El pueblo de Puerto Rico debe estar muy atento a lo que ocurre con los miles de millones de dólares en el presupuesto del Departamento de Educación. No puede permitirse que un presupuesto de casi $3 mil millones, asignados entre 2017 y 2020, caiga en el pozo profundo de un sistema que ahora mismo experimenta uno de los peores vacíos de liderazgo, gobernanza y supervisión en toda su historia. Un sistema que, además, ha perdido la mitad de su matrícula y cerrado más de 300 de sus planteles, en un proceso atropellado que ha afectado no solo la prestación de este servicio esencial para la población de edad escolar y el País, sino representado un duro golpe a la moral de toda la comunidad escolar de estudiantes, padres y maestros.
Con ese presupuesto se podría garantizar a los maestros un salario justo y adecuado al costo de vida actual y las exigencias de su trabajo, y sobraría dinero. También se podría invertir en la infraestructura, materiales y equipos esenciales que los estudiantes necesitan prioritariamente para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y sobraría aún más. Pero, hasta este momento, es una incógnita el uso desglosado que se pretende darle a ese dineral, y dada la trayectoria de encubrimiento de información en dicha agencia, no creemos que así se haga públicamente.
La historia del gobierno de Puerto Rico con los fondos para Educación es larga y tortuosa. Con Víctor Fajardo en la década de los 90, durante el gobierno del Dr. Pedro Rosselló y el PNP, pasamos por la vergüenza colectiva de ver al Secretario de Educación de nuestro país encausado y preso por robar los fondos que debieron ser destinados a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Tras la salida intempestiva de Julia Keleher de la Secretaría y el nombramiento del Secretario Interino, Eligio Hernández, el silencio se ha apoderado de todos y todas en el Departamento de Educación. En los días inmediatamente después de su renuncia, a Keleher se le vio explicándole a una audiencia en la Universidad de Yale cómo ella solita salvó al Departamento de Educación de Puerto Rico, tras la emergencia del huracán María. A su sucesor, Eligio Hernández, se le vio solamente el día de su nombramiento y confirmación como Secretario interino, mientras le reiteraba a la prensa que no quería ser nombrado como Secretario en propiedad.
Esto, mientras el país se enteraba de que varias agencias del gobierno de Estados Unidos – el FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación Federal y la Oficina de Integridad Pública del Departamento de Justicia- andaban tras información que aclare si la Secretaria utilizaba su influencia para la otorgación de contratos con el Departamento de Educación que fueran pagados con fondos federales. Se habló, por ejemplo, del suscrito entre Keleher y una contratista de Tennessee, Danielle Rebecca Mezera, para consultoría y asesoría en educación vocacional, por $150 la hora.
Entre otras acciones tomadas por los investigadores federales estuvieron la solicitud bajo apercibimiento de desacato (subpoena) de cintas grabadas del movimiento de personas en el condominio donde vivía Keleher en San Juan, y la realización de entrevistas con personal de mantenimiento de dicho edificio. Además, ejecutaron el allanamiento y ocupación de una computadora a una socia de la exSecretaria.
Hay otro asunto importante relativo al Departamento de Educación sobre el cual tampoco se ha sabido nada más. Poco antes de la renuncia ¿despido? de la Secretaria Keleher se anunció con bombos y platillos, mediante conferencia de prensa, la creación y operación de una fundación sin fines de lucro para allegar fondos privados al Departamento de Educación, la Puerto Rico Education Foundation (PREF). Esta fundación, en lugar de procurar fondos privados para subsidiar mejores salarios y condiciones para los maestros y maestras, o para proyectos educativos atractivos y enriquecedores para nuestros estudiantes, se dedicaría a atraer fondos a utilizarse en el reclutamiento de consultores administrativos de alto nivel, que se asignarían a las distintas regiones educativas en Puerto Rico y trabajarían junto a los directores regionales para impulsar las estrategias de la Secretaria.
En ese momento, CLARIDAD denunció dicha acción conjunta de la Secretaria y de PREF como un intento de crear una estructura paralela de contratistas pagados con fondos privados con la autoridad para dirigir las regiones educativas de nuestro sistema de educación pública por encima de los directores regionales locales. Nunca se contestó esta denuncia, y al día de hoy, el País no sabe aún qué ha pasado con los fondos de PREF, ni con dichas contrataciones, ni si las estrategias y las directrices de la ex Secretaria Keleher son las que aún prevalecen en el Departamento de Educación.
La historia del gobierno de Puerto Rico con los fondos para Educación es larga y tortuosa. Con Víctor Fajardo en la década de los 90, durante el gobierno del Dr. Pedro Rosselló y el PNP, pasamos por la vergüenza colectiva de ver al Secretario de Educación de nuestro país encausado y preso por robar los fondos que debieron ser destinados a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Hoy, el caso de Julia Keleher nos trae a la memoria ese pasado nebuloso, con el entramado creado por ella de esquemas, fundaciones y estructuras paralelas con fondos que debían ser destinados a los servicios educativos esenciales que necesita y merece nuestra población escolar. Se hace peor la situación por la falta de transparencia e información al pueblo desde el Departamento de Educación.
