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De Villa Diablo a la Luna

Por

febrero 19, 2020

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Aun cuando el número de personas que continúa viviendo en casetas de campaña ha disminuido, todavía en muchos persisten los nervios, la ansiedad por la pérdida de la vivienda. El hecho de que continúan durmiendo en casetas de campaña en los patios de sus casas, en parques, a la orilla de la carretera lo demuestra más allá de sus palabras. Un recorrido solo por Guánica, ir de Villa Diablo, a La Luna, primero pasando por Siberia, lo comprueba.

En una esquina de la carretera de Ensenada, sector Siberia, CLARIDAD se encontró con Antonia Ramírez. De primera intención pensamos que vendía dulces; pero no, está en esa esquina desde el Día de Reyes, nos dijo. “Empezamos catorce”, ya solo hay tres: su hija, su hijo y ella. Nos contó que su casa está al bajar la cuesta, mientras señalaba hacia la comunidad Las Colinas.

Doña Antonia, quien fue maestra de ciencias y matemáticas por 36 años, contó que en su comunidad solo hay seis casas y que los únicos que van a la suya durante el día son ellos, pero no suelen estar después de las cuatro de la tarde. “Como hay aviso de que va a ocurrir uno grande…” Admitió que le han preguntado por qué no se va al Coliseo donde está el refugio oficial, pero dice que prefiere estar fuera de la posibilidad de contraer sarna y sugiere que es más incómodo estar donde hay mucha gente.

Así como expresó que “gracias a Dios” han recibido ayuda de diferentes organizaciones de todas partes de la isla, no puede decir lo mismo del alcalde: “Es muy político, no saluda a la gente del partido contrario”. Lamentó que por ser tanta la ayuda recibida haya personas abusadoras que ya no quieren cocinar.

A casi dos meses de haber montado su campamento, Doña Antonia está considerando volver a su casa, pero no adentro, sino poner una caseta en su patio para entonces mudarse de la esquina de la carretera.

Villa Diablo

“¡Salte de la cama, que es tu cumpleaños!” José Luis Santana Feliciano hace gestos como si lo estuvieran sacudiendo. Es lo primero que narra a pura risa cuando se le recuerda el temblor del siete de enero.

Llegamos al sector Alto de Magueyes, que también se conoce como Villa Diablo, desde donde se ve hacia el norte y el sur de Guánica. Allí nos encontramos con Santana Feliciano, quien nos cuenta por qué algunos le llaman Villa Diablo: “Entre unas casas y otras vivió alguien de quien decían era el diablo; allá otro familiar y allí otro”, así fue que la comunidad terminó conociéndose como Villa Diablo.

Santana Feliciano, su esposa Magdalena Ramos, su hija Margarita Santana y los dos hijos de esta, un niño de dos y una niña de cinco, duermen en caseta en el patio de su casa. A esa casa le pusieron un aviso color rojo, que quiere decir que no se puede entrar por no ser segura. A donde único pueden entrar es al área de la cocina. El grupo de CLARIDAD entró a la casa y se nos mostró que hay que reponer el techo. Doña Magdalena denunció que FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Desastre) le dio solo 300 dólares para el arreglo, bajo el argumento de que no tiene título de propiedad. “¡Hace cuarenta y cuatro años que vivo aquí!”, expresó. Por la falta de título tuvo que presentar una affidavit y ahora el caso se encuentra en apelación.

Mientras, su hija Margarita, quien también perdió su vivienda en la misma comunidad narró que a ella FEMA no le recibió su affidavit. La Autoridad de Tierras (AT) le ha propuesto como alternativa un alquiler por cinco años del terreno donde está su casa, que al cabo de estos podría comprar. Pero agregó que la AT ni siquiera le acreditaría el pago del alquiler a la compra. En medio de su angustia, la propuesta de FEMA es que se muden a San Juan por tan solo 18 meses a una casa alquilada, alternativa que ella y su esposo rechazan. Sobre todo, la joven se cuestiona: “¿Y el trabajo de mi esposo, que trabaja en una finca en Guánica?”.

Tanto la casa de su madre como la de ella fueron inspeccionadas por miembros de la Guardia Nacional y bomberos de EE. UU.: “Mi casa se está cayendo; ni ellos mismos quisieron entrar”, expresó la joven madre.

