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Arrecia la lucha por la Educación Pública

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Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Diversas comunidades escolares y el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FAEP) anunciaron que se proponen combatir la implementación de las escuelas chárter o “escuelas alianzas”, como les llama el gobierno con acciones que van desde piquetes en los planteles y una marcha hacia la Fortaleza el próximo siete de abril.

Domingo Cabrera, presidente de Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA), sindicato miembro del Frente expresó a CLARIDAD que el Frente siempre ha estado en oposición al establecimiento de las escuelas chárter desde administraciones anteriores y pudieron combatirla, aunque no fue hasta el 2018 en que se aprobó la ley. “Ahora estamos en proceso de orientar a los padres, maestros, a las comunidades escolares de las desventajas que tendrían si se acogen a una escuela chárter. Los maestros(as) pueden perder la permanencia y beneficios”. En ese sentido dijo que, están orientando a las 30 escuelas que han salido en la lista del Departamento de Educación (DE) para ser convertidas en escuelas chárter, “para que tomen una decisión informada y después no digan que no lo sabían”.

La lista en la cual figuran las 30 escuelas, fue compartida de manera extraoficial a las organizaciones magisteriales y entre las escuelas. Algunas escuelas se enteraron de que estaban en la lista durante el proceso de matrícula en línea. Madera dijo a CLARIDAD que incluso entidades que están detrás de las escuelas desconocen muchas cosas del proceso e incluso algunas se han retirado, a lo que reiteró que “hay que llevar el mensaje para ver cuánto podemos contrarrestar este proceso, te tengo que ser sincero, para mí esto es una forma de algunos grupos obtener dinero que de otra forma no tienen y obtenerlo a través de la educación de nuestros estudiantes”. 

Más de una escuela, como la Ramón Marín en Guaynabo, las escuelas Juan Ponce de León y Miguel Such, en Río Piedras, la Escuela Colón Salgado en Bayamón y la Escuela Ecológica de Dorado, todas han denunciado que los privatizadores han violado el proceso que establece la Ley 85. Cabrera coincidió que el DE tampoco ha promovido un proceso formal por parte de las entidades. Comento que por ejemplo en el pueblo de Coamo hay tres escuelas candidatas a chárter y que hace alrededor de tres meses que el alcalde pretendió orientar al personal de las escuelas pero no pudo contestar preguntas de los maestros, y en su lugar la respuesta fue ‘refiérase a la ley’. 

Hasta el presente indicó que todas las escuelas han presentado resistencia aunque admitió que unas mas que otras, hizo la salvedad de que posiblemente es que no todas las escuelas programadas para este año lleguen a ser chárter, por lo que resaltó que la resistencia es un proceso que va a “llevar años tras año no es de decir ya vencimos hay que seguir continuamente”. Las 30 escuelas se reparten entre varios pueblos, pero hay pueblos como San Sebastián que tiene cinco escuelas, las cuales las ha solicitado el alcalde, Coamo tiene tres, en Canóvanas la alcaldesa pretende que todas sus escuelas se conviertan en chárter y hay pueblos que no tienen ninguna. 

En otro ejemplo contó que en una escuela en Sabana Grande el privatizador se presentó y le dijo a los maestros que no les garantizaba el sueldo. Madera indicó que eso es una violación a la Ley 85 que dice que la entidad tiene que garantizar dos años de sueldo al maestro. “Si ya empieza diciendo que no puede garantizar el sueldo ya vemos que empezó con el pie izquierdo”. 

Respecto a los criterios que parece estar usando el DE señaló que han estado viendo que son escuelas con matrícula bastante alta y cuyas plantas físicas están en óptimas condiciones. En la conferencia de prensa ofrecida por el Frente Amplio, el domingo 17 de marzo se denunció que en días recientes los interesados en la privatización de las escuelas, tanto entidades y alcaldes -ellas y ellos- le plantearon al DE su inconformidad con la cantidad a recibir por cada estudiante que se reduce de $6,400 a $3,500. El Frente recordó que durante el proceso de aprobación de la Ley 85 la secretaria Julia Keleher y el senador Abel Nazario prometieron que el presupuesto establecía $6,400 por estudiante. Según reveló el Frente, Keleher le solicitó al Gobernador $1,000 millones adicionales en el presupuesto del próximo año escolar porque, según la Secretaria, a las escuelas chárter “una asignación de $4,000 por estudiante no les da.” 