En este momento de crisis absoluta que vive el País, es despreciable que se trafique con la educación de nuestros niños. Desde CLARIDAD, hacemos un llamado a todo el pueblo puertorriqueño a exigir cuentas al gobierno de Ricardo Rosselló y el PNP por los miles de millones de dólares en fondos destinados al Departamento de Educación, de los cuales no sabemos cómo, ni a qué, ni a quienes, serán destinados.
El cooperativismo… considera el problema social como un grave desorden que ha venido precisamente por no haberse usado extensamente y fielmente la filosofía y los métodos cooperativos.
Antulio Parrilla Bonilla
En estos días se discute en la legislatura la revisión de la Ley de Condominios de Puerto Rico. La original Ley 104 fue creada en 1958 y sus enmiendas más significativas fueron introducidas hace más de 15 años. En un país con un territorio limitado se impulsó este régimen de propiedad horizontal con mayor impacto en las áreas urbanas.
Esta nueva ronda de enmiendas se centra en varios aspectos, como: la búsqueda de flexibilidad para manejar situaciones, su actualización y cambios que se enfocan en la gobernanza y los procesos. Todos estos asuntos se hicieron patentes a raíz de las experiencias vividas luego del paso del Huracán María.
No obstante, mientras la legislatura trata de lidiar con los graves problemas que presenta ese régimen de vivienda, otra historia se escribe en las comunidades de vivienda cooperativa.
Recordemos. El régimen de vivienda cooperativa cobró relevancia en nuestro país para mediados de la década del 40. En muchos lugares del país, principalmente en áreas urbanas, la gente se organizaba de forma cooperativa para adquirir solares y desarrollar sus viviendas. Fue en la década del 70 que toma auge el establecimiento de cooperativas, la mayoría en edificios multipisos, con fondos provenientes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD). La Administración de Fomento Cooperativo, hoy Comisión de Desarrollo Cooperativo, junto al movimiento cooperativo propiciaron la gestación de estas cooperativas con una hipoteca común con financiamiento entre 30 y 40 años y con interés muy bajo. Para principios del nuevo siglo los líderes del sector de vivienda cooperativa, organizados en la Liga de Cooperativas iniciaron el proceso de discusión interna que culminó con la aprobación en el año 2002 de un articulado (35 A) en la Ley General de Cooperativas (Ley 239) dirigido a robustecer ese modelo viabilizando la posibilidad de optar por la creación de cooperativas de titulares. Esto permite a los socios la tenencia de títulos individuales sin abolir el régimen de comunidad cooperativa.
Desde entonces en las trece comunidades cooperativas existentes se han desarrollado procesos educativos para dilucidar todos esos conceptos. De esas comunidades, cinco han optado por la conversión al modelo de cooperativa de vivienda de titulares mediante el voto de dos terceras partes, según lo dispone el estatuto. Una de estas, la Cooperativa de Vivienda de Titulares Jardines de Valencia, ya culminó el proceso y sus socios son tenedores de sus correspondientes títulos de propiedad. En la Cooperativa Jardines de San Ignacio los socios expresaron abrumadoramente la preferencia del título de propiedad y a su vez optaron por mantener el modelo de tenencia colectiva para aquellos socios que así lo deseen.
Ante la discusión pública sobre las enmiendas propuestas en el esquema privado de propiedad horizontal, es pertinente destacar algunos aspectos que subrayan la fortaleza del modelo cooperativo de vivienda. Algunos que podemos destacar son: la toma de decisiones, los procesos de organización social autogestionaria regida por valores y principios cooperativos, la ausencia de lucro individual, el control democrático de los socios, la obligación de educar y capacitar a los miembros de sus estructuras y la existencia y composición de los cuerpos directivos. Mención aparte merecen las reservas creadas con fines específicos y que han facilitado la solución de muchos de los problemas de la estructura física sin necesidad de imponer las famosas y detestables derramas.
Desde el cooperativismo y ante la apremiante necesidad de vivienda adecuada propiciamos el fortalecimiento del sector de cooperativas de viviendas mediante el desarrollo de estos procesos participativos y la construcción de nueva vivienda cooperativa de tenencia colectiva, tal como se hizo en la década del 70. Además, debemos identificar oportunidades para la construcción de nueva vivienda con los fondos federales que se anuncian, bajo el modelo cooperativo.
