Por Cándida Cotto / CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
Las compañías de fondos de cobertura, mejor reconocidos como los fondos buitres, que integran y se hacen llamar la Coalición de Deuda Constitucional Legítima (CDCL), ahora sí van a asegurar su futuro con lo que les pagará el pueblo de Puerto Rico, gracias al nuevo acuerdo negociado con la Junta de Control Fiscal (JCF) por la deuda del gobierno central, es decir, los bonos de obligación general (GO) y la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).
En una reacción a los cuestionamientos y advertencias que han hecho los economistas y las organizaciones de la sociedad civil sobre lo insostenible de este nuevo plan de ajuste de deuda, la Coalición ha lanzado una campaña publicitaria en defensa de ese acuerdo con mensajes en la radio y anuncios a dos páginas en la prensa escrita.
Esta coalición de fondos buitres, que reclama en sus mensajes que con el acuerdo “por fin, se abre un nuevo camino”, se organizó en febrero del 2019, un mes después de que la Junta impugnara en el Tribunal el pago de $6 mil millones de la deuda del Gobierno de Puerto Rico, por considerarla inconstitucional.
Abner Dennis Zayas es investigador de Public Accountability Initiative (Iniciativa Pública de Responsabilidad Financiera). Esta es una organización independiente radicada en Nueva York que se dedica a investigar y documentar hallazgos en las esferas más altas de poder en el sector privado o el gobierno y a fortalecer las luchas de los movimientos sociales respecto a casos de corrupción.
En entrevista con CLARIDAD, el investigador narró que esa coalición se organizó por entender que la deuda que ellos poseen no es ilegal y que es anterior al 2012. La Coalición apoyó la impugnación de la JCF en contra de los otros bonistas (buitres), porque debilitaba su posición ya que, en caso de que se declarara la deuda ilegal, a ellos les iban a pagar más porque tenían los fondos asegurados. La JCF entonces negoció primero con el grupo de la Coalición, con el cual llegó al acuerdo de 2019.
Según los miembros de la CDCL, su deuda es válida porque está asegurada por la Constitución de Puerto Rico, además de que se emitió antes del 2012. Dennis Zayas describió que el enfrentamiento entre las firmas de fondos buitres por la impugnación fue como “una guerra civil” en la que CDCL salió beneficiada. No obstante, el primer acuerdo de plan de ajuste radicado en septiembre de 2019 fracasó por dos razones: porque la Junta no logró un consenso con la mayoría de los bonistas, precisamente porque no les convenía a los que poseen deuda ilegal, y por la presión que lograron ejercer las organizaciones de los pensionados sobre la Legislatura (entre noviembre y diciembre) para que rechazara el plan de ajuste que incluía el recorte a sus pensiones.
“Eso es importante porque a pesar de que la Junta diga que tiene un poder cuasi absoluto sobre las finanzas del Gobierno, necesita de la Legislatura para aprobar el plan de ajuste. Incluso, en los mismos documentos que la JCF les presenta a los bonistas dice que se necesita legislación”.
Tras el fracaso del primer acuerdo, la Junta tuvo que volver a negociar y ahora presenta este segundo acuerdo en donde desistió de la impugnación de una parte de la deuda y le está pagando más o menos por igual al resto de los fondos. Dennis Zayas adelantó que si las partes se ponen de acuerdo y logran radicar un plan de ajuste que se apruebe, va a suceder lo que sucedió con COFINA, en donde las partes se pusieron de acuerdo y el Gobierno de Puerto Rico renunció a cuestionar la legalidad de los bonos como parte del acuerdo. “Algo similar va a seguir aquí, ese es el modus operandi de estos acuerdos”.
En este segundo acuerdo hay cuatro coaliciones; pero la más que resalta es la “constitucional legítima” por ser la primera que firmó un acuerdo y la primera que impugnó la deuda. También sobresale la firma de fondos buitres Golden Tree Asset Management LP, que participó en el plan de ajuste de COFINA y que fue el que más se aprovechó del huracán María, denunció.
Dennis Zayas recordó que luego del huracán María, los bonos cayeron de precio y Golden Tree compró Bonos Junior de COFINA a 15 centavos, entre octubre 2017 y abril 2018, con una inversión de sobre $400 millones. En el presente acuerdo se les está pagando a 54 centavos de cada dólar. Afirmó que hay otros fondos de cobertura que pueden haber hecho lo mismo con los GO “y ahora tienen la desfachatez de publicar anuncios en radio y prensa. Mientras más se pague a la deuda, menos para los servicios esenciales”, expresó.
Dennis Zayas recalcó que la deuda no es sostenible: “Es un peligro real al que la gente debe estar alerta. Esto no solo se trata de las pensiones. Aquí peligra todo el país. La posibilidad de que tengamos que repetir todo este proceso es real”.
Las otras tres coaliciones que están apoyando el acuerdo son: QTCB Noteholder Group, que son los tenedores de bonos de la AEP. Estos bonos fueron utilizados, entre otras cosas, para el Programa de Escuelas del Siglo XXI por la administración de Luis Fortuño. De este grupo, Canyon Capital también estuvo en el plan de ajuste de COFINA. Por último está Ad Hoc Group of Constitutional Debtholders; Group of General Obligation Bondholders, que fueron los más afectados por la impugnación que hizo la Junta. Al presente en esta coalición quedan solo dos miembros: Aurelius Capital Management y Autonomy Capital (Jersey) LP.
A continuación, los integrantes de la Coalición de la supuesta deuda legítima y sus inversiones en bonos, según radicado en el informe al Tribunal este 19 de febrero 2020. Se deduce de este informe que la mayoría de la deuda se clasifica como no asegurada.
1- Golden Tree Asset Management LP.
• GO no asegurados: $193,573,750.
• GO asegurados: $2,411,250
• Bonos no asegurados de la AEP: $19,565,000
• Otros bonos garantizados por el Gobierno central (clawback): $8,235,000
2- Whitebox Advisors LLC
• GO no asegurados: $119,212,000
• Bonos no asegurados de la AEP: $61,003,000
3-Monarch Alternative Capital LP
• GO no asegurados: $239,463,000
• GO asegurados: $18,313,000
• Bonos no asegurados de la AEP: $144,262,00
• Otros bonos garantizados por el Gobierno Central: (clawback): $2,279,000
4-Taconic Capital Advisors L.P.
• GO no asegurados: $111, 465,000
• GO asegurados: $20,639,000
• Bonos no asegurados de la AEP: $395,000
5-Aristeia Capital, LLC
• GO no asegurados: $63,970,000
• Bonos no asegurados de la AEP: $193,475,000
6-Farmstead Capital Management
• GO no asegurados: $71,995,000
• GO asegurados: $50,000
• Bonos no asegurados de la AEP: $49,357,000
7- FCO Advisors LP
• GO no asegurados: $55,420,000
• Bonos no asegurados de la AEP: $9,090,000
8- Marble Reidge Capital LP
• GO no asegurados: $18,070,000
• Bonos no asegurados de la AEP: $58,992,000
