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UPR: Ni escuchan, ni quieren asumir sus responsabilidades

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

La Universidad de Puerto Rico (UPR) tiene una deuda con el Fideicomiso de Retiro por unas aportaciones que no se han pagado. Las pensiones de los jubilados se pagan de dicho fideicomiso. Sin embargo, el dinero para el pago de esta deuda se obtiene del Fondo General, como parte del presupuesto que la administración universitaria saca para cumplir con sus obligaciones, entre estas, las aportaciones al Sistema de Retiro. De ahí que ante el recorte de $71 millones previsto para el próximo año fiscal, el presidente de la principal institución académica del país, Jorge Haddock Acevedo, proponga a escoger entre el pago de las pensiones o el cierre de recintos.

Parecería que esto se trata de una estrategia para poner en contra a los distintos sectores que constituyen la comunidad universitaria. Parecería. Por razón de estas amenazas (las medidas de austeridad y todos los males que hoy trastocan a la universidad), el pasado jueves 24 de octubre, docentes, no docentes y estudiantes declararon un frente unido en defensa de la UPR.

“Un chantaje, y tirar a la misma comunidad universitaria a que se peleen entre ellos. El famoso divide y vencerás. Pero yo creo que la comunidad universitaria se ha dado cuenta de que esto no es así […]”, respondió a CLARIDAD, Jannelle Santana, presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND).

Sobre el tema del retiro, Santana recordó que hace varios meses atrás, tal vez un año, cuando los actuarios presentaron los informes, la licenciada Zoraida Buxó determinó bajar una premisa a cero porque supuestamente no iba a haber reclutamiento en la Universidad. Eso provocó que la deuda actuarial con el Fideicomiso de Retiro se disparara y que, por ende, su pago fuera mayor.

“Es cierto que no se abren convocatorias; pero ves que se abren nombramientos, que se está aumentando una nómina de confianza, vicepresidencias que no existían antes. Definitivamente, hay entrada de empleados a la Universidad. Al bajar esa premisa a cero lo que vas a hacer es que esa deuda actuarial la disparas y entonces el pago a esa deuda es mayor. Eso fue una determinación de ella”, alegó.

La líder sindical señaló que la decisión se tomó en contra de la recomendación hecha por la Junta del Fideicomiso de Retiro. En este punto, aprovechó para exaltar el trabajo realizado por dicha junta para seguir nutriendo ese fideicomiso de retiro para que esté estable.

“Nosotros estamos a 49.6 centavos por cada dólar que se invierte. No estamos hablando de un fondo de retiro que está como está el Fondo General del Retiro de los Empleados del Gobierno. Es un retiro que está sólido. Más allá de todo, es una situación ideológica lo que se está creando aquí”, mencionó.

Santana concluyó que la administración universitaria tiene que tomar las recomendaciones de la Junta del Fideicomiso.

Por otra parte, Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) dijo que el problema no es que hay que hacer pagos al Retiro o que se gaste dinero en los recintos, sino que siguen haciendo recortes. Esos recortes impiden una buena planificación de la estrategia administrativa porque no se puede administrar ni planificar sin conocer el presupuesto que se va a tener, criticó

Rodríguez hizo hincapié en que mientras sigan los recortes a la Universidad, van a seguir estableciendo nuevas políticas de austeridad.

“La Junta de Control Fiscal quiere que se elimine nuestro sistema de retiro como está establecido ahora mismo. Eso es una cuestión ideológica, pero responde a una ausencia de dinero porque no quieren darle el dinero de la Universidad. Van a aumentar los costos de estudios porque van a tener que sacar el dinero para pagar los servicios de la Universidad, que son limitados por los recortes que hay. Entonces, está ligado a todo lo que son esas políticas de austeridad”.

El representante del personal docente de la UPR mencionó que el primer planteamiento respecto a los fondos es no solo descongelar la formula, sino regresar a la fórmula del 9.6%. Lo que, según dijo, es importante porque es el 9.6% de los recaudos de los últimos dos años.

“Si el país entra en crisis y recibe menos dinero, la Universidad inevitablemente tiene que acomodarse a esa reducción que hay en los ingresos del país. Si el país aumenta porque mejora su condición económica, la Universidad mejora al mismo tiempo”.

¿Remodelación o justificar la privatización?

Otra de las cosas que la administración universitaria no ha tomado en cuenta han sido las recomendaciones por parte del sector estudiantil en cuanto a los supuestos planes de remodelación de las residencias universitarias. Entiéndase, ResiCampus y Torre Norte.

En un momento, los estudiantes plantearon que se mantuviera abierta una de las residencias mientras se reparaba la otra; también que la remodelación fuera por parte, cada dos pisos, y se reacomodaran a las personas en la medida que iba avanzando la remodelación. La administración no escuchó esas recomendaciones y prosiguió con el cierre de Torre Norte.

