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Estados Unidos tiene una responsabilidad con Puerto Rico

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Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com 

Contrario a la impresión general de que la asistencia a las clases pobres a través de programas como, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, siglas en inglés) y el de Seguridad de Ingreso Suplementario (SIS, siglas en inglés) son un desaliento para que las personas trabajen, un reciente estudio revela que estas asistencias representan la posibilidad de un trabajo estable, especialmente para aquellos más cercanos a la línea de pobreza y fortalecen el compromiso con el trabajo. 

El estudio; El impacto de las disparidades en los programas SNAP y SSI sobre la pobreza y el crecimiento económico en Puerto Rico, apunta además a que estas disparidades entre el dinero que se recibe en la isla versus en Estados Unidos, son evidentes y que de haber paridad, esto no solo favorecería a los beneficiarios directos, sino que también a los bancos, a las empresas y la economía en general a través de un efecto multiplicador indirecto. Puerto Rico participa en el SNAP desde el año fiscal 1975, pero en junio de 1982, cesó esta participación y se comenzó a recibir una subvención global que establece las bases del Programa de Asistencia Nutricional (NAP), lo que significó una reducción de fondos. 

Estas disparidades llevan a que aunque el beneficio mensual promedio es menor en Puerto Rico que en EE UU, el ingreso de elegibilidad de las personas es 157% mayor en la isla que en los estados. La investigación revela que en 48 estados de los Estados Unidos, el ingreso de elegibilidad para el SNAP en el 2011 era de $ 1,838 por mes para un hogar de cuatro personas. En contraste en Puerto Rico son $ $713. Aun cuando el costo de vida en la isla es mayor que en muchos estados el beneficio por persona recibido en 2015 fue de $ 125.50 por mes en los estados, mientras en la isla fue de $117.46. 

El resultado de esta disparidad -indica el estudio conducido por el profesor de economía doctor José Caraballo Cueto- es que la mayoría del 63% que están en por debajo de la línea de pobreza en Puerto Rico habrían escapado de la pobreza si hubieran podido complementar sus ingresos con el NAP. Además, de que la paridad en el programa NAP con respecto al SNAP hubiera representado $ 242.7 millones más para el financiamiento otorgado a NAP en 2016. 

La investigación presenta datos que desmiente la crítica de que la paridad en estos fondos crearía dependencia. Los datos revelan que la participación de las personas en el NAP declinó entre los años de 1980 a 2006, este último año que marcó el comienzo de la depresión económica que en la actualidad sufre Puerto Rico. 

En tanto uno de los sectores económicos que más se beneficiarían con la paridad de ambos programas serían los comercios minoristas. De acuerdo a la investigación una paridad en los fondos del NAP tendrían efectos directos e indirectos iniciales para los comercios de $ 368.7 millones en sus ventas. 

En lo que respecta al SSI cuyas transferencias en la isla están dirigidas a las personas más vulnerables, es decir ancianos, ciegos y discapacitados, la Oficina de Contabilidad General (GAO) estimó en 2011 que de haber paridad en estos fondos la isla hubiese recibido casi $ 1.8 mil millones. De acuerdo a los datos recientes disponibles, con paridad en SSI, Puerto Rico habrían recibido hasta $ 2.7 mil millones en 2016, lo que a su vez hubiera reducido la pobreza a 36.4% en 2016, 7.1 puntos porcentuales por debajo del 43.5% registrado. 

“La paridad en el PAN y en el SSI no es un modelo de desarrollo económico, es una reparación de daños”

Por lo tanto- destaca el investigador- con la paridad en el NAP y en el SSI, la tasa de pobreza en Puerto Rico muy probable se habría reducido a un 30% en el 2016. Además la paridad en estos fondos habrían representado $ 3.02 mil millones adicionales en la economía de Puerto Rico; lo que a su vez representa el 4% del Producto Nacional Bruto (PNB) de Puerto Rico 2016. En general, este dinero facilitó la creación de 39,026 empleos adicionales, incluyendo 18,012 empleos directos y 21,014 empleos indirectos. 

Los datos de la investigación, patrocinada por la empresa Econométrika, recalcan que de haber paridad en ambos programas en el 2016, el efecto de la producción total, incluidos los efectos indirectos, hubieran estado cerca de los $ 5.56 mil millones. 

