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¿Cómo los medios privados pueden incitar al genocidio?

Por Stella Calloni

Los periodistas que colaboran en maniobras de persecución política, desinformación, guerra psicológica (de cuarta generación) utilizando   informaciones falsas como un arma de destrucción masiva ¿son periodistas o “fuerzas de tareas” de la nuevas formas de guerras que se aplican en el mundo y en nuestra región?

Sobre este tema giró el recientemente rescatado informe “Los medios y el genocidio”, publicado por el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de Canadá en 2007, editado por Allan Thompson, donde se cita una declaración de Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, quien denunció entonces que “los medios de comunicación fueron usados en Ruanda para diseminar odio, para deshumanizar a la gente, y más aún para guiar a los genocidas hacia sus víctimas”.

Tres periodistas y propietarios de medios fueron encontrados culpables de genocidio por el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda, y también de incitación al genocidio, conspiración y de cometer crímenes contra la humanidad. Debemos encontrar una vía para responder a tales abusos de poder”, concluyó Annan durante una conferencia en la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Carleton de Ottawa. Esta declaración, silenciada a nivel mundial, ha comenzado a rescatarse en estos tiempos.

Refiriéndose al caso Ruanda, el editor Thompson habló de “los medios del odio en ese país –a través de sus periodistas, locutores y ejecutivos– que jugaron un rol instrumental en el establecimiento de las bases para el genocidio, luego participaron activamente en la campaña de exterminación”.

Al evaluar el veredicto de culpabilidad emitido por el Tribunal del Crimen Internacional, en el juicio sostuvo que “el propósito de revisar el rol de los medios en el genocidio de Ruanda no es sólo para recordar. Aún tenemos mucho que aprender sobre este particular y examinar la manera en que periodistas y empresas de medios se condujeron durante la tragedia y esto no es sólo un ejercicio histórico. Tristemente, da la impresión de que no hemos discernido ni entendido completamente las lecciones de Ruanda”.

El juicio estaba referido a los sucesos en Ruanda cuando el 6 de abril de 1994 el presidente de ese país, Juvenal Habyarimana, fue víctima de un atentado contra el avión en que viajaba y que se estrelló, cuando se había logrado firmar la paz en Arusha, Tanzania, en 1993, entre una población mayoritaria hutu y la minoría tutsi.

El mismo día, medios locales atribuyeron el crimen a los tutsis y en la noche comenzaron los asesinatos de miles de familias. Escuadrones de la muerte lanzaban granadas en todos los lugares y refugios.

En Ruanda se calcularon alrededor de un millón de muertos y en el año 2003, “el veredicto en el juicio a los medios de los ejecutivos de la estación RTLM y el periódico Kangura, el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda confirmó sin ninguna duda el rol de los medios privados de comunicación en los asesinatos (…) demonizando a los tutsi y acusándolos de poseer inherentemente condiciones diabólicas, igualando grupos étnicos con ‘el enemigo’ y presentando a sus mujeres como ‘seductores agentes’ enemigos.

“Los medios llamaron a la exterminación de los grupos étnicos tutsi como una respuesta a la amenaza política que ellos asociaban con esta etnia” (Veredicto del tribunal 2003: parágrafo 72)

Thompson estimó “que gran parte de la matanza hubiera podido evitarse de no haber sido por el papel jugado por los medios” y finalizó su trabajo con un grito “de la humanidad” reclamando a los periodistas que asuman sus responsabilidades.

La tragedia de Ruanda se repitió en otros países tanto en el siglo XX, como en este siglo XXI bajo un poder hegemónico fundamentalista que aplica un terrorismo de Estado “universal” con total impunidad y desarrolla guerras coloniales y de baja intensidad utilizando las informaciones falsas como los primeros misiles que se disparan entre los tantos que provocaron los genocidios del siglos XXI.

