Por Mc Nelly Torres | Centro de Periodismo Investigativo
Tres días después del huracán María, Isolina Miranda miraba con incredulidad lo que quedó del edificio de dos pisos donde una vez hubo un centro de salud comunitario en el corazón del pueblo San Lorenzo, que tiene unos 37,000 habitantes.
Miranda es la directora ejecutiva de COSSMA Inc., uno de los 20 centros de salud comunitarios en Puerto Rico.
Cuando el huracán llegó el 20 de septiembre de 2017, los fuertes vientos arrancaron el techo de zinc del centro de salud y la lluvia dañó todo lo que había adentro — medicamentos, muebles, computadoras, equipo médico y la recién renovada área de obstetricia.
Al llegar al centro destrozado, Miranda encontró a los pacientes y al personal esperando ansiosos. Los pacientes se preguntaban si la clínica estaba en condiciones de darles los servicios médicos dada la devastación, mientras que el personal estaba preocupado ante la posibilidad de perder sus empleos.
“La gente estaba llorando”, dijo Miranda mientras trataba de controlar su emoción. “Les dije que no se preocuparan… ‘Vamos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos aquí’”.
Miranda vio el daño que el huracán dejó a su paso mientras manejaba hacia la clínica, y sabía que la necesidad de servicios médicos sería esencial tras el paso de la tormenta. Dio instrucciones al personal para que instalaran una carpa en la acera y comenzaran a documentar los nombres de los pacientes y los medicamentos necesarios mientras organizaban el transporte de los pacientes a otras clínicas de COSSMA con farmacias aún abiertas en pueblos cercanos.
Los centros de salud como COSSMA brindan atención médica primaria a las poblaciones pobres en Puerto Rico. Pero durante los primeros días y semanas después de María, estos centros se convirtieron en los primeros en dar apoyo a los que necesitaban asistencia médica y medicamentos. La respuesta de la mayoría de estos centros de salud ayudó en un momento en que se desató una crisis de salud pública y muchos hospitales cerraron, al tiempo en que las agencias gubernamentales federales y estatales — encargadas de responder después de un desastre natural — fallaron, según entrevistas a varias personas.
«No podíamos comunicarnos con nadie», dijo Miranda al describir los primeros días después de la tormenta. «Fuimos a las comunidades con nuestros servicios médicos».
En muchos casos, los proveedores de servicios médicos como COSSMA trabajaron bajo carpas ubicadas fuera del centro de salud porque los edificios estaban parcialmente dañados o no eran seguros. Mientras que otros, como los Centros de Servicios Primarios de Salud de Patillas, usaron sus unidades móviles para visitar a los pacientes en sus hogares, incluyendo algunos que vivían en áreas más remotas.
La Corporación de Salud Asegurada por Nuestra Organización Solidaria (SANOS) visitó refugios y centros de cuidado de ancianos en Caguas para brindar atención primaria y medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, asma y enfermedades del corazón. El centro de Patillas permaneció abierto al público, incluso mientras la tormenta entraba a tierra, a unas pocas millas de distancia.
Estos centros también fueron de los primeros en atender a pacientes con condiciones de salud pública estrechamente relacionadas con eventos catastróficos, como infecciones agudas, conjuntivitis, sarna, asma, dermatitis y enfermedades contagiosas como influenza, dengue, leptospirosis y zika.
«Estábamos solos en el mundo», dijo César Montijo, director ejecutivo de SANOS, un centro de salud en Caguas, al describir cómo su clínica intervino para brindar servicios médicos e incluso alimentos a las comunidades necesitadas 72 horas después del huracán.
Los esfuerzos de estos centros de salud luego del huracán confirmaron que son una pieza esencial en la estrategia de respuesta ante emergencias.
El año pasado, la Administración de Servicios y Recursos de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés), la agencia federal que provee fondos para los centros de salud, otorgó $12.8 millones para apoyar los preparativos para desastres, especialmente en áreas remotas.
Direct Relief, una organización cuya oficina matriz está en California y que da ayuda para atender las necesidades inmediatas de las víctimas de desastres naturales, aportó fondos para instalar paneles solares en 37 clínicas y brindó empaques con suministros médicos de emergencia a 12 centros de salud antes de la temporada de huracanes del 2019. Otros esfuerzos de preparación han incluido: generadores de mayor capacidad, instalar tanques de combustible lo suficientemente grandes para almacenar diesel durante 21 días o más, y construir sistemas de almacenamiento de agua y pozos.
