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Promesa es pobreza

Por Wilda Rodríguez

A nombre del Junte de Mujeres M18 advertimos que no se puede discutir PROMESA y la Junta de Control Fiscal sin hablar de status y colonialismo.

PROMESA es una legislación producto del ejercicio de un poder imperial sobre un país invadido, ocupado y colonizado en 1898. Un país que ha sido llevado a la quiebra económica y política como colonia y que la potencia administradora pretende mantener como colonia a perpetuidad para que siga siendo de beneficio a las empresas e intereses financieros de Estados Unidos.

La imposición de PROMESA y sus siete procónsules en la Junta de Control Fiscal es solo el último aparato colonial que ha impedido el desarrollo económico de Puerto Rico.

Podemos enumerar el ejercicio de ese poder colonial desde 1898 en cinco resultados:

Destruyeron nuestra agricultura diversa para imponer la que le sirve a ustedes.

Destruyeron el empresarismo local con competencia desleal, monopolio y acaparamiento.

JUNTE M-18

Carmen Yulín Cruz Soto, Alcaldesa de San Juan

María de Lourdes Santiago, Vicepresidenta Partido Independentista Puertorriqueño

María de Lourdes Guzmán, Presidenta Movimiento Unión Soberanista

Alexandra Lúgaro, Candidata a la Gobernación 2016

Wilma Reverón, Co-Presidenta Movimiento Independentista Nacional Hostosiano

Mariana Nogales, Presidenta Partido del Pueblo Trabajador

Contaminaron y destruyeron nuestros recursos naturales con actividades militares y de industrias contaminantes.

Intentaron despojarnos de nuestro idioma, cultura e historia.

Criminalizaron todo intento de resistencia y rebelión contra el coloniaje, incluyendo torturas y asesinatos a sus líderes, encarcelamiento y penas desproporcionadas. 

La quiebra de la colonia bajo esas circunstancias no solo era evidente e inevitable. Fue provocada e inducida durante los últimos 120 años de servir como taller de ultramar a las empresas e intereses financieros de Estados Unidos.

Ahora PROMESA y su Junta culminan ese crimen con medidas de austeridad que utilizan el dinero de los servicios y necesidades del pueblo de Puerto Rico, para empobrecer y hacer a la colonia aún mas dependiente. Su plan es la colonia permanente.

PROMESA significa:

El desmantelamiento del sistema de educación pública con el cierre y la privatización de escuelas.

El desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico para evitar la producción de la inteligencia y los profesionales del país para el país.

El despojo de derechos laborales adquiridos para empobrecer y someter a la clase trabajadora.

La reducción de las pensiones de retiro de los trabajadores públicos que amenaza la salud y calidad de vida en los años mas vulnerables de la vejez.

 La criminilización de la protesta de los trabajadores que defienden sus derechos adquiridos y sus pensiones y de los estudiantes que defienden su derecho a salvar su país.

La hipoteca del país durante los próximos cuarenta años para pagarle a los bonistas y fondos buitres de COFINA que es solo el primero y sienta un precedente nefasto al pagar bonos a 93 centavos de dólar por bonos adquiridos por menos de 60 centavos de dólar;

La imposición de un ambiente laboral tóxico de falta de oportunidades, desesperanza y el desasosiego, de emigración masiva de miles de puertorriqueños en sus edades mas productivas, mas preparados técnicamente, ocupacionalmente y profesionalmente.

Este es el legado del coloniaje, la imposición de PROMESA y la instauración de la Junta de Control Fiscal. 

PROMESA ES POBREZA. Los de ustedes que piensan que ayudan al pueblo de Puerto Rico a enfrentar la crisis fiscal, THINK AGAIN. Esto es un desastre humanitario. PROMESA y la Junta tienen que ser eliminadas.