Reproducido de www.cubadebate.cu

El pan de cada día en las escuelas de Estados Unidos

Por Liliana García Arroyo

Especial para CLARIDAD

Este es un nuevo día para empezar de nuevo,

Para buscar al ángel que me crece los sueños…

Este es un nuevo día

Facundo Cabral

Es común en estos días encontrar muchas peticiones meritorias en la red. Algunos con la suerte de poder entrar a los poquísimos programas por las ondas radiales con moderadores que valen la pena debieran considerar ventilar este asunto. Esta petición trata de escuelas en Rhode Island pero para sorpresa nuestra es un problema ya viejo y muy extendido en Estados Unidos y el cual los boricuas que tienen hijos e hijas en edad escolar deben considerar al mudarse a ese país si van con expectativas de trabajos con sueldos modestos. El distrito escolar de Warwick en Rhode Island informó a los estudiantes que todos los que adeudasen cuotas de almuerzo iban a recibir un almuerzo “reducido” consistente de un emparedado de mantequilla de girasol y jalea. Leyeron bien. Las cuotas se asignan por ingreso familiar y todos los padres que trabajan con salarios bajos tienden a caer dentro de los criterios de pago de las tablas, por lo tanto el almuerzo no es gratuito para sus hijos e hijas. Al problema nutricional se añade el problema social de humillación ante el resto de los estudiantes. No hay ni que decir que en un país donde el acoso o “bulling” es tan grave, esta situación resulta alarmante.

Las agencias federales concernidas en este asunto dejan en manos de los estados cómo enfrentar a los estudiantes “deudores” siempre y cuando no se le niegue el almuerzo. Muchas escuelas han sub privatizado este servicio por lo tanto los empleados que enfrentan los estudiantes en el comedor escolar pueden reaccionar de diversas maneras dependiendo de lo que sus empleadores estén dispuestos a hacer para cobrar las cuotas. La “Food and Nutrition Service” (“FNS”), oficina bajo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), realizó un estudio en el 2014 en el cual encontró que el 60 por ciento de las escuelas en esa nación humillaban a los estudiantes por causa de las deudas de almuerzo. Por ejemplo, en el distrito escolar de Granite City en Illinois, a un joven de segundo año de escuela superior no se le permitía ir a actividades auspiciadas por el distrito escolar, como bailes de la clase, hasta que salde su deuda. En Baltimore, Maryland, una niñita de primer grado sólo consumió emparedados de queso por un mes porque supuestamente tenía una deuda pendiente de $1.60. Su mamá resultó ser una veterana del ejército de Estados Unidos y madre soltera con tres hijos, empleada en una cadena de restoranes. Nunca le avisaron la situación y se dio cuenta solamente al notar la conducta depresiva en la nena. En Alabama, le entintaron un mensaje en el brazo a un estudiante sobre su deuda y en Utah, en un mismo día, en una escuela elemental, botaron cuarenta almuerzos de estudiantes con deudas pendientes. En fin, una vez se busca este tema en la red, los casos aparecen por doquier.

Las tablas del gobierno de Estados Unidos indican que para una familia de cuatro el almuerzo escolar es sin cargos si su ingreso es de $32 630 al año. Eso es casi nada para el costo de vida en prácticamente cualquier estado de Estados Unidos. Una vez esa familia de cuatro llega a alrededor de $46 435 el almuerzo comienza a cobrarse con cuotas reducidas y luego de subir sobre eso pasa a cobrarse la cuota completa. Los conocedores sobre el tema entienden que las tablas no son realistas para el costo de vida en las ciudades. Sin embargo ese no es el problema más álgido. Los distritos escolares pueden subcontratar compañías de cobro representando esto una fuente de hostigamiento para los núcleos familiares y no se puede descartar que en algunos casos represente un conflicto de interés para esas mismas compañías de cobro que obviamente necesitan clientela a quien cobrar. Por otro lado, los distritos escolares no pueden utilizar dinero recibido de las agencias federales para cancelar cuotas pendientes aunque contaran con los ahorros para hacerlo. Pero la irracionalidad no se detiene ahí. Hay una resistencia a utilizar donativos de terceros para cancelar estas deudas tomando acciones inauditas. El distrito escolar de Warmick que ya mencionamos, no le aceptó un donativo para cancelar las deudas de almuerzo escolar a una comerciante dueña del negocio Kitchen Angelica Penta. Aunque luego de varios días parecen estar encaminados a aceptarlo, es importante conocer e interpretar esta resistencia. El argumento de las autoridades escolares fue que no podían “discriminar” entre los estudiantes para favorecer a algunos con una reducción de deuda sin embargo, no les pareció discrimen dejar a estos estudiantes con comidas reducidas junto a otros con sus comidas completas y a la vista de todos. Esto último es lo que es alarmante en el proceso de razonamiento de los oficiales escolares.

