Tal parece que nuestra Comisionada Residente fue sorprendida durmiendo, soñando con la Estadidad, cuando el Congreso consideró la Ley Agrícola, que prohíbe las peleas de gallos, pues ella no se dio cuenta que nos afectaba en esa forma. ¿O será que ella se opone a las mismas y no se atreve admitirlo?.

Tan pronto se enteró de la reacción en Puerto Rico trató de quedar bien con los galleros diciendo que iba a proponer una enmienda, pero ni ella ni el gobernador han hecho nada al respecto.

Supuestamente los gringos se oponen al deporte de los gallos porque afecta la calidad de vida de esas aves. Sugiero que la Comisionada no pierda el tiempo hablando de la Estadidad, que nunca llegará, y se concentre en explicarle al Congreso que los gallos de pelea tienen mejor calidad de vida que los manilos. Los gallos de raza son cuidados, amados y mimados por sus dueños contrario a los demás que terminan en la olla o a los tres o cuatro meses de vida.  Después de terminada su vida útil en las galleras siguen siendo cuidados y alimentados para castar las próximas crías.

También les puede aclarar que los galleros no van a renunciar a su devoción por esa actividad. Solo van a eliminar las galleras, pero casarán peleas ilegales en los campos. Las galleras se mudarán a la República  Dominicana que va a recibir muchas divisas relacionadas con el cuido de los gallos, viajes y estadías en los hoteles para ver las peleas.

Por otro lado a los norteamericanos también les va a costar porque los empleados en la Industria gallística pasarán a la fila de los cupones.

Ing. Víctor M. Carlo

CLARIDAD
gvazquez@claridadpuertorico.com

No quedan dudas de que la austeridad impuesta por la Junta de Control Fiscal, acatada por sus lacayos, es adversa al desarrollo social y económico de Puerto Rico. Pero nunca está de más recalcarlo. La salud y la educación pública, en particular, la Universidad de Puerto, son objeto de medidas excesivas que incluso fueron cuestionadas hace unas semanas por cuatro congresistas.
Continúan los recortes al Fondo General y las pensiones de los empleados. También los aumentos en la matrícula para un sector estudiantil cada vez más empobrecido. Mientras tanto, la administración universitaria se allana a los dictámenes de la JCF y se mantiene boyante. Despilfarran en salarios de $240 mil, hasta millones en contratos dudosos con el gobierno y allegados.
Pero eso no es suficiente. Como parte del plan fiscal para la UPR, la Junta de Control ha pedido eliminar las exenciones, y así se ha hecho. Se ha eliminado el derecho a que los hijos de los empleados de la universidad y los atletas, entre otros estudiantes reciban exención de matrícula para estudiar. Eso pretenden contrarrestarlo con la nueva política de ayudas económicas, pero al momento de pagar la matrícula, los estudiantes se ven “asfixiados”, dijo el profesor retirado, Félix Córdova.
La semana pasada, al inicio de clases, 1,400 estudiantes de la UPR en Río Piedras no habían podido matricularse. La administración universitaria dijo a los medios que eso era común. Como alternativa, sugirió a los estudiantes acogerse a una prórroga, argumentando que con la nueva política podrían pagar eventualmente sus estudios. Sin embargo, no hay garantías de que el nuevo sistema de ayudas económicas vaya a implementarse adecuadamente. Al momento de solicitar la ayuda, el estudiante tampoco tiene la certeza de que pueda cualificar.
“Yo creo que es un poquito prematuro decir con tanta seguridad que es un número, que esto ocurre todos los años, porque, primero, la política de ayudas económicas ni siquiera se ha implementado en su totalidad en todos los recintos. Segundo, a nadie se le ha brindado un desglose de la razón por la cual esos estudiantes se quedaron sin matricularse”, dijo la representante estudiantil Naomy Rivera Rodríguez.
Los entrevistados coincidieron en que la política fue aprobada prematuramente y sin ser estudiada, para cumplir con la Junta. Que no pensaron en el bienestar de los estudiantes y profesores ni en las consecuencias que esto tendría a nivel de los recintos.
Por su parte, Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) dijo contundentemente que “esa nueva política ha resultado ser un desastre”.
El profesor de sociología en la UPR en Cayey mencionó que en ese recinto “la rectora les dijo a los estudiantes que ella no sabía cómo manejar esa política. El asunto procesal ha sido desastroso. Además, esa política viene con la eliminación de unos derechos, como la eliminación de exenciones para hijos de empleados y profesores, exenciones a atletas y a los estudiantes de honor, etcétera”. Siguiendo esa línea, Córdova, sostuvo que se trata de “ir desmantelando las conquistas de los convenios colectivos”.
Decía Joseph Goebbels que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. La administración universitaria sigue diciendo que todo está bien, pero lo que está sucediendo tiene un efecto directo sobre estudiantes y profesores. Unos se quedan sin clases y otros sin trabajo. Los índices de graduación y de retención que se evalúan para la acreditación son igualmente afectados. “Esto tiene la capacidad de dañarle las condiciones de estudio y de trabajo a todos los sectores de la UPR”, sentenció Rodríguez.
Rivera Rodríguez sugirió que ante la incertidumbre que representa la nueva política de ayudas económicas, una opción sería atrasar su implementación hasta que haya una idea más clara de cómo funcionará. En otras palabras, “que se sigan otorgando las ayudas económicas de la manera que se llevaba haciendo hasta este semestre”.
El primer centro docente del país atraviesa una crisis, sin antes ser definido como servicio esencial, pero los administradores se niegan a exigir que se declare como tal. No obstante, continúa en juego el desarrollo cultural, intelectual y económico del país.