Señores congresistas, el colonialismo es un crimen contra la humanidad. Cada segundo que pasa y se mantiene al pueblo de Puerto Rico sumido bajo la indigna e inhumana condición colonial, EUA comete un crimen de lesa humanidad. Ustedes… que se han abrogado ilegalmente nuestra soberanía, que nos niegan nuestro derecho a nuestra nacionalidad, son cómplices de este crimen. Su responsabilidad humana, jurídica, moral y ética es detener este crimen contra el pueblo de Puerto Rico. Asuman esa responsabilidad.

La autora es periodista y  la Coordinadora Junte M-18. Ponencia ante las vistas del Comité de Recursos Naturales del  Congreso de Estados Unidos de América, 15 de marzo de 2019.

MVC: ¿Hasta dónde se puede estirar la amplitud?

¿Es la anexión una “opción descolonizadora”
real? Desde aquella sentencia luminosa que
una vez dictó Pedro Albizu Campos decimos que la anexión es pretender atacar la enfermedad del colonialismo matando al enfermo, por lo que no
puede ser una solución real.

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Todo frente amplio necesita un “programa mínimo” y en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) eso fue lo que se dio a conocer el pasado 11 de marzo en el Teatro Tapia de San Juan. El nuevo partido político puertorriqueño aspira a aglutinar a sectores diversos y sus propuestas iniciales –nada originales, pero muy pertinentes– recogen aspiraciones con las que la mayoría de los puertorriqueños podrían coincidir.

Además de las propuestas –a las que vuelvo más adelante– el equipo fundador del MVC lo integran personas que inspiran respeto por una trayectoria, breve en unos casos y amplia en otros, de mucho compromiso. Entre las mujeres destaco a Ana Irma Rivera Lassén, expresidenta del Colegio de Abogados y consecuente defensora de los de abajo, y a Alexandra Lúgaro, quien como candidata independiente a la gobernación en 2016 acumuló una respetable cantidad de votos hablando en todo momento con franqueza y valentía.

Entre los varones destaco al joven Manuel Natal quien el pasado año, cuando al Partido Popular se le denunciaba una existencia “mugrosa”, casi idéntica a la del corrupto PNP, tuvo la valentía de abandonarlo arriesgando lo que había sido su asidero electoral. Quienes en aquel momento denunciaron “la mugre”, llamando a limpiarla, no tuvieron reparo en quedarse nadando en ella cuando el partido reafirmó la ruta denunciada. Destaco también a Néstor Duprey, quien ha ganado respeto desde la radio y ahora, como Natal, abandona al partido en el que militaba casi desde niño, disponiéndose a fundar algo nuevo. Natal y Duprey pueden atraer hacia el MVC el importante sector soberanista del PPD que, contrario a ellos, no acaba por reconocer que no tiene futuro dentro de un partido caducado.

Sólo menciono cuatro nombres, pero todo el grupo fundador proyecta seriedad y compromiso, tan ausente en el liderato de los dos partidos que, al menos desde 1952, se han turnado en el cargo de administrador de la colonia. Desde ese año, la última vez que un tercer partido –el entonces recién nacido Partido Independentista Puertorriqueño– tuvo posibilidad de victoria, hemos sido presa de un bipartidismo insípido que últimamente ha terminado siendo un régimen de partido único. Entre el PPD y el PNP la diferencia es el color de la pintura y por eso el clamor por algo nuevo ha estado creciendo.

El programa mínimo del MVC cubre doce temas e incluye propuestas ya planteadas y luego olvidadas. Algunas, como reformar el proceso electoral, la representación ciudadana y la manera como se elige a los gobernantes, requerirán cambios en la Constitución de 1952, que trató de imitar el proceso estadounidense muy poco democrático. Otras propuestas, la mayoría, en temas tan básicos como corrupción, educación pública, salud y ambiente, entre otros, podrían volverse realidad si se logra el control de la Legislatura.