En cuanto a los componentes de consumo personal, como alimentos, alcohol / tabaco, ropa y accesorios, y cuidado personal, vivienda, servicios médicos, funerarios, transporte, recreación, educación, ONG no clasificadas en otra parte, viajes al extranjero y compras misceláneas, los fondos habrían significado $3,702 millones adicionales en ventas. La paridad en ambos programas además hubiera ayudado a que la desaceleración del ciclo económico en el 2016 hubiese sido mucho menor. 

Otros sectores económicos beneficiados con la paridad serían la banca, las cooperativas de ahorro y crédito en términos de nuevos depósitos. Se estima que los depósitos en el sector financiero local serían de aproximadamente $ 3,802.59 millones. Esto a su vez mejoraría la oferta monetaria en circulación gracias a los nuevos créditos que se pueden generar. La investigación expresa que no se debe ser pesimista con el mercado de crédito en la Isla, ya que el dinero nuevo total que circularía con paridad en SSI y en NAP podría equivaler a más de $ 5.7 mil millones. 

El estudio concluye que el Departamento de Hacienda, es otro ente que saldría beneficiado con las nuevas actividades económicas creadas por la paridad. Primero el impuesto anual total sobre ventas y uso (SUT, por sus siglas en inglés) podría recaudar alrededor de $ 145.34 millones. 

A preguntas de este semanario respecto a si no consideraba que un aumento en el dinero de estos programas si bien tienen un impacto positivo en los sectores pobres, por otro lado significaba una economía de dependencia, Caraballo Cueto, apuntó que el gobierno de EE UU tiene una responsabilidad con la situación socioeconómica de Puerto Rico y con el desastre post-María esto es una forma de atenderlo. 

“La paridad en el PAN y en el SSI no es un modelo de desarrollo económico, es una reparación de daños que de paso tiene un efecto sobre el sector privado de Puerto Rico. Para superar la depresión se necesita un modelo de desarrollo económico de largo plazo y esta paridad no es incompatible con ese modelo”. 

El investigador principal del estudio y director del Instituto de Investigaciones Inter disciplinarias de la UPR, Recinto de Cayey, rebatió que la versión neoliberal tradicional es que las personas en Puerto Rico no trabajan porque existen estos programas de redes de seguridad. “Hay personas que no pueden trabajar (ejemplo, viejos solos, impedidos físicos, entre otros), por lo que la asistencia del Estado se necesita aun con un modelo de desarrollo. Hay otros que reciben estas transferencias y sí trabajan, pero informalmente para poder complementar sus ingresos bajos. Con la paridad se puede integrar a muchas de estas personas al mercado laboral: al subir el límite de ingresos que una persona puede trabajar se permitiría que las personas complementen sus bajos salarios con estas transferencias”. 

Coincidió con el planteamiento de que es posible aprovechar los fondos para ir cambiando la situación de dependencia y que con ellos la depresión sería menor. Caraballo Cueto fue enfático al señalar que la depresión no la causó las redes de seguridad, ni la paridad es la solución para la depresión, acotó que para eso se necesita un modelo de desarrollo económico, pero ese no fue el objeto de esta investigación. 

Litigios contra la Junta

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Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquezlopez@claridadpuertorico.com

La inconstitucionalidad e ilegalidad de la Junta como ente jurídico y la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos son los litigios radicados ante el tribunal en contra de la Junta de Control Fiscal (JCF).

El pasado viernes 29 de marzo, se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Hato Rey el conversatorio Litigios y la Junta de Supervisión Fiscal. Esta actividad tuvo como propósito atender los siguientes asuntos: ¿Cómo los litigios han ido definiendo esa entidad jurídica? ¿Qué límites se han identificado? ¿Qué controversias están desenvolviéndose?

El conversatorio fue moderado por el profesor de Derecho de la Inter, Carlos Ramos, y junto a él había un panel integrado por los licenciados Rolando Emmanuelli, Roberto Maldonado y las licenciadas Jessica Méndez y Judith Berkan.

El profesor presentó a los panelistas. Acto seguido reclamó la necesidad de más grupos de trabajo permanente que estudien las consecuencias de PROMESA de una manera más intensa y extensa, sugiriendo de tal manera, que los esfuerzos realizados hasta el momento cuestionando la legitimidad y legalidad de PROMESA son individuales. 