“Hace año y medio cerraron Torre Norte con un plan de dos años para rehabilitar. Torre Norte no se ha tocado. Con el cierre se desalojaron más de 300 estudiantes que no tenían los recursos para vivir en otro lugar que no fuera ese. Van a hacer lo mismo con ResiCampus, bajo falsas premisas, planteándonos que es una remodelación. La remodelación es necesaria, esas residencias no están habitables; pero la opción no puede ser desalojar entre las dos residencias a casi 700 estudiantes que no van a poder estudiar porque la administración, el Gobierno y la JCF se han dado a la tarea de que la universidad no sea accesible”, dijo Maya Rodríguez, portavoz del movimiento estudiantil.

“Esos estudiantes no van a poder venir o no van a tener la capacidad de coger una carga completa y poder graduarse en un momento adecuado porque no tienen la capacidad económica para pagar un apartamento más caro, para comer, echar gasolina, pagar los créditos a $124, y que seguirán aumentando. Porque el plan de la JCF es que lleguemos a un crédito de $200, pero las universidades privadas en este país cuestan eso. Entonces, ¿cuál es el estándar de la universidad pública? ¿En qué momento planteamos que la universidad pública no es accesible?”, añadió.

Rodríguez mencionó también que se está comenzando una campaña en contra de los agresores dentro de la universidad y destacó que “la mayor parte de nosotras tenemos una historia de acoso, hostigamiento o agresión dentro de la universidad. En la medida que la Universidad no hace nada al respecto, nos vemos obligadas a seguir cogiendo clases con estas personas y viéndolos en la Universidad; en esa medida no nos podemos sentir seguras”.

“Los y las estudiantes estamos ahora mismo en unos de los momentos de precarización más alta en la historia. Hay niveles de precarización en términos económicos. Cada vez la Universidad es menos accesible y menos viable para el pueblo”. Abundó en que cada vez esa institución es menos accesible porque sigue aumentando el crédito y sigue creciendo la posibilidad de que sea estrictamente para los sectores ricos del país. A su juicio, con estas medidas también se van alterando y eliminando otros elementos de la cotidianidad de la Universidad: la posibilidad de una universidad segura para la gente negra, feminizada, racializada, queer.

Por estas y otras razones, el Frente Unido exige a las autoridades desistir de las medidas impositivas que afectan al principal centro docente del país. Como parte de las acciones para exponer sus reclamos en defensa de la UPR, el viernes 8 de noviembre, se llevará a cabo una manifestación frente a La Fortaleza, a las 5:00 pm.

Entrevista a Rafael Cancel MirandaA cuarenta años del regreso

Por Cándida Cotto y Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

A 65 años del ataque al Congreso de Estados Unidos por el Comando Nacionalista, integrado por los puertorriqueños Lolita Lebrón, Irvin Flores, Andrés Figueroa Cordero y Rafael Cancel Miranda, este último es el único que sobrevive.

El ataque al Congreso, el primero de marzo de 1954 constituyó una segunda fase del movimiento libertador de la Insurrección Nacionalista de 1950 del Partido Nacionalista liderado por Don Pedro Albizu Campos. Ambas acciones estuvieron en el marco de los movimientos libertadores de otras colonias en el mundo, tras finalizada la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Puerto Rico en particular, el ataque al Congreso de EE. UU. procuró llamar la atención internacional sobre el engaño de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), de que con el “Estado Libre Asociado”, Puerto Rico había resuelto su estatus colonial.

¿Qué no se ha dicho sobre esta acción todavía? es la pregunta con la cual el equipo de CLARIDAD inicia la conversación con Cancel Miranda, sentados a la mesa de comedor de su hogar en Río Piedras. Con su actitud gentil, dispuesto siempre a contar anécdotas, lo mismo de sus 25 años en prisión como de su infancia, y en ocasiones hasta de episodios no conocidos del nacionalismo, después de un breve silencio sonríe y admite que está tratando de pensar porque se ha dicho bastante. Menciona que hay conjeturas de que también había otro grupo, pero da a entender que él no conoce sobre eso.

De lo que sí dice que puede hablar de manera oficial es del momento en que a él se le reclutó. Había regresado a Puerto Rico de Cuba, luego de que Batista lo deportara en agosto de 1952. Ya había estado preso dos años en Tallahassee, en la Florida, por negarse a inscribirse en el servicio militar. Ese primer arresto fue para los años 1948 a 1949, cuando cursaba la escuela superior en la Ramón Baldorioty de Castro, en Santurce. Estudiaba ahí porque ya lo habían botado de las escuelas en Mayagüez, dice él mismo.

Como de todas maneras el FBI insistía encarcelarlo, cuando regresó de Cuba vuelven y lo arrestan por negarse a servir en el servicio militar durante la guerra de Corea, y esta vez lo encierran en la cárcel La Princesa. Fue ahí donde vio al maestro Albizu por última vez.

“Miré la galera y veo a los nacionalistas ensardinaos. Dije: ‘Esta no es la pelea…’ Empecé a crear problemas y no me aceptaron”, describe sobre cómo hizo para que lo dejaran en libertad en esta ocasión y no siguieran insistiendo en su reclutamiento. Se va entonces a Nueva York para hablar con el licenciado Julio Pinto Gandía, que era a quien conocía y en quien confiaba. Aclara que no era que desconfiara de los demás compañeros nacionalistas, sino que conocía a Pinto Gandía desde niño.

