Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com 

La oficial de Prensa de la Fortaleza Dennise Pérez desmintió que pertenezca a la Junta de Directores del National Talent Academy (NTA). A preguntas de CLARIDAD, Pérez contestó por escrito que desde el 2016 no pertenece a su junta.

La NTA, que administra una escuela chárter en Arecibo, ha sido objeto de denuncias por parte de dos comunidades escolares, la Escuela Ecológica de Dorado y otra escuela elemental de Bayamón, por su solicitud de convertirlas en escuelas chárter; pero más aun por la actitud burlona contra los maestros y padres de ambas escuelas por parte de sus principales ejecutivos, la cantante Deddie Romero y el comediante Albert Rodríguez. En la pasada edición del 4 al 16 de abril, en la sección En Rojo, CLARIDAD publicó el artículo La Cantante y el Bufón; la farsa de las escuelas compraditas, en el cual se da cuenta de que Pérez ocupaba el puesto de vicepresidenta de NTA, según figura en el Informe Anual de 2017 de esa organización.

La Oficial de Prensa de Fortaleza adujo que le corresponde a NTA actualizar esa información ante el Departamento de Estado y que había entendido que eso había sido aclarado por ellos: “Mi última participación en una reunión de Junta fue en el 2015, años antes de que se comenzara a discutir públicamente el proyecto de escuelas alianzas”. Añadió que jamás devengó sueldo o cobró dietas por esa participación.

Declaró que el puesto de oficial de Prensa de la Fortaleza es uno de confianza y que desde la misma fecha de su nombramiento en enero de 2019, “no tengo contratos ni en el sector público ni en el privado. Tampoco pertenezco a juntas de organizaciones sin fines de lucro. Trabajo única y exclusivamente para La Fortaleza”.

Por su parte, CLARIDAD consultó a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) respecto al nombramiento. La oficial de Prensa de OEG Jennifer Rodríguez confirmó que esa oficina no ha recibido ninguna consulta respecto al contrato, ni de parte de Pérez ni de La Fortaleza.

CLARIDAD pudo constatar que, de acuerdo con el Informe de Registro Anual del Departamento de Estado (DE), en el último informe que presentó NTA en el 2017, Dennise Pérez aparece como vicepresidenta. Este mismo cuatro de abril, la NTA solicitó una prórroga para la entrega del informe del 2018, aplazamiento que les fue otorgado. 

El exrepresentante Víctor García San Inocencio, profesor de Derecho y de Administración Pública, sugirió que, por las dudas, la funcionaria debería de hacer una consulta con la OEG; aunque aclaró que no es lo mismo ser contratista que tener un nombramiento de los que requieren aprobación de Cámara y Senado. Según este, no cabe duda de que en los puestos para los que se requiere aprobación legislativa aplican las normas de restricciones contractuales, tanto cuando ocupan el cargo como cuando se van. En el caso de una persona bajo contrato y con una relación con una entidad sin fines de lucro, es mucho más difícil encontrar los elementos de conflictividad, y todo depende de si ese empleado está en un área determinada donde no tiene acceso, ni utiliza, ni tiene que ver con autorizar, ni participar con una gama de asuntos, por lo que no tendría impedimento de tratar con terceros.

García San Inocencio, quien como representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) perteneció a la Comisión de Ética de la Cámara durante dos términos, describió que por una vereda poco ortodoxa, no sólo la presente administración, sino también la anterior, empezó una pauta de contratación de funcionarios a quienes sacan de la órbita de lo que debía ser el nombramientos de jefes de agencias con la confirmación de Cámara y Senado, creando una anomalía. Ese fue el caso de la ahora exsecretaria de Educación Julia Keleher, quien fungió como secretaria del DE y de asesora de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

“La anomalía es que si de repente eres secretario de educación, pero trabajas y te paga otra entidad, tienes una dualidad que de por sí misma puede ser conflictiva en ese momento. Esa conflictividad, lejos de borrar la apariencia de conflicto, cuando se sale de la posición de secretario, te acompaña porque no puede interpretarse que la ley de Ética Gubernamental fue abolida por ese tipo de contratación que yo llamo no ortodoxa o híbrida”. Expuso que cree que este tipo de nombramiento no es constitucional. 

Por Cándida Cotto Hernández/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El pueblo haitiano ha estado manifestándose contra el gobierno del presidente Jovenel Moise desde el pasado año. La confirmación del escándalo de PetroCaribe lo que hizo fue aumentar el disgusto. Así lo afirmó la activista haitiana por los derechos humanos, Colette Lespinasse, visitó Puerto Rico invitada por el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití para participar del ciclo de conferencias Conversaciones sobre Haití: la opresión, la corrupción, gubernamental, las medidas de austeridad y la intervención internacional. De todo esto y más CLARIDAD conversó con ella. 

Colette Lespinasse, narró que desde el 2018 el pueblo haitiano viene protestando contra las políticas del gobierno de aumento en los impuestos y en otros artículos como los combustibles. También ha objetado el presupuesto que pretende imponer el presidente. “La gente se puso a pensar de qué sirve lo que pago en este país. Estamos pagando impuestos y aquí no hay servicios; las familias tienen que trabajar mucho para pagar la escuela, el 80% de las escuelas son privadas y en el 20% que asume entre comillas el estado, nunca hay profesores. Hay huelgas porque no se les paga. ¿La salud? Los servicios privatizados, y en los centros de salud del estado tampoco hay servicios”, describió Lespinasse.