Escrutinio aparte requiere lo que se plantea en cuanto al estatus político. A diferencia del PPD de 1940, cuando proyectándose como movimiento de justicia social se enfrentó a su primera elección, el MVC plantea que el “estatus sí está en issue”, según dijo uno de sus dirigentes, pero su propuesta se limita a exigir el fin del colonialismo, adoptando la asamblea constitucional de estatus como mecanismo procesal. Afirma respetar las tres “opciones descolonizadoras” que reconoce en el derecho internacional –independencia, libre asociación e integración– sin adoptar ninguna de ellas.

Esa posición, bastante parecida al “estatus no está en issue” que postuló Muñoz Marín en 1940 aunque digan otra cosa, presenta tantos cuestionamientos que pueden llegar a superar los riesgos que el nuevo movimiento pretende esquivar al evitar adoptar una posición. ¿Es la anexión una “opción descolonizadora” real? Desde aquella sentencia luminosa que una vez dictó Pedro Albizu Campos decimos que la anexión es pretender atacar la enfermedad del colonialismo matando al enfermo, por lo que no puede ser una solución real. Además, por lo sucedido con las naciones que formaron parte de la Unión Soviética, y por lo que sucede ahora entre Cataluña y España, sabemos que cuando una nación se integra a otra los conflictos entre ellas sobreviven, y hasta se profundizan, aunque técnicamente no exista una relación colonial debido a que los habitantes de la nación integrada participan en los procesos políticos de la receptora. La integración, por tanto, nunca será una solución real al colonialismo cuando quien sufre ese mal es una nacionalidad a menos que, como sentenciaba Albizu, la nacionalidad efectivamente deje de existir.

 Desde que se planteó la asamblea constitucional como el camino procesal ideal para enfrentar lo que aquí llamamos “problema de estatus”, los independentistas hemos estado dispuestos a caminar junto a los anexionistas en ese proceso. Pero eso es algo muy distinto a pertenecer a una organización que proclame o acepte, como uno de sus principios, que la anexión es una “opción descolonizadora”, invitando a quienes la quieren a incorporarse a ella.

Hace 115 años tuvimos un partido político con una postura similar, el Unión de Puerto Rico. Desde su fundación en 1904 el Partido Unión pretendió atraer a sus filas a los seguidores de todas las opciones de estatus. Hay una frase de Luis Muñoz Rivera, muy triste a mi juicio, que define muy bien la pretendida melcocha de estadidad, gobierno propio e independencia: “nosotros preferiríamos la primera; proponemos la segunda, y nos reservamos la tercera como último refugio de nuestro derecho y nuestro honor”. ¡He ahí el oportunismo muñocista en todo su esplendor! Aquel anexionismo programático no le sirvió para mucho al Partido Unión. Con pocas excepciones, los anexionistas nunca llegaron y en 1912 eliminó a la estadidad de su programa.

¿Puede el MVC atraer a todos los sectores políticos puertorriqueños, incluyendo a los que postulamos la independencia, afirmando que la estadidad es una “opción descolonizadora” e invitando a quienes defienden ese “ideal” a integrarse a sus filas?

Ese es uno de los cuestionamientos más importantes que enfrenta el nuevo movimiento. En una colonia es muy difícil pedir un voto para un programa de buen gobierno sin asumir una posición clara sobre cómo acabar de verdad con el colonialismo, porque casi todos los problemas que dificultan el buen gobierno tienen una raíz colonial.

Reflexiones sobre políticas de alianzas y el MVC

La identificación de la estadidad como
fórmula descolonizadora para darle cabida a simpatizantes de la anexión repetiría, una vez más,
los intentos de alianzas que lleva en sí
mismas el germen de la desunión.

Por Wilma E. Reverón Collazo

Especial para CLARIDAD

Una vez más, el movimiento independentista se enfrenta a la discusión, reflexión e invitación a actuar en torno a lo que pueden ser consideraciones tácticas coyunturales, pero que tienen que partir de visiones estratégicas a largo plazo. 