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Falta de transparencia, visos de corrupción, favoritismo hacia unos desarrolladores e inversionistas, una intención consciente de engañar desde el anuncio de vista pública, es lo que envuelven los cambios al Mapa de Calificación de Suelo (MCS) que propone la Junta de Planificación (JP). Estas y otras denuncias fueron lanzadas por los planificadores, David Carrasquillo Medrano, José Rivera Santana y Pedro Cardona Roig, durante un foro auspiciado por el Movimiento Unión Soberanista (MUS), respecto al proceso y las consecuencias de los cambios que propone la JP. 

El planificador Carrasquillo Medrano, puso en contexto que los cambios al MCS surgen a raíz de la aprobación de la Reforma de Permisos, (Ley 19 de abril de 2017). Señaló que la rapidez con que se aprobó la ley, el ambiente hostil en que describió se dieron las vistas públicas, la cantidad de páginas que tiene la ley (250) y la cantidad de cambios que propuso, en esencia la ley cambia la visión de lo que es el desarrollo. Explicó y criticó que el axioma que mueve esta reforma de permisos es que el proceso de planificación tiene que cambiar para que los permisos sean más rápidos argumentando que los permisos rápidos es igual a desarrollo económico. 

Continuó que aunque la ley dispone que se uniforme la reglamentación de los permisos y que se haga una sola nomenclatura de las calificaciones –en aquel momento había unas 80 y ahora la JP propone 20– la ley no dice el cómo hacerlo. Carrasquillo Medrano dijo que era incorrecto las alegaciones de la presidenta de la JP, de que el procedimiento que está llevando a cabo es la única forma de hacerlo bajo el mandato de la Ley 19 de abril de 2017. 

“No solo incorrecto sino que se podría cuestionar la legalización de la ley al ir en contra de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, entre otras leyes”. 

El vicepresidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP), denunció que era imposible hacer un análisis de los cambios que propone la JP para un millón 503 mil parcelas que hay en todo Puerto Rico en los cuatro días de antelación con que la Junta anunció la celebración de las vistas públicas y menos aun con las herramientas que se dieron para hacer el análisis. “Ahora donde estamos no tenemos las herramientas correctas para hacer el análisis de qué es lo que contienen los mapas”, reiteró. 

En tanto el planificador y arquitecto Cardona Roig, comenzó por aludir que el Plan de Uso de Terrenos (PU), el cual se supone rige la planificación del país, “se aprobó con sudor y sangre y tuvimos que mover cielo y tierra por todos los canales posible para lograr que el PUT se aprobara”, con lo que quiso significar que ahora la JP pretende hacer cambios al MCS en corto tiempo y separado del Reglamento Conjunto. En esa dirección denunció que el aviso de vista pública no estuvo claro sobre cuáles son las intenciones detrás de este proceso, qué es lo qué va hacer la JP, ni qué es lo que está considerando. Cardona Roig quien fue presidente de la JP apuntó que el haber separado el RC de los mapas tiene una “intención” y que ello crea un disloque porque no se puede hablar de los reglamentos y los mapas por separado, son la misma cosa. 

