Los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) están en veremos. El proceso que se utilizó para su nombramiento, distinto al que establece la Constitución de Estados Unidos en casos similares, provocó que el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston determinara que los mismos no se hicieron conforme a dicha constitución federal. Tras la determinación, el presidente Trump tendría que someter nuevos nombres o nominar nuevamente a los incumbentes, cosa que hizo el mismo día en que se vencía el plazo dado por el Tribunal para hacerlo. El Senado todavía no había iniciado el proceso de confirmación cuando se fue de receso de verano, y la semana pasada venció el término estipulado por el Tribunal para la confirmación.

Por qué el arrastre de pies de las ramas Ejecutiva y Legislativa en este asunto no lo sabemos a ciencia cierta. Intuimos que se trata de la misma dejadez e indiferencia con que dichas instancias atienden cualquier asunto relacionado con Puerto Rico. Nuestro país se ha convertido en una piedra de tropiezo para el gobierno estadounidense, y todas sus ramas y principales funcionarios, especialmente el presidente Donald Trump, no pueden esconder su frustración y desdén hacia nosotros. Cualquiera pensaría que la impaciencia que demuestran hacia Puerto Rico debía moverlos a actuar con mayor rapidez en los asuntos que tienen que ver con nuestro país. Pero no es así, y aún ellos teniendo el poder absoluto de tomar decisiones sobre nuestros asuntos fiscales, financieros y de gobierno más importantes, nadie en la cúpula federal parece tener prisa alguna para actuar sobre Puerto Rico.

La JCF es un cuerpo que les pertenece. Sus miembros fueron propuestos por los entonces líderes del Congreso, y nombrados por el entonces presidente Barack Obama, a raíz de la aprobación de la Ley PROMESA aquel nefasto 30 de junio de 2016. En el Congreso recae la potestad de supervisar su trabajo y de pedirles cuentas sobre la puesta en marcha de su agenda. Por eso, desconcierta la dejadez del Senado ante la confirmación de estos nombramientos que son hechura del Congreso, y cuya responsabilidad recae específicamente en los Comités de Recursos Naturales de Cámara y Senado.

Quizá la dejadez obedezca a que la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston no le restó poder ni autoridad a las acciones realizadas por la JCF. Ni las determinaciones tomadas, ni las negociaciones realizadas, ni los acuerdos alcanzados- ni siquiera en este momento cuando su ratificación está en el limbo- están en entredicho. Para efectos del funcionamiento, la autoridad y los poderes delegados a la JCF por el Congreso, la decisión del Tribunal de Circuito no tiene garras. Tal pareciera que su solo propósito fue poner a prueba, una vez más, frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos, el alcance de la Cláusula Territorial de la constitución federal como poder último y definitivo sobre los asuntos de Puerto Rico.

Por eso, los miembros de la JCF, y su Directora Ejecutiva, Natalie Jaresko, han seguido muy campantes, ejecutando fríamente su agenda de negociaciones favorables a los grandes bonistas. Para garantizar el pago de la deuda, insisten en las extremas restricciones presupuestarias, el recorte de las pensiones de nuestros servidores públicos, y demás medidas de austeridad que tienen como resultado el racionamiento del acceso de nuestra gente más necesitada a los servicios de salud, educación y demás servicios esenciales.

Mientras, el Tribunal de Circuito y el Tribunal Supremo federal seguirán jugando con el destino político de Puerto Rico en la vista pautada para el próximo 8 de octubre sobre los nombramientos de los miembros de la JCF. Del otro lado de la moneda, el pueblo puertorriqueño sigue asediado por la JCF y su ejército de asesores, consultores y abogados que exprimen los haberes del País para satisfacer la codicia de los grandes conglomerados financieros de Estados Unidos.

Esta edición de CLARIDAD publica un extenso reportaje de la compañera Cándida Cotto que detalla los pasos que sigilosamente ha dado la JCF para adelantar sus negociaciones sobre la deuda de Puerto Rico, y así anular cualquier intención que pueda tener el Tribunal de Quiebras de permitir la auditoría de la deuda. El cierre súbito de las negociaciones haría académico el reclamo por la auditoría y nuestro pueblo se vería obligado a pagar por una deuda emitida ilegalmente. Además, jamás llegaríamos a saber el monto de dicha deuda ilegal, ni los nombres de las personas y entidades que violaron la ley, un mínimo de transparencia necesario para que nuestro pueblo conozca la identidad de quienes lo desfalcaron.

El pueblo puertorriqueño conoce quién le sirve bien y quién no. Y conoce muy bien para quienes trabaja la JCF. Por eso, rechaza su presencia y su poder, y no le otorga confianza ni legitimidad a sus acciones. Así lo expresó miles de veces la multitud que se reunió para protestar durante la histórica jornada del Verano 2019, voceando la consigna: “Ricky renuncia, y llévate a la Junta”.

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Cuando en marzo 1917 Estados Unidos compró las Islas Vírgenes, entonces conocidas como Indias Occidentales Danesas, cuatro meses antes se celebró un referéndum. Pero aquella consulta no fue para que los habitantes de la isla decidieran, ellos solos, de si querían ser vendidos. La votación fue para preguntarle a los dueños, los daneses, si querían vender. La opinión de los más de cien mil habitantes de las islas caribeñas importaba poco. Dinamarca, un imperio que, aunque nunca fue grande, entonces estaba en plena decadencia, aceptó vender sus posesiones antes de que alguna de las potencias beligerantes de la Primera Gran Guerra se apoderara de ellas.

