Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La privatización de la de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) traerá un alza en las tarifas para pagar la deuda. La postergación del uso de energías renovables, la politización, la corrupción y la poca transparencia de su proceso de privatización dejará como resultado que continúe la corrupción y el uso de combustibles fósiles postergando del uso de energías renovables. Estos son los componentes del cuadro de situación que impera en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) expuestos en la reciente vista del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, que preside el representante Raúl Grijalba.

En la vista celebrada en Washington el 9 de abril participaron diversos grupos que en su mayoría fueron críticos del proceso y del modelo de privatización que ha adoptado la AEE, así como de su Plan Integrado de Recursos (PIR). Todos coincidieron en denunciar que condenan el uso de los combustibles fósiles –gas natural–que posterga la supuesta meta de la administración del gobernador Ricardo Rosselló de que para el 2050, el 100% de la energía en la isla sea producto de energías renovables.

El director de Política Pública de del Centro para una Nueva Economía (CNE) Sergio Marxuach reconoció que esa organización coincide con el gobernador Rosselló en que ha llegado el momento de tomar acciones contundentes con relación a la AEE, ya que la agencia ha demostrado ser incapaz de reformarse. “Si el proceso de privatización en marcha se limita a transferir una compañía corrupta del sector público a un grupo de inversionistas corruptos en el sector privado, no habremos logrado absolutamente nada”.

Según explicó, la estructura de mercado propuesta por la administración del gobernador es una compleja, ya que se bifurca. Por un lado, se tendrían tres o cuatro productores grandes de electricidad, es decir, un oligopolio. Por el otro lado, habría un único comprador, la compañía que maneja y opera el sistema de transmisión y distribución, conocido en microeconomía como monopsonio. Advirtió de que el Estado carece de capacidad para regular la estructura de este modelo, por lo que la situación se prestará a todo tipo de interacción estratégica, tanto legal como ilegal entre quienes participen en el mercado. Para impedir que esto suceda, el gobierno de Puerto Rico tendría que evolucionar hacia una estructura regulatoria basada en una supervisión más proactiva con respecto al uso eficiente de los recursos y más dinámica en cuanto a la supervisión de los diversos actores y participantes del sector energético. Esto significa, de acuerdo con Marxuach, que el regulador debe implantar un modelo de regulación basado en la ejecución, definir parámetros transparentes para la rendición de cuentas, establecer incentivos y sanciones para alcanzar objetivos declarados de política energética y asegurar que la nueva estructura tarifaria envíe las señales de precio correctas, tanto a los generadores como a los consumidores.

¿Transformación o negocio como de costumbre?

El Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero (IEEFA, siglas en inglés), entidad que ha prestado atención a la situación de la AEE desde el 2015, catalogó de “engaño o fraude” el modelo de privatización aprobado por el gobierno. El director de finanzas de IEEFA Tom Sanzillo recalcó que hablar de transformar a la AEE en una empresa privada es inapropiado, debido a que aunque en la actualidad esta es una propiedad pública, esto es solo de nombre. Casi el 75% de lo que pagan los hogares y las empresas es destinado al pago de la deuda y a la compra de combustible. En otras palabras, los más beneficiados por los ingresos de la AEE son los inversionistas privados y las compañías de combustibles. Apuntó que el proceso de privatización está diseñado de una manera que solo empeorará ese problema. 

Sanzillo insistió en denunciar que el proceso de privatización, además de limitar la participación de la misma Oficina de Energía de Puerto Rico (OEPR), ofrece amplias oportunidades para adjudicaciones de contratos impulsados políticamente y para interferencias inapropiadas en la relación con el contratista. Expuso que si bien la ley para la privatización de la AEE ha sido promocionada como un medio para despolitizar el sistema eléctrico de Puerto Rico, es muy dudoso que el proceso, que destruye la idea de un sistema eléctrico racionalmente planeado en favor de una serie de contratos parciales, logre este objetivo declarado. Insistió en alertar de que la gestión del sistema de generación, transmisión y distribución por parte de entidades privadas hará poco para despolitizar el sistema si los contratos se suscriben a través de un proceso político no transparente, como lo facilita la Ley 120.