En el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), hemos dedicado muchas horas de reflexión a los temas de las alianzas, las convergencias y la unidad patriótica. En resumen, 

• Cuando hablamos de unidad hablamos de unidad con los independentistas. 

• Cuando hablamos de alianzas es con otros sectores.

• La alianza requiere reciprocidad. Hay un plan a corto o largo plazo.

• Cuando hablamos de convergencia se trata de toda actividad política casual entre dos o mas organizaciones para alcanzar una colaboración para lograr unos objetivos que no necesita de reciprocidad.

•  Unidad patriótica se da dentro del movimiento independentista

• Unidad nacional: mas allá del sector independentista. 

• Convergencias: hablamos de acuerdo que pueden ser o no independentista.

• Alianzas: pueden ser con sectores independentistas o no.

Es partiendo de esas definiciones que el MINH analiza su apoyo a cualquier iniciativa política, ya sea electoral o circunstancial. Desde esas definiciones estaremos analizando y reflexionando sobre las propuestas del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). 

La política de alianzas adoptada por el MINH está Inspirada en la Liga de Patriotas que promoviera Eugenio María de Hostos. 

Los principios que rigen la política de alianzas plasmados en nuestros documentos son los siguientes:

• Se busca lograr acumulación de fuerzas a través de la suma de sectores;

• El objetivo de dicha política es que se adelante la independencia y la lucha social;

• Para el MINH los procesos electorales son asuntos tácticos.

• Cualquier decisión que se tome en la formación de alianzas debe ser para adelantar la lucha por la independencia nacional.

• Los Instrumentos que utilizamos para lograr esos objetivos son:

• Crear instancias de unidad patriótica y unidad nacional;

• Desarrollar diálogo con otros sectores políticos.

En la Asamblea de mayo 2010 se destacó la importancia de acumular esfuerzos con sectores en espectros ideológicos amplios para coordinar proyectos y políticas nacionales. Con ese objetivo en mente se decidió contribuir al fortalecimiento nuevas opciones electorales amplias y unitarias. Se adoptó por lo tanto una política de inclusión, apertura y tolerancia con la diversidad. 

Las interrogantes y señalamientos que comparto a continuación no significan que el MINH haya adoptado una posición final en cuanto a si participará o no en el MVC. La discusión apenas está empezando y será una asamblea extraordinaria sobre el tema electoral la que finalmente decida. 

Como hemos ya expresado, el MINH está de acuerdo con la gran mayoría de las propuestas de MVC. No hay contradicciones con las propuestas económicas y sociales. Lo que causa reservas es la posición sobre el estatus, en el cual estamos de acuerdo en el mecanismo procesal de la Asamblea Constitucional de Estatus, que incluye la estadidad como opción partiendo del ejercicio de autodeterminación de la soberanía del pueblo. Esto es distinto a identificar dentro, del contexto colonial, a la estadidad como opción descolonizadora. ¿Ello podría conllevar apoyar la incorporación territorial como primer paso hacia la estadidad sin haber obtenido la soberanía?

La identificación de la estadidad como fórmula descolonizadora para darle cabida a simpatizantes de la anexión repetiría, una vez más, los intentos de alianzas que lleva en sí mismas el germen de la desunión. Solo hay que recordar que fueron las contradicciones que surgieron sobre su posicionamiento ante EEUU en la Liga de Patriotas entre Hostos, Henna y Todd, y en el Partido Unión, luego la Alianza y finalmente el Partido Liberal entre Luis Muñoz Rivera y José de Diego.

Más preocupante aún, ¿cómo se concilia el querer ¨construir un país¨ con sectores cuya visión económica está fundamentada sobre la dependencia económica y el acceso a más fondos federales? No he visto ningún planteameinto de desarrollo económico del sector estadista que no sea: mantener al pueblo en dependencia, acceder a mas fondos federales, en fin, mantener en desigualdad y pobreza el país que otros aspiramos a construir en prosperidad e independencia económica, sostenible y autosustentable. No hay ninguna propuesta estadista de erradicación de la pobreza poque iría a contrapelo con su objetivo de recibir mas fondos federales.