La práctica de subcontratar servicios de catering conlleva otros retos tanto para las relaciones sociales como para los propósitos nutricionales. Estos se reflejan en lo sucedido en una escuela superior de la ciudad de Canaan, en New Hampshire. En este caso un estudiante seleccionó un comestible de “lujo” el cual sobrepasaba el fondo con el cual contaba en su cuenta. Los tales alimentos de “lujo” pueden ser chips, helados y otras bebidas no alcohólicas. La Sa. Bonnie Kimbal era empleada de la compañía Café Services por cinco años y administraba la caja registradora. Ella le permitió al estudiante tomar el postre y le advirtió que dijera en su casa que estaba en deuda y que tenía que depositar dinero. Un gerente de distrito que estaba de visita en el comedor escuchó el diálogo. Una semana después se encontró con que estaba despedida. Le argumentaron que estaba prohibido servir esos artículos de “lujo” a estudiantes endeudados y que ella había sido advertida de esa norma. Sus empleadores se sostuvieron en el despido a pesar de que la madre del niño se presentó al otro día a depositar fondos para el almuerzo de su hijo. Luego del escándalo que se formó tanto dentro como fuera de la escuela, la compañía retiró el despido pero la Sa. Kimbal optó por no regresar aduciendo que el ofrecimiento era resultado de la presión pública y no de un verdadero reconocimiento de las circunstancias. Para ella, esos estudiantes eran su familia. Ella fue algo así como un ángel en vela.

La persistencia de las heridas que puede dejar el sentimiento de vergüenza en estos casos lo ilustró la Sa. Karen Krepps de Kansas City, Montana, al revelar que su hijo hoy adulto rehúsa comer emparedados de maní desde hace veinte años, debido al recuerdo de sus días en la escuela intermedia de Minneapolis donde lo mandaban a una mesa aparte a prepararse emparedados de maní. Según ella, todo ese tiempo ha durado la humillación de su hijo. Es obvio que una cosa como esta impacta la psiquis de todos, tanto los que lo sufren como los que lo que la presencian. Lo difícil es saber en qué dirección estas acciones arbitrarias van a influenciar las capacidades mentales tanto de los que las padecen como de los que las presencian. En el caso de la Sa. Kimbel ya sabemos. Otros casos no han sido así.

El caso de Emani Moss, (qpd) no es de comedor escolar pero gravita alrededor de la comida y hay maestras en el drama. De diez años y residente de Georgia, su madrastra la dejó sin comer hasta morir y sugiere otra dirección en las funciones mentales de los adultos que la rodearon. No hubo ángel que la protegiera. Emani representó un problema para su madrastra, la Sa. Tiffany Moss, quien perdió su empleo como maestra preescolar luego de ser acusada criminalmente por pegarle con la correa a la niña. Luego de un periodo de seis meses con la abuela paterna, el departamento de protección de la familia la regresó al hogar de la madrastra y su padre biológico y nunca más hizo visitas al hogar ni contactó a la escuela. La fiscal le preguntó a la última maestra de Emani si en algún momento el peso de la niña fue motivo de preocupación. Ella dijo que no a pesar de la delgadez extrema que ya se observaba en las fotos de sus últimas actividades escolares. No estamos apuntando a una relación causa y efecto. Estamos apuntando a una acumulación de experiencias, apoyada por la cultura estadounidense, que propende a acciones extremas y despiadadas cuando se percibe un ataque a los medios de vida. Por cierto, lamentablemente, los casos de padres que asesinan hijos en Estados Unidos son numerosos.