Se presentó el cálculo de que una escuela chárter con 500 a 800 estudiantes de matrícula, implica unos ingresos entre $3.2 y $5.1 millones de dólares por escuela, razón a la que atribuyeron de que algunas entidades y alcaldes pretenden administrar de dos a seis escuelas.

Un componente escolar que Madera reconoció ha estado ausente de la discusión es el personal de comedores escolares, e igual trabajadores sociales, orientadores y hasta conserjes. En el caso del servicio de comedor escolar llamó la atención a que en Estados Unidos hay escuelas chárter que tienen este servicio privado. 

A pregunta de CLARIDAD respecto a dónde queda la labor de los directores regionales del DE en el proceso Madera denunció que éste es un ente que responde directamente a la Secretaria “todo lo que ésta dice lo llevan a cabo, son las que muchas veces le buscan las escuelas al privatizador están a cargo de facilitar esa negociación”. 

El riesgo de las chárter para los estudiantes

De acuerdo al Frente Amplio la Ley 85 y el Reglamento de Escuelas Alianza (Chárter) permite seleccionar estudiantes mediante una lotería, establecer límites de matrícula, establecer requisitos para la admisión a la escuela, establecer medidas de desempeño, entre otras medidas discriminatorias que provocarían el desplazamiento de estudiantes a otras escuelas y otros municipios. Los más afectados serían los estudiantes de educación especial que, por los costos de sus servicios, ya hay intentos de reubicarlos de su escuela antes de ésta convertirse en chárter. En el caso de los maestros la conversión de una escuela en chárter, pone en riesgo su permanencia, vacaciones, plan médico, salario y retiro, entre otros derechos y beneficios. Esto provocará que las maestras y maestros decidan no permanecer en escuelas chárter, lo cual limita a los estudiantes de tener los maestros de experiencia, con preparación e identificados con la comunidad escolar. La Ley solo garantiza dos años de permanencia y a los maestros transitorios un contrato de 6 meses a un año. “Bajo estas condiciones los estudiantes nunca tendrán estabilidad en el servicio educativo.”

En tanto, la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez Padilla, a preguntas de CLARIDAD respecto al proceso denunció que por parte del DE lo que ha habido es un silencio sepulcral, una falta de información, falta de transparencia, e incumplimiento con la propia ley de la celebración de una consulta a la comunidad escolar, por lo cual éstas han estado ajenas a todos los procesos que están implementando los privatizadores. No obstante dio a conocer que la resistencia de las comunidades escolares está comenzando a dar resultados ya que este lunes se conoció que el DE se ha retractado de los planes de privatización de las escuelas, Miguel Such, Juan Ponce, una escuela en Humacao y otra en Orocovis. 

No obstante, el Frente mantiene sus acciones para realizar una protesta el jueves 21 de marzo frente a la escuela Miguel Such a las 3:30 de la tarde y la marcha el 7 de abril. La marcha saldrá a las 11:00 de la mañana desde la Plaza Colón en el Viejo San Juan hasta la Fortaleza. 

Por su parte el Comité de Padres de la Escuela Rafael Colón Salgado, en Bayamón inició este lunes un paro indefinido en contra de la pretensión de la National Talent Academy de quedarse con su escuela. El Comité dio a conocer que llevara piquetes frente a la estación de radio y canal de televisión en la que laboran los dueños de la NTA, Deddie Romero y Albert Rodríguez. 

Maltrato descomunal a Vieques y Culebra

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Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquezlopez@claridadpuertorico.com 

“Todo está dándose de esa forma. Cualquiera diría que es paranoia; pero no. Es análisis, es verlo, vivirlo como lo estamos viviendo nosotros”. Así se manifestó Miguel Ángel Reyes de Jesús, residente de Vieques, luego de sugerir que todo lo que están viviendo los viequenses y culebrenses se da en el contexto del aburguesamiento y desplazamiento de ambas comunidades. 

Son varios los factores que pueden sostener esta tesis: la venta de terrenos a quienes, amparados por las leyes 20 y 22, principalmente, vienen a disfrutar del paraíso económico que ofrece el Gobierno; el pésimo servicio de salud; el descalabro de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) e, incluso, la asimilación cultural. 