El alza en las tarifas.

Una vez más, IEEFA desmintió que el plan de transformación que impulsa la AEE resulte en una baja en las tarifas. Es todo lo contrario. Según el análisis de IEEFA, los planes actuales darán como resultado precios de electricidad para los consumidores de 27 centavos / kWh en 2024. Eso es 18% más alto que los niveles de 2018 y 35% más alto que la meta de 20 centavos / kWh establecida por el plan financiero de la AEE. Esto es así porque el sistema está sujeto al riesgo de la volatilidad en los mercados de gas natural. “El resultado será un paso atrás hacia la electricidad asequible, un sistema económicamente no competitivo y una oportunidad perdida para maximizar la energía renovable de menor costo”, declaró Sanzillo.

Otro aspecto sobre el cual llamó la atención IEEFA, fue el de la fuerza laboral de la Autoridad. Según la entidad, la privatización no resuelve los problemas de la fuerza laboral de la AEE. Hay que tener presente que tanto la actual administración de gobierno, como la pasada, han pretendido atribuir a los trabajadores de la AEE, en particular a los unionados, la culpa por la situación en que se encuentra la corporación. Desde el 2012 la AEE ha perdido más de un tercio de su fuerza laboral, entre otras razones por el interés de aprovecharse de los beneficios de jubilación (que les han sido pagados) antes de que desaparezcan. En contraste, Sanzillo expuso que los resultados del estudio que la Junta de Control Fiscal encomendó a la firma de Kobre & Kim LLP revelaron que en la AEE hay entre cerca de 150 a 300 empleados, “soldados políticos”, muchos de los cuales han sido designados para cargos técnicos y profesionales sin tener en cuenta sus calificaciones.

IEEFA sale en defensa de los trabajadores de Energía Eléctrica y en contra de la privatización al declarar: “La fuerza laboral de la AEE ha sido una fuente importante de empleos de clase media en la isla. Sin embargo, el gobernador y la gerencia del nivel superior de la AEE preferirían utilizar su esquema de privatización para negar los derechos de negociación colectiva y reducir los salarios, la salud y los beneficios de pensión de las personas que realmente prestan servicios a la gente de Puerto Rico, en lugar de convertir la AEE en una operación bien administrada regida por los estándares profesionales de la industria de servicios públicos; una industria que en el continente es un productor estable de ingresos, un buen empleador y un ciudadano corporativo responsable”.

Falta de un ente fiscalizador

Por su parte, el vicepresidente de la organización Sierra Club Ramón J. Cruz, experto en política ambiental y energética, también criticó los esfuerzos de restructuración de la AEE, como falsos y mal orientados. Además de reiterar que la propuesta restructuración descansa en el uso de los combustibles fósiles, Cruz llamó a la atención que el gobierno se apresura a la privatización luego del huracán María, mientras desmanteló la anterior Comisión de Energía y la sustituyó por un nuevo organismo, la OEPR. Este considera que la privatización se debe detener hasta tanto se estructure una entidad regulatoria independiente y fuerte. 

El portavoz del Sierra Club indicó que en Los Ángeles, Austin, San Antonio, Texas, Seattle, Orlando, Jacksonville y otras muchas ciudades de E.E. U.U. hay corporaciones públicas que proveen energía a costos más bajos y con menos emisiones de carbono, dióxido y otros gases de efecto invernadero que muchas compañías de energía eléctrica que son propiedad de inversores privados. “En realidad, el sistema de propiedad no determina si el sistema será confiable y proveerá electricidad a bajo costo”.

