CLARIDAD

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Organizaciones activistas defensoras de los derechos civiles, otras que abogan por la auditoria de la deuda y en contra del acuerdo de COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), en contra de la represión, expresaron su rechazo al arresto y radicación de cargos contra la maestra de música, Elimar Alicia Chardón, por sus llamadas a la jueza Laura Taylor Swain, repudiando la aprobación del acuerdo de COFINA.

En lo que parece ser un nuevo caso de represión en contra de personas que se manifiestan contra la Ley Promesa, su Junta de Control Fiscal (JCF) y la jueza quien atiende todos los casos relacionados a la Ley Promesa, el miércoles 27 de febrero la maestra Chardón, fue dejada en libertad bajo fianza luego de cinco día de encarcelamiento en el Centro de Detención Federal, en Guaynabo. La maestra fue acusada de haber dejado tres mensajes amenazantes en el teléfono de la juez Taylor Swain. El magistrado del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico (el llamado Tribunal Federal) Bruce McGuiverin, le fijo una fianza no asegurada de $10 mil dólares, la cual no tuvo que pagar. Los abogados de Chardón informaron que la fiscalía tiene hasta el 8 de marzo para presentar el caso ante un “Gran Jurado”. 

Durante el proceso de la vista de fianza el miércoles representantes de variadas organizaciones manifestaron su solidaridad con la joven maestra de la Escuela Loaiza Cordero, frente al tribunal. Entre las organizaciones que defendieron la acción de Chardón se encuentra el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda (FCAD), en comunicado de prensa recordó que junto a la organización con base en New York, Diáspora en Resistencia, hicieron una convocatoria amplia para que la ciudadanía llamara y enviara cartas a la jueza Swain, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, con el propósito de mostrar el rechazo del pueblo al acuerdo de COFINA, por sus terribles consecuencias para el país en los próximos 40 años. 

El Frente se atribuyó que su convocatoria fue una exitosa y que cientos de personas llamaron y enviaron cartas, y que recogieron más de 40,000 firmas en rechazo al acuerdo. “A la misma jueza Swain no le quedó más remedio que reconocer la magnitud del descontento ciudadano. En fin, las llamadas de Elimar no fueron acciones aisladas, ella es la voz de miles de personas en Puerto Rico que no pudimos dormir ese día ante la terrible noticia de la decisión de Swain”, expresó la Lcda. Eva L. Prados Rodríguez, portavoz del Frente. 

La licenciada Prados Rodríguez resaltó que no debe pasarse por alto que la intervención del FBI contra Chardón se da dentro del contexto de un país que ha sido azotado por décadas de políticas de austeridad que han desmantelado las instituciones públicas, han eliminado derechos adquiridos y han despedido a decenas de miles de empleados públicos. Señaló que, en el contexto de la educación pública, desde donde Chardón se desenvuelve, el Gobierno y la Junta han provocado el cierre de sobre 400 escuelas en los últimos años y ahora proponen recortar severamente el pago de pensiones a los maestros jubilados. “En este sentido, las expresiones de Elimar no sólo son una manifestación de su ejercicio del derecho a la libertad de expresión, sino que son un reflejo de la rabia y la desesperación provocada por la realización de que el Gobierno y la Junta están construyendo un nuevo país en el que las personas como Elimar no tienen cabida”, añadió. 

Mientras la portavoz de la Diáspora en Resistencia, María Torres-López, en el mismo comunicado expresó que; “¡Elimar Chardón Sierra tiene todo nuestro apoyo”! En esa línea defendió que la campaña en la que participó la organización se creó porque sabían que el sistema no les daría acceso a los Tribunales de EEUU, algo que han visto a lo largo de nuestra historia. 

“Los puertorriqueños han sido siempre eliminados de estos procesos de toma de decisiones. Sin embargo, seguimos adelante y nuestras voces se escucharon. Esta acción tomada por el FBI es una forma de intimidación en contra de quienes levantaron sus voces. Los puertorriqueños conocemos de antemano esta táctica y siendo los descendientes de aquellos que ellos no pudieron silenciar, sabemos que nuestra capacidad de unión y fuerza en números es nuestra mejor arma, ¡y sabemos cómo usarla”!.

En tanto la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, capítulo de Puerto Rico (AIPR) Liza Gallardo, censuró que el accionar del aparato federal es completamente desproporcionado y discriminatorio contra esta joven maestra, “que sólo levantó el teléfono para ejercer su derecho a expresarse, y ejemplifica el sentir de frustración y desasosiego ante la terrible decisión de la jueza Swain al aprobar el Plan de Ajuste de COFINA”. AIPR acusó que no se puede más que pensar que lo que está detrás de todo esto es utilizar a esta joven para intentar amedrentar e intimidar al pueblo puertorriqueño que se está levantando en protesta”. 