No podemos finalizar sin instar a los residentes de las comunidades que se rigen por la Ley de Condominios a que consideren la conversión al modelo de cooperativas de titulares. El articulado de la Ley 239 que ampara el régimen cooperativo (35 A) establece los parámetros para esa conversión. Lo citamos para convidarlos a su estudio y consideración.
Artículo 35A.48.-Conversión al Régimen de Cooperativas de Viviendas de Titulares
Cualquier propiedad de viviendas registrada en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico podrá convertirse a vivienda cooperativa de titulares siempre que cumpla con los siguientes requisitos:
(1)Se apruebe una enmienda a las cláusulas de incorporación y el reglamento interno, aprobando la conversión al régimen, cumpliendo con las disposiciones legales o reglamentarias aplicables al ente jurídico de que se trate. De no existir requisitos para la aprobación de enmiendas a los documentos constitutivos del orden la enmienda deberá ser aprobada por más de dos terceras partes (2/3) del total de los propietarios.
(2)La Cooperativa, Asociación o grupo de propietarios someterá un plan de conversión junto con las enmiendas aprobadas a sus documentos constitutivos a la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP) para su aprobación. Dicho plan de conversión será remitido por la cooperativa en un término que no excederá de noventa (90) días luego de ser aprobado. La Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP) luego de haber recibido los documentos requeridos, tendrá un término que no excederá de sesenta (60) días para su evaluación y notificar su determinación a la cooperativa. De la CDCOOP entender que se necesita información adicional por parte de la cooperativa, este requerimiento se deberá realizar en o antes de treinta (30) días luego de haber recibido la documentación. La cooperativa tendrá un término no mayor de treinta (30) días para someter dichos requerimientos. Bajo ninguna circunstancia, este proceso de evaluación excederá de setenta y cinco (75) días por parte de la CDCOOP.
(3)El plan de conversión atenderá los siguientes asuntos:
a.una relación de las acciones y actividades efectuadas, proyectadas y en proceso para asegurar de la decisión informada de los socios;
b.la manera en que la cooperativa, asociación o grupo de propietarios saldará o renegociará las hipotecas u otras obligaciones de índole económica que pesen sobre la propiedad o el inmueble;
c.la manera cómo se proveerá para establecer los costos y pagos de los servicios comunes bajo el régimen cooperativo;
d.la manera cómo se proveerá para establecer las reservas dispuestas en esta Ley y las aportaciones que hará cada socio;
e.cualquier otro asunto que por reglamento se disponga para asegurar un plan de transición justo, equitativo y viable.[1]
Podríamos comenzar la transformación al modelo cooperativo por comunidades pequeñas y con la experiencia ir fortaleciendo los procesos. Antes y después de los huracanes que nos devastaron, muchos habitantes de condominios privados enfrentaban situaciones extremadamente difíciles. Desde el cooperativismo les extendemos la mano y les invitamos a vivir el modelo que miles conocen y atesoran.
A poco más de dos años de haberse instalado el gobierno de Ricardo Roselló, quien durante su campaña hizo constante referencia al Plan para Puerto Rico como panacea para la solución de todos nuestros problemas, este ofreció su tercer mensaje sobre el estado del país. El gobernador trató de lucir combativo y triunfante. Mas, ante lo que ha sido un gobierno caracterizado por los desaciertos, la improvisación, la corrupción y la mediocridad, sus publicistas parecieron aconsejarle que comenzara el mismo aceptando la comisión de varios errores, garrafales, por cierto, durante el pasado año. Entre estos, mencionó la cantidad de personas fallecidas tras el paso del huracán María, la que el propio Roselló encubrió cuando por varios meses y, haciendo oídos sordos a lo que otros, como la alcaldesa de San Juan denunciaban, respaldó a su Comisionado de Seguridad, Héctor Pesquera quien, con gran insensibilidad y prepotencia, porfiaba entonces, que solo ascendían a 64.
Roselló, con aire mesiánico y voz estridente, procedió a mencionar como un logro de su administración, el plan de salud Vital, secuela del desastre que implantó su padre, Pedro Roselló, con la reforma de salud que mantiene un colosal déficit el presupuesto del país. Sin embargo, nada dijo en cuanto al problema recurrente que representa un sistema de salud cuyo presupuesto controlan las aseguradoras, quienes lo administran para su propio beneficio, menoscabando el derecho de la población médico-indigente a un servicio de salud digno. El sistema de salud prevaleciente, que solo existe en EEUU y Puerto Rico, ha propiciado un ingente éxodo de médicos, sobre todo especialistas, convirtiendo el derecho esencial a la salud en uno inaccesible a la población médico-indigente. Ninguno de los gobiernos, incluyendo el suyo, ha tenido la voluntad de enfrentarse a ese monstruo del que es víctima el país.