Cooperativas comunitarias de energía solar

Mientras, el doctor Nelson I. Colón Tarrats, presidente de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico expuso una estrategia delineada por esa entidad para reconstruir la infraestructura eléctrica de la isla, que incluya cooperativas comunitarias de energía solar, propiedad de las comunidades. De acuerdo con Colón Tarrats, el plan propuesto podría proveer autosuficiencia a comunidades desatendidas y revolucionar cómo los puertorriqueños adquieren su electricidad.

Aun cuando dijo que la Fundación no tenía una posición sobre la privatización de la AEE, Colón Tarrats hizo énfasis en que ocurra o no la privatización, la independencia energética debe ser alentada. “El acceso a energía limpia y confiable puede significar la diferencia entre vida y muerte, tanto para las personas como para nuestro desarrollo económico. Durante la transformación de la AEE, necesitamos asegurarnos de que las comunidades de medianos y bajos ingresos en la isla tengan acceso equitativo a energía limpia y confiable”, subrayó. 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La idea de imponer a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) una nueva autoridad que vaya por encima de su actual gerencia –un llamado síndico–, fue propuesta en la reciente vista del Comité de Recursos Naturales, de la Cámara de E.E. U.U., tanto por el Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero (IEEFA) como el mismo presidente de la Unión Independiente de Trabajadores de la Industria Eléctrica (UTIER) Ángel Jaramillo. La UTIER ha hecho este pedido a la jueza Laura Taylor Swain, que atiende el caso de deuda de la AEE bajo la Ley Promesa.

Sanzillo dijo que IEEFA apoya la introducción del modelo de Inspector General Independiente del Sector Privado (IPSIG), que tiene al papel distinto del de un típico síndico, que vela por los intereses de los intereses privados. El enfoque de un IPSIG sería la eliminación de desperdicio, fraude y abusos y estaría facultado para investigar operaciones, implementar reformas para eliminar el desperdicio y / o la actividad ilegal e informar de violaciones a la ley a las autoridades que velan por su cumplimiento. 

La tesis de Sanzillo es que una vez que la AEE se haya estabilizado como una utilidad funcional, se necesitarán reformas para reducir de manera significativa el poder del gobernador para nombrar a los miembros de la junta de la AEE y el director ejecutivo deberá ser contratado a través de un proceso de contratación abierto y transparente realizado por la Junta.

La idea de un inspector fue acogida de inmediato por el congresista Grijalva, quien anunció que buscaría presentar legislación para establecer una nueva autoridad que asegure transparencia y rendición de cuentas en la transformación y privatización de la AEE. Sin embargo, no dijo si el ente tendría las características planteadas por IEEFA.

Por su parte, en declaraciones públicas, la comisionada residente Jenniffer González rechazó la idea de que se le imponga uno nuevo ente federal a la AEE.

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Ricardo Rosselló, pataleando con distintas versiones, trató de disipar la nube de corrupción que empaña las relaciones de su hermano con el Departamento de Educación vinculándolo a una entidad “sin fines de lucro” llamada “Center for Education Reform”(CER). Luego el propio hermano, supuestamente para defenderse, reconoció que participó en una reunión en Fortaleza como representante legal de dicha entidad. Tal vez ambos piensan que, enarbolando el sello “sin fines de lucro”, todo se quedaría como una inocente relación filantrópica libre de sospecha. Sin embargo, lo que el esquema descubierto comprueba es que nuestro país ha caído presa de consorcios estadounidenses que buscan lucrarse de las grandes sumas de dinero que los gobiernos invierten en educción mientras, de paso, convierten las escuelas en centros para promover la ideología ultraconservadora.

Algunos reportajes e investigaciones de la prensa puertorriqueña, en particular, uno de Yanira Hernández Cabiya para CB en Español, nos ayudan a conocer todo lo que hay detrás de CER y de otras entidades que se han vinculado al DE una vez Rosselló y Keleher asumieron control. La reunión de Fortaleza, celebrada en diciembre de 2018, ha sido el hilo que ayuda a desenredar la madeja. 