“Le explico la situación: que yo iba a estar en Nueva York un tiempito, pero que regresaba a Puerto Rico para unas encomiendas”. Esta vez Cancel Miranda no nos dice cuáles eran esas encomiendas.

Así que se establece en Brooklyn y participa en la Junta Nacionalista. Ya establecido, en una ocasión se le aparece el licenciado Pinto Gandía con Lolita Lebrón a su casa y le dice que quiere hablar con él a solas. “Pero va con Lolita. Ella se queda en una parte de la sala y él y yo nos vamos a un rincón. Yo tenía 23 años, parecía estudiante. La cosa es que me pregunta (Lolita y yo nunca hablamos) que si yo estaba dispuesto a ir a Washington para averiguar cómo se llega al Capitolio. Si me lo pregunta otro le digo vete a nadar al río, pero me lo está preguntando un hombre que yo conocía desde niño, y le digo que sí”.

Su preparación para ir a Washington fue ponerse una chalina y un gabán e ir como estudiante. Ni siquiera preguntó en el camino, por no llamar la atención. “Llego, entro, me siento donde varios días después nos sentamos los cuatro. Pero al regresar a Nueva York tengo otra conversación igual con Pinto”. El asunto de que hablaron fue que Pinto Gandía le dice que ya no había grupo para lo planificado. Aunque indicó en que él nunca preguntó quiénes eran el grupo, su reacción fue: “Bueno, pues vamos a formar uno”.

Cancel Miranda nos justifica su selección: “Irvin participó en la revolución nacionalista, cogió su tirito, tuvimos un programa de radio en Mayagüez, que después lo tuvo Mari Brás, y Andrecito, que ya nos habíamos hecho amigos. Les dije: “Tenemos una encomienda”. Aceptan. Vamos a la estación de trenes”.

Una vez acordado día, hora y lugar para encontrarse en la estación de trenes, el licenciado acude acompañado de Lolita Lebrón. “Ahí es que, para mí, veo que Lolita está en el grupo. Yo sabía que ella sabía, porque andaba con Pinto. Nos abrazamos”. Así se despiden y acuerdan que Pinto Gandía se encargue de la prensa.

Del viaje, narra que él llevaba su arma y la de Lolita y que cuando se le sentaba un gringo al lado creía que era un FBI.

El ataque

“Allí, en Washington, caminamos hasta llegar al Capitolio. A Lolita siempre la recuerdo subiendo esas escaleras… Segura de sí misma”.

Una vez entran al Capitolio: “Estoy disparando. Cuando estoy echando el otro peine, que veo que me están disparando, siento que me agarran. Miro y no veo ni a Lolita, ni a Irvin, ni a Andresito. A Irvin se le trancó la pistola. Estaba acostumbrado a tira y vámonos. Hicimos lo que hicimos. Cuando salgo, veo a Andresito. Creo que lo han matado y le digo mentalmente: ‘Cumpliste, varón’. Veo a Lolita, que la tienen los orangutanes agarrá, y no veo a Irvin. Se le trancó la pistola y se fue caminando. Como era medio rubio… Y la Policía venía subiendo los escalones pistolas en mano, pero creían que Irvin era un gringo. Lo traen después”, narra en su tono fogoso y gesticulando con sus manos. Se refiere al temple de Irvin Flores, quien tras disparar y que se le trancara el arma, salió del Capitolio, siendo arrestado unos minutos más tarde. Los guardias se percatan de él porque se le cayó la pistola en la acera.

Los cuentos del héroe independentista sobre la gesta del grupo no acaban ahí. Uno de esos que dice que le gusta contar es sobre Andresito: “Era el más humilde. Lo veo en el piso. No pudo disparar y se fue puño a puño. Después nos dijo: “La madre de ustedes que diga que no tiré un tiro”.

Hasta del interrogatorio al cual fueron sometidos después del arresto tiene anécdotas: “Nos metían a los cuatro en un cuarto para que identificáramos gente y nosotros decidimos no identificar ni a la abuela: no conocíamos a nadie. En una ocasión dice uno de los agentes: “Si ustedes no cooperan les garantizamos la silla eléctrica, y no estoy exagerando en esto, les garantizamos la silla eléctrica”. Entonces, Andresito levanta la mano: ‘Mi want favor’. No sabía mucho inglés. La cosa es que el agente cree que ya tiene a uno de nosotros que va a delatar hasta las pulgas de la casa y le pregunta: ‘Yes, Mr. Cordero, ¿qué podemos hacer por usted?, porque no queremos hacerle daño’. Entonces Andresito responde: ‘Mi first electric chair’. ¡No nos trajeron más fotos, nos dejaron quietos en la galera!”

Los héroes nacionalistas enfrentaron un primer juicio en Washington, D.C., en el cual sentencian a Lolita a 50 años por asalto a mano armada y a los varones a 75 años (50 por mano armada y 25 por intento de asesinato). Luego los trasladan a Nueva York para un segundo juicio por conspiración sediciosa, en el que le suman seis años a las sentencias.