Peor aún, el gobierno estadista promueve: la privatización de los bienes públicos, el desmantelamiento de la educación pública desde los grados primarios hasta el universitario, el despojo de derechos laborales, la reducción de pensiones y el desmantelamiento del estado benefactor, todas políticas totalmente contrarias a las propuestas del MVC cuyas propuestas son contrarias al pensamiento neoliberal.

Asimismo los representantes del sector estadista en el gobierno promueven los valores homofóbicos, misógenos, racistas y xenófobos en general (menos hacia los estadounideneses o los miembros de las oligarquías latinoamericanas que profesan ideologías de derecha neoliberal).

Finalmente, el gobierno estadista promueve la inversión de capital extranjero con incentivos que los relevan de hacer aportaciones significativas al país, mientras se llevan las ganancias creadas con la inteligencia y las manos de profesionales y trabajadores puertorriqueños. Incentivos y apoyo que no está disponibles para los empresarios de Puerto Rico quienes son víctimas de la competencia desleal e injusta de las empresas de EEUU. Pregúntelen a los que eran dueños de farmacias.

Ciertamente, estas políticas anti pueblo, neoliberales, clasistas y discriminatorias también son acogidas por sectores dentro de los llamados autonomistas y estadolibristas, que tampoco suscribirían las propuestas de MVC.

Habrá estadistas que simpatizan con planteamientos de clase como los que expone Alexandria Ocasio Cortés, simpatizan con Bernie Sanders y el Americans for Democratic Socialism (ADS), pero al final la conclusión es que se definen a si mismos como ¨Americans¨, que quieren ser parte de otro país y no construir un país propio. 

Parafraseando a José de Diego, los verdaderos enemigos de la independencia no están en el partido anexionista, estos la combaten francamente, otros quieren matarla diciendo que la aman, pero que todavía no es el momento de sacarla a la plaza.

A grosso modo

La Junta y el gobierno dan palos sino a ciegas, al menos en la niebla, pero las consecuencias para el país no son a grosso modo sino harto específicas. Cualquier acuerdo con los acreedores, cualquier venta del patrimonio estatal se hará a partir de la imposición tiránica de los números.

Por Eduardo Lalo/Especial para CLARIDAD

Una década de depresión económica tuvo un punto dramático de inflexión cuando el país sufrió en 2017 en el curso de 15 días el embate de dos huracanes. El primero, Irma, mostró la fragilidad extrema de la infraestructura y la falta de eficiencia del aparato gubernamental para enfrentar una emergencia. María, el segundo, provocaría una crisis humanitaria e institucional que dejó a la población sin electricidad ni otros servicios básicos durante muchos meses. En esa temporada infame acontecieron miles de muertes que se hicieron más dolorosas al saberse que en la gestión de la crisis, el gobierno especulaba con contrataciones y la expectativa de la llegada de fondos de recuperación.

Un país que había convertido la última década en su mayor decenio de emigración vio en cuestión de días y durante semanas y meses, convertirse a sus aeropuertos en campamentos de refugiados. A los viejos y enfermos, se les unieron grupos familiares enteros, estudiantes universitarios, niños, gente que no había contemplado hasta ese momento la perspectiva de partir.

Desde hace tiempo, los ciudadanos de este país tenemos la impresión de habitar un universo de espejos deformantes. En los tiempos de la depresión económica sin término, de deuda impagable, de la Junta y los huracanes, el espacio público se ha convertido en una ciénaga de números, de porcientos, tasas y cantidades brutas y netas demasiado diversas, cuestionables y abiertas a interpretación como para poder hacerse una idea justa de lo que está ocurriendo. Por todas partes hay intereses creados y los estudios “científicos” se han convertido en armas de asalto, cuando no, como en el caso de las cuotas e intereses de la deuda, en armas de destrucción masiva.