En el caso de los comedores escolares hay estados que han implementado leyes para detener las prácticas de sustituir menú completo con emparedados y de utilizar métodos de cobro que resulten vergonzosos. El problema sigue siendo que los estados no tienen dinero para cubrir las deudas y las agencias federales tienen un reglamento al cual ya aludimos. En el plano político, los recursos que obtiene de los estados y territorios ese ente abstracto que es el gobierno federal, parecen más bien una expropiación con los cuales se queda ese ente que no podría existir sin esos recursos pues de ellos es que se nutre mientras que los estados sí podrían seguir existiendo y desarrollar otra relación entre ellos. En el plano sicológico, la práctica arbitraria ante situaciones cotidianas instalada en la vida del pueblo lleva a inflexibilidad en las funciones mentales de juicio y búsqueda de alternativas. Lo que experimentan muchos estudiantes del sector trabajador de Estados Unidos en los comedores escolares recuerdan un túnel del tiempo donde parecen estar preparándose para ser siervos sujetos a disposiciones de sus amos para obtener un pedazo de pan como en la Edad Media y a la misma vez someterse a los lineamientos de un estado capitalista avanzado, centrado en deuda y cobro financiero y que no respeta ni siquiera la mesa de comer.

¿Qué hacer? No darse por vencido. Ya hemos dado ejemplos aquí de gente luchadora aún a costa de sus empleos. Les dejamos estas líneas finales de la hermosa composición de Facundo Cabral: Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste,
Porque la vida es aquí y ahora mismo

La autora es psicologa.Comentarios a: unasolira2@gmail.com. Referencias disponibles.

Un mural para la comunidad de Puerta de Tierra

Por Gabriela Ortiz Díaz

Especial para CLARIDAD 

Había llegado el medio día. El muralista David Zayas y varios colaboradores recesaban para almorzar y para apartarse un rato del candente sol. Le habían dedicado la mañana al desarrollo del mural “Aquí vive gente cosechando futuro”, que se despliega en una de las paredes del Colegio San Agustín, ubicado en la avenida Constitución de San Juan, a la altura de la calle Pelayo. Tras varias semanas de trabajo, finalmente el pasado domingo, 9 de junio el grupo terminó el mural. 

Como parte de una alianza entre el Museo de Las Américas, el grupo Tukupá y varias organizaciones comunitarias, surgió el proyecto cultural y artístico Extramuros, que tiene como principales misiones contribuir a la revitalización y el desarrollo de Puerta de Tierra, primer barrio extramuros de San Juan; promover la cultura como eje central de un desarrollo sostenible para esta comunidad; y promover y facilitar el empoderamiento de esta comunidad a través de la música y las artes como medios de expresión y acción social. 

De ahí, que contactaran a David Zayas para que fungiera como tallerista durante la elaboración de este mural, cuya inspiración es la misma comunidad de Puerta de Tierra. Es la segunda vez que el proyecto Extramuros se pone en marcha. En esta ocasión, decidieron involucrar a los residentes del Hogar del Buen Pastor, programa que acepta a personas sin techo y las prepara para reintegrarlas a la sociedad. Los y las jóvenes que se atienden en este hogar tienen diferentes adicciones o vicios y el compromiso es tratarlos hasta que alcancen la rehabilitación. 

El comité de organización de Extramuros seleccionó el Hogar del Buen Pastor como beneficiario de los talleres de arte porque es parte de la comunidad Puerta de Tierra y porque, mediante la tarea de pintar el mural, los participantes cubrirían las horas de servicio a la comunidad que les requiere el Hogar. 

“Me pareció súper interesante que ellos tuvieran la oportunidad de contribuir a la comunidad. Esto pudiera ser el inicio de una aceptación o un acogimiento por parte de Puerta de Tierra a las personas de este hogar, que son transitorias”, expresó a CLARIDAD David Zayas. 

