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Mirada al País: El trabajo apenas comienza

 

Por Wilma E. Reverón Collazo/Especial para CLARIDAD

No tengo duda que los lectores de CLARIDAD tienen claro que lo que ha sido la más exitosa movilización de pueblo, solo nos puede dirigir en una dirección: la reorganización de las fuerzas de izquierda independentistas. Tras décadas de trabajo organizativo de hormiga, frustante a veces, relativamente exitoso en otras, no se veía, no se sentía que nuestro accionar estuviera teniendo el impacto esperado en la conciencia del pueblo. La prédica independentista, a pesar del recurso valiosísimo de las redes electrónicas, parecía quedarse circulando entre un limitado grupo de gente, el 2 porciento, los cuatro gatos. 

Los intentos de organizar contra el acto de imperialismo mas burdo que ha sido la imposición de una junta de control fiscal, tema que debería haber sido ancla para grandes movilizaciones de pueblo, se encontraron con la confianza esperanzada de las masas en que ésta salvaría al país de la quiebra y la corrupción, que conjuntamente con la incapacidad de la izquierda de conformar alianzas amplias, detuvo su desarrollo. Hubo algunas movilizaciones de recordar, como la que se llevó a cabo frente a un hotel en Condado, una frente al Capitolio y otra frente al Tribunal Federal. Y por supuesto el 1ro. de mayo de 2017. 

Los reclamos de las mujeres por el derecho al aborto, contra la violencia doméstica, así como los reclamos de la comunidd LGBTQI por el derecho a casarse y en contra de las terapias de conversión, fueron cosechando triunfos aún cuano queda un gran trecho por asegurar las reinvidicaciones. 

Las luchas ambientales, en especial la de Peñuelas contra las cenizas de carbón con su contraparte de Guayama, desarrolló un liderato de base comunitaria apoyada por profesionales con los conocimientos científicos y legales, que le han permitido cosechar un importante apoyo en el pueblo. 

El trabajo de Casa Pueblo en Adjuntas ha ayudado a educar al pueblo en temas complejos de energía que requiere de atención y deseo de aprender, sin sentirnos intimidados por lo técnico del asunto. Este ejercicio ayuda al desarrollo de la inteligencia a todos los niveles del pueblo.

Las comunidades que han dado la batalla por las escuels de su comunidad, algunas con éxito, otras no, ha hecho que miles de padres y madres, en conjunto con los maestros y maetras del sistema, miren con otros ojos la importancia del acceso a la educación para sus hijos e hijas.

Y entonces llegaron Irma y después María. Las dificultades que enfrentamos como pueblo no solo nos unieron, nos hicieron crecer, madurar y sobre todo nos hizo mas fuertes. Nos hizo mas independientes, menos mañosos, menos quejosos. 

Ya fortalecidos, pero todavía viviendo en nuestros respectivos espacios de confort, reacios a complicarnos mas la vida que ya de por sí estaba complicada, sobre todo para los millenials y centennials, ocurren los arrestos por corrupción y días después se revela el chat. El 11 y 12 de julio recuerdo haber ido a unas pequeñas manifestaciones frente a la Fortaleza denunciando la corrupción, de nos mas de 50 o 60 personas. Recuerdo a las jóvenes compañeras de la Colectiva Feminista ir en pequeños grupos a sentarse frente a las vallas de la Calle Fortaleza. No podíamos adivinar en ese momento que los que estábamos allí eran las primeras gotas que se filtraban por un dique que habría de explotar trayendo un torrente de agua incontenible. Las manifestaciones del 22 y 25 de julio rompieron el dique que contenía la indignación del pueblo.

Es que esta década del 2010-2020 será recordada como la década en que crecimos para vencer. Ha sido la conjugación de todas estas luchas, los cantazos recibidos, las dificultades superadas y las aspiraciones tronchadas, lo que ha elevado y masificado el nivel de lucha. Por lo tanto, el momento exige mas de nosotros. Es un trabajo que apenas comienza.

Las asambleas de pueblo que se han convocado espontáneamente en algunos casos, otras con intención de reclutamiento de organizaciones, es una experiencia rica de democratización de la lucha que podrá o no llevar a resultados concretos, pero que de todos modos aportan a la discusión y propuestas de cómo mover a la ciudanía hacia la participación en la atención a los problemas que todos compartimos como comunidad y como pueblo.