Mientras el planificador José Rivera Santana, también coincidió en señalar que la JP está violando la Ley de Reforma de Permisos. “En ninguna parte de la ley aparece una frase o un párrafo que indique que la Junta de Planificación a partir de la ley va a cambiar las zonificación que se ha hecho en Puerto Rico ya sea por los municipios autónomos en sus mapas territoriales o la Junta a través del PUT”. La ley lo que ordena –dijo– es la simplificación de los permisos bajo la lógica bastante primitiva de que las cosas simples y sencillas son buenas, cosa que afirmó no es correcta y recalcó que en efecto la JP está cambiando la zonificación del país.

En una segunda dimensión de las consecuencias de los cambios que pretende la JP que señaló Rivera Santana, es que con estos en la práctica la JP está anulando, sustituyendo los planes territoriales municipales. Además de echar por la borda la participación ciudadana en el proceso de planificación que garantiza la LMA. 

Lol planificadores todos coincidieron en cuestionar la falta de un memorial explicativo por parte de la JP en el cual se explique y justifique los cambios propuestos, sobre qué bases económicas, demográficas y la naturaleza del territorio que justifican los cambios. 

“No tiene ninguna lógica, ni ninguna conexión con lo que son los procesos de planificación, increíble que la Junta de Planificación este haciendo eso”, manifestó Rivera Santana sobre el procedimiento de la JP.

Con nombre y apellido

“Con nombre y apellido”, así denunciaron los participantes del foro algunos de los cambios que han podido detectar en el mapa preparado por la JP sobre los cambios de calificación. Hicieron además la observación de que la única forma de ver el mapa es si la persona tiene acceso a una computadora y acceso rápido a internet. 

El Viejo San Juan

Al presente en el Plan Territorial del Municipio de San Juan, el Viejo San Juan está zonificado como un área residencial de preservación por su valor histórico y arquitectónico y todo permiso requiere el aval de Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). La JP propone que sea un área residencial intermedio. Este sería un distrito nuevo que no tiene la contención de la preservación, ni requiere ningún aval de permiso del ICP. Rivera Santana atribuyó que estos cambios responden a la presión de inversionistas para transformar sus residencias en una zona turística. 

La Isla Nena

En Vieques hay varias parcelas que estaban zonificadas como distritos de conservación, en particular en el área este de la Esperanza. La propuesta de la JP es cambiarlas a residencial turístico. Una de estas parcelas la cual colinda con la Reserva de la Bahía Luminisente –narraron– durante años el propietario de los terrenos ha tratado de que se le cambie la zonificación para poder levantar un complejo turístico, e incluso demandó a la JP. Cardona Roig comentó que el Tribunal Supremo de PR desestimó la demanda y validó el planteamiento de la JP de que los terrenos estaban protegidos por el PUT. 

Otra de las parcela amenazada en La Esperanza es una identificada como un distrito agrícola y ahora la JP la cambia a residencial turístico. 

El Valle de Lajas

El Valle de Lajas, el cual está calificado como un Distrito Agrícola, ahora la JP le quiere aplicar la calificación de distrito “agrícola productivo”. La aplicación de esta calificación permitiría la construcción de instalaciones como de energía renovable. 

Rincón

Aquí una franja del litoral costero protegida, cuando se ve el mapa de la JP parece que se queda igual, pero cuando se agranda el mapa se puede ver que las parcelas de terreno se movieron y se denota que cambió la calificación a distrito desarrollo comercial turístico. 

El ‘timing’ y la intención de los cambios 

A la luz de la manera en que la JP ha llevado el procedimiento, el ‘timing’, (momento) y los cambios propuestos, Carrasquillo Medrano, no dudó en denunciar que ello responde a los intereses de los constructores, a los $50 millones de los fondos CDBG y otros $40 millones para darle título de propiedad a las personas que no recibieron ayuda de FEMA por no tener título para luego mercadear a Puerto Rico como Zona de Oportunidad.

