Por Manuel de J. González/CLARIDAD
Ricardo Rosselló, pataleando con distintas versiones, trató de disipar la nube de corrupción que empaña las relaciones de su hermano con el Departamento de Educación vinculándolo a una entidad “sin fines de lucro” llamada “Center for Education Reform”(CER). Luego el propio hermano, supuestamente para defenderse, reconoció que participó en una reunión en Fortaleza como representante legal de dicha entidad. Tal vez ambos piensan que, enarbolando el sello “sin fines de lucro”, todo se quedaría como una inocente relación filantrópica libre de sospecha. Sin embargo, lo que el esquema descubierto comprueba es que nuestro país ha caído presa de consorcios estadounidenses que buscan lucrarse de las grandes sumas de dinero que los gobiernos invierten en educción mientras, de paso, convierten las escuelas en centros para promover la ideología ultraconservadora.
Algunos reportajes e investigaciones de la prensa puertorriqueña, en particular, uno de Yanira Hernández Cabiya para CB en Español, nos ayudan a conocer todo lo que hay detrás de CER y de otras entidades que se han vinculado al DE una vez Rosselló y Keleher asumieron control. La reunión de Fortaleza, celebrada en diciembre de 2018, ha sido el hilo que ayuda a desenredar la madeja.
Lo que el esquema descubierto comprueba es que nuestro país ha caído presa de consorcios estadounidenses que buscan lucrarse de las grandes sumas de dinero que los gobiernos invierten en educción mientras, de paso, convierten las escuelas en centros para promover la ideología ultraconservadora.
En Estados Unidos ya es norma que las grandes empresas que dominan cierto sector de la economía creen “centros de estudios” o algún llamado “think tank”financiados con aportaciones de las mismas empresas y organizados como corporaciones sin fines de lucro. Estos centros operan como instrumentos de cabildeo para promover reglamentación que beneficie las empresas y ayudar a crear política pública que les favorezcan. Aunque es una evidente operación de negocios, la reglamentación permite que lleven el sello de “sin fines de lucro”.
En el capitalismo, particularmente en Estados Unidos, la educación es un negocio más. Siempre lo ha sido, pero en las últimas décadas, gracias al concepto de las escuelas “chárter”las empresas han ido apropiándose de buena parte del presupuesto separado para educación mediante acuerdos con gobiernos estatales y locales. El negocio ha atraído también a grupos y figuras de mentalidad ultraconservadora que, mientras se lucran, tratan de promover su ideología en las nuevas generaciones.
El esquema siempre comienza promoviendo legislación que facilite la operación empresarial y aquí es cuando entran en función entidades como el “Center for Education Reform”, que a su vez son auxiliadas por consultores y bufetes de abogados especializados en el tema, como Hogan Marren Bebbo & Rose, del cual es socio Jay Rosselló.
El debate en Puerto Rico se ha centrado hasta ahora en el evidente conflicto ético que supone contratar a un bufete del cual es socio el hermano del gobernador de turno para que, con jugosos beneficios, “asesore” en la preparación de legislación. Pero más importante que ese evidente acto de corrupción es la confirmación de que la llamada “reforma educativa” promovida por el gobierno de Ricardo Rosselló ha sido diseñada por las propias empresas que buscan beneficiarse de ella. Según el esquema descubierto, el bufete que de ordinario sirve a las empresas que se lucran de la educación es el que diseña la ley de Puerto Rico copiándosela de la que ya había diseñado para otros lugares en Estados Unidos. Luego entra en función CER, cliente del bufete, a promover “política pública” de la que se beneficiarán las empresas que aportan el dinero para su operación, las que también son clientes del bufete “especializado en educación”. Como ven, el círculo es perfecto y en el centro de todo está un bufete cobrando de todo el mundo. Primero cobra del gobierno de Puerto Rico por hacer la ley, luego de CER que trata de promover sus “beneficios” y finalmente de las empresas que llegarán a montar las escuelas chárter.
Hay otro vínculo también muy interesante. Una vez Julia Keleher llega al Departamento de Educación promueve la creación de otra entidad “sin fines de lucro” llamada Puerto Rico Education Foundation, en cuya directiva aparecen varios integrantes de la elite empresarial boricua. Esa entidad recibió varios millones de dólares de la Fundación Tenacre, a su vez vinculada a la creación y operación de CER y a todos los esfuerzos por promover el ultra conservadorismo (neofascismo) en Estados Unidos.
Esta nueva “fundación” puertorriqueña, con empresarios como Manuel Cidre, Cyril Medruña (El Nuevo Día) y Nicholas Poultry a la cabeza, es la que paga salarios jugosos a un misterioso grupo de “supervisores” que, sin ser funcionarios del DE, han asumido el poder de implantar la política educativa en Puerto Rico. Nadie sabe cuáles son las funciones concretas de estos “supervisores” porque no se trata de puestos con tareas definidas, sino una especie de estado mayor educativo pagado por los mismos empresarios que quieren lucrarse del sistema educativo puertorriqueño transformándolo a su medida.
Como pueden ver, todo es “transparente” porque se puede observar con absoluta claridad cómo empresarios estadounidenses y puertorriqueños han convertido el DE en un “profit center”para el futuro, gracias al gobierno de Ricardo Rosselló. El bufete donde labora su hermano es el que se ha beneficiado en primer lugar cobrando simultáneamente de varias fuentes a un mínimo de $500 la hora. (Esa es la tarifa de Jay Rosselló quien alega ser un socio menor.) Una vez el bufete ayuda a crear el marco legal la mesa queda servida para que sus clientes se aprovechen con el asesoramiento de CER.