El año pasado el gobierno de Puerto Rico solicitó al Congreso de los Estados Unidos $250 millones en fondos para equipar a los centros de salud comunitarios con materiales y equipos que los prepara para enfrentar un desastre. También se solicitaron equipos como vehículos todoterreno y clínicas ambulantes que estarían listas para responder en lugares con daños graves y áreas aisladas después de un desastre. Esto era parte del plan económico y de recuperación de desastres del gobierno.
El CPI pidió al Departamento de Salud detalles sobre si los fondos fueron aprobados y una lista de los centros involucrados en estos esfuerzos y cualquier plan de preparación para emergencias que incluya centros de salud. Salud refirió la petición a la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (COR3) y esa agencia no proveyó la información luego de varias solicitudes.
El acceso a medicamentos y atención médica son vitales después de un desastre
El acceso a medicamentos y a servicios médicos puede convertirse rápidamente en una cuestión de vida o muerte después de un desastre natural y esto se hizo evidente después de que la tormenta dislocara la infraestructura — electricidad, transportación y comunicaciones — lo que provocó retrasos en el acceso a la atención médica, alimentos y agua.
En Puerto Rico, después de María, esos retrasos contribuyeron a aproximadamente 3,000 «muertes en exceso» entre el 20 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, según el estimado más reciente de la Universidad de Harvard.
El estudio concluyó que algunas de las razones del aumento en el número de muertes después de la tormenta incluyeron la imposibilidad de acceder a medicamentos, la ausencia de médicos y la interrupción de los servicios médicos, la necesidad de equipo respiratorio que requería electricidad y la incapacidad de acceder al sistema del 911, especialmente en áreas remotas.
Montijo dijo que el enfoque de los centros de salud en la atención primaria le permitió a los hospitales concentrarse en casos más serios.
«Estamos hablando de tener medicamentos que necesitaban refrigeración o de proporcionar terapia a pacientes asmáticos porque no tenían luz en su casa», dijo Montijo. «Esas cosas básicas son importantes y también pudieran salvar vidas».
Arturo García, doctor y director médico en el centro de salud de Patillas, dijo que la clínica recibió a muchos pacientes buscando ayuda la noche de la tormenta.
«Tuvimos muchas personas que vinieron aquí para recibir su terapia respiratoria porque no tenían electricidad», dijo García, señalando que se habían preparado para eso porque la ciudad tiene una población de ancianos en aumento. «La gente murió aquí en Patillas porque no tenían electricidad», afirmó.
Sin embargo, 15 días después de la tormenta, los 20 centros de salud y sus clínicas alrededor de la isla no aparecían en los informes que preparaba diariamente la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) sobre los trabajos de emergencia.
Los informes diarios documentaron los esfuerzos de recuperación que se llevaban a cabo todos los días por las agencias de salud de Puerto Rico y el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal, enumerando el número de hospitales, Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) y las clínicas de atención de urgencias, según una revisión de más de 1,000 páginas de notas de FEMA obtenidas por el CPI, como resultado de una demanda presentada contra el gobierno federal para obtener los documentos.
Los informes diarios no incluían detalles específicos sobre las necesidades inmediatas de los centros de salud, tales como electricidad, agua, medicamentos y personal o cualquier esfuerzo en curso para brindar alivio. En cuanto a los memorandos de FEMA, los centros de salud comunitarios y su papel en la prestación de atención primaria de salud a las comunidades vulnerables no existían.
«El gobierno tenía múltiples prioridades y, en algún momento, el gobierno, el Departamento de Salud y FEMA decidieron concentrar sus esfuerzos en los hospitales», dijo Alicia Suárez, directora ejecutiva de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico (ASPPR), destacando que había confusión sobre los centros de salud comunitarios. ASPPR es una organización de apoyo para los centros de salud en Puerto Rico.
En una respuesta vía correo electrónico, FEMA dijo al CPI que «apoyó las prioridades establecidas por el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Salud para determinar la asistencia que se brindaría a los proveedores de atención médica».
«El Departamento de Salud de Puerto Rico no asignó un rol de respuesta a la emergencia a los (centros de salud) 330 en la operación de rescate», escribió Juan A. Rosado Reynes, un portavoz de FEMA. «Por lo tanto, cualquier asistencia ofrecida a los sobrevivientes se coordinó por iniciativa propia».