El regreso a la Patria

En septiembre de este año se cumplieron 40 años del regreso de los héroes nacionalistas a su patria, después de haber cumplido 25 años de cárcel. Sobre la excarcelación recojo las palabras de Cancel Miranda en su libro; Sembrando Patria y Verdades (1998): “Gracias a ustedes, salimos victoriosos, pues les impusimos condiciones a los carceleros y no ellos a nosotros. Entramos de pie y salimos de pie”.

Cuarenta años más tarde, cuando le preguntamos qué recuerda de esa salida, todavía se conmueve: “No tengo que recordarlo… si es una sensación… porque había tantos boricuas, me sentía bien. Mi pueblo está vivo. Estaban con banderas boricuas y exprese algo así. Mi pueblo está vivo me siento bien”.

“Lo que no puede haber en un combatiente revolucionario o revolucionaria es la frustración”

Antes del ataque al Congreso, don Rafael Cancel Miranda vivió 14 meses en Nueva York. Pero esa no era su primera vez allí. A mediados de la década del 40, cuando todavía era un adolescente, su papá quiso que fuera a ver una novia que estudiaba en Manhattan y le pagó el pasaje. Esa fue su primera vez en Nueva York, poco antes ser arrestado en 1949 por negarse a prestar servicio militar.

Estuvo en una prisión en Tallahassee hasta 1951. Hizo dos años y un día. Cuando regresó a Puerto Rico, luego de ser deportado de Cuba por Fulgencio Batista, fue arrestado nuevamente y encerrado en La Princesa en donde vio a don Pedro Albizu Campos por última vez. Sin embargo, no estuvo por mucho en la antigua prisión.

Regresó a Nueva York para hablar con el abogado Julio Pinto Gandía, a quien conoció de niño. Le explicó que su intención era estar solo por un tiempo y que eventualmente regresaría a Puerto Rico para unas encomiendas. Mientras tanto, vivió en Brooklyn en donde participó en la Junta Nacionalista. El presidente del Partido Nacionalista en N.Y. en esos momentos era Francisco Ortiz Medina, Panchito.

En ese período de 14 meses antes del ataque al Congreso, Cancel Miranda, trabajó en una zapatería llamada Edwards Custom Shoes. La tienda estaba en la Quinta Avenida. Era una época difícil, sobre todo para un joven nacionalista. Recuerda que lo tenían visto: “Sabían dónde yo estaba porque llamaron al trabajo”. Preguntaban por él y por Reynaldo Trillas Martínez, quien había participado en la Revolución del 50 y estuvo preso en Tallahassee la primera vez que Cancel Miranda estuvo allí.

Don Rafael nos relató que en una ocasión vino un joven gringo y comenzó a discutir con uno de los dueños de la zapatería. Él lo invitó a pelear afuera de la tienda y “…el gringo se echó para atrás”. Tras el ataque, los hermanos dueños de Edward Custom Shoes declararon a la prensa que si Cancel Miranda salía de la cárcel tendría trabajo en la tienda. Hoy piensa que las expresiones hechas a la prensa por los dueños de la zapatería fueron en muestra de agradecimiento.

Este agradecimiento se multiplica y se extiende hasta el presente. Cuando don Rafa sale a la calle, la gente lo saluda y quiere tomarse una foto con él. Le preguntamos cómo se siente con eso.

“Para mí es un reconocimiento tan grande como la medalla que recibí en Cuba. El abrazo de cada uno y todas las cosas que me dicen demuestra que ellos entienden el porqué del primero de marzo de 1954. Viejos y jóvenes ven el significado de los actos. Expresiones de cariño que muchas veces yo no sé ni que decir. Para mí eso es una responsabilidad más responsable que actuar. Me dan el agradecimiento, no hablo de uno o dos –yo quisiera que Andresito e Irvin pasaran por ese momento–, centenares de personas donde quiera que vamos”.

¿Qué le parece la lucha independentista en la actualidad?

“Hay independentistas que no están identificados. En todos los países hay que bregar con las circunstancias. Uno quisiera entender el porqué la lucha está donde está, pero lo principal es continuar la lucha desde donde sea. En todos los países del mundo siempre ha sido la minoría, incluyendo a EE. UU., la que se ha decidido a luchar contra el poder colonial. Siempre se ha dividido en tres, y Puerto Rico no es la excepción: el que entrega la patria, que es el anexionista; el que lucha por la independencia, que es tener poderes para controlar nuestro destino y la patria, y los del medio, que siempre están entre Dios y el Diablo, los estadolibristas”.

En consecuencia, a esta pregunta manifestó que la experiencia de este verano de 2019 demostró que hay la oportunidad de que el pueblo se junte. Con las protestas la gente se ha dado cuenta de que esto [la situación política del país] no es lo mejor para ellos: “De ahí sale que lo mejor de ser libre, ser dueño de su destino o de lo contrario ser un esclavo”.

Don Rafa se mantiene activo en las redes. No se resiste a la tecnología. A su última publicación en Facebook le respondieron 15 mil lectores.