“El asunto con nuestra transportación marítima va mas allá de que la ATM nos esté fallando en el servicio de transportación. Algunos compañeros y compañeras entendemos que esto es solo una parte del proceso, del plan para desplazar la población original de la isla y crear una especie de paraíso económico para la clase alta. Dentro de ese plan, una de las estrategias desde hace tiempo ha sido el medio de transporte”. 

Reyes de Jesús fue enfático al sostener que se están creando condiciones para cansar a los residentes originales y forzarlos a irse. Además, criticó que todo este proceso de desplazamiento se ha tratado de diluir como si fuera meramente un problema de transportación y, aunque reconoció que la ATM es un instrumento clave, plantea que la cuestión es más compleja. 

 Mencionó primero el problema con el idioma. Hay lugares en Vieques donde “si no hablas inglés no compras. Incluso las reuniones del Fideicomiso de Conservación de Vieques son en inglés y la gente común no puede ir”. Lo mismo sucede con el servicio de lanchas. Cuando el capitán se dirige a los tripulantes es principalmente en inglés, restándole prioridad e importancia a quienes solo hablan español. 

Al hablar del trato prioritario que deben recibir los residentes de las islas, nuestro entrevistado se quejó de que, contrario a la ley, tampoco “tenemos prioridad al momento de comprar los boletos para hacer los viajes. Se supone que haya dos filas: una para residentes y otra para visitantes; pero no se está haciendo así. No bastaría con traer la mejor flota de transportación marítima, para nosotros y los hermanos de Culebra, si van a darle prioridad a la gente adinerada, a los que se están quedando con las tierras”, dijo destacando que lo último es otro factor que aporta al desplazamiento de los actuales residentes de la Isla Nena.

La venta de terrenos, cada vez más asidua, es otro de los fenómenos que preocupa a los residentes las islas. Mediante la especulación, aquellos que gozan de gran poder adquisitivo y los beneficios de las políticas públicas que en nada resultan beneficiosas para el pueblo, compran terrenos que, cuando su valor aumenta, aumenta también el valor de otras propiedades cercanas, limitando el acceso y el derecho de viequenses y culebrenses a tener una propiedad en su propia tierra. 

“En Vieques ya hay mucha gente considerando irse de la Isla, primero, porque no tenemos servicios médicos. Lo que se supone que sea el CDT está en un refugio”, explicó Reyes de Jesús. “El servicio médico que se pueda recibir ubica en Fajardo; pero hay que llegar primero a Ceiba. Si no hay mucha gente o estamos solos, nos toca pagar $12 de transporte, para poder llegar a Fajardo y atender nuestros asuntos de salud, y otros doce dólares para regresar a Ceiba. Hay mucha gente cansada que ya no puede con su vida, que lo que hace es marcharse en busca de mejores servicios médicos. Y ¿qué pasa? Esa gente con cáncer se muere en la Isla Grande y no se dice que vinieron desde Vieques. Las estadísticas informan que se mueren en la Isla Grande, reduciendo artificialmente la tasa de mortandad por cáncer y otras condiciones en Vieques”. 

“Nos sacaron de Fajardo diciendo que el edificio no servía y allí está. Entendemos, incluso, que la Guardia Costanera ha sido cómplice porque no las instalaciones no tenían fallas. Ellos guardaron un silencio cómplice, al igual que con las lanchas. Se supone que ellos velen por el mantenimiento que se le dé a las lanchas y nunca lo han hecho. ¿Cómo es posible que si esa gente tiene el monopolio de revisar nuestros medios de transporte marítimo estos estén tan deteriorados?”

Reclamó que luego de otorgarle un contrato por $15 millones a Puerto Rico Fast Ferries (PRFF) ahora se subasta la agencia para ponerla en manos de una empresa privada. La agencia PRFF fue contratada por la ATM en julio de 2018 por un año para alquilar 4 embarcaciones. 

“No quieren hacernos una cooperativa porque entonces seríamos nosotros y nosotras los dueños. Las propuestas de un precio para los turistas y otro para los residentes, hace más de 15 años que nosotros las hicimos. Pero no, porque se nos empoderaba a nosotros. La situación en Ceiba lo que refleja es parte del plan de desplazar. ¡Que todos los chavos que le van a dar a los privatizadores los pongan en la cooperativa!”, añadió. 