CLARIDAD llegó hasta el campamento levantado por otros vecinos más arriba de Villa Diablo, en terrenos de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados (AAA) donde ubica una caja de agua. Miguel Sepúlveda narró que allí solo quedan alrededor de 25 personas, pero al principio (entre el seis y siete de enero) había alrededor de 70.

Junto a Miguel se encontraban Carlos Javier Ramos Álvarez y su esposa Jacqueline Izquierdo. El grupo reconoció que “hay miedo, que están nerviosos y que allí se sienten más seguros que en el refugio de la pista de Guánica”.

«Su casa fue inspeccionada solo por fuera, “al piso se le levantó la loza”, y que tiene un aviso color verde.»
Foto Nahira Montcourt

El joven Sepúlveda contó que su casa fue inspeccionada solo por fuera, “al piso se le levantó la loza”, y que tiene un aviso color verde. El aviso color verde quiere decir que se puede entrar, pero él no confía y dice que espera por la inspección de un ingeniero estructural. De hecho, todos los entrevistados por CLARIDAD contaron que sus casas fueron inspeccionadas solo por fuera y que les dijeron que luego se haría una inspección por un ingeniero estructural.

El grupo expresó que hasta allí ha llegado ayuda de organizaciones religiosas, de otras comunidades, entidades humanitarias, pero como no es un refugio oficial, no llega ninguna otra ayuda que sea del gobierno o municipio. Este último solo recoge la basura.

Frente a la secuencia de los sismos, Ramos Álvarez dejó ver lo difícil que es acostumbrarse a la situación. “Hay que acostumbrase, ¿pero quién se acostumbra a esto? Un huracán tú sabes cuándo viene, pero a esto…”.

En una esquina de Villa Tanque, como se le ha nombrado al campamento, Nataniel, algo mayor, y el joven Raúl (no quisieron dar sus apellidos) juegan cartas españolas. Tan solo se muestran dispuestos a decir que rechazan mudarse a otros pueblos de manera permanente. De aceptar un traslado sería temporero y a un pueblo cercano a Guánica.

La Luna

En un recorrido por la comunidad La Luna impresiona ver cuántas casas han quedado señaladas con un sello rojo, que significa que no se puede entrar, y otras en que la destrucción es evidente. Gran parte de esta comunidad se encuentra al pie de un monte que amenaza con el derrumbe. En el campamento comunitario conversamos con Juan Santiago, quien está allí desde antes de enero, el 28 de diciembre. Poco a poco, dijo, las personas se han ido yendo del campamento para sus casas y en algunos casos se han ido para Estados Unidos, “aunque algunos ya están regresando”.

Sepúlveda contó que el techo de su casa se está cayendo y que FEMA le negó ayuda debido a la falta de documentos, ya que la casa es una herencia de su abuelo. “No me quiero ir. Tengo mi trabajo aquí en el Municipio de Guánica”, afirmó el joven, quien espera poder tener una casa por Sección 8 en un pueblo cercano. “Lejos no”.

“No es fácil. Ya me llamó FEMA para un hotel en Guánica”, expresó con rostro triste René Ayala Ortiz, retirado de la Administración de Corrección, tras 23 años de servicio. Padre de una adolescente y otro niño de cuatro años expresó la misma crítica contra el gobierno. “Del gobierno no hemos recibido nada, el alcalde ni siquiera vino por aquí, hemos recibido a entidades sin fines de lucro, iglesias. Pero ayuda como tal del gobierno, ninguna”.

Las 16 familias que todavía se encuentran en el campamento de La Luna se mantenían a la expectativa ante rumores de que tan solo podrían ocupar el parque hasta este 16 de febrero.

Un servicio esencial

El matrimonio de José Martínez y Vanessa Santana, de Mayagüez, se ha dedicado a llevar un servicio esencial a los campamentos: una lavandería rodante. La idea surgió cuando al matrimonio, que tiene un camión que distribuía alimentos a Comedores Escolares, le solicitaron alquilarlo para entregar suministros tras la emergencia. Una vez terminó el contrato, al ver la necesidad, se les ocurrió montar la lavandería. Martínez y Santana, junto a Nelly Díaz y José Muriel se han dedicado de manera voluntaria y gratuita a ir cada día de lunes a viernes a un campamento diferente a dar el servicio. Hasta ahora, llevan 600 toneladas de ropa lavadas. Tanto su trabajo como las lavadoras y los detergentes son donaciones de personas en su carácter individual y de algunas empresas.