Los maestros y los policías, utilizados insistentemente por los partidos como balón político, fueron de particular atención en el mensaje de Roselló. A los maestros transitorios se les ofreció permanencia. No faltó la oferta de tabletas y computadoras a los estudiantes. No obstante, nunca mencionó la súbita renuncia de Julia Keleher, la joya de la corona de su administración, ni la investigación federal sobre su desempeño como secretaria del Departamento de Educación, la inversión de 902 millones de dólares en contratos en su agencia, ni la misteriosa reunión que sostuvo con ella y su hermano, Jay Roselló, como enlace para el establecimiento de escuelas charter, y socioen un bufete al que la propia Keleher contrató tras el paso del huracán Maria. Sin decir como lo logrará, ofreció a los policías cotizar para el seguro social y protección a sus pensiones. Mas, no mencionó las renuncias masivas en la policía provocadas, precisamente, por las gravosas condiciones de empleo y salario, el despojo inmisericorde de sus pensiones de retiro, el desempeño incompetente de su protegido, Héctor Pesquera, ni su sorpresiva renuncia.
En su afán de dibujar un país ficticio, omitió mencionar la corrupción rampante, el empobrecimiento del país, la alarmante violencia de género, los efectos nefastos de la reforma laboral, la emigración contínua, el abuso con la UPR y el Centro Médico, mientras se asigna más presupuesto a la Fortaleza y al Departamento de Estado
Ante el furor que ha causado entre los galleros la prohibición aprobada en el Farm Bill estadounidense, para la celebración de las peleas de gallos, Roselló propuso como paliativo, utilizar las galleras para centros de apuestas y juegos con máquinas electrónicas. Las críticas no se hicieron esperar. La lastimosa propuesta resultó irrisoria para algunos y una afrenta para otros.
La situación sobre el transporte de la Isla Grande a las islas municipio de Vieques y Culebra resaltó luego del cambio de terminal del pueblo de Fajardo al de Ceiba. Este cambio que procuraba implantar la ruta corta, fue objeto de un sinnúmero de críticas por haberse establecido sin coordinación previa con los residentes de las islas municipio y por las condiciones existentes al momento de inaugurarse dicho terminal. Aun cuando Roselló ha calificado dicho cambio como uno que se ha traducido en un mejor servicio, la deficiencia en el mismo es el resultado de largos años de abandono y desidia por parte de los gobiernos que se han turnado en el poder y para cuya mejoría su gobierno ha recurrido a la privatización, habiendo invertido 15 millones a la compañía privada Puerto Rico Fast Ferries. No obstante, los reclamos de los residentes dados sus muy particulares necesidades de transporte, continúan, en parte porque el gobierno concede prioridad a las necesidades del sector turístico, por encima de aquellas de los residentes de Vieques y Culebra. Por otro lado, el gobernador omitió referirse a la urgente necesidad de la descontaminación de los terrenos de Vieques y Culebra, la quema abierta de municiones en Vieques, que resulta totalmente perjudicial a la salud física y emocional de sus habitantes, la clausura de su único hospital, la falta de acceso a servicios de salud dignos y el cierre de su única escuela vocacional.
Ante las quejas de diversos sectores del país en cuanto a los injustificados recortes al presupuesto de nuestra universidad, Rosello recurrió a anunciar un plan, copiado de su padre, para proponer una universidad gratuita. Frente a los masivos recortes a su presupuesto, que la colocan en una difícil posición para operar, los aumentos en las matrículas, en los créditos y la eliminación de los beneficios de exención de matrícula a diversos sectores estudiantiles, esta propuesta “de abrir puertas a los que hoy se les niega la oportunidad”, no solo constituye un cinismo sino un descaro, mientras al mismo tiempo le niega a los sectores menos aventajados el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad que ofrece la UPR. Nadie puede cuestionar que la UPR ha sido víctima de constantes ataques del gobierno del PNP, que ve en nuestra más importante universidad el desarrollo de un pensamiento crítico que amenaza la implantación de las políticas neoliberales de un gobierno que solo persigue privilegiar a los sectores que ellos representan y a los que pertenecen.
No faltaron los estribillos que pretendían crear imágenes ilusorias hacia la “transformación” del país que Roselló ha prometido para lo que le queda de este cuatrienio. Frases como el “estado posibilitador” y “vamos por más”, se repetían constantemente para enardecer a la audiencia cautiva que se mantiene fiel aun ante los continuos desaciertos que han caracterizado al gobierno de Roselló. En su afán de dibujar un país ficticio, omitió mencionar la corrupción rampante, el empobrecimiento del país, la alarmante violencia de género, los efectos nefastos de la reforma laboral, la emigración contínua, el abuso con la UPR y el Centro Médico, mientras se asigna más presupuesto a la Fortaleza y al Departamento de Estado, la desprotección de importantes reservas naturales, la creciente crisis en salud mental y el fiasco del avión y la barcaza con provisiones para Venezuela, mientras Vieques enfrentaba una seria carencia de suministros. Su mensaje demostró la gran desconexión que tiene su gobierno de la realidad de nuestro pueblo que ha vivido, en carne propia, el fracaso de su plan.