Semanas después del evento, la ASPPR comenzó a transmitir un mensaje simple al gobierno y a FEMA: las instalaciones de atención primaria de salud también son importantes, dijo Suárez.
Nadie pudo haber anticipado la magnitud de la tormenta ni la devastación que dejó, ni siquiera los centros de salud que se prepararon para el huracán. Los retos se extendieron a las personas que trabajan en ellos: el 95% de los centros reportó que tuvo personal que perdió sus hogares.
Cuatro semanas después de la tormenta, el 89% de los centros de salud operaban en horario limitado debido a la falta de personal, electricidad y equipo, lo que les impedía ofrecer servicios de laboratorio, rayos X y dentales, entre otros, según un informe de noviembre de 2017 realizado por la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken. El 65% de los edificios de los centros de salud requirieron reparaciones estructurales.
Uno de los mandatos federales exigía que los centros de salud continuaran su misión, sin importar los daños causados por la tormenta, de proveer medicamentos y servicios de atención primaria de salud sin ninguna restricción, a quienes necesitaran los servicios después de un desastre natural, dijo Suárez.
Al servicio de las comunidades marginadas
La salsa retumbaba desde unas enormes bocinas durante una calurosa tarde en el vecindario rural de San Antonio en Caguas. La unidad móvil de SANOS estaba estacionada frente al centro comunal del vecindario y ese día tenía un médico de familia, un pediatra y una enfermera para recibir pacientes todo el día. Los pacientes, en su mayoría ancianos, esperaban dentro del edificio donde estaba más fresco, lejos del sol.
SANOS ofrece servicios de atención primaria de salud, tales como pediatría, vacunación, obstetricia, psicología, medicamentos a precios de descuento a través de un programa federal y otros servicios a aproximadamente 7,000 pacientes por año.
«Respondemos a las necesidades específicas de la comunidad», dijo Montijo, señalando que SANOS atiende a personas sin hogar, con VIH y de bajos ingresos, ya sean parte del programa de salud financiado con fondos públicos o no. «Cada comunidad tiene sus propios retos y necesidades».
El concepto de centros de salud comunitarios surgió en Estados Unidos como parte de la política pública llamada Guerra contra la pobreza de principios de la década de 1960, que se enfocó en combatir las raíces de la pobreza mediante la combinación de recursos de las comunidades y fondos federales para establecer programas como, por ejemplo, las clínicas en áreas rurales y urbanas en todo Estados Unidos. Hoy día, hay casi 1,400 centros con más de 11,000 clínicas en comunidades a través de los Estados Unidos y sus territorios.
Conocidos como los centros 330 en Puerto Rico, debido a que la Sección 330 de la Ley de Servicios de Salud Pública es el estatuto federal que crea y autoriza el Programa de Centros de Salud y su financiamiento, estos centros reciben fondos del programa federal de Administración de Servicios y Recursos de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés) para ofrecer servicios de atención médica primarios en áreas desatendidas. Estos centros de salud surgieron en Puerto Rico en los años 80.
En Puerto Rico, los 20 centros de salud tienen un total de 79 clínicas, 10 unidades móviles y seis programas en escuelas públicas en 59 municipios, según la ASPPR. Los centros de salud son todos organizaciones sin fines de lucro independientes, en su mayoría financiadas con fondos federales, propiedad de las comunidades a las que sirven. Una junta directiva compuesta por los propios pacientes gobierna cada centro y sus clínicas.
En el 2017 los centros brindaron atención primaria de salud a más de 370,000 niños y adultos en toda la isla. La mayoría de los pacientes que buscan sus servicios en estos centros reciben Medicaid, pero las clínicas también brindan atención a personas con seguro privado, Medicare y personas sin seguro.
Después del huracán, tres cuartas partes de los centros experimentaron un aumento en el número de pacientes, según un informe de noviembre de 2017 realizado por la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken.
«Se hizo evidente que había una gran necesidad [de servicios] después del huracán, especialmente hacia poblaciones especiales», dijo Rubén Rodríguez Bou, un médico de familia de SANOS que ha practicado medicina desde 2004. «La falta de acceso a la atención médica es un problema entre la población anciana y esto fue evidente después de la tormenta».
Continuará..