Nuestras escuelas en pedazos

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febrero 19, 2020

Por Giancarlo Vázquez López / Claridad

gvazquez@claridadpuertorico.com

Es normal que los empleados de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) muestren preocupación sobre la determinación del Departamento de Educación (DE) de transferir todas las escuelas públicas del país a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

Apenas ha pasado un año desde que Eduardo Rivera Cruz, director Ejecutivo de AFI, fuera señalado como coautor de actos de corrupción por la otorgación de contratos a familiares del entonces director ejecutivo de la AEP, Josean Nazario Torres. Karen Carrasquillo, presidenta de Elite General Contractors y cuñada de Nazario Torres, obtuvo contratos por cerca de $800 mil para el mantenimiento de escuelas. Rivera Cruz es el padrino de boda de Nazario Torres y Karol Carrasquillo.

El pasado 31 de enero, el DE declaró un Estado de Emergencia para aquellas escuelas afectadas por los terremotos y clasificadas parcialmente aptas y no aptas. Como parte de esta decisión, el DE delegó en AFI la responsabilidad de realizar las mejoras a esas escuelas.

Inmediatamente, la directora de AEP, Melitza López Pimente, reunió a los empleados de la corporación pública para informarles sobre la situación. Según Javier López López, vicepresidente de la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad Edificios Públicos (UIEAEP), en dicha reunión la directora sostuvo que no iba a permitir la transferencia de las escuelas a AFI “para que se quede con el dinero de los seguros y las reclamaciones de FEMA”.

La semana pasada, López Pimente se reunió con el secretario de la gobernación, Antonio Pabón Batlle. López López señaló que tras la reunión confirmaron lo que ya se imaginaban, que el Secretario de Educación estaba actuado con el respaldo de Fortaleza.

“Si esto no se detiene y se le entregan las escuelas a AFI, se está prestando a que Eduardo Rivera, esta vez junto a Carlos Pesquera, empiecen a entregar contratos a tutiplén evadiendo todos los procesos, y ya sabemos lo que ha pasado en el país con esos casos”, advirtió el líder sindical en entrevista con CLARIDAD.

De acuerdo con la determinación del DE, AFI tendría el poder sobre todas las escuelas públicas del país. Si la AEP hace una reclamación de aproximadamente $40 millones a los seguros y otra de $20 millones a FEMA —explicó López López— ese dinero habría que transferirlo a AFI y ellos se encargarían de gerenciar los proyectos.

Pero AFI no tiene el personal ni una estructura para el desarrollo de proyectos de reparación o reconstrucción. Tendría que subcontratar ingenieros, arquitectos, agrimensores y demás personal que sea necesario.

“La construcción la abrimos a subastas públicas con empresas privadas. Tampoco es que estamos trancados en que la empresa privada no participe, pero tiene que hacerlo bajo unos reglamentos que tiene AEP, mediante la Junta de Subasta. Los ingenieros, arquitectos y diseñadores de esos proyectos los tenemos nosotros. Si la subasta se la lleva X o Y la compañía que gerencia el proyecto es AEP con empleados públicos. Muchos de ellos unionados”.

“Muchos de estos ingenieros estructurales fueron los que certificaron las escuelas. Hubo que contratar uno que otro porque eran muchas, pero la mayoría de las certificaciones las hicimos con gente interna”, añadió López López.

Al preguntársele si alguna de las 500 escuelas que fueron inspeccionadas y reforzadas pertenecía a AEP dijo no tener ese número. En cambio, informó que la corporación tiene escuelas reforzadas con columnas de acero en todos los municipios. También, que de las escuelas de AEP hay un total de 15 escuelas que no pasaron la inspección y fueron clasificadas como no aptas.

“De estas, hay algunas, como en Guánica, que hay que demolerlas porque sufrieron muchos daños. Hay otras que van a ser evaluadas para ver si se reconstruyen o si es más costo efectivo construirlas nuevas, ya que no cumplen con los códigos de construcción actuales. Pero son solamente 15, las demás están certificadas. Aun así, se va a trabajar en el 100% de las escuelas de AEP en refuerzos y en códigos nuevos”, abundó.

En el 2000, el gobierno inspeccionó todos sus planteles escolares. El trabajo fue comisionado al Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIAPR), que identificó 1,000 escuelas de columna corta que debían ser reforzadas. Se invirtió $1 billón. De las 1,000 escuelas, solo 500 fueron reforzadas y no se sabe cuáles fueron.