“Hay que usar la tecnología, aprender lo más que se pueda, porque el enemigo usa esa arma. Se deben usar todos los medios, lo nuevo y lo viejo. El enemigo usa la tecnología contra Cuba, Venezuela: la guerra tecnológica. Hay que conocer cómo están las situaciones y ver qué puede hacer uno, porque se puede”, opinó.

“Lo que no puede haber en un combatiente revolucionario o revolucionaria es la frustración. Cuando se tiene orgullo, cuando se tiene dignidad, no hay poderes en el mundo que te puedan humillar. Va a haber puertorriqueños en lucha siempre. La lucha puede cambiar de formas, pero la cosa es luchar porque hay puertorriqueños que hasta desconocemos que están dispuestos a la pelea”, añadió. Contó que una vez se le acercó un joven y le dijo: “Yo sé quién es usted yo estoy aquí pa’ lo que sea”

Su padre y Albizu fueron su inspiración. Tenía siete años cuando comenzó a formar su conciencia política. En primer grado se negó a jurar la bandera. Sus padres estuvieron en la Masacre de Ponce. Le impactó verlos regresar con las ropas empapadas de sangre. Cuando quiso hacer tiempo de cárcel por su padre, este le dijo: “Cada hombre responde por sus gestiones y hace su propio tiempo”.

En su faceta de escritor, Don Rafael ha publicado 8 libros. El próximo está por salir. “Se escriben solos”, dice. “A través del tiempo, mentalmente, cuando se está en silencio. En la cárcel se escribe mucho”.

El otoño del norte y la primavera del sur, en llamas

“Fuego, fuego, el mundo está en llamas”, cantó Roy Brown en aquella memorable canción (Monón) que Puerto Rico comenzó a escuchar en 1970. Ahora, casi cuarenta años después, el verso del cantor boricua describe muy bien lo que pasa en varios continentes. Ya fuere en el otoño del hemisferio norte o en la primavera del sur, pueblos tradicionalmente “tranquilos” se han tirado a la calle en una inmensa ola de indignación contra abusos acumulados durante décadas. Cataluña, Líbano, Hong Kong Haití y Chile protagonizan estallidos similares al que Puerto Rico experimentó en su más reciente verano.

Como siempre pasa, en cada uno de esos países fue un simple botón el que se abrió para que brotara la indignación acumulada durante muchos años. En Chile fue el decreto que aumentaba la tarifa del metro, principal medio de transportación de trabajadores y estudiantes. Aunque se trataba del cuarto aumento en apenas dos años, que mayormente afectaba a los sectores populares más golpeados, el gobierno del derechista Salvador Piñera esperaba que, como ocurrió con los otros incrementos, todo se quedaría en simples expresiones de molestia. Pero no fue así y, en respeto a la tradición, fueron otra vez los jóvenes estudiantes los que lanzaron el primer grito organizando protestas masivas en las estaciones del metro de la capital.

Tras la vanguardia estudiantil se lanzó el pueblo y las calles de Santiago, Valparaíso y otras ciudades se llenaron de gente que voceaban reclamos mucho más allá que por la subida del metro. La denuncia básica es contra un sistema económico que esencialmente es el mismo que modeló la dictadura de Augusto Pinochet a partir de 1973, tras el violento golpe de estado contra el gobierno popular que presidía Salvador Allende. Ese sistema económico, la más viva expresión del capitalismo salvaje, profundiza cada año niveles extremos de desigualdad social, consolidando una sociedad donde el 1 por ciento se apropia de más del 30% del ingreso. El Chile de 2019 todavía tiene el mismo sistema de pensiones creado por la dictadura de Pinochet en 1981 que, en fiel atención al neoliberalismo clásico, es administrado y dirigido por empresas privadas. El resultado de ese esquema son pensiones miserables y ganancias jugosas para las empresas administradoras.

Pero no es sólo en la estructura económica donde está viva, muy viva, la dictadura que se impuso sobre el pueblo chileno hasta los años noventa. También está muy presente en la superestructura legal porque la constitución que rige sobre la vida diaria de los chilenos y condiciona el sistema político electoral es la misma que diseñó el sátrapa. También siguen pululando por todo el país los funcionarios que sirvieron de sostén al antiguo régimen y, peor aún, la misma oligarquía económica que estimuló el golpe de estado, sigue controlando la economía y acumulando ganancias mientras la desigualdad aumenta. No fue casualidad que uno de los lugares convertidos en símbolos de las protestas populares de los últimos días fuera el edificio del diario El Mercurio. Ese medio, propiedad de una de las principales familias de la oligarquía chilena, fue puntal para la organización y ejecución del golpe de estado de 1973 y luego serviría como sostén ideológico de la dictadura. Cuando su edificio se cubrió con las llamas que lanzaron los jóvenes protestantes los aplausos se escucharon por todo Santiago.

La respuesta del derechista Piñera a las protestas populares también recuerda a Pinochet. Sacó el ejército a las calles y estableció un toque de queda por todo el país. Esas medidas represivas, sin embargo, le echaron gasolina al fuego y las protestas se multiplicaron. Finalmente cedió eliminando el aumento tarifario y hasta se propone hacer un cambio de gabinete, pero eso no ha aplacado el furor popular. La gente está en la calle y allí seguirá exigiendo el entierro definitivo de la dictadura y cambios profundos que ataquen la desigualdad social.