El trabajo legislativo por los compañeros del PIP y los legisladores independientes Vargas Vidot y Natal, complementan el trabajo que se hace desde las bases y aunque en esta legislatura no haya los votos para aprobar sus proyectos de ley, dramatiza la necesidad de que el pueblo escoja legisladores cuya lealtad sea el pueblo y no el partido.

Puerto Rico se ha eregido ante el mundo como modelo de lucha contra la corrupción y el mal gobierno. Somos un pueblo bravo, decidido, inteligente. Sabemos lo que queremos y lo que definitivamente no queremos. Los jóvenes quieren acceso a educación y trabajo. Las comunidades quieren vivir en un medio ambiente sano, quieren proteger su salud. Las mujeres no quieren mas violencia y quieren tener el derecho a decidir sobre sus cuerpos. La comunidad LGBTQI quiere la igualdad de derechos y no ser discriminados por su orientación sexual. Los maestros quieren condiciones de trabajo justas en escuelas limpias con materiales, salarios justos y un retiro digno. Los jubilados quieren que se les garantize sus pensiones.

Los independentistas queremos lo que quiere el pueblo y para ello tener el poder político que da la independencia para poder atender la crisis financieras, identificando la deuda odiosa e ilegal, y tener la posibilidad de enfrentarla, no solo en los foros judiiales de EEUU, sino tener acceso a foros internacionales y financiamiento internacional, no controlado por Wall Street. Queremos una Constitución que incorpore los mas amplios derechos humanos, y las divisiones de poderes mas idóneas para nuestra realidad y para los tiempos. Una Constitución cuya base principal sea la vida, la libertad y la felicidad.

Necesitamos arreciar la lucha contra el colonialismo. Tenemos que seguir insitiendo en convocarnos como pueblo soberano para decidir nuestro futuro, que ya no se ve tan lejano. Hay pueblo, hay voluntad de lucha, y sobre todo hay país. El momento es ahora. Como decía José Martí, lo revolucionario es hacer lo que haya que hacer en cada momento. 

Mirada al País: Matar la vida con cuatro palabras

 

Por Eduardo Lalo/Especial para CLARIDAD

Recientemente conseguí un paquete con algunos discos clásicos de Miles Davis y por primera vez en mucho tiempo volví a escuchar ´Round About Midnight, Sketches of Spain y Kind of Blue.

Quizá fuera la experiencia de estar en un cuarto solitario mientras sonaba “So What”, la que me ha llevado a estas reflexiones. Esta pieza es un clásico indiscutible en la historia del jazz y en ella la trompeta de Miles Davis adquiere una dimensión expresiva destacadísima, acompañada por músicos formidables, entre los que se destacaban John Coltrane y Bill Evans.

Al igual que las restantes cinco piezas de Kind of Blue, “So What” se plasmó en un solo día de grabación y como ellas, a excepción de una, lo que escuchamos es la primera y única toma de sonido. El hecho es todavía más admirable cuando se conoce que al ingeniero apretar el botón de grabar, ni Davis ni los músicos tenían un fragmento de melodía ni una escala ni un ritmo. Todo nacía en el momento. La música se convertía en una manifestación inmediata de la vida.

Entusiasmado por el reencuentro con un músico como Davis, me he acercado a algunos de sus contemporáneos. Las anécdotas sobre el carácter irascible de Charles Mingus son innumerables como las de su compromiso y pasión por la música. Tanto Davis como Mingus fueron personas incómodas. Davis era negro y Mingus mulato en un Estados Unidos que todavía no había visto las conquistas de la lucha por los derechos civiles. Mingus llegó a afirmar que el color de su piel no satisfacía a nadie. Hasta este punto estaba entonces polarizada por la raza la sociedad estadounidense.

En un documental sobre la obra de estos maestros, aparecen escenas de los albores del movimiento por los derechos civiles. Las secuencias de imágenes son terribles. En una, un hombre negro espigado y con gabán es perseguido por una turba callejera de blancos que lo insultan, empujan y golpean. El hombre cae, se levanta, tropieza, vuelve a caer y a levantarse mostrando una entereza y dignidad sobrecogedoras. En otro momento, se ve a policías con feroces pastores alemanes rompiendo un grupo de manifestantes y como potentes chorros de agua dispersan a las multitudes. Sin embargo, mi atención se detuvo en las tomas que documentaban al otro bando: los blancos empeñados en que continuara la política de segregación racial en Estados Unidos. Un grupo de jóvenes cantaba consignas racistas con ligereza y gozo; en otra escena se veía la complicidad entre civiles y policías y más adelante a un gobernador opuesto a las reformas recibiendo el respaldo en las calles de un grupo de blancos. Entre estos un manifestante cargaba una pancarta con la consigna “Race Mixing is Communism” (“el mestizaje es comunismo”).