Por otra parte, López López recordó que para la reconstrucción de las escuelas siglo 21, Luis Fortuño hipotecó todas las propiedades de AEP. Se emitieron bonos y ese dinero se pasó a AFI. Eso —señaló— fue otro robo más bajo la administración de Fortuño. La mayoría de esas escuelas que fueron reconstruidas eran de OMEP. La AEP fue creada en 1958 y solo las escuelas que se crearon a partir de esa fecha le pertenecen.

“De las escuelas de siglo 21 casi ninguna es nuestra. Nosotros hemos creído que AFI es la maquinita de hacer contratos para poder recoger los chavos de las campañas”.

Del vicepresidente de la UIEAEP pasarle el poder de las escuelas de AEP, a AFI puede redundarle en que eventualmente esta última se quede con el mantenimiento de los planteles, servicio que brinda la AEP. “Para nosotros representa un 75% de estabilidad los fondos que se generan a través de las escuelas públicas. Lo más que tenemos en AEP son escuelas. Nos debilitaría a tal nivel que hasta pudiéramos desaparecer”.

López López criticó la declaración de estado de emergencia por ser “bien amplia”. “Nosotros no sabemos qué intención tienen detrás de esto y, aparte de eso, la titularidad de esas escuelas es nuestra”.

El licenciado Mario Pabón aclaró que el problema no es la contratación con AFI. Eso no es ilegal, ya que los acuerdos entre agencias están permitidos. Explicó que AFI fue creada para manejar proyectos especiales, que no fueran simplemente a través del proceso de subasta de la agencia, y para que fuera una agencia la que pudiera manejar más hábilmente la contratación de proyectos más grandes.

“El problema que ellos aparentemente señalan es que el último que lo trató de hacer contrató un privado que era familia de él”, dijo refiriéndose a los actos de corrupción que se dieron entre AEP y AFI el verano pasado.

Sin embargo, Pabón mencionó que a pesar que el proceso es legal es extraño porque la AEP, por su naturaleza, debería tener la pericia o expertise para llevar a cabo los proyectos que el DE quiere delegar a AFI.

Sastres para vestir la impunidad

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febrero 19, 2020

Por Manuel de J. González/Especial para CLARIDAD

Este artículo trata de sastres, pero no de los de la alta costura. Me refiero a otro tipo de costurero o costurera, los que se dedican a cortar telas para ocultar la Dama de la Justicia, esos que ya conocemos como “sastres jurídicos”.

Puerto Rico tiene – lo he dicho en otras ocasiones – un excelente entramado institucional para combatir tanto la corrupción como la negligencia que desfalca el tesoro público. A lo largo de los años, mientras llueven los casos, se han ido creando mecanismos legales que si operaran como se esperaba, ahora mismo tendríamos una administración pública bastante limpia. Algunas de esas instituciones se crearon cuando la otra falló, pero en su conjunto debieran servir para darnos un mejor país.

Tenemos, en primer lugar, un Departamento de Justicia (DJ) creado en la Constitución de 1952 para que sea el instrumento del pueblo a cargo investigar, perseguir y procesar el delincuente. En la década del ’80, cuando tras el encubrimiento de los asesinatos del Cerro Maravilla quedó demostrado que ante eventos de impacto político ese Departamento podía ser manipulado para encubrir el delito en lugar de esclarecerlo. Entonces se creó la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), responsable de investigar y procesar a quienes ocupen altos cargos públicos. El vocablo “independiente” sugiere que debe ser una oficina separada de la administración de turno. Finalmente, como se producían muchas violaciones éticas que no necesariamente eran delitos y porque además de acusar también había que educar, crearon la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Como puede apreciarse, es una estructura bastante completa, casi un “dream tream” institucional para la pureza pública.

Pero como el que hace la ley hace la trampa, la Legislatura del PNP controlada por Thomas Rivera Schatz buscó y encontró la manera de manipular ese entramado institucional para tornarlo ineficaz en cuanto a las acciones de su partido se refiere. En los cuatrienios donde han controlado tanto el poder ejecutivo como el legislativo se las arreglan para manipular los términos de los puestos directivos del OPFEI y la OEG, asegurándose que siempre esté un cuadro fiel del partido a cargo de la entidad. Por diez años tuvieron a Zulma Rosario, penepeísta de armas tomar, a cargo de la OEG y ahora tienen a quien era su subalterno comenzando otro decenio. A cargo de los fiscales “independientes” colocaron a Nydia Cotto Vives, con un historial similar al de Rosario. Del DJ no es necesario hablar porque desde aquellos tiempos oscuros del Cerro Maravilla sólo ha tenido pequeñas ventanas para respirar.