Expuso como ejemplos la publicación de artículos de revista y libros y la incoación de pleitos, entre los que se incluyen los expuestos durante la actividad reseñada. No obstante, no ha surgido un estudio sistemático desde la Academia sobre los problemas que representa dicha ley. 

Sin embargo, Emmanuelli aclaró en un aparte con CLARIDAD que la actividad de la revista lleva una dirección correcta en la medida en que está enterando sobre este asunto a los estudiantes de Derecho, que son los que escriben en muchos de los números de la Revista Jurídica de esa facultad. 

La abogada Judith Berkan habló sobre el pleito del Centro de Periodismo Investigativo vs La Junta, en donde los primeros exigen toda la información sobre las operaciones de la Junta en la isla, principalmente en lo que respecta a las comunicaciones (correos entre la Junta, el Congreso y otras entidades gubernamentales). 

Explicó que a pesar de que la JCF ha tenido que divulgar información, ha levantado argumentos de privilegios y de razones para no divulgar información adicional. Es por eso que la licenciada sugirió que la actitud negativa de la Junta para entregar documentos se articula como un esfuerzo para entorpecer esa labor de litigación del CPI.

Los licenciados Emannuelli y Méndez expusieron los casos de los empleados de la Corporación del Fondo de Seguros del Estado y el de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER). Estos casos, a diferencia del que presenta el CPI (que reclama el derecho de libre acceso a la información), plantean la inconstitucionalidad de PROMESA porque en esencia viola las libertades políticas y humanas de los puertorriqueños, amparándose particularmente en la enmienda 13 de la constitución federal. 

“Nosotros estamos alegando que el Congreso no tiene el poder de imponer una ley como PROMESA; que esa ley, en la medida que priva a los puertorriqueños de las más mínimas garantías civiles y humanas, es inconstitucional”, explicó Emmanuelli durante su presentación. 

Méndez expuso que, según resolvió el Circuito, la Junta es un ente territorial y federal, que se costea con fondos públicos; pero ¿hasta qué punto se pueden utilizar fondo públicos para pagar un ente que, aunque territorial, sus integrantes son esencialmente empleados federales? ¿Es eso constitucional?

Hasta ahora se desconoce si el pago de funcionarios federales es constitucional. En todo caso, el Gobierno tendría que plantear que dejaría de pagar ese ente, para crear una controversia y que el tribunal tenga que adjudicar. Si bien la Junta actúa como si no tuviera restricciones, según la jurisprudencia, sí las tiene; pero es el tribunal quien tiene que establecerlas a medida que los litigios se vayan desarrollando.

En cuanto a los reclamos que presenta el caso de Pinto Lugo, dirigido por el licenciado Roberto Maldonado, estos son más amplios considerando que aquí se cuestiona principalmente el poder que tiene la Junta sobre el Gobierno de Puerto Rico. Según puntualizó el licenciado, no es solo que PROMESA sea inconstitucional, sino que tanto la Junta como sus acciones igualmente lo son. Entre otras cosas, Maldonado expuso los conflictos de intereses que tiene el ente federal y además cuestiona las medidas de austeridad que ese organismo ha tomado en contra del pueblo de Puerto Rico. 

La declaración de Carmen Yulín en Harvard

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Por Manuel de J. González/CLARIDAD

“Soy una nacional puertorriqueña… Puerto Rio es mi Nación.” Esta frase, sobre todo cuando se pronuncia en Estados Unidos, es muy importante. La dijo hace unos días la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, hablando en la Universidad de Harvard y aunque la prensa no reseñó las reacciones del público, la intención que contiene no debió pasar inadvertida. No es lo mismo, advierte la frase, hablar de “ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico” que de “nacionales puertorriqueños” y en estos momentos es importante remachar esa diferencia en Estados Unidos. 

Luego que nos aplastara el huracán María, Puerto Rico perdió un poco de la invisibilidad a la que históricamente nos ha condenado el colonialismo. Antes del huracán sólo el tema de la “deuda pública impagable” se comentaba en ciertos medios, mayormente escritos y, cuando cubrían la noticia, después del nombre nos endilgaban el apellido de “territorio de Estados Unidos”. Supongo que alguna gente pensaría que Puerto Rico es simplemente un páramo desierto. 