Este artista, que está acostumbrado a la mezcla entre el muralismo y las comunidades, dijo que, durante el proceso de creación del mural, “he compartido con personas que han pesado por alguna depresión, cayeron en alcoholismo y por eso perdieron sus casas y sus familias y están aquí [en el Hogar], pero son personas funcionales, con una forma de ser bien chévere”. 

De igual forma, comentó que el proyecto de pintar el mural fue un intento de unir a todos los que conviven en ese barrio: “Es bien interesante porque no existe una unión del todo. La comunidad tiene muchos líderes y organizaciones, pero en pocas ocasiones se entrelazan y coordinan entre ellas. A este hogar, en el que sister Rosemarie González tiene usuarios de diferentes adicciones, las personas tienden a darle de codo, pero mientras lo residentes estén en este hogar son parte de la comunidad, se desarrollan y tienen varias funciones dentro del área”. 

Elementos del mural 

David Zayas pensó plasmar otra idea en el mural, pero tuvo que cambiarla porque la pared que se utilizó es parte de una estructura histórica, por lo que para pintar en ella es obligatorio seguir las estipulaciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña para pintar en este tipo de edificios. 

Como la pared tiene unos elementos arquitectónicos que permiten pintar en distintos cuadrados, a Zayas se le ocurrió elaborar una imagen en secuencia, que creara el efecto de movimiento cuando el público la apreciara desde los carros que transitan por la avenida. 

El mural narra la historia de una niña (en este caso el artista utilizó la imagen de Dineily Pacheco, residente de Puerta de Tierra) que recibe tierra de las manos de una mujer mayor, la deja caer encima de unas congas, sobre las cuales siembra una semilla, que, al final, se convierte en una flor de la que brota la palabra “futuro”. La niña de la imagen pintada tiene una camisa que lee el mensaje “Aquí vive gente”, lema de una campaña impulsada por la organización comunitaria La brigada. 

“Los participantes del Hogar me han ayudado desarrollar la idea que tuve luego de haberme reunido con La Brigada. Las personas del Hogar han colaborado con la preparación de la pared, a traspasar el dibujo a la pared, comenzar a pintar, afinar detalles. Ellos han hecho casi todo el trabajo, yo le he aplicado mis luces y sombras al mural”, dijo Zayas. Algunos de los residentes del Hogar del Buen Pastor que participaron en la realización del mural fueron: Leopoldo Flores Lovo, Félix Nicolau, Stephanie Lugo, Héctor Nieves y Carlos Enrique. 

“No es el primer proyecto que hago vinculando las comunidades. El mural tiende a tener esa oportunidad. No importa si el proyecto está dirigido por una empresa privada que quiere impactar tal área, como quiera uno como artista tiene ese contacto con la comunidad porque uno es el que está ahí todos los días. Esa interacción sucede mucho dentro del muralismo. Esa es una de las cosas que mas me gusta de lo que hago: cómo el mural hace ese puente con la comunidad”, concluyó Zayas. 

Vieques y Culebra: La lucha por un mejor servicio de lanchas

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com 

Residentes de Vieques y Culebra llegaron hasta San Juan el martes en la noche para realizar una vigilia en los alrededores de la playa El Escambrón reclamando un sistema de transporte marítimo colectivo y eficiente. 

Los reclamos, continuaron la mañana del miércoles en el ala norte del Capitolio emplazando al gobernador y funcionarios públicos a que salieran y les escucharan. 

“Dignidad”. “Vieques y Culebra exigen respeto”. “La ATM opera en contra de la leyes, sin permisos, sin facilidades”, manifestaban los residentes de las Islas Municipio. 

Esa mañana, antes de que los manifestantes salieran hacia el Capitolio, un grupo de mujeres realizó acciones de desobediencia civil en los portones de la Fortaleza. Hicieron una cadena humana de resistencia que fue arracada violentamente por policías no identificados. 