La ATM es la columna vertebral del crecimiento económico para Vieques y Culebra y es el principal medio de comunicación y transporte con que se cuenta para asegurar las necesidades básicas de sus residentes. Pero los problemas con el servicio de lanchas se han dejado acumular, una administración tras otra, empeorando otros aspectos fundamentales de la sociedad civil. Esto es reflejo del maltrato descomunal al que están siendo sometidos las comunidades originales de ambas islas. Y no, no es paranoia. 

A impulsar el cambio energético a renovables ya

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Por Arturo Massol Deyá

Especial para Claridad

Para la comunidad de Adjuntas, contar hoy con cinco colmados energizados con el sol en sus barrios no es tema para cinismos ni palmaditas en la espalda. Representa la reducción de los costos de operación, reducir su riesgo al cierre de operaciones, mantener empleos, una nevera comunitaria y, en una economía que depende del 85% de importaciones, representan la primera línea de defensa de acceso a alimentos en zonas rurales. ¿Qué habría sido en el campo para muchos tras María de no tenerlos? 

Por su parte el barbero Pérez se ahorró $840 por operar 100% con el sol desde marzo del año pasado, no en el 2050. Esa cantidad es el equivalente a una millonada en el bolsillo de cualquiera en Wall Street. Energía como un modelo de activación económica y retención de la riqueza a nivel local.

Si la meta es 100% renovables para el 2050, lo que está sobre la mesa desde el gobierno y los sueños que nos traen de allá no son otra cosa que un duérmete tú. Por eso y mucho más, te invitamos a juntarnos para impulsar el futuro energético nuestro, haciendo aprovechamiento del mejor combustible disponible, el sol. Transición ahora.

Mientras en Santurce y en la Capital pegan un grito en el cielo (o por Feisbuk) cada vez que la energía eléctrica se interrumpe un ratito, la montaña fue la zona más rezagada y olvidada para la restitución del sistema eléctrico tras el paso del Huracán María. Tomó hasta un año en muchos sectores apartados de Adjuntas el regreso del servicio. ¿Cómo gasificar a Puerto Rico corrige esta injusticia? En nada.

Energizar con el sol los colmados, la lechonera, la escuela, los bomberos, la radio, las ferreterías, el cine, la égida, emergencias médicas, la casa agrícola, el barbero y un centenar de hogares con intervenciones de energía solar para su nevera, equipos de salud o su casa entera es una realidad en nuestra comunidad sin transición con gas ni energía nuclear ni ningún otro pretexto que atrase el cambio.

Puerto Rico apenas produce un 2% de su demanda energética con fuentes renovables. Eso es una vergüenza y claramente indica dónde están los vacíos que requieren atención. Los hospitales, las fábricas, los centros comerciales y otros espacios con altas demandas energéticas están energizados. No es como si estuvieran hoy sin servicio y hubiese que construir nuevas centrales de gas para que funcionen. Capacidad instalada en exceso tenemos e incluso cerca de un 40% del reducido consumo diario de la Isla puede generarse con gas, que no es limpio ni barato. ¿Que alguna instalación existente de producción centralizada de energía pueda ser acondicionada para manejar fluctuaciones en demanda eléctrica de manera rápida con tecnología? Claro que sí. 

La ironía es que siempre nos han dicho –para alimentar un sentido de inferioridad– lo pequeño que somos y que no contamos con recursos naturales. Y de pronto, para el tema energético, nos quieren tratar como si fuéramos un continente, como si las distancias de sur a norte fueran mayores que de este a oeste. Para los que se la pasan mirando hacia el norte con mente colonizada, California ni ningún estado o ciudad allá tiene una central de generación de energía en cada esquina.

Un amigo profesor de ingeniera eléctrica del Recinto Universitario de Mayagüez siempre me dice: “No me digas cómo hacerlo. Dime qué quieres que diseñemos y lo hacemos”. Desde Casa Pueblo impulsamos #50conSOL ahora. Eso significa que 50% de la demanda energética pueda generarse en el lugar del consumo, en los techos, sin necesidad de líneas de transmisión ni distribución en ruta a un país 100% renovable. 