En días recientes he vuelto a leer un artículo de Caribbean Business del 20 de agosto de 2018 escrito por la periodista Eva Llorens Vélez. En él se da cuenta de un estudio demográfico dirigido por Lyman Stone para uso de la Junta de Control Colonial. Se desprende del mismo que la población de Puerto Rico en 2018 era de 3.1 millones y que ésta declinará por los próximos 30 años. El estudio estima que se achicará a menos de 3 millones para 2024 y a 2.5 millones para 2036 y a tan solo a dos millones en 2050.

Estas predicciones son en extremo dramáticas y apuntan a una catástrofe. Sin embargo, llama la atención la seguridad de éstas, si se tiene en cuenta que se refieren a algo tan volátil e impreciso como los flujos migratorios. Afirmar con tal contundencia que el país seguirá despoblándose durante al menos tres décadas consecutivas, convierte a la demografía en oráculo. El estimado de apenas dos millones de habitantes en 2050 no considera en absoluto, por la frugalidad del dato, la enormidad de acontecimientos que tendrían que darse para que esto fuera así.

A partir de estos números la Junta hizo el plan fiscal vigente. Sin embargo, sin precisar sus razones, la Junta proyectó caídas poblacionales incluso mayores a las anteriormente citadas. Según ésta la población de Puerto Rico descendería a menos de 3 millones en 2020 y a 2.99 millones en 2022. En otras palabras, el camino a la catástrofe se aceleraría.

Para obtener estos resultados, el autor del estudio reconoció que usó los imprecisos datos de la Oficina del Censo estadounidense y de las líneas aéreas. Como es sabido, dada su condición colonial, Puerto Rico no controla sus fronteras y por tanto no puede cuantificar con exactitud las entradas y salidas de viajeros. Todo lo que se diga sobre nuestra emigración –y en este estudio se concluye muchísimo al respecto– se hace, por así decirlo, a grosso modo. No hay números claros, sino amplios estimados o aparentes tendencias. El propio Lyman Stone reconoció que no pudo precisar el número de puertorriqueños, que se estima en decenas de miles, que regresaron al país luego de una ausencia de meses. El aparato investigativo de su estudio no podía cuantificar a aquellos que “por ejemplo partieron en noviembre y regresaron en febrero”.

Tanto la Junta como el gobierno fundamentan sus decisiones y planes de trabajo a partir de este cuerpo de estadísticas. Cabe concluir, luego de lo expuesto, que su posibilidad de exactitud es baja y que su precisión en las predicciones a un plazo de 30 años resulta más que improbable. La Junta y el gobierno dan palos sino a ciegas, al menos en la niebla, pero las consecuencias para el país no son a grosso modo sino harto específicas. Cualquier acuerdo con los acreedores, cualquier venta del patrimonio estatal se hará a partir de la imposición tiránica de los números.

En el artículo de Caribbean Business se recoge un dato más. El autor del estudio demográfico “no puede precisar cómo se vería afectada la población por una reducción del 13.3% del Producto Nacional Bruto estimado para este año en el plan fiscal del territorio ni tampoco cómo le afectará las tasas de muertes, nacimientos o la emigración neta”. La afirmación resulta grotesca porque “concluye” que no puede concluir nada o, que acaso no quiere hacerlo. Sin embargo, irónicamente, es en este punto que se encontrarían los verdaderos hallazgos de este estudio. ¿Qué nos ocurriría si se imponen todo tipo de reducciones que en un año se estiman en 13.3% del PNB? Dicho de otro modo, ¿cuáles serían las consecuencias de la labor de la Junta de Control Colonial en los puertorriqueños? ¿Cuántas muertes, cuán pocos nacimientos, cuántos exilios provocará el plan de reducción de las posibilidades de libertad y vida que se nos imponen?