La Senadora Zoe Laboy Alvarado, consciente del deber indelegable del estado de proteger a niños y niñas y jóvenes menores de prácticas dañinas, presentó un proyecto de ley que prohibiría el uso de las “terapias” de “conversión” o “reparativas” contra las comunidades LGBTQ en Puerto Rico. Nada extraño o novel en el proyecto, 16 estados y Washington D.C. ya han prohibido este tipo de terapias. Está ampliamente documentado que estas terapias no solo no funcionan, sino que causa daños y sufrimientos que durarán décadas para sobrevivirlos. También está documentado que no todos los niñas y niños sometidos a esta práctica sobreviven este tipo de maltrato. La tasa de suicidio de menores cuyos padres trataron de cambiarle la orientación sexual es el doble de la de menores LGBT. En el caso de menores sometidos a las “terapias con terapistas o “lideres” religiosos es el TRIPLE. Las comunidades LGBT y organizaciones aliadas respaldaron el proyecto. El proyecto de Zoe Laboy no fue aprobado, fundamentalistas religiosos y sus parásitos en la legislatura trabajaron en contra de la aprobación del proyecto. La unión entre politiqueros y mercaderes de la religión pudo más que el deber de proteger a lxs menores.
El problema de las mal llamadas terapias de conversión, o “reparativas” no es nuevo. Es un mal que venimos combatiendo hace tiempo. En Puerto Rico para los 90 un amigo mío fue drogado y secuestrado por su padre. Despertó en una de esas clínicas. Cuando no pudo más con las terapias, que incluían técnicas de aversión además de la inculcación de que estaba mal, que había que repararlo, que valía menos que los demás, pudo convencer al “terapista” de que estaba curado y pudo volver a su hogar. Vi a un joven lleno de vida, alegría y creatividad, de repente exhibiendo conductas auto destructivas, drogas en exceso, licor en exceso, le tomó tiempo poder aprender a amarse de nuevo. Hoy día es un profesional, con esposo y es quien cuida de su anciano padre, en un despliegue de perdón y amor del que no sé si yo pudiera ser capaz. Mi amigo tuvo suerte, muchas otras y otros jóvenes no sobrevivieron, se suicidaron.
En un despliegue asqueroso de lo que llamamos “doublespeak” el Gobernador Rosselló quien se había pronunciado a favor de la prohibición presentó un proyecto (P.del S. 1254) anunciando que el proyecto es producto del diálogo y consenso para prohibir las terapias de conversión y proteger a menores. El gobernador mintió. Una leída al proyecto demuestra lo contrario. Esto es así porque a pesar de que el proyecto cita a la American Psychological Association, American Counseling Association y la American Psychiatric Association (APA) luego de advertir contra algunos de los daños que las terapias causan, procede a eximir de cumplir con la prohibición al sector religioso. Quiero aclarar que es un sector religioso bien particular quien está detrás de esta legislación, es un sector fundamentalista y politiquero, que se dedica (porque aumenta los recaudos económicos) a oponerse a los derechos civiles de todas y todos los ciudadanos aun cuando no sean de su feligresía. Es un sector odioso que consistentemente ha expresado su odio a las comunidades LGBTQ y que no tiene problemas con mentir y propagar mitos y mentiras para sembrar miedo y desinformación entre padres y madres preocupadxs por que tal vez no saben como apoyar a su hija o hijo LGBTQ, porque quieren que sus hijxs crezcan sin sufrir, y que desconocen el terrible daño que sus hijas e hijos sufrirán en estas “terapias”.
El proyecto está lleno de contradicciones y falsedades. La primera contradicción es que el proyecto se necesita precisamente para prevenir el maltrato institucional de estas iglesias fundamentalistas a nuestrxs niñxs. Los profesionales de salud mental, psiquiatras, psicólogxs, trabajadorxs sociales y demás todos ya tienen prohibido hacerlo por las agencias reglamentadoras y de hacerlo corren el riesgo de perder sus licencias. No se puede hacer un proyecto de derechos humanos y excluir a las iglesias de su cumplimiento. El gobierno de Rosselló ha tirado nuestras niñas y niñas en el altar del oportunismo político y la búsqueda desesperada de votos y el favor de esos sectores que discriminan, que nos odian.