¿Por qué primero este paso antes de invertir en gas o nuevas centrales en la AEE? A cualquier persona que está en proceso de transición energética en su hogar se le pide primero evaluar sus cargas y buscar eficiencias antes del cambio. Por ejemplo, se sustituyen las luces tradicionales por unas de LED o se cambia la nevera por una que haga el mismo trabajo pero con menos consumo energético. El país debe hacer lo mismo. Debemos primero reducir las ‘cargas’. Para la AEE, las casas y los negocios son sus ‘cargas’, no importa qué es lo que está consumiendo energía adentro. Entonces, si el 50% de los hogares generasen su energía como primer paso de una verdadera transición, el País estaría en términos prácticos reduciendo sus cargas de la demanda energética total. Necesitaríamos menos unidades operando diurno alcanzando horas pico en horarios nocturnos. La AEE puede adaptarse y producir más en los horarios que haga falta. Con ese panorama, entonces debemos definir a la AEE que necesitamos, no al revés. De hecho, si esto se hiciera realidad, no necesitaríamos el equivalente producido por la carbonera de AES o la central de San Juan.

La transición que necesitamos es facilitar la integración de fuentes renovables sin nuevas penalidades como el escondido impuesto al sol. Al contrario, impulsar es incentivar verdaderas alianzas público-comunitarias. Sí, con la gente. Dirigir la política pública a que más personas puedan acceder al cambio sustantivo que representa la energía renovable. En cinco años, ¿cómo y qué se propone para alcanzar 10% o 20% de generación energética con renovables? Por favor, no responda con “necesitamos nuevas plantas de gas”. ¿Qué unidades existentes de fósiles no harían falta y entrarían en plan de cierre? ¿Qué tal cambiar las líneas de distribución de 4,160 voltios por unas de 13,200 voltios que permitan menos pérdidas y mayor integración de energía distribuida? 

Si la meta es 100% renovables para el 2050, lo que está sobre la mesa desde el gobierno y los sueños que nos traen de allá no son otra cosa que un duérmete tú. Por eso y mucho más, te invitamos a juntarnos para impulsar el futuro energético nuestro, haciendo aprovechamiento del mejor combustible disponible, el sol. Transición ahora. El 21 de abril, por la resurrección del Planeta, por democratizar el sistema energético y por un modelo de activación económica limpio y para todos, encontrémonos en Adjuntas, en la Marcha del Sol.

Este escrito se publica simultáneamente en 80 grados y la Perla del sur

Promesa es pobreza

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Por Wilda Rodríguez

A nombre del Junte de Mujeres M18 advertimos que no se puede discutir PROMESA y la Junta de Control Fiscal sin hablar de status y colonialismo.

PROMESA es una legislación producto del ejercicio de un poder imperial sobre un país invadido, ocupado y colonizado en 1898. Un país que ha sido llevado a la quiebra económica y política como colonia y que la potencia administradora pretende mantener como colonia a perpetuidad para que siga siendo de beneficio a las empresas e intereses financieros de Estados Unidos.

La imposición de PROMESA y sus siete procónsules en la Junta de Control Fiscal es solo el último aparato colonial que ha impedido el desarrollo económico de Puerto Rico.

Podemos enumerar el ejercicio de ese poder colonial desde 1898 en cinco resultados:

Destruyeron nuestra agricultura diversa para imponer la que le sirve a ustedes.

Destruyeron el empresarismo local con competencia desleal, monopolio y acaparamiento.

JUNTE M-18

Carmen Yulín Cruz Soto, Alcaldesa de San Juan

María de Lourdes Santiago, Vicepresidenta Partido Independentista Puertorriqueño

María de Lourdes Guzmán, Presidenta Movimiento Unión Soberanista

Alexandra Lúgaro, Candidata a la Gobernación 2016

Wilma Reverón, Co-Presidenta Movimiento Independentista Nacional Hostosiano

Mariana Nogales, Presidenta Partido del Pueblo Trabajador

Contaminaron y destruyeron nuestros recursos naturales con actividades militares y de industrias contaminantes.

Intentaron despojarnos de nuestro idioma, cultura e historia.

Criminalizaron todo intento de resistencia y rebelión contra el coloniaje, incluyendo torturas y asesinatos a sus líderes, encarcelamiento y penas desproporcionadas. 

La quiebra de la colonia bajo esas circunstancias no solo era evidente e inevitable. Fue provocada e inducida durante los últimos 120 años de servir como taller de ultramar a las empresas e intereses financieros de Estados Unidos.

Ahora PROMESA y su Junta culminan ese crimen con medidas de austeridad que utilizan el dinero de los servicios y necesidades del pueblo de Puerto Rico, para empobrecer y hacer a la colonia aún mas dependiente. Su plan es la colonia permanente.

PROMESA significa:

El desmantelamiento del sistema de educación pública con el cierre y la privatización de escuelas.

El desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico para evitar la producción de la inteligencia y los profesionales del país para el país.

El despojo de derechos laborales adquiridos para empobrecer y someter a la clase trabajadora.

La reducción de las pensiones de retiro de los trabajadores públicos que amenaza la salud y calidad de vida en los años mas vulnerables de la vejez.

 La criminilización de la protesta de los trabajadores que defienden sus derechos adquiridos y sus pensiones y de los estudiantes que defienden su derecho a salvar su país.

La hipoteca del país durante los próximos cuarenta años para pagarle a los bonistas y fondos buitres de COFINA que es solo el primero y sienta un precedente nefasto al pagar bonos a 93 centavos de dólar por bonos adquiridos por menos de 60 centavos de dólar;

La imposición de un ambiente laboral tóxico de falta de oportunidades, desesperanza y el desasosiego, de emigración masiva de miles de puertorriqueños en sus edades mas productivas, mas preparados técnicamente, ocupacionalmente y profesionalmente.

Este es el legado del coloniaje, la imposición de PROMESA y la instauración de la Junta de Control Fiscal. 

PROMESA ES POBREZA. Los de ustedes que piensan que ayudan al pueblo de Puerto Rico a enfrentar la crisis fiscal, THINK AGAIN. Esto es un desastre humanitario. PROMESA y la Junta tienen que ser eliminadas.

Señores congresistas, el colonialismo es un crimen contra la humanidad. Cada segundo que pasa y se mantiene al pueblo de Puerto Rico sumido bajo la indigna e inhumana condición colonial, EUA comete un crimen de lesa humanidad. Ustedes… que se han abrogado ilegalmente nuestra soberanía, que nos niegan nuestro derecho a nuestra nacionalidad, son cómplices de este crimen. Su responsabilidad humana, jurídica, moral y ética es detener este crimen contra el pueblo de Puerto Rico. Asuman esa responsabilidad.

La autora es periodista y  la Coordinadora Junte M-18. Ponencia ante las vistas del Comité de Recursos Naturales del  Congreso de Estados Unidos de América, 15 de marzo de 2019.

MVC: ¿Hasta dónde se puede estirar la amplitud?

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¿Es la anexión una “opción descolonizadora”
real? Desde aquella sentencia luminosa que
una vez dictó Pedro Albizu Campos decimos que la anexión es pretender atacar la enfermedad del colonialismo matando al enfermo, por lo que no
puede ser una solución real.

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Todo frente amplio necesita un “programa mínimo” y en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) eso fue lo que se dio a conocer el pasado 11 de marzo en el Teatro Tapia de San Juan. El nuevo partido político puertorriqueño aspira a aglutinar a sectores diversos y sus propuestas iniciales –nada originales, pero muy pertinentes– recogen aspiraciones con las que la mayoría de los puertorriqueños podrían coincidir.

Además de las propuestas –a las que vuelvo más adelante– el equipo fundador del MVC lo integran personas que inspiran respeto por una trayectoria, breve en unos casos y amplia en otros, de mucho compromiso. Entre las mujeres destaco a Ana Irma Rivera Lassén, expresidenta del Colegio de Abogados y consecuente defensora de los de abajo, y a Alexandra Lúgaro, quien como candidata independiente a la gobernación en 2016 acumuló una respetable cantidad de votos hablando en todo momento con franqueza y valentía.

Entre los varones destaco al joven Manuel Natal quien el pasado año, cuando al Partido Popular se le denunciaba una existencia “mugrosa”, casi idéntica a la del corrupto PNP, tuvo la valentía de abandonarlo arriesgando lo que había sido su asidero electoral. Quienes en aquel momento denunciaron “la mugre”, llamando a limpiarla, no tuvieron reparo en quedarse nadando en ella cuando el partido reafirmó la ruta denunciada. Destaco también a Néstor Duprey, quien ha ganado respeto desde la radio y ahora, como Natal, abandona al partido en el que militaba casi desde niño, disponiéndose a fundar algo nuevo. Natal y Duprey pueden atraer hacia el MVC el importante sector soberanista del PPD que, contrario a ellos, no acaba por reconocer que no tiene futuro dentro de un partido caducado.