En el Líbano el detonante también fue un impuesto, en particular, a las comunicaciones vía la aplicación WhatsApp, pero igual que en Chile, la verdadera razón es la persistente corrupción gubernamental, la gestión económica y los pésimos servicios públicos. En una sociedad tradicionalmente dividida por sentimientos religiosos, la indignación marchó unida en las calles. Allí también el gobernante corrió a eliminar el impuesto que sirvió como detonante, pero ya era tarde. Similar a Chile y también a Hong Kong, donde tras las protestas el gobierno retiró un proyecto de ley que autorizaba la extradición de convictos a China, en el Líbano las marchas no han amainado. En Haiti las protestas masivas comenzaron hace un año pidiendo la renuncia del presidente, Jovenel Moîse, por el encarecimiento de productos básicos, la paralización parcial del transporte el contrabando y las largas horas registradas en las estaciones de servicio todo producto del problema que enfrentan con la mala utilización y el robo de los fondos del programa de Petrocaribe. Allí han tenido una veintena de muertos, entre ellos un periodista.

El caso chileno también tiene parecidos a España donde la represión vestida de acciones judiciales, apoyada después en las macanas de la policía, está siendo utilizada para tratar de ahogar el reclamo de autodeterminación de los catalanes. Entre sentencias condenatorias de algún tribunal y cargas policiales llevan una década y los reclamos de Cataluña, en lugar de amainar, aumentan. Como en Chile, en España hay un sistema legal y una estructura de gobierno fuertemente influenciado por una reciente dictadura, la del “generalísimo” Francisco Franco. Los crímenes que Pinochet cometió contra los chilenos siguen impunes y también los del franquismo. Pero aún más perniciosa que esa impunidad es la continuidad de los mismos patrones ideológicos nacidos de ambas dictaduras. En España recientemente exhumaron el cadáver de Franco del bochornoso mausoleo donde lo tenía un país supuestamente democrático, pero la “indisoluble unidad” que tanto proclamó el franquismo permea tanto el gobierno central como la judicatura y sirve de justificación para no ceder ante el reclamo catalán.

“El mundo está llamas” anunció Roy Brown en 1970 y Chile, Hong Kong, Cataluña y el Líbano lo confirman.

Reclamemos y construyamos nuestro espacio

Por Luis Pedraza Leduc/Especial para CLARIDAD

Los justos reclamos en defensa de las pensiones y otros derechos negociados en los convenios colectivos del sector público han obtenido cierta receptividad en líderes y sectores de los dos partidos que han gobernado y por lo tanto son responsables de las mismas medidas que hoy aparentemente están dispuestos a enmendar. En la Universidad de Puerto Rico, el presidente Jorge Haddock, descubre que los recortes en el presupuesto no son manejables, excepto si se cierran recintos o se toman otras medidas de austeridad.

Los reclamos de las comunidades afectadas por quema de carbón y emisiones de cenizas, así como las exigencias por un servicio de transportación marítima de excelencia para Vieques y Culebra, encuentran ser escuchadas por la Gobernadora, solo eso, escuchadas.

A un año de las próximas elecciones, los aspirantes e incumbentes a cargos públicos simpatizan con las justas causas que ayer le eran indiferentes. Buscan responsabilizar a otros por lo que ellos han hecho por las pasadas décadas que han gobernado. Su apertura a escuchar y hasta actuar, se estrella con el historial (limitado por razones de espacio) de estos a privatizaciones de servicios públicos, despidos de trabajadores, casos de corrupción, legislación para eliminar derechos laborales, impuestos al consumo, cierre de escuelas, desregulación del mercado, el abandono al ambiente, y sobre todo, su alineamiento a la letra de la ley PROMESA, el Congreso y las directrices de los asesores privados que nos imponen pagar.

Ante esta realidad, nadie debe llamarse a engaño. Más allá de los cantos de sirena electorales, la agenda de los sindicalistas comprometidos por una transformación social en favor de la clase trabajadora tiene que asumir la agenda de una constante denuncia de las acciones del capital. Tenemos que luchar de manera abierta en contra de las políticas neoliberales (sociales, económicas, ideológicas y políticas), en contra de los intereses de los emporios financieros y de las estructuras del capitalismo internacional. Poder explicar y describir de manera comprensible porque ocurrió el verano 2019 en nuestro país, qué relación tiene con el paquetazo en Ecuador, la corrupción en el Perú, los procesos electorales en Bolivia, Argentina y Brasil, el bloqueo a Venezuela y Cuba, y sobre todo, porque no reconocemos las luchas en la calle del pueblo haitiano como las sentimos hacia el pueblo chileno. Explicar el qué, cómo y para qué se suceden los eventos se impone.

Las preferencias y objetivos electorales de los sectores más alertas y progresistas no deben confundir a nadie. Tampoco los cantos de sirena de los colonialistas. Todo lo contrario, el momento exige desmontar la realidad, explotación y dominio de los grandes intereses económicos sobre la clase trabajadora y el pueblo. Solo así identificaremos las acciones correctas a seguir.