Una falsedad o media verdad escuando dice en el proyecto que“…no existe evidencia de que las instituciones religiosas y de bases de fe incurran en ningún tipo de tratamiento de descargas eléctricas, incluyendo las terapias electroconvulsivas o la estimulación magnética transcraneal…” Rosselló no cita que estudio si alguno él llevó a cabo para comprobar esto, dudo que lo haya hecho. Pero la falsedad reside en que estas dos, no son las únicas formas de terapia que existen, la posición de las organizaciones y agencias que él mismo proyecto cita es que TODAS las terapias y esfuerzos para cambiar la orientación sexual hacen daño, llevan al suicidio, crean conductas auto-destructivas. Incluso, el grupo Exodus International, por años el más conocido recurso, defensor de las terapias de conversión y fundador del movimiento “ex–gay” se desbandó cuando su presidente Alan Chambers salió del closet, anunció que las terapias de conversión son un fraude y le pidió perdón a toda persona a quien le hubieran causado daño y dolor en 2012. En 2013 también salió del closet John Paulk el otro homosexual “convertido” más conocido, también denunciando las terapias como un fraude.
Falsedad: Autoriza a los negocios religiosos a actuar sobre el “ejercicio de su derecho fundamental a la libertad religiosa”. El ejercicio de la religión no da permiso para maltratar o torturar niñas y niños. El estado está abdicando sus deberes para con los niños y niñas (aunque no votan) si implementa ese racional.
Falsedad: Excluye a los padres de cumplir con el proyecto de derechos humanos (no dice nada de las madres) alegando que están “en el ejercicio de su derecho fundamental a la Patria Potestad.” Olvida el gobernador ese derecho no es absoluto. Por disposición del Código Civil “La patria potestad conlleva la obligación de ejercerla responsablemente, como un buen padre (o madre) de familia.[1]”
Además, algunas de las razones para privar, restringir o suspender de la patria potestad a los padres y madres es cuando por acción u omisión ponen a sus hijos o hijas a sufrir daño o prejuicio predecible, a la salud física, mental o emocional del menor[2]. Y cuando se “permite o tolerar que otra persona incurra en esa acción que causa prejuicio a la salud física, mental o emocional del menor.”
¿Qué más puedo decir, que no han dicho ya tantas otras personas, para que comprendan la magnitud del daño que causan a nuestras comunidades estas terapias de conversión (¿o reparativas, o “estudio bíblico” como algunas iglesias las han disfrazado? ¿Qué podemos hacer para que la gente en general entienda lo importante de derrotar estos proyectos? Debemos seguir luchando contra esta injusticia. La historia está de nuestro lado.
En medio de cuestionamientos de deuda ilegal conflictos de intereses, con el fin de pagarle a los fondos buitres, la Junta de Control Fiscal (JCF) se propone recortar las pensiones de los empleados públicos en un promedio de 10%. El recorte entraría en vigor este primero de julio y afectaría a cerca de 167, 000 familias.
La organización sin fines de lucro Iniciativa de Responsabilidad Pública (Public Accountability Initiative, PAI) dio a conocer la semana pasada el informe titulado El asalto a las pensiones de Puerto Rico, en el que presenta el contexto en el cual la JCF está negociando el ajuste de deuda del gobierno del gobierno de Puerto Rico, los llamados Gos, y las deudas de los sistemas de retiro.
Aunque la amenaza de recorte a las pensiones apareció en el panorama en mayo de 2017, cuando la JCF radicó el recurso de quiebra para la Administración de Sistema de Retiro (ASR), bajo el Título III de la Ley Promesa, noeshasta ahora que se hace patente con la negociación del plan de ajuste de la deuda –la más grande– del gobierno de Puerto Rico. Los sistemas en cuestión son: el Sistema de Retiro de Maestros (SRM); el Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ) y ASR, este último responde al resto de los empleados públicos, con excepción de las y los trabajadores de las corporaciones públicas. Los tres sistemas son administrados por el gobierno central.
La JCF se encuentra negociando un ajuste de deuda aun cuando el Comité de Acreedores No Asegurados (UCC, siglas en inglés), ha solicitado al tribunal que declare nula e inválida una deuda de $3 mil millones en bonos del ASR, basado en que el sistema no tenía autoridad legal para emitir esos bonos. Esta deuda se suma a los $6 mil millones en bonos de obligación general que la JCF procura también invalidar y que fue suscrita por bancos como Barclays, UBS, Banco Popular, Morgan Stanley y Santander.
Mientras las y los trabajadores –hoy pensionados– aportaron durante todos sus años de servicio una parte de su salario para las pensiones, el gobierno ha fallado de manera constante en hacer sus aportaciones. En el caso de la ASR –indica el estudio–, para allegar dinero al sistema en 2008 el gobierno hizo tres emisiones de bonos –en el momento histórico en que Wall Street se sumergía en una crisis financiera. A juicio del investigador Abner Dennis, esta emisión lo que hizo fue poner las cosas peor con el resultado de que miles de millones de dólares en deuda ahora son propiedad de los fondos buitres. Ahora, para poder pagar, la JCF contempla reducir en un promedio de 10% las pensiones, dependiendo de los ingresos de cada beneficiario. Para esto, la JCF debe primero someter y aprobar el plan de ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico, para lo que a su vez también necesita que la Legislatura apruebe un proyecto y, por último, llevar un proceso de votación por parte de los acreedores que tengan reclamaciones afectadas contra el gobierno central. Pero la palabra final la tendrá la juez Laura Taylor Swain.