“Los cambios que facilitan la construcción no se justifican cuando hay más 3 mil 500 unidades de viviendas vacantes, centros urbanos totalmente abandonados, se está perdiendo población, el ingreso de las personas está bajando, acabamos de recibir un huracán, que tenemos personas sin hogar, cómo se justifica construir más”. 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Al licenciado Rolando Emmanuelli, la intervención ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos del hoy derrocado gobernador Ricardo Rosselló Nevares respaldando la constitucionalidad de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF), no le sorprende. Tanto la Junta como Rosselló Nevares siempre han dicho estar de acuerdo en el 95% de las decisiones.

El representante legal de la Unión Independiente de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), organización que originó y contra todo pronóstico logró que ese tribunal acogiera el caso, explicó que el 25 de julio era la fecha límite que tenían las partes para pedirle al Tribunal Supremo que revocara la opinión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston. La representación del Gobierno de Puerto Rico se hizo a través de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) porque es esta agencia la que interviene con todos los casos de Título III de la Ley Promesa. AAFAF compareció en el caso de la UTIER hasta la determinación del Tribunal de Primera Instancia (Tribunal Federal en Puerto Rico), que dijo que los miembros de la Junta eran constitucionales. Aunque no participó de manera directa en el trámite del Primer Circuito, sigue siendo parte del caso y aun cuando no radicó un recurso de certiorari compareció ante el tribunal.

El licenciado Emmanueli describió como espeluznantes los argumentos en el alegato de AAFAF de que los miembros de la JCF son constitucionales, que el Congreso de Estados Unidos tiene poder absoluto para tomar decisiones sobre Puerto Rico, y que ese poder es plenario.

“Eso obviamente para mí significa que ellos siguen plegándose a los designios de la Junta. Rosselló y la Junta siempre habían dicho que ellos estaban de acuerdo con el 95% de las decisiones”. Emmanuelli lamentó que por parte del gobierno de Rosselló Nevares no haya habido un ataque sustantivo contra la Ley Promesa y se haya dejado pasar la oportunidad de decir que en realidad esta es una ley inconstitucional en la gran medida en que se basa en unos poderes plenarios que establece un régimen colonial y que ese régimen colonial está vedado, prohibido por la ley internacional y los tratados de derechos humanos y políticos.

“Pero no se dio. Es decepcionante”, expresó. No obstante, el licenciado Emmanuelli señaló que, el gobierno de Rosselló Nevares tenía que cumplir con el término de presentar su alegato; pero que la ahora gobernadora Wanda Vázquez tiene la facultad y oportunidad de revisarlo y determinar que esa no es la postura correcta en defensa de los derechos del pueblo de Puerto Rico.

Coincidió con la apreciación de que con este alegato el gobierno le está entregando a la JCF toda la autoridad para decidir sobre el gobierno. Esto entra en contradicción con sus propias alegaciones de que la Junta se está excediendo en sus poderes metiéndose en cuestiones de política pública, mientras dice en el tribunal que el Congreso tiene toda la autoridad para hacer lo que le da la gana con Puerto Rico. Reconoce que el alegato sí tiene peso en el pleito ya que, además de la JCF y el Gobierno de Estados Unidos, en este intervienen también el Comité de Acreedores No Asegurados. “La postura del Gobierno de Puerto Rico es bien importante en todos estos procesos. Lo que ocurre, como siempre, es que le hacen coro a la Junta”, denunció.

El licenciado Emmanuelli destacó la oportunidad que tiene, la ahora gobernadora, licenciada Vázquez, de mirar el caso de manera detenida y cambiar el curso de la historia asumiendo posiciones que defiendan los derechos y prerrogativas democráticas de los puertorriqueños, oponiéndose a la constitucionalidad de la Junta, ordenando la auditoría de la deuda y tomando otras acciones relacionadas, como definir los servicios esenciales.