Sólo menciono cuatro nombres, pero todo el grupo fundador proyecta seriedad y compromiso, tan ausente en el liderato de los dos partidos que, al menos desde 1952, se han turnado en el cargo de administrador de la colonia. Desde ese año, la última vez que un tercer partido –el entonces recién nacido Partido Independentista Puertorriqueño– tuvo posibilidad de victoria, hemos sido presa de un bipartidismo insípido que últimamente ha terminado siendo un régimen de partido único. Entre el PPD y el PNP la diferencia es el color de la pintura y por eso el clamor por algo nuevo ha estado creciendo.

El programa mínimo del MVC cubre doce temas e incluye propuestas ya planteadas y luego olvidadas. Algunas, como reformar el proceso electoral, la representación ciudadana y la manera como se elige a los gobernantes, requerirán cambios en la Constitución de 1952, que trató de imitar el proceso estadounidense muy poco democrático. Otras propuestas, la mayoría, en temas tan básicos como corrupción, educación pública, salud y ambiente, entre otros, podrían volverse realidad si se logra el control de la Legislatura.

Escrutinio aparte requiere lo que se plantea en cuanto al estatus político. A diferencia del PPD de 1940, cuando proyectándose como movimiento de justicia social se enfrentó a su primera elección, el MVC plantea que el “estatus sí está en issue”, según dijo uno de sus dirigentes, pero su propuesta se limita a exigir el fin del colonialismo, adoptando la asamblea constitucional de estatus como mecanismo procesal. Afirma respetar las tres “opciones descolonizadoras” que reconoce en el derecho internacional –independencia, libre asociación e integración– sin adoptar ninguna de ellas.

Esa posición, bastante parecida al “estatus no está en issue” que postuló Muñoz Marín en 1940 aunque digan otra cosa, presenta tantos cuestionamientos que pueden llegar a superar los riesgos que el nuevo movimiento pretende esquivar al evitar adoptar una posición. ¿Es la anexión una “opción descolonizadora” real? Desde aquella sentencia luminosa que una vez dictó Pedro Albizu Campos decimos que la anexión es pretender atacar la enfermedad del colonialismo matando al enfermo, por lo que no puede ser una solución real. Además, por lo sucedido con las naciones que formaron parte de la Unión Soviética, y por lo que sucede ahora entre Cataluña y España, sabemos que cuando una nación se integra a otra los conflictos entre ellas sobreviven, y hasta se profundizan, aunque técnicamente no exista una relación colonial debido a que los habitantes de la nación integrada participan en los procesos políticos de la receptora. La integración, por tanto, nunca será una solución real al colonialismo cuando quien sufre ese mal es una nacionalidad a menos que, como sentenciaba Albizu, la nacionalidad efectivamente deje de existir.

 Desde que se planteó la asamblea constitucional como el camino procesal ideal para enfrentar lo que aquí llamamos “problema de estatus”, los independentistas hemos estado dispuestos a caminar junto a los anexionistas en ese proceso. Pero eso es algo muy distinto a pertenecer a una organización que proclame o acepte, como uno de sus principios, que la anexión es una “opción descolonizadora”, invitando a quienes la quieren a incorporarse a ella.

Hace 115 años tuvimos un partido político con una postura similar, el Unión de Puerto Rico. Desde su fundación en 1904 el Partido Unión pretendió atraer a sus filas a los seguidores de todas las opciones de estatus. Hay una frase de Luis Muñoz Rivera, muy triste a mi juicio, que define muy bien la pretendida melcocha de estadidad, gobierno propio e independencia: “nosotros preferiríamos la primera; proponemos la segunda, y nos reservamos la tercera como último refugio de nuestro derecho y nuestro honor”. ¡He ahí el oportunismo muñocista en todo su esplendor! Aquel anexionismo programático no le sirvió para mucho al Partido Unión. Con pocas excepciones, los anexionistas nunca llegaron y en 1912 eliminó a la estadidad de su programa.

¿Puede el MVC atraer a todos los sectores políticos puertorriqueños, incluyendo a los que postulamos la independencia, afirmando que la estadidad es una “opción descolonizadora” e invitando a quienes defienden ese “ideal” a integrarse a sus filas?

Ese es uno de los cuestionamientos más importantes que enfrenta el nuevo movimiento. En una colonia es muy difícil pedir un voto para un programa de buen gobierno sin asumir una posición clara sobre cómo acabar de verdad con el colonialismo, porque casi todos los problemas que dificultan el buen gobierno tienen una raíz colonial.

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