El huracán y su devastación hizo que llamáramos la atención, tanto de los medios principales como de grupos o individuos de mentalidad liberal, mayormente identificados con el Partido Demócrata. Entonces, además de ser un “territorio” de Estados Unidos pasamos a ser un lugar “donde residen más de tres millones de ciudadanos americanos”. Cuando algún grupo quería dramatizar la urgencia de la ayuda enfatizaba en lo de los “ciudadanos americanos” que residen en la isla azotada. Esos grupos, casi todos de la mejor buena fe, insistían en que prácticamente no había diferencia entre los tres millones de ciudadanos que viven en Iowa y el grupo que, similar en número, habita la isla caribeña llamada Puerto Rico. 

La manida frase terminó reforzando la estrategia que los anexionistas puertorriqueños vienen desarrollando desde los años ’90, diseñada por el entonces gobernador Pedro Rosselló. A diferencia de los tiempos de Luis Ferré y Romero Barceló, cuando los anexionistas limitaban sus esfuerzos a figuras y grupos dirigentes en la presidencia y el Congreso – que periódicamente y a cambio de jugosas aportaciones para las campañas electorales presentaban algún proyecto de ley para conceder la estadidad (como el que Gerard Ford presentó cuando ya dejaba la presidencia)– la nueva estrategia buscaba apoyo entre grupos liberales y académicos presentando el dilema puertorriqueño como un asunto de derechos civiles. Sin dejar de pretender el favor de presidentes y congresistas, que siguen cortejando a fuerza de aportaciones económicas, el discurso se concentra desde entones en el tema de la “igualdad” y en la negación de derechos a los “ciudadanos americanos” que viven en Puerto Rico. El ya un poco olvidado “plan Tennessee” y la llamada “comisión de igualdad” que crearon mediante legislación, son algunos de los elementos más recientes de esa estrategia. 

El discurso que se puso de moda después del huracán le hizo coro a los anexionistas. Los grupos que de buena fue querían presionar al gobierno estadounidense para que auxiliara a Puerto Rico repetían ad nausean que millones de “ciudadanos americanos” estaban siendo olvidados. La actitud de Donald Trump –que sacaba a flote el desprecio y el racismo no contra los “ciudadanos americanos” de aquí, sino contra los puertorriqueños– avivó el uso de la frase entre los sectores más progresistas que combaten al troglodita de la Casa Blanca. 

Desde hace tiempo vengo insistiendo –desde CLARIDAD y otros foros– en la necesidad de enfrentar la estrategia de los anexionistas quienes, ante el descalabro del Partido Popular y la desorganización del independentismo, han estado despachándose prácticamente solos en Estados Unidos. La única manera de enfrentarlo es educando a los estadounidenses –a los medios, grupos organizados y sectores académicos– en torno a la verdadera realidad de Puerto Rico. Los puertorriqueños tenemos su ciudadanía porque así lo dispuso su Congreso hace más de un siglo, pero aquí no vive un bonche de “ciudadanos”, disperso o compacto, sino un pueblo que porta una nacionalidad y personalidad propia. Esos tres millones de ciudadanos son nacionales de un país que a lo largo de más de cinco siglos de historia ha desarrollado a golpes de martillo su propia cultura, la que promueve y defiende. Somos iguales a los estadounidenses y a cualquier ciudadano de otro país porque tenemos y reclamamos los mismos derechos, pero también somos diferentes. Cualquier solidaridad es bienvenida siempre y cuando se respete nuestra particularidad nacional e histórica. 

Está muy bien que quieran ayudarnos y debemos estar agradecidos. También es importante que sigan denunciando el racismo y el desprecio que emana desde la Casa Blanca, pero reconociendo que ese racismo y desprecio se manifiesta precisamente porque somos diferentes, porque constituimos un pueblo caribeño con cultura y leguaje propio. La mejor forma de defendernos no es pretendiendo que somos un grupo de ciudadanos similar al que habita en Iowa, porque esa pretensión es falsa. Si de verdad lo fuéramos el racismo trumpista no estaría corriendo a raudales. Se nos defiende reconociendo lo que somos. Así también el racismo de Trump queda demostrado con mayor nitidez. 

Esa es también la mejor forma de derrotar la estrategia anexionista, que pretende meternos dentro del “melting pot” estadounidense dándole la espalda a la historia. Por eso fue muy pertinente la declaración que hizo Carmen Yulín Cruz en Harvard. Ella, quien por su valentía ante Trump se ganó la admiración de todos los que lo enfrentan, puede hacer mucho para que se nos conozca como realmente somos y para que, de paso, también reconozcan que cualquier solución al dilema político puertorriqueño tiene que empezar por respetar nuestra particularidad. 

