sucediéndose fuertes incidentes en las calles de Haití, donde a las cargas policiales violentas e indiscriminadas se suceden también ataques a la población por parte de grupos paramilitares que se mueven como el pez en el agua protegidos por las fuerzas policiales.

Los analistas señalan que la constelación de personas que exigen la partida de Jovenel parece ser más opuesta entre sí que contra el poder de Kale. Enfrentamientos en redes sociales y medios tradicionales son ilustrativos de ello. Obviamente, más allá de manifestaciones, para sacar al gobierno de Moïse y al parlamento corrupto, recuperar los dineros de la corrupción para invertirlo en salud, educación, acceso al agua, agricultura e industrialización, reorganizando al país al servicio de las mayorías populares, es necesario construir un frente de las organizaciones en lucha.

El último experimento progresista y popular en Haití fue en el año 1991, la del cura salesiano Jean Bertrand-Aristide, que supo conducir a una verdadera avalancha de voluntades y votos (“Lavalas”, “avalancha” en la lengua nacional haitiana, se llamaba precisamente su coalición), fue abortado con repetidos golpes de estado, con la presión externa financiera y diplomática, con su regreso condicionado al país y finalmente con una ocupación militar que no cesa.

Desde los sectores del poder se habla de la conformación de un gobierno de transición –forma neoliberal de consenso- dirigido por los mismos sectores que están siendo impugnados por la movilización popular. Pero hasta que no confluyan todas las organizaciones independientes y sociales que defienden los derechos de los trabajadores, los campesinos, las mujeres, la juventud, el ambiente que se oponen al saqueo megaminero y las organizaciones comunitarias, será difícil que haya cambios en Haití.

La autora es periodista venezolana asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la), desde Puerto Príncipe