Durante el presente cuatrienio las tres instituciones se la han pasado chapoteando en el fango y a veces hasta se han puesto a pelear entre sí a dentelladas, como hienas y lobos. Ya es historia el procesamiento criminal que Nydia Cotto y sus fiscales comenzaron contra Wanda Vázquez cuando era secretaria del DJ. Entonces se decía que detrás de aquella intentona estuvo Rivera Schatz, quien a la sazón era enemigo de Vázquez de quien ahora es amigo y promotor. Esta gente sin asomo de escrúpulos y lealtad, que hoy se besa y mañana se muerde, es la que han reducido esas instituciones de “justicia” a meros fantasmas. No sólo las despojaron de razón de ser – combatir la corrupción – sino que, en el proceso, las utilizan para faenas personales.

Ahora mismo estamos viendo otro paso de comedia que, si no fuera por la corrupción que encubre, sería entretenida. El chat de la ganga que dirigió Ricardo Rosselló estuvo siendo “investigado” por el DJ, pero la actual secretaria, Dennise Longo, soltó bien rápido la investigación mandándola al OPFEI. Ante otra indagación menos compleja, la de los almacenes que involucra a Vázquez, dijo que la tendría “por años”, pero la del chat fue chapuceada a la carrera. En OPFEI la recibió Nydia Cotto, quien todavía anda herida del fiasco en que terminó su montaje contra Vázquez y de inmediato la demonizó. Esas imputaciones mutuas de chapucería a través de largos memorandos entregados a la prensa, además de servir para golpearse unos a otros, preparan el escenario para el resultado que tanto el DJ como el OPFEI quieren. Cuando terminen de rasgarse las vestiduras todos los integrantes del chat delictivo quedarán exonerados.

Una vez cese el tiroteo de baja costura todos los “sastres jurídicos”, los de las tres instituciones de “justicia” quedarán satisfechos porque habrán cumplido con la tarea asignada. Caminando y muy bien vestido aparecerá otra vez el muñeco de la impunidad. A fin de cuenta para eso existen, para confeccionar los trajes de ese muñeco.

Seguramente alguien habrá pensado que esa sastrería jurídica es de hechura tropical y que como es común escuchar en la colonia “en Washington eso no existe”, porque allí donde actúa el “efebeí” la dama de la justicia de verdad es ciega. Pues ahora mismo está en la portada del New York Times el reclamo de mil cien exfiscales del Departamento de Justicia para que se produzca la renuncia de William Barr, el actual secretario. A este se le imputa haber presionado a fiscales de su Departamento para que cambien la recomendación de sentencia que hicieron contra el ya convicto Roger Stone, amigo de Donald Trump. El fiscal a cargo del caso propuso una sentencia de 9 años de cárcel, pero tras la protesta pública del presidente, Barr intervino para cambiar el pedido. Esta es tan solo una de las muchas ocasiones en que Trump ha traqueteado con su DJ. La primera y más notoria fue cuando forzó la renuncia de un secretario, el antecesor de Barr, quien se negaba a manipular la investigación que se hacía sobre la ya olvidada “trama rusa”.

Los sastres jurídicos visten el muñeco de la impunidad tanto en la colonia como en la metrópolis.

Editorial:Todos y todas al 46 Festival de Apoyo a CLARIDAD

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editorial

febrero 19, 2020

Festival de Apoyo a CLARIDAD 2019. Foto: Ricardo Alcaraz

Los festivales de apoyo a CLARIDAD casi siempre han estado rodeados de circunstancias especiales. Desde el primero, que hubo que montarlo a toda prisa en un local baldío al lado de la sede del periódico en Villa Capri tras sernos negado a última hora el permiso para celebrarlo en los predios de un poderoso sindicato, ha costado mucho trabajo construir esta tradición anual que ya nuestro pueblo espera con entusiasmo. Igual que el periódico que les da nombre, los festivales de CLARIDAD son un acto consciente de voluntad. Así ha ocurrido siempre y así ocurre también este año, en que celebramos este 46 Festival, culminando la celebración por los 60 años de publicación ininterrumpida del Periódico de la Nación Puertorriqueña.