Explicó que esta ola de protesta es un ejercicio muy interesante ya que la gente está descubriendo la responsabilidad que tiene el estado frente a la garantía de sus derechos y al mismo tiempo está cuestionando lo que el gobierno está haciendo con los recursos del país. Igual cuestionamiento se le hace al Parlamento, cuyos miembros describió “viven bueno” con privilegios como el pago de $15 mil dólares al mes para el pago de segundas y terceras residencias, las cuales no comparan con las del resto de la población.

Según Lespinasse, ante esos escándalos la gente dijo: “No puedo más”. Las protestas se vienen produciendo desde inicios del 2018 en contra de cómo se gestiona el país, cuando el gobierno pretendió aumentar los combustibles durante el mundial de futbol. La gente salió a las calles y el gobierno tuvo que retroceder, incluso el primer ministro Jean Henry Ceánt tuvo que renunciar. Después de eso fue que salieron todas las informaciones de PetroCaribe que no había salido a la luz. Estamos hablando de $4 mil millones de dólares que el Gobierno Bolivariano le prestó a Haití en el 2008, entonces bajo la presidencia René García Préval.

Lespinasse dijo que García Préval gastó unos $200 millones en algunas obras. El resto se suponía que era para uso del próximo gobierno: “Ahora lo han gastado, pero no pueden demostrar en qué se ha gastado”, denunció. Sin embargo, el pueblo ha visto que por ejemplo el hijo de Martelly (se refiere al siguiente presidente, Michel Martelly) de 25 años tenía millones en sus manos, al igual que su esposa y hasta el actual presidente. Las denuncias de corrupción contra el presidente datan desde antes de ser elegido. La activista denunció que durante la campaña presidencial se cuestionó por el organismo fiscalizador el que Moise no pudiese justificar las ganancias de uno de sus negocios de importación de piezas de bicicletas. De hecho, una vez elegido, Moise cambió a toda la dirección del organismo fiscalizador.

Pero más que una expresión de disgusto ante la corrupción gubernamental y política, para Lespinasse la ola de manifestaciones en el pueblo haitiano representa que cada vez más la gente descubre que la pobreza de Haití no es una casualidad, sino la manera de gobernar. Es la corrupción y la impunidad lo que lleva el pueblo a esa situación y es por eso que la gente dice: “Tenemos que reorientar completamente ese Estado, reformar muchas cosas y no permitir que eso se dé; que los recursos sirvan para el bienestar de nuestro pueblo”.

En esa dirección aclaró que el concepto de “tabla rasa” del que habla el pueblo se refiere a refundar todo el estado haitiano. Reconoció que es necesario la organización de la sociedad civil para ese cambio y que aunque todavía no hay una organización bastante fuerte, tanto desde la izquierda, como de jóvenes, mujeres y campesinos, cada día es más la gente que está hablando de la necesidad de la organización. Es por esto que el presidente Moise ha propuesto una repartición de las posiciones del gobierno como si fuese un pastel. “Siempre que se habla del país, se habla como si fuera un pastel, del que se va a regalar a cada cual su pedacito”. Un hecho atribuido a esta situación es el que todavía el presidente no ha nombrado a un primer ministro y concentra su búsqueda en algunos partido políticos que han le sido críticos porque piensa que así va a calmar la situación.

“A eso es que la gente contesta que no. Queremos una tabla rasa. Hay que revisar todo, quizás hasta una nueva Constitución, nuevos ministerios con una definición y orientación clara. Con un programa consensuado podemos ir a elecciones y ver qué partido podría llevar ese proceso mejor”.

La activista denunció que en las movilizaciones en el mes de noviembre ocurrió una masacre en uno de los barrios populares de la capital, Lasaline, en donde se asesinó a 50 personas. La comunidad se había manifestado contra el presidente en el mes de octubre. Se teme que los asesinatos fueron cometidos por grupos paramilitares relacionados con la presidencia. Aunque la prensa haitiana ha denunciado los hechos, el gobierno y la Policía no han dicho nada. Ante esta postura Lespinasse expresó que se está recabando, de organizaciones solidarias en diferentes países así como a representantes gubernamentales, que emplacen al gobierno de Moise para que asuma responsabilidad y justicia sobre estos hechos.

La presencia internacional

El Consejo de Seguridad de la ONU impuso por 13 años la presencia de la llamada MINUSTHA (Misión de la Estabilización de la ONU en Haití), que le costaba al pueblo haitiano $500 millones anuales. Tras su salida en octubre del 2017, en el país no hay ninguna estabilización, afirmó la activista. Por el contrario, la presencia de la MINUSTHA lo que hizo fue debilitar las instituciones y ahora hay más impunidad. Actualmente hay una Misión de la ONU para la Justicia. “De todas maneras los haitianos no creemos en esas misiones. Ahora pensamos en buscar nuestra vía de manera soberana con el apoyo de organizaciones. No creemos que a través de esas instituciones de la ONU o la OEA haya una salida”.