La frase era una forma de matar la vida en cuatro palabras. La fuerza incalculable que surgía entonces de un pueblo vejado y oprimido por siglos chocaba frontalmente contra el sinsentido y los estragos de la propaganda. El blanco portador de la pancarta prefería no ver ni entender y proponía una noción que reunía tóxicamente el miedo y la ignorancia. Una vez más, la estupidez triunfaba.

Resulta ineludible relacionar estas escenas con nuestro país. Después de los acontecimientos extraordinarios de las últimas semanas, en tantos sentidos similares al despertar del movimiento por los derechos civiles en el sur de Estados Unidos, parecen haber muchos que esperan que el polvo levantado por las protestas descienda exactamente a los lugares de donde se levantó. Aguardan a que todo vuelva a ser como antes y que cientos de miles de compatriotas vuelvan a estar narcotizados con consignas similares a la antes aludida y asocien cualquier reivindicación social o nacional con el comunismo. El bipartidismo, e innumerables intereses poderosos, aguardan y confían en que volvamos, para usar un término de época, a ser pendejos.

Puerto Rico tiene políticos en dos partidos, medios de prensa, asociaciones empresariales y profesionales, empeñados en la preservación del engaño de una colonia sin salidas, en la que cualquier alternativa se percibe como una equivocación o una obra de diabólicos regímenes.

Entre otras muchas cosas, los acontecimientos de este verano fueron una liberación de las palabras. Para amplios sectores ya no existen “malas” palabras. “Pendejo” y “puta” pasaron a tener otros significados y en sus nuevos usos expresan una comprensión mayor de la realidad que en los burdos insultos de antaño. Para decirlo de alguna manera, durante unas semanas “Race Mixing” dejó de ser “is Communism” en Puerto Rico y esta experiencia fue memorablemente liberadora.

Como en las piezas de Miles Davis y Charles Mingus, los puertorriqueños entramos al estudio de grabación de la historia sin dirigentes ni líneas melódicas, sin saber cuáles iban a ser el ritmo ni la clave. Pero alguien dio la primera nota y a partir de ella nació la improvisación de un país que se sintió vejado y agredido e interpretó por las calles la dignidad de su dolor.

Me viene a la mente una frase de Bill Evans, el extraordinario pianista que tocó con Miles Davis: “…when the moment came, bang! I went out into jazz.” (“¡…cuando llegó el momento, bang, toqué jazz!”) Puerto Rico lo hizo hace unas semanas, pero en las sombras se preparan las pancartas que pretenden detener la música y volver a ahogarnos en el miedo y la ignorancia. No dejemos que vuelvan a matarnos la vida con cuatro palabras.

La impunidad se muda  y se queda

 

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Una de las imputaciones más constantes contra la administración de Ricardo Rosselló fue la impunidad que siempre disfrutaron los sospechosos de conducta corrupta. Las situaciones más evidentes de aprovechamiento ilícito de fondos públicos flotaban todo el tiempo, sin que ninguna de las agencias responsables de iniciar investigaciones se dispusiera a actuar. Y cuando algún caso en particular se denunciaba en la prensa, identificando el acto y señalando al culpable, tampoco se actuaba. Como mucho, en esas situaciones donde la evidencia aparecía publicada, se permitía que el funcionario renunciara y, con su partida, se le ponía punto final al asunto. 

En este espacio hemos discutido muchas de esas situaciones. En el larguísimo listado están desde el bochornoso contrato a la empresa Whitefish en los días posteriores al paso del huracán María hasta la reciente investigación de la periodista Valeria Collazo y el abogado Jay Fonseca sobre los contratos a familiares en la Autoridad de Edificios Públicos. Ni aquel contrato ni toda la cadena de actos negligentes o culposos de los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica fueron objeto de investigación. Ante la inacción, el comportamiento sospechoso en la AEE se prolonga hasta el presente cuando conocimos –gracias otra vez a un periodista– que corruptos del pasado, como el ingeniero José Pérez Canabal, disfrutan de acuerdos que les producen cientos de miles de dólares y que el director ejecutivo, José Ortiz, le da contratos a la empresa donde labora su hija. 