Colada casi subrepticiamente entre los fríos y groseros números, se puede descubrir el cálculo primordial de la Junta. Se preguntan ¿cuánto se puede apretar sin que desaparezcamos o nos rebelemos? Este es el único asunto en que quisieran no equivocarse. En el fondo los números no son tan importantes por ser a grosso modo.

Ayuda legal para comunidades

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Las organizaciones de ayuda legal también se preparan para procurar que el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares utilice el dinero del Fondo de Recuperación de Desastre para el Desarrollo Comunitario en la reparación de viviendas y desarrollo comunitario. En esa dirección, la organización Hispanic Federation (HF) dio a conocer una inversión inicial de $3.17 millones para colaborar con Ayuda Legal Puerto Rico, la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia y con organizaciones comunitarias para la creación y ejecución de un plan que una las estrategias de recuperación críticas: reparación física de hogares, abogacía colectiva y trabajo legal comunitario.

La iniciativa fue dada a conocer en conferencia de prensa llevada a cabo en el Centro Comunal de la Comunidad Buena Vista, en Santurce, donde hubo una amplia representación de organizaciones comunitarias. La directora de Operaciones en Puerto Rico de HF, Charlotte Gossett Navarro, expresó que el gobierno de Estados Unidos no ha respondido como debía a la emergencia —se refiere a los huracanes Irma y María— y que, aunque Puerto Rico necesita muchos millones de dólares para su recuperación, del poco dinero de los $20 millones que se supone fueron asignados, solo se han aprobado $9.5. Añadió que el Plan de Acción del Gobierno de Puerto Rico no contó con la participación de las comunidades y que ha habido falta de transparencia en el proceso.

En tanto, el planificador David Carrasquillo expuso que la iniciativa de HF de poyar a las organizaciones legales y comunitarias tiene el aspecto novel de que no se están considerando las viviendas por separado, sino que la mesa de trabajo legal es para asegurar que las comunidades tengan acceso a los fondos de recuperación para reconstruirse. La ayuda legal comunitaria —describió— tiene que ver con el acceso a la tierra, con ayudar a identificar necesidades y con hacer un plan de trabajo para atender esas necesidades, tales como infraestructura, desarrollo económico, servicios de salud y otros. 

La directora ejecutiva de ALPR licenciada Ariadna Godreau Aubert agradeció la colaboración de HF: “La subvención de Hispanic Federation nos permite darle forma y continuidad a herramientas de abogacía. Amplificar las voces de las comunidades, llevar educación sobre el derecho a una vivienda digna tras el desastre y promover la participación es vital. El derecho a la recuperación justa requiere que se nos reconozca un rol protagonista y decisivo en el futuro de nuestro país y nuestras viviendas. Para lograrlo, la abogacía es indispensable”. Hizo además la observación de que había que contextualizar la crisis de la vivienda en Puerto Rico como una crisis más amplia que tiene que ver con austeridad, la pérdida de democracia, el mal manejo del desastre por el gobierno local, la alta desigualdad existente, el empobrecimiento que está sacando a la gente del país y con los derechos básicos de las personas que han decidido a quedarse.

Según se informó, en la primera fase HF hará una inversión inicial de $2.23 millones en diez organizaciones sin fines de lucro, cifra que ayudará a reconstruir un mínimo de 150 hogares en diez comunidades. Estas comunidades también recibirán subvenciones de abogacía. Otros $670 mil serán para brindar apoyo de abogacía colectiva comunitaria a veintiún organizaciones sin fines de lucro, lo que a su vez impactará a veinte comunidades.

La iniciativa de HF incluye que, a partir del 19 de marzo, Ayuda Legal tendrá disponible la línea de teléfono 787-957-3106 para ofrecer orientación legal en casos de ejecuciones de hipoteca y para contestar preguntas sobre el derecho a la vivienda en Puerto Rico.