La licenciada Mariana Nogales Molinelli publicó en una de sus redes sociales que “no arrestaron, no citaron por lo cual se constituye una detención en violación a la libertad de expresión”. 

En la actividad realizada en el lado norte del Capitolio, representantes de las organizaciones reunidas en el Colectivo Somos más que 100 x 35, exigieron: Un protocolo de abordar apropiado siguiendo el orden de prioridad establecido asegurando un trato adecuado; un horario fijo para los viajes y establecer una medida de comunicación con los pasajeros; embarcaciones de capacidad adecuada para los pasajeros proyectados; instalaciones adecuadas y cómodas, sin riesgos para los pasajeros y el personal que allí labora; que la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) responda a los intereses del pueblo; que el pueblo tenga participación en las decisiones sobre el servicio, entre otros. 

Uno de los manifestantes mencionó que luego de 5 reuniones con distintos líderes del gobierno ninguna ha rendido frutos y que ellos sólo han buscado poner el servicio en manos privadas. 

“Tiene que haber una negociación, pero están imponiendo sus caprichos y criterios sin conocer nuestras necesidades como pueblo”, sostuvo una de las portavoces del Colectivo. 

En contra de las reuniones a puerta cerrada con legisladores, en las reuniones previas a la manifestación se acordó que fueran los funcionarios del gobierno quienes llegaran y se reunieran con el pueblo ese día. 

En respuesta a las declaraciones hechas por la Directora de la ATM en los medios entre finales de mayo y principios de junio, Hilcia Guadalupe Carrasquillo señala que: Sí, la señora Mara nos invitó a reunirnos con ella cuando se enteró de la marcha programada. Elegimos reunirnos con los líderes viequenses primero para crear un frente común y fortalecernos como pueblo para exigir acción. No necesitamos más reuniones ni promesas vacías.

Hoy, se pasea por los medios diciendo que todo está bien, que está disponible para buscar soluciones en conjunto. Si ella está dispuesta a escuchar al pueblo ¿Por qué en sus visitas a Vieques no ha hecho una reunión pública? ¡Mara nos miente, tal como han hecho sus antecesores!

Usuarios del servicio, en su mayoría residentes, han manifestado su inconformidad en cuanto al servicio de transporte marítimo a través de sus redes sociales. Aquí una de esas expresiones

A las 7:45 de la noche, el jueves pasado, la señora Elba Oquendo dijo “Estamos desde las 5:00 pm en el muelle de Ceiba y no ha salido ni una embarcación para Vieques. Hay personas con boletos para las 5, 6:30 y 8:30 pm. Cuando preguntamos a qué hora salimos, nos contestan que a las 9:00 pm y ningún boleto con esa hora. Para Culebra han salido tres viajes uno tras otro con 15, 9 y 6 pasajeros”. 

Una fuente cercana al periódico hizo saber que el viernes en la mañana se informó que a partir de ese día los dos viajes de Ceiba a Vieques de las 5:00 pm fueron cancelados y ahora saldrán a las 7:00pm. Se informó el mismo día en que se hizo el cambio. El sábado, esa misma fuente compró un boleto para las 4:15 pm y, sin embargo, el viaje salió a las 3:30 pm. “Lo que tienen es un fucking abuso”. 

Como si fuera poco, los usuarios también han reclamado que las instrucciones de abordaje las dan en inglés. 

Mientras tanto, viequenses y culebrenses se mantienen en resistencia por un servicio de transporte digno.

Defienden el derecho a la información pública

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El derecho de los ciudadanos a tener acceso a información pública en manos del gobierno fue reconocido en dos instancias diferentes, por el juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal Superior (TS) Sala de San Juan. 

En una decisión emitida este martes cuatro de junio el Juez de la Sala de Recursos Extraordinarios, del TISJ determinó que los informes de la Policía que registran el uso de fuerza de sus agentes contra la ciudadanía no son documentos confidenciales por lo que ordenó al Negociado de la Policía de Puerto Rico a entregar en cinco días los informes a la organización Kilómetro Cero (Km0). 