A los ejemplos anteriores pudiéramos añadir muchos más en agencias tan cruciales como Educación, Vivienda y, muy destacadamente, la propia Oficina del Gobernador. Sobre esta última, recientemente se publicó un intercambio de mensajes de texto que evidenciaban cómo un funcionario de Fortaleza utilizaba su poder para gestionarse favores de todo tipo y, tras la divulgación, nada ha pasado. 

Esa impunidad flagrante no es porque no exista legislación que condene la conducta y dispongan los remedios investigativos. En nuestro país se ha legislado extensamente sobre el tema y la mayoría de los actos señalados están tipificados como delitos cometidos por acción u omisión. No hace falta, por tanto, que la Legislatura vuelva a actuar para que los señalados puedan ser investigados.

Tampoco la impunidad ocurre porque el país carezca de instituciones responsables de investigar y procesar a los corruptos. A lo largo de los últimos 40 años se ha ido creado una madeja de agencias con poderes, personal y recursos investigativos. En primera fila está, desde tiempos inmemoriales, el Departamento de Justicia que cuenta con divisiones y oficinas a cargo de investigar la corrupción. Para los casos que envuelven a funcionarios electos o jefes de agencias está el Panel del Fiscal Especial Independiente. En todos los casos, atendiendo tanto posibles delitos como faltas a la moral pública, también está la Oficina de Ética Gubernamental.

Desde este mismo espacio denunciamos más de una vez que esas instituciones fueron secuestradas por el Partido Nuevo Progresista, colocando allí militantes que garantizan la impunidad de los señalados. Estamos, por tanto, ante un esfuerzo deliberado para que la impunidad sea la norma. Como también apuntamos antes, a esas instituciones del gobierno isleño se une la fiscalía federal bajo Rosa Emilia Rodríguez, que también ha sido extremadamente selectiva a la hora de procesar corruptos.

En el plano boricua, la figura principal garantizadora de esa impunidad ha sido Wanda Vázquez, quien desde 2017 dirigió el Departamento de Justicia. La mayoría de las investigaciones que debieron haberse iniciado le correspondían a ese departamento. Desde allí también debieron hacerse los referidos a la Oficina del FEI o la de Ética, aunque también estas agencias estaban obligad a tomarse iniciativas. En el récord público están los múltiples requerimientos de investigación que se le hicieron a Justicia y también las reiteradas ocasiones en que Vázquez se escudó tras la banal excusa de que “no había querella” y, por lo tanto, no podía comenzar a investigar.

Ahora Wanda Vázquez está de gobernadora no porque se haya ganado el cargo, sino por un vuelco poco esperado de los acontecimientos. La fuerza del pueblo expulsó al gobernador corrupto y tras una brevísima estadía de otro parecido, el cargo rodó hasta la silla desde donde Vázquez miraba pasar los actos de corrupción pública. 

Nadie debiera esperar que quien fuera tan pasiva antes se convierta ahora en un ejemplo de activismo. Los primeros actos de Vázquez como gobernadora confirman esa conclusión. A pesar de las expectativas algunos soñaron con que de inmediato, para dar una señal distinta, destituiría a los jefes de agencia que formaron parte del círculo íntimo de Ricardo Rosselló y todavía siguen disfrutando de sus posiciones. Sin embargo, tras dos semanas, Ricardo Llerandi y Anthony Maceira siguen en sus cargos. 

Pero donde con más claridad vemos el sello de Vázquez es en sus nombramientos para la dirección de la Oficina de Ética y el Departamento de Justicia. Para la segunda posición seleccionó a Denisse Longo, quien viene directamente desde la oficina de la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez. Antes de llegar allí estuvo vinculada a la administración de Luis Fortuño como administradora interina de Servicios Generales donde fue objeto de señalamientos relacionados con una subasta. 