Rosselló pide la estadidad en el caso

Por su parte, el licenciado Roberto Maldonado también señaló la contradicción que representa la postura del gobernador renunciante, a la vez que cuestionó la legitimidad de su acción. Expuso que en términos legales, la postura de AAFAF al final de su argumentación es que hay que revocar la decisión de Boston porque el Congreso tenía el poder, bajo la llamada cláusula territorial de la constitución de EEUU, para crear una Junta e imponérsela a Puerto Rico y que además los miembros de la Junta no son funcionarios federales, son funcionarios del territorio, porque así lo dice la ley. Al ser funcionarios del territorio de Puerto Rico, no les aplica la cláusula de nombramientos de la constitución de EEUU.

Indicó que eso es un debate legal bien técnico, en el cual hay que ver la jurisprudencia de esa cláusula de la Constitución, de qué es un funcionario del gobierno de EEUU y quién no lo es. El mero hecho de que el Congreso diga qué personas son funcionarios del territorio, no los convierte en tales. Hay que enfocarse en cuáles son sus poderes y cuáles son sus responsabilidades.

“Un factor bien importante es que esto es una ley federal, no es una ley de la Asamblea de Puerto Rico. Es un debate técnico legal donde hay tela para llegar a la conclusión que la juez Taylor Swain llegó y hay tela para llegar también a la conclusión a la que el Tribunal de Boston llegó. Ahora está en manos del Tribunal Supremo, el árbitro final de la controversia, determinar una cosa u la otra”.

Maldonado añadió que era importante tomar nota del contexto y que era interesante el hecho de que AAFAF presentó su escrito el 25 de julio, el día antes del gobernador Rosselló anunciar su renuncia. También cuestionó el que AAFAF y sus abogados, como representantes del Gobierno de Puerto Rico, presenten un documento ante el Tribunal Supremo de EEUU en donde no hacen referencia a ninguna ley que expresamente diga que ellos son los representantes; no hacen referencia a la ley que organiza AAFAF; tampoco hay una referencia específica del estatuto que así lo diga ni hay una resolución u orden ejecutiva del gobernador designando a AAFAC como representante del gobierno en esos procesos.

“Para mí es bien significativo que habiendo renunciado el Gobernador, con fecha de efectividad el dos de agosto, se presente este escrito en representación del Gobierno de Puerto Rico, en donde ellos hacen una declaración política”. La declaración a la que se refiere lee: “Es la posición inequívoca del Gobierno de Puerto Rico que Puerto Rico debe ser admitido a los Estados Unidos como Estado”.

El licenciado Maldonado hizo la observación de que es cierto que en los procedimientos legales de carácter constitucional se hacen declaraciones políticas de toda índole porque la Constitución está ligada a la política, pero censuró el que esta sea una manifestación categórica de que esa es la posición del Gobierno de Puerto Rico: “Pero ¿y de dónde se sacan eso? ¿Del hecho de que el Gobierno de Puerto Rico está integrado por una elección que se llevó a cabo en la que ganó el PNP? El PNP ganó con el 42% de los votos. ¿Cómo, de buenas a primeras, van a decir que esa es la posición del Gobierno de Puerto Rico? ¿Bajo qué autoridad?”

Señaló que es interesante cómo los abogados impugnan los casos insulares para señalar que el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico e incluso dicen que los casos insulares son racistas, que hay que revocarlos. Pero entonces llegan a la conclusión de que la solución para los casos insulares es la estadidad para Puerto Rico 

El licenciado Maldonado destacó las contradicciones en la postura del Gobierno de no impugnar la Ley Promesa, pero sí la utiliza en el caso para abogar por la estadidad; reconoce que bajo los poderes plenarios, a pesar de que los casos insulares son malos, son coloniales, y deben ser revocados; pero acepta los poderes plenarios del Congreso para aprobar la Ley Promesa e imponérsela a Puerto Rico.

Según Maldonado, es preocupante que el Gobernador que renunció el día antes presente un escrito dentro de la crisis constitucional que habíaen el país y asuma posiciones legales ante el Tribunal Supremo sin tomar en cuenta esa realidad ni cuál sería la postura del nuevo gobernador. “Después de todo, la cabeza del Gobierno de Puerto Rico es el gobernador y AAFAF es un ente del gobierno que le responde al gobernador y también a la Asamblea Legislativa (AL)”. Recordó que tanto la AL como la gobernación nombran miembros a la Junta de Directores de AAFAF, por lo que cuestionó si esa Junta autorizó las manifestaciones que hacen los abogados.