Editorial: Éxito puertorriqueño en las Olimpiadas especiales

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¡Qué buenos son!, diría con admiración nuestro siempre querido y recordado Elliott Castro sobre la actuación de las y los atletas puertorriqueños que nos representaron en las recién concluidas Olimpiadas Especiales 2019, celebradas en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Y es que la delegación de 62 atletas y 24 unificados, que ganó para Puerto Rico 57 medallas en dicho cónclave deportivo internacional, tuvo una jornada extraordinaria. Casi una medalla por atleta es el saldo final de nuestra participación en este cónclave maravilloso.

De hecho, nuestra delegación –la más grande de toda América Latina– superó la cantidad de medallas obtenidas en la pasada edición de 2015 en Los Ángeles, California, obteniendo en esta ocasión 17 medallas de oro, 18 de plata y 22 de bronce para un nuevo récord de 57 preseas. El deporte de mayor destaque lo fue la gimnasia rítmica, en el cual se obtuvieron 22 preseas. 

En cada Olimpiada Especial, compiten diez disciplinas deportivas que demuestran la preparación y destrezas de los atletas en cada deporte. Estos atletas se someten a entrenamientos rigurosos que pulen al máximo sus habilidades antes de lanzarse a la competencia. Los deportes participantes en esta edición fueron el atletismo, bochas (bocce), baloncesto, natación, aguas abiertas, gimnasia rítmica, tenis, tenis de mesa, soccer y bolos.

Este gran logro deportivo y humano no es obra de la suerte ni de la casualidad. Es el resultado de meses y años de esfuerzo conjunto entre los directivos del Comité de Olimpiadas Especiales de Puerto Rico, presidido por el licenciado José Barea, y el grupo de atletas, entrenadores, madres y padres que emplean largas horas para que éstos puertorriqueños con discapacidades de distinto tipo tengan la oportunidad de desarrollarse y crecer como seres humanos integrales, además de aprender y practicar las reglas de la sana competencia y la solidaridad entre personas y países. Es también una gran oportunidad para medir cuánto nuestro país invierte y valora en el avance y desarrollo de esta población, compuesta por puertorriqueños y puertorriqueñas con retos especiales, pero poseedores de una extraordinaria voluntad y capacidad para crecerse y superar sus retos y limitaciones. 

Este gran proyecto de las Olimpiadas Especiales, que tuvo un comienzo modesto en Estados Unidos, se ha convertido en una fiesta internacional que mide no sólo el rendimiento deportivo de sus atletas, sino que también celebra la diversidad que estos aportan y la inclusión que promueven. Este año participaron del cónclave 7,500 atletas de 170 países, lo cual da la medida del alcance e importancia que ha cobrado este evento de gran hermandad humana y deportiva.

Se dice que las sociedades son grandes en cuanto propician y premian el esfuerzo de sus más pequeños y vulnerables. En ese aspecto tan crucial para medir nuestra grandeza como país, Puerto Rico ha superado con creces la prueba, gracias al desprendimiento ciudadano de todos los involucrados en esta gran iniciativa- los directivos y oficiales del Comité de Olimpiadas Especiales, entrenadores, padres, madres y auspiciadores- así como el desempeño, disciplina y gran patriotismo de nuestros atletas especiales, dignos representantes de lo mejor de Puerto Rico. 

Que la cosecha abundante que lograron hoy se traduzca en un mayor respaldo y mejores oportunidades para el desarrollo presente y futuro de nuestros compatriotas con necesidades especiales. ¡Felicitaciones a todos y todas por este gran logro les deseamos desde CLARIDAD, Periódico de la Nación Puertorriqueña!

¿Descolonización sin soberanía?

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Por Ricardo Alegría Pons

Columnista invitado

Mariano José de Larra escribió: Escribir en Madrid es llorar, es buscar voz sin encontrarla, como en una pesadilla abrumadora y violenta.

Sus palabras podrían extrapolarse perfectamente a Puerto Rico, sobre todo en estos tiempos de Junta de Control Fiscal.

