Ha llegado la hora de que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico cumpla con su deber constitucional y patriótico e inicie el proceso para el residenciamiento del gobernador Ricardo Rosselló Nevárez. Ningún interés individual o partidista puede ir por encima de la necesidad suprema de nuestro pueblo de tener un gobierno que le sirva y represente con desprendimiento y sabiduría, además de un nivel mínimo de decoro y dignidad, y en estricto apego a la Ley. Los acontecimientos ocurridos durante los últimos días comprueban que Rosselló no cumple con esos requisitos mínimos.
Su administración ha adoptado una actitud laxa y negligente ante la corrupción con fondos públicos entre miembros de su gabinete, contratistas y asesores, y así queda plasmado en el pliego acusatorio del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra dos ex miembros de su gabinete –la Ex secretaria de Educación, Julia Keleher y la Ex administradora de ASES, Ángela Ávila– junto a varios contratistas y asesores de su administración. Si fuera cierto que su gobierno ha tomado medidas contundentes contra la corrupción ¿por qué ha evadido el Gobernador contestar la pregunta clave sobre cómo fue que llegó Alberto Velázquez Piñol –arrestado e imputado en la redada federal de la semana pasada– a fungir como representante de La Fortaleza ante las agencias principales del Gobierno, sin ni siquiera figurar como contratista? ¿Quién le otorgó ese poder de representación? ¿A través de quién se colocó a Velázquez Piñol en la firma de contabilidad BDO, y de ahí pasar a la jefatura de ASES, con el poder de decidir cuáles aseguradoras serían contratadas, y cuáles descartadas, del Plan de Salud del Gobierno?
También carece del temperamento y el carácter que requieren el cargo que ocupa, y así queda evidenciado en las páginas del infame “chat” de Telegram. La conversación del “chat” la encabezaba el Gobernador junto a una docena de sus colaboradores más cercanos, y en el mismo participaba activamente el cabildero Elías Sánchez, entre otros individuos sin vínculo oficial con el gobierno de Puerto Rico. En las páginas del “chat”, dadas a conocer íntegramente este pasado fin de semana, abundan las instancias en que el Gobernador manejó con estas personas información sensitiva y confidencial sobre estrategias, y asuntos neurálgicos de gobierno y de política pública. ¿Acaso puede él garantizarle al pueblo de Puerto Rico que el cabildero Sánchez, o cualquiera otro de los contratistas participantes, no se beneficiará personalmente de la información compartida?
Más aún, la existencia de ese “chat” y todo su contenido son prueba fehaciente de la falta de decencia y de brújula moral del Gobernador y su camarilla de íntimos. Bajo ninguna circunstancia puede gobernar nuestro país quien invierte su tiempo durante días enteros en conversaciones degradantes con sus principales asesores, conversaciones que denotan la intención de destruir, acosar e insultar a quienes a ellos les parezca. Si esa es su forma de liberar el estrés, como alegó Rosselló durante su conferencia de prensa tras su llegada de España, entonces está irremediablemente incapacitado para ser el gobernante de nuestro país.
Acosado por la opinión pública y el liderato de su partido, y como medida de mitigación de crisis, el gobernador despidió a sus compañeros de “chat” de los puestos que ocupaban y a los demás- menos a Elías Sánchez que participaba en el “chat” como su amigo- les canceló los contratos. Sin embargo, pretende seguir ocupando su cargo durante el año y medio que le queda de su mandato. Con esta estrategia de distanciarse de quienes yerran, Rosselló ha logrado vadear muchas crisis durante su incumbencia. Culpar a los demás por sus errores o defectos es una táctica recurrente de su proceder. Sólo que en esta ocasión, permitirle que se salga con la suya, es hacerse cómplice de su burla a nuestro pueblo.
Ricardo Rosselló no puede seguir gobernando a Puerto Rico porque con sus acciones ha degradado la dignidad del cargo que ocupa. No puede gobernar porque ha traicionado la confianza del pueblo que lo eligió. No puede continuar porque el grito general del País exigiendo su salida lo ha despojado de toda legitimidad. Pero, sobre todo, no puede gobernar porque en el curso del “chateo” con sus amigos, el Gobernador violó la ley, y las páginas del “chat” constituyen evidencia de dichos delitos.
Durante el fin de semana, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, informó que dicho cuerpo le concedería un tiempo adicional de reflexión al Gobernador antes de exigirle su salida. Entre otras razones, Méndez expresó que la Cámara de Representantes no tenía ante sí un pliego acusatorio del cual partir para iniciar el proceso de residenciamiento.
Al cierre de estas páginas, el Representante a la Cámara por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) , Denis Márquez presentó ante dicho cuerpo un pliego acusatorio con 18 posibles delitos contra el gobernador Ricardo Rosselló contenidos en el “chat” de Telegram. Entre otros, se mencionan la malversación de fondos, la recopilación ilegal de información personal, conspiración, amenazas, discriminación, incitación a la violencia, influencia indebida y enriquecimiento ilícito.
Ya no tiene excusas el presidente de la Cámara de Representantes. Tiene ante sí una muestra de los posibles delitos que cometió el Gobernador mientras “chateaba” con amigos y miembros de su equipo de trabajo. El pliego acusatorio del compañero del PIP es un buen primer paso en la dirección correcta. Es responsabilidad de la Asamblea Legislativa cumplir con su deber constitucional, tomar en serio las acusaciones que hace uno de sus portavoces, e iniciar el proceso de residenciamiento de inmediato, sin ampararse en subterfugios o consideraciones ajenas a su función como garantes de la voluntad de nuestro pueblo.