Según la distribución de la JCF –denunciada por PAI– los recortes serían como siguen: un 25% de los retirados no tendría recortes en sus pensiones; el 18% tendría un recorte de hasta un 5%; el 16% tendrían un recorte de 5 a 10%; el 23% tendría recortes entre 10 a 15%; el 14% tendría recortes entre el 15 a 20%; y un 4% tendría recortes entre un 20 a 25%. Esto significa que tres de cada cuatro retirados –alrededor de 125 mil familias– sufrirán de inmediato reducciones en sus ingresos quincenales.
Sostiene el informe que las deudas de los sistemas son “sorprendentes”. La deuda de la ASR es de $38 mil millones (más que la deuda de $3 mil millones de los bonos de obligación general GOB); la del SRM es de $18 mil millones y la del SRJ de $700 millones. Dennis señala que en el caso de la deuda de la ASR, ello le añade un mayor peso a su crítica situación, no obstante, su pago dependerá de la decisión que tomen los tribunales en cuanto a su legalidad. De declararse nulos o inválidos los bonos en cuestión, la deuda sería eliminada, por lo tanto habría más dinero para las pensiones.
Los sistemas en cuestión son: el Sistema de Retiro de Maestros (SRM); el Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ) y ASR, este último responde al resto de los empleados públicos, con excepción de las y los trabajadores de las corporaciones públicas. Los tres sistemas son administrados por el gobierno central.
Pero los fondos buitres han demostrado que están interesados en recortar las pensiones lo más que se pueda para que se les pague, sostiene el estudio de PAI. Son dos los grupos de fondos buitres que están posicionados para beneficiarse de los recortes; los dueños de los Gos y los dueños de bonos de la ASR. Los bonistas de los Gos están organizados en cuatro coaliciones: el Grupo del Gobierno de Puerto Rico (Commonwealth Group), el Grupo de la Deuda Constitucional (Constitutional Group), el Grupo de la Deuda de Obligaciones Generales (General Obligations Group) y el Grupo de la Deuda Constitucional Legítima (Lawful Constitutional Group). Los millones llueven entre las 20 entidades bancarias que tienen bonos del gobierno de Puerto Rico.
El informe presenta que los inversionistas: Canyon Capital, Golden Tree, Whitebox Advisors y Taconic Capital fueron piezas clave en las negociaciones que llevaron a que se aprobara el plan de ajuste de la deuda de COFINA. Estos han estado incrementando sus inversiones en el gobierno de Puerto Rico de manera consistente en los últimos meses. El grupo de la deuda constitucional legítima contrató a Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan como asesores legales. Esta fue la misma firma de abogados que representó a los fondos buitre en las negociaciones de COFINA.
En el caso de la deuda de la ASR revela que los más de $3 mil millones en deuda de los bonos de ASR también le pertenecen, en gran parte, a los fondos de cobertura. Estos se organizaron como el grupo de acreedores asegurados de ASR y representan la coalición principal de bonistas aliados durante el proceso de quiebra del sistema de pensiones. Además, los bonistas de los fondos gestionados por UBS (conocidos formalmente como los fondos de Puerto Rico) son dueños de una porción considerable de esta deuda. Debe resaltarse que UBS también es el dueño más grande de dichos bonos. Otros nueve bancos de inversores tienen bonos de la ASR.
Un aspecto que destaca el estudio es que mientras algunos fondos de cobertura han estado reduciendo sus inversiones en la ASR, Mason Capital se ha destacado por ser un comprador agresivo desde que comenzó el proceso de quiebra. Los registros de los tribunales muestran que Mason Capital ha triplicado su inversión en bonos de la ASR de agosto de 2017 a febrero de 2019, para un total de $439.6 millones en tenencias. Mason también tiene una tajada significativa de bonos del gobierno de Puerto Rico, con más de $468 millones en tenencias, lo que demuestra que tiene una posición ventajosa en las negociaciones, ya que es tanto bonista del gobierno como bonista de la ASR. En total, Mason es dueño de $907 millones de deuda de la ASR y de obligaciones generales.
El informe además reitera que otro inversionista que ha sido parte de las embestidas legales contra Puerto Rico es el banco UBS. Respecto a este, expone que irónicamente, UBS fue una de las figuras clave involucradas en las tres emisiones de deuda controvertidas del 2008. Esto mediante el uso abusivo de la exclusión de la Ley Federal de Compañías Inversoras de 1940 (Investment Company Act), el banco no solo fungió como asesor de la transacción, sino que también fue el suscriptor principal de todas las emisiones. UBS, junto con el resto de los suscriptores, ganó alrededor de $35 millones en estas tres emisiones de bonos.