Cincuenta años antes, en 1867, Estados Unidos había comprado la enorme península que pasó a llamarse Alaska a otro imperio que ya declinaba, el ruso. Entonces tampoco importó la opinión de los aproximadamente 50 mil indígenas esquimales (realmente nadie sabía cuántos de verdad eran) que la habitaban, ni siquiera la de los descendientes rusos que se habían asentado en el territorio. Igual que Dinamarca, Rusia se apresuró a disponer de su posesión porque temía perderlo ante su enemigo del momento, los británicos.

Poco más de seis décadas antes de adquirir Alaska, en 1803, la joven república estadounidense (que ya soñaba con un futuro imperial) había dado un gran palo adquiriendo una enorme extensión de terreno conocida como la Luisiana, a otro imperio que muy pronto sería decadente: la Francia napoleónica. Napoleón realmente no quería vender su gigantesca posesión porque estaba en la plenitud de su sueño imperial, pero otra vez intervino el miedo a los británicos que ya se asomaban por Nueva Orleáns. Además, quince millones de dólares en monedas de oro no vendrían mal para equipar el gran ejército que durante la próxima década marcharía por Europa.

En los tres casos antes mencionados, igual que en otras transacciones similares que registra la historia, tanto para el vendedor como para el comprador fue una mera operación inmobiliaria. La compraventa de países se hacía como cuando se vende una finca. De hecho, ninguno de los ejecutores de las transacciones se detenía a considerar que se estaba vendiendo a un país o un pueblo, sino simplemente un “territorio”. Quienes lo habitaban no contaban. En la llamada Luisiana –que se extendía desde el Golfo de México hasta los Grandes Lagos y de donde eventualmente saldrían 10 de los estados que ahora forman parte de Estados Unidos– vivían cientos de miles o tal vez millones (otra vez, nadie sabe cuántos eran) de personas que para los ejecutores de la compraventa no eran tales. Para quienes firmaron el contrato eran “salvajes” incapaces de siquiera forjar alguna opinión, población sin futuro a los que no había que tener en cuenta.

La última de las transacciones que menciono, la de las Islas Vírgenes, ocurrió hace 102 años y en medio de la Primera Gran Guerra, cuando las preocupaciones estratégicas de los países se vuelven apremiantes. Entonces pocos protestaron, pero ¿qué tal si ese tipo de compraventa se produce ahora, en pleno siglo XXI?

En esos 102 años han ocurrido muchas cosas. La Primera Gran Guerra, que se peleó luego de que los países de Europa pretendieran dividirse el mundo entre ellos, como un bizcocho, representó el fin de varios de los imperios beligerantes: el ruso, el turco, el alemán y el austriaco. También produjo el primer intento de crear una organización internacional que promoviera la colaboración y el respeto entre los pueblos.

Luego, tras la Segunda Gran Guerra, la llama descolonizadora fue creciendo por todo el mundo acabando con los imperios europeos que quedaban. Gran Bretaña dejó de ser el imperio donde nunca se ponía el sol y se redujo a sus islas y Francia fue expulsada de Indochina y África, pagándose a cambio un alto precio en sangre. En el proceso se fortalecieron entidades como Naciones Unidas y se aprobaron tratados y declaraciones sobre derechos humanos donde se privilegia el derecho de los pueblos a autodeterminarse.

Luego de estos desarrollos, y a 102 años de la última transacción “inmobiliaria” en el Caribe, un presidente de Estados Unidos en funciones plantea de lo más campechano, como si estuviera diciendo cualquier cosa normal, que su país adquiera mediante compra lo que él considera otro “territorio” llamado Groenlandia y, a modo de “broma” propone intercambiar el “territorio” pretendido por otro, Puerto Rico, que su país adquirió hace más de un siglo como despojo de guerra.

Cuando Donald Trump propuso su nueva transacción inmobiliaria hace algunas semanas sus seguidores, que participan de su misma mentalidad, la tomaron en serio y la celebraron. Otros, incluyendo a la mayoría de los puertorriqueños, la tomaron a broma. Luego nos percatamos que, para su propulsor, un presidente en funciones, se trataba de una propuesta oficial, de tanta importancia que canceló un viaje oficial a Dinamarca cuando la ejecutiva principal de ese país la descartó como algo poco serio.

Esta propuesta, y la misma existencia de personas como Donal Trump al frente de un gobierno, es un ejemplo más de lo equivocados que estamos quienes creímos que, superado el siglo XX –con sus guerras, el apartheid y la violación flagrante de los derechos humanos– la humanidad podía entrar en una era donde privarían la razón y los sentimientos humanos. Luego del estadounidense apareció Bolsonaro en Brasil, Salvini en Italia y ahora Boris Johnson en el Reino Unido, todos cortados con la misma tijera. Si son capaces de volverse a plantear la compraventa de países y pueblos como si fuera ganado, de nuevo todo será posible y el siglo XXI no superará los cataclismos del XX.