Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Alguien que de ordinario anda por los pasillos de edificio que alberga en Tribunal Federal en Hato Rey me aseguró que los tan anunciados arrestos de funcionarios públicos eventualmente se producirán. El retraso se debe a que quienes controlan estas cosas desde Washington prefieren esperar por el nuevo fiscal federal, cuyo nombramiento está pendiente de confirmación en el Senado. Quieren que sea Stephen Muldrow y no Rosa Emilia Rodríguez quien tenga a su cargo el procesamiento de los nuevo imputados. Dado que la confirmación podría ocurrir este mismo mes de septiembre, de ser correcta la apreciación del amigo, los arrestos podrían producirse en cualquier momento. Aunque Rodríguez todavía esté presente cuando llegue el momento, ya no será ella quien dirija el proceso que llegue hasta el juicio.

A lo largo del 2019, que ya se asoma al último trimestre, han sido muchos los funcionarios señalados, ya fuere como partícipes directos de algún esquema de corrupción o como facilitadores de los que actúan desde afuera. Entre estos últimos se destaca la figura del exdirector de campaña de Ricardo Rosselló, Elías Sánchez, quien ya anda preparando su defensa. Sánchez, sin embargo, nunca actuó solo y en todos los casos algún jefe de agencia o funcionario importante le facilitó el tumbe. 

Todos esos funcionarios –¡todos!– siguen tranquilamente en sus cargos luego de que quien los nombró fue expulsado del suyo. A pesar de las sospechas y de los señalamientos y de las filtraciones que los investigadores, con toda intención, han realizado ninguno se dispone a renunciar ni quien los dirige les ha pedido tal renuncia. Más importante aún, todos ellos siguen tomando decisiones de política pública y manejando presupuestos que en algunos casos ascienden a cientos de millones de dólares. 

A ese grupo de funcionarios es que se refería Zoé Laboy, la actual secretaria de la Gobernación, cuando recientemente dijo que el de Wanda Vázquez es un “nuevo gobierno”. En el grupo está el secretario de Vivienda, Fernando Gil, quien mientras mantiene a 30 mil familias con un techo de plástico en sus casas, le sigue dando contratos a clientes de Elías Sánchez para que lo “asesoren”. La denuncia que recientemente hizo Ayuda Legal PR sobre este funcionario fue la última de una larga lista, pero ahí sigue como estrella del gabinete que coordina Laboy.

En el grupo que sigue participando en las reuniones en Fortaleza también está Eric Rolón a cargo de Corrección, a pesar de que una reciente decisión del Tribunal de Apelaciones concluyó que su Departamento manipuló una subasta para beneficiar a un licitador de la casa. Luego de este dictamen no se ha tomado acción contra Rolón ni contra los funcionarios de su confianza que, según la sentencia judicial, conspiraron tras bastidores para viciar el procedimiento administrativo que atendía una petición de reconsideración. 

Y claro está, entre los que se siguen participando de las reuniones en Fortaleza también están Ricardo LLerandi y Anthony Maceira, integrantes destacados de la manada que participaba en aquel divertido chat de Telegram. El otro día, cuando el país se angustiaba ante el posible arribo de otro huracán, apareció Maceira en la televisión diciéndonos que, con respecto a los suministros que llegan por los puertos que él sigue dirigiendo, todo estaba “controlado”. Este fue el mismo funcionario que estuvo a cargo de la Autoridad de Puertos cuando los supermercados se quedaron vacíos tras el huracán María, y también el mismo que hace apenas dos meses vociferó desde Fortaleza que le “cortaría la cabeza” a todo aquel que no le fuera fiel a Rosselló.

Pudiera seguir añadiendo nombres a la lista para dramatizar lo “nuevo” que es el gobierno de Wanda Vázquez y Zoé Laboy, pero necesito un poco de espacio para hablar de algo más importante que los nombres de estos individuos. Me refiero a ciertas políticas públicas del pasado que han vuelto a sobresalir en la discusión pública promovidas por funcionarios que siguen en sus cargos.  

En las últimas dos semanas hemos visto dos ejemplos muy ilustrativos de cómo la mala política que representó Ricardo Rosselló no solo no ha cambiado, sino que se ha profundizado. El primero está en los mapas que resumen las normas para el uso de terreno y los desarrollos permitidos a lo largo y ancho de la isla, recientemente promulgados por la Junta de Planificación. Quien diseñó y aprobó esa reglamentación no ha vivido en Puerto Rico durante los últimos dos años o, pero aún, parece estar trabajando para la elite empresarial que se ha beneficiado del desbarajuste urbano que por tanto tiempo se ha denunciado. Aquellas políticas, permitidas porque beneficiaban a las empresas desarrolladoras, multiplicaron los daños del huracán María y ahora resulta que en el diseño que promueve la Junta de Planificación éstas se acentúan. 

La política desarrollista recogida en los mapas de la Junta de Planificación estimula la construcción en terrenos costeros en el momento en que el mar se come muchos de los que ya existen. A pesar de las repetidas denuncias de profesionales conocedores y responsables, como el arquitecto Pedro Cardona Roig, la Junta sigue adelante y nadie en la “nueva” administración de Wanda Vázquez parece inclinado a detenerlos. 

El otro ejemplo es el de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que sigue siendo apoyado por el “nuevo” gobierno a pesar de toda la prueba que se acumula sobre sus efectos nocivos en la economía y en las familias. Un reciente estudio comisionado por el representante de los consumidores en la Junta de Directores de la AEE corroboró esos efectos nocivos, pero, otra vez, nadie reacciona. Tampoco se toma acción contra José Ortiz, quien continúa como Director Ejecutivo repartiendo contrato entre amigos y familiares y recitando mentiras ante la prensa.

Volviendo a la corrupción, los señalamientos contra estos y otros funcionarios sospechosos son tan públicos como lo que en su día se hicieron contra Julia Keleher, exsecretaria de Educación, y la directora de ASES, Ángela Ávila. En aquellos casos Rosselló esperó a que el FBI actuara y lo mismo hace la “nueva” gobernadora.