La educación y formación sindical debe ser prioridad hacia nuestras matrículas. Practicar la Solidaridad debe ser la guía en todas nuestras acciones públicas e internas. Con desprendimientos, no pensando en el logro inmediato a recibir, sino en el logro a mediano y largo plazo a construir.

Específicamente, debemos salir a la calle a exigir la restitución de nuestros derechos sindicales y laborales. Los tribunales no nos darán la razón a menos que la lucha obligue a reconocer lo que por siglos otros lucharon y obtuvieron para nosotros. Hay que revertir las limitaciones impuestas por la ley PROMESA y todas las leyes aprobadas al amparo de esta en el 2017. Exigir el respeto a la negociación colectiva y los convenios negociados se impone. Las acciones dirigidas en este sentido, deben lograr movilizaciones e importantes victorias colectivas, con el esfuerzo de todos, que nos impartan confianza y fe en la lucha sindical y política.

A un lado deben quedar las promesas o acuerdos con políticos o aquellos llamados acuerdos promovidos por la Junta de Control Fiscal. Estos solo serán válidos en la medida que surjan de la lucha, pero si por el contrario, surgen para evitar la lucha o desmovilizar a quienes están en la calle, entonces debemos levantar bandera y revisar cuidadosamente las consecuencias.

No podemos legitimar ni el Plan Fiscal de la JCF, ni los acuerdos para pagar o reestructurar la ilegal deuda, llámese COFINA, Plan de Ajuste de Obligaciones Generales o reestructuración de la deuda de la AEE. Estos acuerdos son la gran estafa a nuestro pueblo.

Estafa que comienza con la creencia de que la deuda es nuestra y debemos pagarla. Luego nos presentan alegados acuerdos que no pagan o saldan deuda alguna. Por el contrario, los llamados acuerdos solo refinancian la ilegal deuda, comprometiendo la vida de las futuras generaciones con un condena de deuda asegurada por más de cuarenta, 40, años.

Y no menos importante, ya que es la esencia del problema para Puerto Rico, no podemos olvidar que todo lo que nos ocurre en nuestro país surge de la naturaleza colonial de un sistema impuesto por la fuerza militar de Estados Unidos y articulado legalmente por el Congreso y el Tribunal Federal.

La abogada que honrosamente defendió la posición de la UTIER sobre la ilegalidad de los nombramientos de los miembros de la JCF en el Tribunal Federal el pasado 16 de octubre hizo énfasis en la urgencia de revisar los Casos Insulares que permiten el colonialismo en Puerto Rico. La respuesta del Tribunal Federal fue elocuente, “no vemos la pertinencia”. Es obvio, que ellos quieren seguir cobrando deuda, ese es el negocio del capital y la colonia sirve para ello.

La abogada Jessica Méndez Colberg, ha hecho su parte dignamente. Nos toca a los dirigentes sindicales comprometidos echar el resto.

¿Cuándo acabarán los abusos contra estudiantes de educación especial?

Por Josefina Pantoja Oquendo/Especial para CLARIDAD

Comencé a trabajar en la defensa de las niñas, niños y jóvenes con diversidad funcional en el 1993. Para entonces ya la Lic. Georgina Candal y el Lic. Heriberto Quiñones, de Servicios Legales de Puerto Rico, habían presentado el caso que se conoce como Rosa Lydia Vélez vs ELA. El ya fallecido y valiente juez de Primera Instancia, posteriormente integrante del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Peter Ortiz, certificó la acción legal como una de clase y emitió un Injunction Preliminar para detener los desmanes y violaciones de derecho en los que estaba incurriendo el entonces Departamento de Instrucción Pública, que estaban registrados en el Programa de Educación Especial. Itzamar, la hija de Doña Rosa Lydia Vélez, era una de esas estudiantes. Para entonces ni siquiera había un procedimiento de querellas organizado, los grupos eran separados de la población típica y conseguir servicios educativos, las terapias necesarias y otros apoyos era un calvario. No había consecuencias a tales actos abusivos. Tratándose de un problema generalizado, el Juez Ortiz determinó que de la misma forma había que tratarlo. Tuve la oportunidad de ser abogada del caso hasta el 1996, cuando una reglamentación federal instada por el gobierno republicano Estados Unidos le prohibió a los programas de Servicios Legales representar demandas de clase.

Importantes progresos se han logrado a través del pleito, siempre enfrentando la burocracia gubernamental, la falta de voluntad y transparencia y, en no pocos casos, de sensibilidad, sin importar el color político que prevalezca en la Fortaleza y el Capitolio. En el 2002, la ex jueza Sonia Vélez emitió la sentencia final en el caso por estipulación entre las partes. El Tribunal mantiene una monitoría constante que ha evidenciado el incumplimiento continuo por el Departamento de Educación por lo que ha sido obligado a pagar multas diarias, que al día de hoy son de cinco mil dólares. Parte de ese dinero es devuelto a la clase por medio de servicios que ofrecen entidades no gubernamentales a través de propuestas.