Gallardo además denunció que era insólito pensar que alguien pueda estar seis días encarcelada por manifestarse ante la grabadora telefónica de la oficina de una funcionaria pública federal que tiene más poder decisional sobre el destino de todo el pueblo de Puerto Rico. Además de que esto era una práctica en extremo peligrosa del FBI, sobre todo porque se ejecuta en el contexto de un ejercicio de expresión protegido por nuestra Constitución y la de Estados Unidos. 

Por último Mari Mari Narváez, portavoz de la organización Kilómetro O, la cual entre otros temas trabaja el de los derechos civiles y sigue el proceso de la reforma de la Policía, observó que: “El caso contra Elimar Chardón Sierra parece más bien otro intento del gobierno federal de intimidar y desincentivar la protesta en Puerto Rico mediante la exhibición de una especie de “escarmiento” público, especialmente a mujeres jóvenes que luchan. Esto lo denunciaremos y lo combatiremos hasta las últimas consecuencias”. 

Las organizaciones han lanzado una campaña de firmas de apoyo a la joven maestra a través de change.org. 

Por Internews Service

La la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) informó hoy 1ro. de marzo que pedirá una reconsideración al panel de jueces que preside el juez Juan Torruella para que se declaren inválidas las acciones tomadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y se suspendan sus operaciones.

La petición se debe, según la UTIER, a que el mismo Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia que determinó que los nombramientos de los miembros de la JSF son inconstitucionales por haber sido nombrados sin cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos.

El presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, explicó que en la demanda que presentó el sindicato, además de buscar probar la inconstitucionalidad de los nombramientos, habían solicitado la anulación de las determinaciones previas de la Junta y la suspensión de sus operaciones.

“En nuestra demanda queríamos demostrar que los nombramientos eran inconstitucionales, eso ya lo logramos, pero también pedimos que se dejaran sin efecto las acciones y decisiones que había tomado la Junta y que suspendieran su operaciones, y eso es lo que nos falta lograr. Por eso, hemos tomado la determinación junto a nuestro equipo legal de pedirle al juez Torruella y al panel de jueces que preside que reconsidere la decisión de dejar sin efecto lo realizado por la Junta, porque si ilegales son sus nombramientos, igual de ilegales son sus acciones”, expresó Figueroa Jaramillo.

Mientras, Rolando Emmanuelli Jiménez, representante legal de la UTIER, explicó que la determinación del Tribunal de no anular las decisiones de la Junta y mantener su funcionamiento se basó en la doctrina de oficial de facto “bajo la premisa de que los miembros de la Junta actuaron en sus posiciones sin la apariencia de ser intrusos o usurpadores de esos cargos, con buena fe y que sus puestos nunca estuvieron bajo ataque”.

“Los miembros de la Junta supieron que sus nombramientos estaban seriamente cuestionados por motivos constitucionales, cuando la Utier presentó su demanda cuestionando su legitimidad para actuar. A partir de ese momento, no se puede argumentar que tuvieron buena fe para mantener sus posiciones sin que se pensara que eran intrusos y usurpadores, particularmente cuando la única defensa sustantiva que presentaron para oponerse a la reclamación de inconstitucionalidad fue la Cláusula de los Territorios interpretada por los desacreditados Casos Insulares”, explicó el licenciado.

Agregó que “la situación se vuelve insostenible cuando se tiene en cuenta que después de la sentencia en este caso, no hay forma de alegar o sostener razonablemente la existencia de buena fe en el ejercicio de las funciones de la Junta y su ilegalidad continuará dañando los derechos de la Utier y las pocas prerrogativas democráticas que le restan al pueblo puertorriqueño”.

Emmanuelli Jiménez argumentó también que el panel del Tribunal “ha pasado por alto o ha interpretado incorrectamente los hechos de este caso en relación con el requisito de buena fe de la doctrina del funcionario de facto. Por lo que también entiende, si el panel que preside el Juez Torruella no reconsidera, procede la celebración de una audiencia del pleno del Tribunal, porque este caso implica una o más cuestiones de importancia fundamental que deben atenderse de manera urgente”.

El abogado adelantó que “pediremos la reconsideración al pleno de jueces para argumentar que los miembros de la Junta continúan ejerciendo sus poderes absolutistas que ahora sabemos con certeza son nulos y sin valor. Por lo tanto, bajo estas circunstancias, no solo la Junta está actuando sin autoridad legal, sino que está en total violación de los derechos políticos y humanos de la Utier y del pueblo de Puerto Rico”.

Entre tanto, el presidente de la Utier recalcó el logro del sindicato ante la determinación del Tribunal de Apelaciones de Boston sobre el caso sometido y la importancia de llevarlo hasta las últimas consecuencias.

“La determinación que se logró con el caso que llevó la Utier es un gran adelanto para todos los puertorriqueños y nos permite seguir demostrando que la Junta de Control Fiscal y sus acciones son inválidas e ilegales. Siempre les he dicho que no pierdan la fe, y si prevalecimos demostrando que los nombramientos eran ilegales, ahora prevaleceremos también demostrando que todo lo que le han hecho al pueblo es ilegal también”, puntualizó Figueroa Jaramillo.