Es un hecho indubitable que la circunstancia puertorriqueña de ser una Nación sin Estado, y con posiciones encontradas precisamente en este punto, ha tenido el efecto muy significativo de no haberse podido cuajar un auténtico poder de Estado. Esta ausencia de un auténtico poder de Estado ha tenido consecuencias muy marcadas en la Nación Puertorriqueña. Esta ha carecido de un mecanismo de política pública aglutinante. Al no existir el Estado Puertorriqueño, lo que hace las veces de Poder de Estado es la posición particular del Gobierno de turno, que en determinado momento administra la cosa pública. La ausencia de unidad de propósito y de consenso incide en falta de visión a largo plazo. La política pública es abordada en espacios temporales de cuatro años, correspondientes a los ciclos electorales de administración gubernamental. Siendo esto así, no podríamos referirnos a un Poder de Estado, si no al Poder de Estado de tal o cual administración gubernamental. Esta realidad derrota el consenso y la unidad de propósitos que debiera esperarse de un auténtico poder de Estado.

Al abordar el concepto de soberanía en el contexto puertorriqueño, es ineludible tomar conocimiento del fenómeno anterior para no incurrir en graves errores de juicio.

En primer lugar, es necesario apuntar que siendo la soberanía elemento fundamental del Estado: el problema de la soberanía es eminentemente político.

En segundo lugar, siendo la soberanía elemento fundamental de un Estado, existe una relación inextricable entre descolonización y soberanía. Sin soberanía no hay estado. La descolonización requiere la adquisición de soberanía.

Llegados a este punto, en rigor es inevitable establecer qué es, y qué no es soberanía.

Para Hans Kelsen, la soberanía supone “un orden supremo cuya vigencia no es derivable de ningún otro orden superior. Conforme a esto, carecerá de soberanía aquella comunidad cuyo ordenamiento esté situado bajo otro superior y encuentre en este su razón de vigencia.”

Del otro lado del espectro ideológico es conocida la frase de Carl Schmitt: “Soberano es el que decide sobre el estado de excepción.” 

Atendido lo anterior, no son soberanos los estados que integran una federación. Un constitucionalista tan autorizado como Laurence H. Tribe se ha referido a las pretensiones de una soberanía estatal calificándolas de torpes (clumsy) y engañosas (misleading).

Si bien es cierto que bajo el concepto de federalismo dual el estado y la nación se consideraban iguales, reteniendo cada entidad un área exclusiva de competencia, ese concepto sostenido por vía jurisprudencia por espacio de un siglo, al presente ha periclitado. El equilibrio se ha roto por la necesidad imperiosa del ejercicio del poder a nivel nacional.

En efecto, es un hecho fácilmente constatable que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sido consecuente en que el Congreso Federal tiene potestad para legislar por encima de los intereses de los “estados miembros”.

El profesor D.D. Raphael lo expresa en forma tajante:

Aquellos que son miembros constituyentes de un Estado con unión federal carecen de soberanía, dado que, salvo en determinados campos de acción, están sujetos a la soberanía del Estado o Unión Federal.

En vista de lo anterior ¿puede en rigor hablarse de descolonización de una Nación con idiosincrasia y cultura propia muy definida, con la anexión a una federación de estados que se autodefine I Pluribus Unum? ¿Cómo funcionaría la “soberanía“ vicaria de una Nación culturalmente diferente abocada a ser minoría permanente?

Antes de estar tan prestos a darle carta blanca a la anexión como expediente legítimo descolonizador, quizás convendría meditar las siguientes expresiones de Nicolás Ramiro Rico, y otra vez, Carl Schmitt:

Pues un extraño no puede pretender ser soberano en el grupo en el cual es un extraño. Quien no emerge del propio interior del grupo social en el que aspira a ser soberano no puede constituir en ese grupo la relación de soberano – substrato. El poder exterior a un grupo no puede mandar como soberano en este grupo. Puede eso sí, dominarlo, mandar sobre el grupo por medio de su propio poder, pero este poder sobre el grupo – no en el grupo – tiene su fuente en otro grupo social distinto del dominado. (Nicolás Ramiro Rico)

Si un Pueblo teme las fatigas y el riesgo de la existencia política, otro Pueblo vendrá que le arrebate esas fatigas y cargue con ellas, asumiendo la “protección contra los enemigos exteriores”, y en ella, la soberanía política. (Carl Schmitt)

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