A pesar de todos los tropiezos que el estudiantado con diversidad funcional y sus familias han enfrentado, el activismo de éstas y de las organizaciones que les apoyan ha logrado mantener sus reclamos de equidad en el ojo público. Cuentan además, con la protección constitucional a la educación y con legislación de Puerto Rico y de Estados Unidos que exigen una educación pública e individualizada para atender sus necesidades. La Federal conlleva además, millonarias asignaciones de dinero para que se ofrezcan unas garantías procesales. Ha trascendido que desde hace unos meses el Departamento está en sindicatura con relación a los fondos que provienen de Estados Unidos. La controversia sobre la disponibilidad de dinero para cubrir las necesidades del Programa de Educación Especial ha sido noticia de primera plana, casi a diario. Las informaciones que provienen del secretario de la agencia y de la Junta de Control Fiscal son contradictorias en cuanto a quién es responsable de que el dinero para los servicios esté en riesgo.

Mientras tanto, otro grave peligro amenaza a esta vulnerable población. Se trata de un proyecto de ley iniciativa del representante a la Cámara y también Secretario del Partido Nuevo Progresista (PNP), June Rivera. La legislación tiene el propósito de derogar la Ley 51 de Educación Especial, dirigida a estudiantes con diversidad funcional. Aunque en muchas de sus partes la propuesta constituye una traducción literal de la ley federal (IDEIA, por sus siglas en inglés), lo que es totalmente innecesario, trae consigo disposiciones que perjudicarían a este sector de la sociedad. Para señalar solo algunas: Excluiría de la protección de la ley infantes desde que nacen y hasta que cumplen tres años; aumentaría los términos para las determinaciones de elegibilidad e inicio de servicios en contradicción con lo establecido en la sentencia del pleito de clase; crea un entarimado burocrático en las regiones educativas con una cantidad de puestos sorprendente; incrementaría la ya alta politización partidista en la agencia porque la persona a cargo de la secretaría especial de Educación Especial sería designada por la gobernadora con la confirmación del Senado. Peor aún, las juezas y jueces que adjudican las querellas por violación de derechos y garantías procesales, también serían nombradas por Fortaleza y confirmadas en el Senado, incluyendo uno de los puestos que administraría la Unidad Secretarial de Querellas. Sabemos que, igual que ocurre con los nombramientos a la Rama Judicial, el criterio de selección favorito será el de las palas políticas. La persona que administre tendrá un salario equivalente al de un juez superior. Los demás ganarán lo que un juez municipal. ¿De dónde va a salir la enorme cantidad de dinero que tal esquema conllevaría? ¿Quién se va a beneficiar con todo esto?

El proyecto crea también la figura del “Defensor de Menores con Diversidad Funcional”, al mismo tiempo que se crearía una “Junta Examinadora de Defensores Judiciales” en el Departamento de Estado que les expediría licencias, les cobraría cuotas y podría imponerles multas. Tendrían que tomar cursos con organizaciones no gubernamentales sobre los temas que la Junta establezca. Por supuesto, los nombramientos a la Junta también serían hechos por la Gobernadora. ¿Cuáles son esas organizaciones que ofrecerán cursos, por qué tantos requisitos para personas a las que solo se les requeriría diploma de escuela superior y que sean ciudadanos americanos, como si este último requisito les hiciera más capaces? Haciéndome eco de la sabiduría del refranero popular, “Aquí hay gato encerrado”.

El peligroso proyecto de ley al que estamos haciendo referencia ya fue aprobado el año pasado por ambos cuerpos legislativos, pero la Junta de Control Fiscal advirtió de su improcedencia por los altos costos que conllevaba y el entonces y luego botado gobernador Roselló, lo vetó. Poco después el representante Rivera volvió a presentarlo y ya fue aprobado por la Cámara con el voto en contra de las minorías, del Presidente del Cuerpo y de un representante de la mayoría no vidente. Lo hicieron a la carrera y sin celebrar vistas. Ahora el Proyecto 1945 está en el senado donde se han estado celebrando vistas, en las cuales las organizaciones con un gran historial en defensa de la población de Educación Especial se han opuesto vehementemente al Proyecto. Existe un consenso por parte de las familias y de las organizaciones que trabajan con la población de estudiantes con diversidad funcional de que la legislación propuesta atenta contra su bienestar y que no responde a sus necesidades. Por el contrario, les quita reivindicaciones ya alcanzadas, añadiría partidismo y politización a los muchos problemas que hay para acceder a los servicios, conllevaría un incremento en gastos que no redundarían en su beneficio, sino en mayor burocracia. Parecería tener el propósito de favorecer intereses ajenos a una población cuyos derechos ya han sido violentados en demasía. Como dice otro sabio refrán, “Se juntaron el hambre y la necesidad”: la falta de fondos por el mal manejo administrativo y la aprobación del proyecto de ley proveniente de un representante que por nada se ha destacado en la Legislatura, excepto por ser el Secretario del partido en el poder. Como en el verano de 2019 hay que hacer lo necesario para evitar un abuso más contra la población de Ecuación Especial.