Inspirada en la solidaridad que caracteriza a
Ana Belén, la Mesa decidió aunar esfuerzos y brindar ayuda humanitaria a los niños de una escuela rural en el barrio Pozas de Ciales, y apoyar las iniciativas comunitarias en favor de los damnificados por el huracán María en los pueblos de
Humacao, Comerío, Utuado y Yabucoa.

La Mesa de trabajo por Ana Belén Montes en Puerto Rico anuncia la nueva fase de su campaña solidaria en apoyo a la prisionera de consciencia puertorriqueña. Aunque su actual fecha de excarcelación está en el 2023, una ley aprobada hace apenas un mes podría adelantar esa fecha.

“La ley ‘First Step Act’ constituye un primer paso hacia una reforma amplia que busca reducir la población carcelaria en Estados Unidos, como resultado de una política racista que ha criminalizado la pobreza y promovido uno de los regímenes más punitivos del mundo”, explica la licenciada Linda Backiel, que forma parte del equipo legal de Montes.

“Algunas de las dispociones aplican automáticamente a todos los presos, como es la acreditación de siete días por cada año cumplido. Otras podrían podrían o no tener algún impacto en el caso de Ana Belén. Como la ley es nueva, hay que ver cómo se interpreta y se aplica a los casos individuales. El caso de Ana Belén podría tratarse de manera distinta a los demás”, afirmó su abogada.

Ana Belén, que ya ha cumplido 18 años bajo condiciones extremas de confinamiento, fue

diagnosticada con cáncer del seno a finales del 2016. 

La buena noticia de una excarcelación temprana, además de ser un motivo de alegría para los que apoyan a la prisionera de conciencia, obliga a la Mesa de trabajo a reorientar su campaña considerando esta fase de su vida carcelaria y su eventual reintegración a la comunidad.

“Estamos emocionados con la posibilidad de que Ana regrese antes de lo esperado”, expresó Miriam Montes Mock, su prima hermana y portavoz de la Mesa.

“Sabemos que quedan unos años, pero nos toca ahora identificar las formas de

apoyarla mientras enfrenta la última fase de su vida carcelaria y su próxima reintegración a la comunidad. Ana ha demostrado ser una mujer sensible, brillante y generosa, y estamos deseosos de que regrese a casa. Ya empezamos a explorar los recursos que necesitará cuando salga. Eso nos asegurará que reciba atención médica adecuada, además de apoyo físico y emocional”, puntualizó Montes Mock.

“Puerto Rico es un pueblo generoso. Ana ha recibido en la distancia muchísimas muestras de afecto y reconocimiento que, según yo entiendo, la han conmovido profundamente”, señaló su prima, y recalcó que “ahora más que nunca necesita que estemos a su lado”.

La Mesa de trabajo por Ana Belén Montes se fundó en diciembre de 2015 con el fin de dar a conocer a esta valiente mujer que fue condenada a 25 años de cárcel por haber provisto información clasificada al gobierno de Cuba durante los años más cruentos de la Guerra Fría. Luego de la histórica visita a Cuba del expresidente de Estados Unidos Barak Obama, el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, y durante el Año del Jubileo proclamado por el Papa Francisco, la Mesa generó apoyo internacional para gestionar una solicitud de conmutación de la pena impuesta. La misma se retiró luego de que Donald Trump asumiera la presidencia de los Estados Unidos.

Inspirada en la solidaridad que caracteriza a Ana Belén, la Mesa decidió aunar esfuerzos y brindar ayuda humanitaria a los niños de una escuela rural en el barrio Pozas de Ciales, y apoyar las iniciativas comunitarias en favor de los damnificados por el huracán María en los pueblos de Humacao, Comerío, Utuado y Yabucoa.

Aquellos interesados en colaborar de alguna manera, se agradece su atención a las actividades culturales y de promoción a la salud que pronto se anunciarán.

¡Ana Belén es nuestra! ¡Hasta tu regreso, querida Ana!

¡8M contra la Deuda!, por segundo año consecutivo el movimiento feminista conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, denunciando la imposición de la Junta de Control Fiscal y sus actuaciones. 

Este año en lugar de marchar la Coalición 8 de marzo, convoca a una concentración frente al edificio UBS, donde radican las oficinas de la JCF en la avenida Muñoz Rivera, esquina calle Chardón, a partir de las 3:00 de la tarde. 

La consigna 8 contra la deuda representa el rechazo de las mujeres de anteponer el pago de la deuda ilegal pública a las necesidades de toda la población. La Coalición señala que estos ocho reclamos son; salud pública, educación, autonomía de los cuerpos, trabajo, inmigración, seguridad pública, erradicación de la violencia machista y vivienda. Durante la manifestación habrá también un reconocimiento a las personas transgénero.