Desde la dedicatoria al patriota isabelino-ponceño José Enrique (Quique) Ayoroa Santaliz, quien ha sido puntal de la lucha por la independencia y de CLARIDAD durante los pasados cincuenta años, hasta los reconocimientos al 40 aniversario de Casa Pueblo, a las organizaciones feministas que celebran cumpleaños importantes y a la cantautora Flora Santiago, pionera de la nueva canción en Puerto Rico y la diáspora, todo tiene un significado muy especial para nosotros, y para los miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que se congregan todos los años alrededor de este evento festivo y familiar.

Estamos conscientes de la situación excepcional que viven nuestros compatriotas del suroeste afectados por los sismos, y de la situación extrema que vive nuestro pueblo, a causa de la crisis económica y fiscal que nos asfixia. Pero CLARIDAD ha existido durante 60 años porque ha insistido en existir, no importan las circunstancias. Ni las bombas ni los asaltos armados nos pudieron detener en los momentos álgidos en que vivir en Puerto Rico, y denunciar el coloniaje y el pillaje de los enemigos de nuestro país, era arriesgar la vida. Por eso, hoy insistimos como siempre en apostar a la fortaleza y la resistencia demostrada por nuestro pueblo a través de los siglos de subordinación colonial, sobre todo durante los últimos 122 años desde que el gobierno de Estados Unidos se apropió por la fuerza de nuestra patria.

El 46 Festival de CLARIDAD se celebra con el corazón amarrado a Puerto Rico de todos los que aquí laboramos. Se celebra con el compromiso intacto de continuar denunciando los males y perversiones del colonialismo y el capitalismo salvaje, y de continuar acompañando a nuestro pueblo en su lucha, a veces callada pero siempre recia, por perseverar en sus valores y conservar su esencia de nación caribeña y latinoamericana.

Les invitamos del 20 al 23 de febrero al estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn a acompañarnos durante el 46 Festival de CLARIDAD, una fiesta de solidaridad puertorriqueña como hay pocas en nuestro país. Les esperamos con los brazos abiertos y el espíritu siempre combativo.

Mirada al País: La implosión de Wanda Vázquez

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febrero 19, 2020

Por María de Lourdes Guzman/Especial para CLARIDAD

Hace poco más de seis meses el pueblo obtuvo una resonante victoria con la renuncia de ahora exgobernador, Ricardo Roselló Nevárez. Dado el hecho de que poco antes había renunciado el entonces Secretario de Estado, Luis Rivera Marín, correspondía a quien en ese momento era la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, asumir la gobernación del país. Se rumoreaba que ella no aceptaría el cargo pues previamente había indicado públicamente que el mismo no le interesaba. Sin embargo, habiéndose materializado la renuncia de Rosello Nevárez, la Lcda. Vázquez Garced informó que estaba disponible para asumir la responsabilidad que constitucionalmente le correspondía. De inmediato, se inició el complot del PNP, lidereado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para sacarla del medio. Legisladores y alcaldes al servicio de Rivera Schatz, organizaron una ofensiva que tenía como objetivo desbancar a Vázquez Garced, para darle paso a la comisionada residente, Jennifer González quien, desde hace mucho tiempo, tiene el ojo puesto en Fortaleza. Tal y como es su costumbre, Rivera Schatz hizo ostentación de su poder como presidente del partido y alardeó de la contundente victoria que le acababa de dar el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando, unánimemente, declaró inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador. Tanto Rivera Schatz como Johnny Méndez y la comisionada residente, González, acudieron a Fortaleza a reunirse con la recién juramentada gobernadora, para hacerle entender que ella había asumido la posición por mero accidente y que debía acatar la directriz del liderato del PNP. Cual no sería su sorpresa, cuando la gobernadora los recibió en la Fortaleza para darles un baño de agua fría y reiterarles, estoicamente, que se mantendría en su puesto. Los tres tuvieron que regresar con el rabo entre las patas, ante la negativa de Vázquez Garced de doblegarse ante su inaudita pretensión. Ello deslució a la comitiva y le granjeó simpatías a la gobernadora. Vázquez se dio a la tarea de reunirse con muchos sectores del pueblo que mantenían reclamos legítimos que Rosello Nevárez se había negado a considerar. Con su disposición a recibirlos y atenderlos se distanció del estilo prepotente que caracterizó a su antecesor. Ello le ganó el favor de amplios sectores de nuestro país, los que comenzaron a considerarla una posible candidata para el puesto en las elecciones del 2020. A pesar de haber indicado previamente que solo venía a cumplir su mandato de 18 meses y que no era “política”, la gobernadora se montó en la ola de lo que ella llamó “los reclamos del pueblo” y hábilmente, mantuvo en ascuas al País, hasta que finalmente hizo el anuncio de que aspiraría a la gobernación. Por lo bajo, el primer agradecido fue Thomas Rivera Schatz, ya que eso le permitiría mantenerse como presidente del partido hasta la celebración de las primarias. Poco a poco comenzaron a alinearse los bandos de Pierluisi y Vázquez Garced y crecían las opiniones de que, dadas las ejecutorias aceptables de la gobernadora, esta podía superar a Pierluisi, quien mantenía el carimbo de ser “el abogado de la Junta”. Muchos otros opinaban que convertirse en gobernadora/candidata pondría a prueba a Wanda Vázquez, un reto que demostraría que no es lo mismo con guitarra que con violín.

