Por Manuel de J. González/ CLARIDAD
Cuando alguien, ya fuere litigante o abogado, anuncia que va a los tribunales buscando crear un innovador “precedente jurídico” siempre pienso en un caso que el Tribunal Supremo de Estados Unidos adjudicó en 1896, Plessy v. Ferguson. El tal Plessy fue excluido de una sección reservada para blancos de un tren y demandó basándose en las múltiples cláusulas que en la Constitución de Estados Unidos postulan la “igualdad”. Buscaba un dictamen que terminara con la segregación que, encubierta en algunos lugares y abierta en otros, se manifestaba por todo Estados Unidos, burlando el mandato constitucional. El resultado fue una opinión judicial que legalizó la segregación más extrema. Donde antes no la había ahora se imponía por mandato del tribunal, produciéndose un nuevo marco “legal” profundamente inhumano y cruel que se mantuvo en vigor por casi sesenta años. Mr. Plessy fue por lana y salió trasquilado, como dicen en Castilla.
No hace mucho tiempo un grupo de litigantes –donde se juntan entidades puertorriqueñas muy bien intencionadas con algunos fondos buitres– trataron de que los tribunales estadounidenses decretaran la inconstitucionalidad de la ley llamada PROMESA que, entre muchas otras cosas, nos impuso la omnipotente Junta de Control Fiscal. Con buenas intenciones unos (las entidades boricuas) y con malas intenciones otros (los fondos buitres) pensaban que el tribunal terminaría invalidando la ley que le dio jaque mate a cualquier ilusión de gobierno propio en Puerto Rico.
La confirmación de que los actuales siete miembros de la Junta trabajan con un solo objetivo –el que beneficia a las empresas acreedoras y exprime a los boricuas– la vimos hace algunas semanas cuando siete entidades que representan a la extrema derecha estadounidense le escribieron a Trump solicitándole que los confirme en sus cargos para otro término. La lista de peticionarios reúne a las asociaciones más activas en la defensa y promoción del capitalismo rancio, las que afirman en su misiva estar muy contentas con las actuaciones de los integrantes de la Junta.
El resultado fue una opinión del Tribunal de Apelaciones con sede en Boston, redactada por el muy militante juez anexionista Juan Torruellas, que sólo declara inconstitucional una sección de PROMESA, aquella que dispone cómo se escoge y se designa a los integrantes de la Junta que nos manda desde hace tres años. Buscando mantener control y a la vez cierto “balance”, la ley dispone que el presidente de Estados Unidos sólo nombra a un miembro de la Junta (recuerden que en aquel momento el presidente era Barak Obama y ambas cámaras eran de mayoría Republicana) y los otros seis los seleccionan los caucus de mayoría y minoría de Cámara y Senado.
Aunque ante el tribunal no estaba ningún reclamo del Presidente de Estados Unidos alegando que se le había despojado de su poder nominador, eso fue lo que decidió el Circuito de Boston. Para cumplir con la Constitución, los nombramientos tienen que venir desde la Casa Blanca y ser sometidos al Senado para confirmación.
Ahora, como sabemos, los Republicanos siguen controlando el Senado y en la presidencia está Donald Trump y, de volverse final lo que decidió el Circuito (la Junta aún considera recurrir ante el Tribunal Supremo), serán ellos solitos quienes escogerán y confirmarán a los siete procónsules que nos controlan. Como pueden notar, ese resultado, que le otorga todo el poder al energúmeno Donald Trump, se parece bastante al que produjo Plessy v. Ferguson en 1896.
Y no es que mediante el sistema declarado inválido los puertorriqueños salíamos ganando. El hecho de que tres de los siete miembros de la Junta sean de selección Demócrata no nos significó mucho porque todos ellos han actuado como una sola voz. Ahora, sin embargo, es inexistente la posibilidad de que entre los nombramientos futuros se cuele alguna voz “amiga” porque nadie puede esperar algo así de un presidente que sólo destila odio hacia Puerto Rico.
La confirmación de que los actuales siete miembros de la Junta trabajan con un solo objetivo –el que beneficia a las empresas acreedoras y exprime a los boricuas– la vimos hace algunas semanas cuando siete entidades que representan a la extrema derecha estadounidense le escribieron a Trump solicitándole que los confirme en sus cargos para otro término. La lista de peticionarios reúne a las asociaciones más activas en la defensa y promoción del capitalismo rancio, las que afirman en su misiva estar muy contentas con las actuaciones de los integrantes de la Junta.
En su carta los grupos ultras le recuerdan a Trump que según las actuales normas del Senado el debate para considerar nombramientos se reduce de 30 a 2 horas cuando no se trata de miembros del gabinete. Es decir, que tras él hacer la designación la confirmación será veloz, sin tiempo para que nadie pueda generar alguna protesta. Esa afirmación supone que los proponentes, que a su vez patrocinan a muchos senadores Republicanos y algunos Demócratas, ya tienen hablado con el liderato del Senado lo que ocurrirá tras la acción ejecutiva.
Si Trump no acepta lo que le piden sus amigos ultras, pasará a nombrar otros que reflejen con absoluta fidelidad lo que él piensa sobre Puerto Rico y los puertorriqueños. Lo que cree y quiere para nosotros lo hemos visto en el contenido de los tuits que ha estado enviando en el último mes. Allí está reflejado con total nitidez tanto la prepotencia imperial como el desprecio racial. Sus nombramientos reflejarán esa “doctrina”.
La actuación del energúmeno de la Casa Blanca se producirá muy pronto, antes del 16 de mayo, que es cuando vence el término de 90 días que establece la decisión del Circuito. Porque la declaración de “inconstitucionalidad” fue de los más rara. Aun cuando la Junta estaba ilegalmente constituida, el dictamen judicial no invalidó sus acciones, todo lo contrario, las confirmó. Luego dejó actuando los actuales miembros por otros tres meses hasta que el presidente, con toda su calma, actúe.
En algunas semanas el emperador actuará descargando los nuevos poderes que la opinión que redactó Juan Torruellas le otorgó.
