Por Manuel de J. González / CLARIDAD
Entre apagones eléctricos programados o de sorpresa (para la gente es lo mismo) Puerto Rico “celebró” lo que un periódico llamó el “comienzo del fin de la quiebra”. Se refería el diario a que la Junta de Control Fiscal (JCF) presentó su último “plan de ajuste” de la deuda pública puertorriqueña ante la jueza de Nueva York encargada de sentenciarnos, Laura Taylor Swain. La noticia nos dice que, si esa propuesta es finalmente aceptada e implantada, la deuda de Puerto Rico quedaría “reorganizada”. Ese proceso implica que parte de las obligaciones serían borradas y el resto se pagaría mediante un plan de pagos que representa una anualidad de $1,500 millones.
De momento algunos celebraron y la gobernadora en funciones, Wanda Vázquez, en un discurso intencionalmente confuso corrió a apoyar el plan de la JFC. La celebración responde a que en esta ocasión la porción de la deuda que se condona es relativamente alta y el recorte a los jubilados del gobierno es de 8.5 por ciento en pensiones superiores a $1,200 mensuales. Pudo ser peor, nos dicen aliviados.
Claro que pudo ser peor, pero esa posibilidad no quita el sabor amargo de un golpe a los pensionados –a quienes Ricardo Rosselló tantas veces llamó “los más vulnerables”– que es a todas luces más ideológico que necesario. Ese recorte no representa mucho dinero dentro de un total de decenas de miles de millones, pero para las personas que lo sufrirán representa un golpe importante. Esa población ya vive los últimos años de su vida y carece en absoluto de alternativas para intentar reemplazar lo que pierden. Pero la JFC creyó necesario dar ese golpe como un argumento frente a los buitres que ya están afilando sus cuchillos para pelear por lo que les quitan a ellos.
Además del recorte a las pensiones, la JFC y sus defensores también celebran que la propuesta representa un pago anual a los acreedores de $1,500 millones, señalando que sin reestructuración alguna el pago rondaría en los $4 mil millones. El argumento es altamente demagógico porque se sabe que aquellos $4 mil nunca fueron pagados ni se pagarían, sencillamente porque el país no puede. De ahí precisamente el proceso de negociación. Pero lo más absurdo de ese reclamo de “victoria” es que pasa por alto la advertencia del Nobel Joseph Stiglitz y el profesor Martín Guzmán en cuanto a que la economía de Puerto Rico sólo puede aguantar un pago de entre $400 y $800 millones anuales. ¡El pago anual propuesto por la JFC es casi el doble del tope establecido en el estudio de Stiglitz-Guzmán!
El estudio de los profesores de la Universidad de Columbia se basó en el comportamiento de la economía de Puerto Rico al presente y en el esperado para las próximas décadas. Concluye que si el pago obligado a los acreedores es superior al tope de $800 millones anuales en un futuro relativamente corto no podría pagarse, convirtiendo la quiebra en un círculo vicioso insoportable. La JFC, en cambio, infla las proyecciones del comportamiento de la economía para justificar el pago anual propuesto. Así les garantiza a los buitres un cobro muy superior al que la economía aguanta, dejando sobre la mesa la posibilidad de otra quiebra.
Tampoco se puede olvidar que el plan de ajuste sometido por la JFC es el tercero de su especie y en los dos anteriores el pueblo puertorriqueño quedó severamente trasquilado, abonando al peligro advertido en el estudio de Stglitz-Guzmán. Antes llegó el de COFINA que ya es final porque a pesar de las protestas y las advertencias la juez de Nueva York lo aprobó. En ese acuerdo los buitres terminarán cobrando más de dos terceras partes de una acreencia que adquirieron a precio de remate, asegurándose una ganancia fabulosa. Por nuestra parte, los boricuas cargaremos con una hipoteca que se extiende por otros cuarenta años.
El tercer plan de ajuste es el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que desde hace varios meses está ante la jueza Taylor Swain. Esa propuesta de la JFC también fue avalada por el gobernador de turno que era el ahora huido Ricardo Rosselló. Según sus términos, los buitres cobrarán la mayoría de su acreencia y, peor aún, se le impone al pueblo puertorriqueño un aumento considerable en la tarifa de electricidad. Según un estudio del economista Ramón Cao el aumento será de un 13 por ciento en el presente año fiscal y seguirá aumentando hasta llegar a 47 por ciento en 2024. Esas cifras suponen un golpe muy serio no sólo al bolsillo de cada ciudadano sino a la economía en general, aumentando el riesgo que antes habían advertido Stiglitz y Guzmán, porque si las tarifas de electricidad constriñen la actividad económica menos aún podremos pagar los $1500 millones anuales que el último plan propone.
No deja de ser irónico que las celebraciones por parte del gobierno al tercer plan de ajuste de la deuda – que llevó a El Nuevo Día a proclamar como el “principio del fin de la quiebra” – se produzcan en medio de apagones masivos que han dejado a oscuras a la mitad del país. Esos apagones (o “relevos de carga”, según José Ortiz, el mentiroso patológico que dirige la AEE) se producen debido al estado calamitoso del sistema eléctrico, cuyas plantas generatrices no reciben mantenimiento desde hace cinco años. Ese estado de precariedad es producto de dos factores: la negligencia e incompetencia de quienes dirigen la Autoridad y la litación de recursos, a lo que hay que sumar los que se roban. El pacto de reestructuración que pronto aprobará la jueza Taylor Swain aumentará esos problemas afectando aún más la economía y convirtiendo otra vez en impagable el servicio a la deuda.
Como nota final debemos decir que ya estamos hartos de eufemismos. El “servicio a la deuda” es el pago regular que tenemos que hacer, la llamada “reestructuración” no es más que un plan de pagos con algo de quita para beneficio de los acreedores, y los “relevos de carga” son los apagones que no por ser frecuentes se tornan soportables.