Para la OEG seleccionó a Luis A. Pérez Vargas, quien ahora es el segundo en mando en la agencia y, por tanto, carga con los mismos señalamientos contra su jefa, Zulma Rosario. No hace mucho tiempo supimos de este señor cuando se paró ante los medios a informar que, tras dos años “investigando” concluía que su agencia no tenía jurisdicción para atender una querella contra la presidenta del FEI, Nydia Cotto. De esa manera esquivó actuar contra otra de las integrantes del combo que garantiza la impunidad. 

Todo indica que, tras mudarse de Hato Rey al Viejo San Juan, la impunidad seguirá tan campante como siempre. 

La estadidad y las señas de  identidad boricua

 

Por Rafael Santiago Medina

Especial para CLARIDAD

Mientras en Kissimmee y en Davenport en el condado de Polk del estado estadounidense de Florida, se producen luchas campales por el derecho identitario a la puertorriqueñidad, hablar español en oficinas gubernamentales y desplegar la bandera puertorriqueña frente a su hogar como un reconocimiento constitucional, en Puerto Rico los partidarios de la estadidad pretenden borrar todo signo de identidad boricua en sus aspiraciones asimilistas y ondean con casi absoluta exclusividad, excepto muy rarísimas ocasiones, la bandera de Estados Unidos y excluyen la enseña de Puerto Rico. 

Una familia puertorriqueña batalla por mantener ondeando, frente a su casa en Kissimmee, una bandera de Puerto Rico y las denuncias de empleadas boricuas del Departamento de Salud, en el Condado de Polk, a quienes se les prohíbe hablar español son ejemplos de cómo elementos de identidad nacional pueden, en ocasiones, crear conflictos cuando se manifiestan en otro contexto geográfico.

Siete mujeres puertorriqueñas que laboran en una clínica del condado de Polk del Departamento de Salud de Florida denuncian que se les prohibió comunicarse en español en su centro de trabajo, ni siquiera en conversaciones informales y privadas, y que han sido amenazadas con ser despedidas.

Frances Santiago, una veterana del Ejército de los Estados Unidos, enfrenta una batalla con la asociación de residentes de su urbanización, que le exige que desmonte la bandera de Puerto Rico que colocó frente a su residencia, tomando como base una regla que no aparece escrita por ninguna parte. 

El discurso antiinmigrante fomentado por el presidente Donald Trump tiene el efecto práctico de incluir indistintamente a los puertorriqueños por desconocimiento generalizado de los estadounidenses sobre el caso político de Puerto Rico. La respuesta de los estadounidenses de etnia blanca al crecimiento de las comunidades hispanas en Estados Unidos es la xenofobia contra la hispanidad, y eso incluye a los puertorriqueños que residen en territorio continental de Estados Unidos.

La estadidad en Puerto Rico se enfrenta en estos momentos a una contracorriente de identidad puertorriqueñista en Estados Unidos que se ha acrecentado con el masivo traslado de puertorriqueños a ciudades estadounidenses resultante de la presente crisis en suelo boricua. Esto es un férreo impedimento a los proyectos tradicionales de estadidad para Puerto Rico.

No pudiendo encontrar modificaciones a la política pro estadidad y a sus tipos de manifestaciones a favor de un proyecto ideológico en tal sentido, sus presentes intentos de avance de han hecho ahistóricos y de difícil concreción frente a la xenofobia antihispánica de la oficialidad gubernativa estadounidense bajo la presidencia de Trump.

Por otro lado, los eventos recientes en Puerto Rico relacionados a la administración gubernamental del gobernador obligado a dimitir por las multitudinarias protestas callejeras han enlodado al partido político que profesa la estadidad y, por ende, ha salpicado con ese mismo fango a todo el movimiento anexionista que se ha identificado con esa colectividad partidaria y el gobierno de turno. Un hecho que pesa mucho en contra del ideario de estadidad para Puerto Rico.

Verá el movimiento pro estadidad decrecer sus prosélitos y seguidores en Puerto Rico y ni se diga en Estados Unidos en un futuro inmediato. De modo que todo intento por hacerse sentir multitudinariamente en Puerto Rico será tarea fútil y quedará evidenciado en la manifestación que tienen programada para el primero de septiembre, donde habrá una asistencia por debajo de las expectativas deseadas para un partido que domina la presente administración gubernamental de Puerto Rico y de concentraciones del anexionismo durante los últimos años. 