A finales de diciembre de 2019, el país se estremeció con temblores que se repitieron con más fuerza a partir del fatídico 7 de enero de 2020. Con los estragos que estos terremotos causaron en varios pueblos del sur del país, comenzó la prueba de fuego de Wanda Vázquez quien, hasta entonces, mantenía una considerable aprobación de varios sectores del pueblo. Miles de hermanos puertorriqueños se vieron obligados a abandonar sus hogares cuyas estructuras quedaron afectadas por los terremotos. Comenzaron a pernoctar a la intemperie, a la orilla de la calle, en parques, patios, solares y carros miles de hombres, mujeres y niños, madres solteras y ancianos con necesidades particulares de salud. El pueblo se movilizó y cientos de compatriotas acudieron en auxilio de nuestros hermanos del sur para llevar provisiones y todo tipo de ayuda. En medio de esta crisis sin precedentes, un ciudadano ponceño conocido como el León Fiscalizador, dio a conocer la existencia de un almacén lleno de suministros de todo tipo, acumulados desde el paso del huracán Maria que, a pesar de la urgente necesidad de los afectados por los terremotos, se encontraba oculto. Este escándalo de grandes proporciones llenó de rabia al país. La gobernadora, de inmediato, despidió al entonces director del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo y dijo desconocer la existencia del almacén. El pueblo no le creyó. Miles comenzaron a reclamar su renuncia. Ordenó que, en 48 horas, se hiciera una investigación sobre cuyo contenido ha mantenido ajeno al pueblo. Despidió, fulminantemente, a la secretaria del Departamento de la Familia, quien a su vez había suspendido a una funcionaria allegada a Vázquez Garced, por alegadamente estar politiqueando con los suministros. Despidió, además, al secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, partidario de Pierluisi, por supuestamente poner en riesgo el desembolso de fondos del programa CDBG-DR, acusación que este negó y que al pueblo tampoco convenció. Ya en su posición de gobernadora/candidata, difundió un video de auto bombo, que incluía visuales de sus visitas abrazando a las personas afectadas durante los terremotos. La indignación del pueblo no se hizo esperar con severas críticas que le imputaban utilizar el dolor y el sufrimiento de nuestra gente para sacar capital político. Sus erráticas explicaciones no han logrado convencer a nadie. Entre muchas otras, su postura ambivalente en torno al más reciente plan de ajuste presentado por la Junta de Control Fiscal y al plan de reestructuración de la deuda de la AEE, le ha restado mucha de la poca credibilidad que aun le queda. Consciente de eso ha optado por adherirse al fundamentalismo enemigo de las libertades civiles. La gobernadora ha demostrado, igual que su antecesor, Roselló Nevárez, que es más de lo mismo, que el puesto le queda grande y que sus aspiraciones para ser electa, no son más que alimento para su maltrecho ego ante los hechos que ponen de manifiesto su total incapacidad para ejercer el puesto. Como si lo anterior fuera poco, su conducta sumisa y servil ante el presidente que constantemente nos desprecia, se ha ganado nuestro más contundente y decidido rechazo como expresión de que no merece dirigir los destinos de nuestro pueblo y su partido tampoco.

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La autora es Presidenta del Movimiento Unión Soberanista