La organización ciudadana, que monitorea el uso de fuerza del Estado en Puerto Rico, solicitó el Mandamus el pasado 18 de marzo. El recurso fue presentado por los licenciados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell desde la Clínica de Acceso a la información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

En comunicado de Prensa la directora ejecutiva de Km0, Mari Mari Narváez reclamó que la sentencia del juez Cuevas Ramos, “vindica el derecho fundamental al acceso a la información que tenemos todos en nuestro país pero que, a pesar de los avances tecnológicos, es muy difícil de ejercer en Puerto Rico. Una sentencia que sencillamente reitera ese derecho fundamental que tenemos todos termina convirtiéndose en una victoria épica por la tremenda secretividad y opacidad con que funciona la Policía y el gobierno de Puerto Rico en general”. 

 Según informó Km0 llevaba cinco años de un trabajo bien intenso de requerimientos de información, análisis, búsquedas, cuestionamientos. “Esta situación nos recuerda que es menester establecer por fin un mecanismo de acceso a la información para que cualquier grupo, persona o periodista en Puerto Rico pueda ejercer su derecho sin tener que ir a los tribunales, que es un ejercicio oneroso al cual no todos tienen acceso. Quisiéramos que la Legislatura y los funcionarios electos demuestren por fin voluntad política para crear una verdadera ley de acceso a la información, digna del siglo XXI en un país con aspiraciones democráticas”, afirmó Mari Narváez. 

El Juez estableció en su sentencia que el que se tenga que catalogar un documento claramente público en uno confidencial porque, de ser público, la persona encargada de redactarlo podría mentir, resulta “insostenible”. Esto en respuesta al argumento del Departamento de Seguridad Pública de que los policías podrían mentir en estos informes si se hicieran públicos. La acción legal incluyó también al Registro Demográfico. Entre otras expresiones el Juez Cuevas Ramos apuntó: “Los ciudadanos tienen el derecho de examinar el contenido de los expedientes, informes y documentos públicos e investigar cómo se conducen sus asuntos, sujetos sólo a aquellas limitaciones que impone la más urgente necesidad pública. Y esas excepciones de mantener la información pública sólo se justifican cuando así lo determine el interés público”. 

Mientras la segunda instancia es en relación al Mandamus presentado por las organizaciones Cambio y el Instituto de Economía y Análisis Financiero en Energía (IEEFA, en inglés) para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entregara documentos públicos relacionados al proceso de privatización y el sistema eléctrico.

Aun cuando el 24 de mayo el Juez le concedió 14 días a la AEE para que entregara la información, decidió convocar a una vista urgente este viernes siete de junio luego de que, por tercera vez en menos de dos semanas, la corporación pública radicara un recurso legal para intentar dar marcha atrás al acuerdo de entregar los documentos.

En comunicado de prensa conjunto las organizaciones informaron que luego de la reunión entre las partes solicitada por abogados de la corporación, la AEE acordó no proceder con las mociones de desestimación radicadas en relación al Mandamus presentado por las organizaciones e iniciar la entrega de documentos. La corporación también solicitó cancelar la vista urgente citada por el Juez a lo que este accedió. Se informó que se mantiene en calendario la vista de seguimiento del 25 de junio, en la cual ambas partes expondrán al Juez cómo se condujo el proceso de entrega de documentos. 

“Este es un paso de avance a favor del derecho ciudadano a la información. Las decisiones sobre la AEE nos impactan a todos y todas y los resultados los vemos en la factura mensual. La información que solicitamos procura ampliar la conversación pública sobre el futuro energético”, expresó Ingrid M. Vila Biaggi, fundadora y presidenta de Cambio. 

En tanto Cathy Kunkel, analista de energía de IEEFA, manifestó que “nos complace que la AEE cumpla con el acuerdo para presentar documentos públicos y ahora estaremos atentos a ver lo que producen”. Los documentos públicos solicitados son todos los que tengan fecha a partir del 1 de enero de 2018 que tengan relación con la privatización de la AEE así como datos actualizados del sistema eléctrico.