Educación no ha cumplido con ley de reciclaje transcurridos 19 años de su aprobación

 

Por Internews Service

A pesar de que a partir del 2001 se le requirió al Departamento de Educación (DE) implantar programas de reciclajes en las escuelas, según lo establece la Ley 411 de 2000 y la que enmendó la “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, han transcurridos 19 años desde la aprobación de la medida y los programas formales de reciclaje no se han implementado en los planteles.

Así se desprende de la exposición de motivos de la resolución conjunta del Senado 376, de la autoría de senador independentista, Juan Dalmau Ramírez.

En una audiencia pública realizada el 13 de agosto por la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, presidida por el senador Carlos Rodríguez Mateo, funcionarios del Departamento de Educación no sólo se presentaron sin someter una ponencia sobre el particular, sino que Lilliam Rodríguez, maestra de ciencias del DE, fundamentó su participación basándose en su experiencia como maestra y lo que está estableciendo el currículo de la materia sobre el reciclaje.

“Lo que ordena esa ley es independiente a lo que se inserta en el currículo de ciencias. Luego de 19 años la realidad es que le Departamento, salvo en algunas excepciones, no tiene un programa de reciclaje en las escuelas. Esto es un mandato, no es si quieren o no y la misma ley ordena a requerir informes. Hoy queremos saber si las escuelas están rindiendo esos informes y si no el porqué. Esto no es discrecional queremos saber si los informes se están rindiendo”, cuestionó el presidente de la Comisión.

Ante estos cuestionamientos, Rodríguez admitió que los informes no se están sometiendo.

“Los informes no están llegando. Yo no tengo informes”, dijo.

Rodríguez Mateo le cuestionó si para el Departamento este asunto no era una prioridad, a lo que la educadora respondió que “para Educación sí es prioridad, pero las estadísticas no se han levantado y me constan que hay algunas escuelas que las tienen”.

El legislador alegó que “está ley ordena le da una orden al Departamento de Educación y yo lo que veo es que después de 19 años el Departamento predica, pero no practica lo que predica. Se queda meramente en teoría”.

Agregó que “esto es una orden para que cada uno de los directores tenga un programa de reciclaje en las escuelas y que rindan un informe. Esto independientemente de los currículos de ciencia. Cuando esta ley se creó no teníamos una crisis en los vertederos y hoy lo tenemos mayor y el departamento de educación ha perdido el tiempo y no queremos perder ni un minuto más”.

Ante la insistencia del presidente de la Comisión, la profesora de Ciencias solicitó que los volvieran a citar dentro de seis meses para poder tenerles contestaciones claras sobre el asunto.

“Me consta que el secretario Eladio Hernández tiene un compromiso con esto. Queremos que en cada una de las escuelas del país haya un plan de reciclaje. De aquí a 6 meses le tendré la información, así que le solicito nos vuelva a citar en seis meses”, dijo la funcionaria.

Henry Neumann Zayas, también arremetió contra la agencia y de paso les recriminó el que no llegaran, ni sometieran tan siquiera una ponencia.

“Imperdonable que no hayan traído una ponencia, imperdonable que no hayan traído un escrito que refleje la opinión del departamento. Lo que esperamos recibir es la posición del Departamento de Educación en relación a un tema de suma importancia. Están incumpliendo con la ley. Una ley de 1992, porque a base de lo que usted nos está diciendo y de lo que conocemos no se está cumpliendo con esta ley ni remotamente”, declaró Neumann Zayas.

Recordó que “tenemos el caso de unos legisladores que, para la época de 1992, reconocieron un problema, llevaron a cabo unos esfuerzos para hacer una ley y se les da unas instrucciones a Educación a que cumpla y tantos años después en realidad tenemos cero. Más allá de unos esfuerzos aislados de unos maestros que van más allá de lo que deben hacer y que probablemente no tienen una dirección”.

Entre tanto, el senador Nelson Cruz del Valle sugirió que el Departamento de Educación designe una persona a nivel central que pueda coordinar con los directores para hacer valer la ley.

“Mi sugerencia sería que a nivel central se trabaje con las regiones para que se haga cumplir con la ley. Deben designar una persona a nivel central que se comunique con los directores. Entendemos que esto es una prioridad”, sostuvo Cruz del Valle.

El presidente de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Humanos le concedió un término de 15 días laborables para hacer llegar las contestaciones y, a su vez, que sometieran la posición del Departamento de Educación en cuanto al cumplimiento de esta ley, documento solicitado por el senador Neumann Zayas.