Los conflictos de intereses
En tanto, en las negociaciones hay personajes con fuertes conflictos de intereses a sabiendas de la JCF. Uno de estos es Jorge Irizarry Herrans, quien era el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) cuando la emisión de bonos del 2008. Además, presidió el comité de inversiones de la ASR, puesto desde el cual se reunió con asesores de UBS, entre los que se destaca el funcionario de UBS Juan Guillermo Herrans Barreras, con el que Irizarry Herrans sostiene vínculos familiares.
Denuncia el informe de PAI que en la actualidad Irizarry Herrans es el director ejecutivo del grupo Bonistas del Patio, una organización sin fines de lucro que favorece a Wall Street y que dice representar a los bonistas locales en los casos de Título III. Mientras alega esto, el grupo ha estado en una campaña muy activa a favor de los acuerdos de reestructuración negociados por la JCF con los fondos buitre, entre los que se incluye el acuerdo COFINA. Trae a la atención el que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) procuró pagarle al grupo $7 millones con fondos públicos para servicios que no se especificaron de manera adecuada, una movida que retó el Comité de Acreedores No Asegurados. El asunto está todavía por resolverse en los tribunales.
El otro conflicto de intereses sobre el cual se llama la atención es el que exhibe la figura del ex funcionario Héctor Mayol. El informe de PAI censura que Mayol es otro caso de los ex ejecutivos del Banco Santander que ahora son parte de la JCF y uno de los funcionarios de puertas giratorias (entre el Santander y el BGF) que ayudó a causar la crisis de las pensiones.
Ahora Mayol ocupa un papel protagónico en el proceso de la bancarrota, como uno de los abogados del Comité Oficial de Retirados (COR), que es el grupo que se designó para que representara los intereses de los retirados en el proceso de Título III. Mayol fue administrador de los sistemas de retiro desde el 2009 hasta 2013, e impuso recortes graves a los beneficios de los retirados.
“Si esto no fuera poco, desde el sector financiero y antes de ser administrador de los sistemas de retiro, fue suscriptor de las emisiones controvertidas de bonos de los sistemas de retiro de $3 mil millones de dólares que ahora están en manos de varios fondos buitre agresivos”, manifiesta el informe de PAI.
El PAI pone en tela de juicio la capacidad que pueda tener Mayol de representar los mejores intereses de los retirados y cómo puede participar de la evaluación de los argumentos en cuanto a la legalidad de estos bonos si él mismo los endosó, vendió y compró. Acota que, hasta ahora, estos conflictos de intereses no han sido objeto de escrutinio.
Construyamos otro acuerdo
El informe del PAI es parte de la campaña, “Construyamos otro acuerdo”, que desarrolla el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.
El Frente está exhortando a que todos los empleados públicos pensionados a que presionen al Comité Oficial de Retirados (COR) para exigir a que asuma su deber fiduciario de representar los mejores intereses de todos los jubilados del sistema público de Puerto Rico. Una acción en concreto que puede y debería asumir el COR es unirse a la impugnación que ha hecho la misma JCF y el Comité de Acreedores No Asegurados (CANA) para que se declare nula e inválida la deuda de $6 mil millones en bonos de obligación general, lo cual declararía nula e invalida la deuda de los $3 mil millones de la ASR.
Los jubilados deberían, además, pedirle cuentas al Comité de por qué contrató a Mayol como abogado aún con los evidentes conflictos de intereses.
Los jubilados deben poner presión a los legisladores para que no apruebe ninguna medida de plan de ajuste que pueda representar recortes a las pensiones. Tercero, deben procurar la participación en el proceso de votación en el que todos los acreedores con reclamaciones afectadas –desde los bonistas hasta los trabajadores del sector público y los jubilados– puedan participar.
Aun cuando el investigador de PAI anota que este no es un proceso por completo democrático, ya que solo pueden participar los acreedores cuyas reclamaciones se hayan reconocido formalmente como afectadas, y que la balanza del voto se inclina de manera parcial a favor de los acreedores que tienen más deuda, como sería el caso de los fondos buitre con tenencias masivas, el proceso de votación también requerirá de un voto de mayoría simple por parte de los acreedores, independiente del valor de su tenencia de la deuda. Esto ofrece la oportunidad a los jubilados a conseguir la mayor cantidad de votos que puedan, ya que no existen fondos suficientes con la capacidad de movilizar a ninguna parte que tenga la misma cantidad de acreedores individuales que los participantes de los sistemas de retiro. Los retirados que viven en los Estados Unidos también pueden votar.