En Estados Unidos ya es norma que las grandes empresas que dominan cierto sector de la economía creen “centros de estudios” o algún llamado “think tank”financiados con aportaciones de las mismas empresas y organizados como corporaciones sin fines de lucro. Estos centros operan como instrumentos de cabildeo para promover reglamentación que beneficie las empresas y ayudar a crear política pública que les favorezcan. Aunque es una evidente operación de negocios, la reglamentación permite que lleven el sello de “sin fines de lucro”. 

En el capitalismo, particularmente en Estados Unidos, la educación es un negocio más. Siempre lo ha sido, pero en las últimas décadas, gracias al concepto de las escuelas “chárter”las empresas han ido apropiándose de buena parte del presupuesto separado para educación mediante acuerdos con gobiernos estatales y locales. El negocio ha atraído también a grupos y figuras de mentalidad ultraconservadora que, mientras se lucran, tratan de promover su ideología en las nuevas generaciones. 

El esquema siempre comienza promoviendo legislación que facilite la operación empresarial y aquí es cuando entran en función entidades como el “Center for Education Reform”, que a su vez son auxiliadas por consultores y bufetes de abogados especializados en el tema, como Hogan Marren Bebbo & Rose, del cual es socio Jay Rosselló. 

El debate en Puerto Rico se ha centrado hasta ahora en el evidente conflicto ético que supone contratar a un bufete del cual es socio el hermano del gobernador de turno para que, con jugosos beneficios, “asesore” en la preparación de legislación. Pero más importante que ese evidente acto de corrupción es la confirmación de que la llamada “reforma educativa” promovida por el gobierno de Ricardo Rosselló ha sido diseñada por las propias empresas que buscan beneficiarse de ella. Según el esquema descubierto, el bufete que de ordinario sirve a las empresas que se lucran de la educación es el que diseña la ley de Puerto Rico copiándosela de la que ya había diseñado para otros lugares en Estados Unidos. Luego entra en función CER, cliente del bufete, a promover “política pública” de la que se beneficiarán las empresas que aportan el dinero para su operación, las que también son clientes del bufete “especializado en educación”. Como ven, el círculo es perfecto y en el centro de todo está un bufete cobrando de todo el mundo. Primero cobra del gobierno de Puerto Rico por hacer la ley, luego de CER que trata de promover sus “beneficios” y finalmente de las empresas que llegarán a montar las escuelas chárter. 

Hay otro vínculo también muy interesante. Una vez Julia Keleher llega al Departamento de Educación promueve la creación de otra entidad “sin fines de lucro” llamada Puerto Rico Education Foundation, en cuya directiva aparecen varios integrantes de la elite empresarial boricua. Esa entidad recibió varios millones de dólares de la Fundación Tenacre, a su vez vinculada a la creación y operación de CER y a todos los esfuerzos por promover el ultra conservadorismo (neofascismo) en Estados Unidos. 

Esta nueva “fundación” puertorriqueña, con empresarios como Manuel Cidre, Cyril Medruña (El Nuevo Día) y Nicholas Poultry a la cabeza, es la que paga salarios jugosos a un misterioso grupo de “supervisores” que, sin ser funcionarios del DE, han asumido el poder de implantar la política educativa en Puerto Rico. Nadie sabe cuáles son las funciones concretas de estos “supervisores” porque no se trata de puestos con tareas definidas, sino una especie de estado mayor educativo pagado por los mismos empresarios que quieren lucrarse del sistema educativo puertorriqueño transformándolo a su medida. 

Como pueden ver, todo es “transparente” porque se puede observar con absoluta claridad cómo empresarios estadounidenses y puertorriqueños han convertido el DE en un “profit center”para el futuro, gracias al gobierno de Ricardo Rosselló. El bufete donde labora su hermano es el que se ha beneficiado en primer lugar cobrando simultáneamente de varias fuentes a un mínimo de $500 la hora. (Esa es la tarifa de Jay Rosselló quien alega ser un socio menor.) Una vez el bufete ayuda a crear el marco legal la mesa queda servida para que sus clientes se aprovechen con el asesoramiento de CER.