Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Nos debe alegrar que dos académicos estadounidenses, previamente ligados en calidad de asesores a la administración de Barack Obama, les haya dado con reconocer públicamente lo que es obvio, y ojalá que en esta ocasión, porque lo dicen ellos, el señalamiento tenga efectos sobre el Congreso de Estados Unidos. Lo que los académicos exponen ha estado a plena vista por más de un siglo sin que lo quieran ver.

Lo obvio es el caso colonial de Puerto Rico y los académicos que lo comentan son Antonio Weis y Brad Setser, ex asesores del Departamento del Tesoro, ahora vinculados a la Universidad de Harvard. En un artículo publicado en la revista Foreign Affairs afirman que Puerto Rico “sigue siendo efectivamente una colonia de Estados Unidos” y añaden que sólo terminando con esa condición es posible lograr un verdadero desarrollo económico “sustentable”. 

Antes de escribir el artículo Weis fungió como el autor intelectual de la ley PROMESA que nos impuso la todopoderosa Junta de Control Fiscal. Desde su cargo en el Departamento del Tesoro cabildeó con Demócratas y Republicanos para lograr la aprobación de la ley y algunos afirman que fue quien efectivamente la redactó. En su artículo dice que la pieza legislativa fue “un duro recordatorio” de nuestra condición colonial. El poder crudo del Congreso fue descargado de la misma manera que el Parlamento británico legislaba para sus colonias africanas y asiáticas, añado yo. 

Aquello fue cuando Weis tenía puesto el traje de asesor gubernamental, con poder para influenciar decisiones ejecutivas y legislativas. Ahora, con el sombrero de “fellow” de un instituto de Harvard, igual que los científicos en el laboratorio, el antiguo consejero de Obama describe nuestro colonialismo y propone soluciones, que son las mismas que los anticolonialistas puertorriqueños venimos planteando desde hace más de un siglo. 

Como señalo al principio, está muy bien que Weis y Setser utilicen sus recursos como “fellows” para exponer nuestra condición colonial, pero les faltó un poco de honestidad al no explicar que esa condición colonial ha permanecido inalterada porque así lo ha querido el lado poderoso de la ecuación, que es el colonizador. No hay en el artículo ni siquiera una mención indirecta a las acciones represivas acumuladas a la largo de 120 años para impedir que en Puerto Rico creciera un movimiento libertador. Tampoco hay ni siquiera una mención indirecta a las operaciones desatadas durante ese tiempo por parte del aparato militar estadounidense para mantener la condición colonial que facilitaba el uso bélico. También falta alguna referencia a los beneficios económicos que les deja el colonialismo, desde que nos convirtieron en una gran plantación azucarera hasta el paraíso fiscal para sus grandes millonarios que somos hoy. 

Si esos dos académicos hubiesen indagado un poco más en la razón del inmovilismo, descubrirían que la condición colonial permanece porque esas fuerzas actuaron para su benefcio y, peor aún, porque siguen actuando. En el largo artículo, reproducido y traducido al castellano por El Nuevo Día digital, no hay adjudicación alguna de responsabilidades por el actual estado de cosas, más allá de sugerencias tímidas. 

Claro está, en el lado de acá también hay cómplices importantes. La principal aportación del artículo de Weis y Setser es el reconocimiento de que el desarrollo económico de Puerto Rico está directamente unido a la superación del problema colonial y por casi 80 años, desde 1940 hasta el presente, la tesis más defendida por los gobernantes de turno ha sido exactamente lo contrario: que la “solución de estatus” tenía que esperar por la superación del problema económico.

Luis Muñoz Marín y el Partido Popular llegaron al poder de la colonia, el que mantuvieron a lo largo de décadas y ahora detentan de forma intermitente, con el cuento de que “el estatus no está en issue” y que sí lo estaba la pobreza. Nuestro problema político futuro era presentado como accesorio, desvinculado de la realidad social. Aun cuando ya estamos en pleno siglo XXI y a pesar de toda la evidencia disponible, todavía se repite el planteamiento de que “el estatus” tiene que esperar por la atención a los problemas económicos. Varios de los actuales candidatos del PPD a la gobernación repiten ese argumento como si fuera la ley escrita en las tablas de Moisés. 

Ahora, los asesores del expresidente Obama les recuerdan la realidad. Luego de plantear que, para tender la crisis actual debe procederse de inmediato con la restructuración de la deuda pública, Weis y Setser afirman: “Sin embargo, el camino a seguir sólo será sostenible si se resuelve definitivamente el status político de la isla.” Antes habían reconocido la realidad colonial y ahora afirman que es lo que impide un desarrollo económico “sostenible”. 

Ese planteamiento lo venimos haciendo los independentistas puertorriqueños desde siempre y últimamente lo han señalado muchos economistas serios de aquí y del exterior. Lo que falta es que los que controlan el poder, el mismo poder que durante décadas han utilizado para reforzar el colonialismo y achicar a quienes lo denuncian, lo dirijan a buscarle una salida real al dilema puertorriqueño. 

Ojalá que ahora que lo dicen dos académicos de Harvard por fin nos hagan caso. 

Por Félix I. Aponte-Ortiz/Especial para CLARIDAD

En semanas recientes se ha estado presentando a través de diferentes medios de comunicación, información torcida sobre la condición de los acuíferos del sur. Una parte de esta información ha trascendido en los medios de comunicación comercial del País en las vistas públicas promovidas por la Comisión de Salud Ambiental y de Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, según ordena la Resolución del Senado 527. La Comisión convocó a vistas públicas el viernes 24 de mayo de 2019 para una llamada “Investigación exhaustiva sobre el Estado de los Niveles de Agua Subterránea y Posibles Contaminantes Presentes en el Acuífero del Sur”. El proceso seguido y los aspectos discutidos en esa vista pública demostró incompetencia legislativa y un desenfoque del entendimiento sobre la realidad circunstancial y las consideraciones científicas y técnicas que describen las características y comportamiento de estos acuíferos. Además, se utilizó la vista como un foro donde varios actores sociales, con intereses particulares diversos, expusieron información incorrecta traída con el ánimo prevenido de desacreditar e inhabilitar a las agencias gubernamentales de cumplir el deber ministerial de proteger esta fuente de agua. Estos actores sociales pretenden que el gobierno deje sin efecto la adopción de una moratoria que está vigente para la construcción de nuevos pozos para el aprovechamiento del agua subterránea en esa región del sur del País y, de forma más puntual, de impedir que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) establezca un programa de racionamiento de la oferta de agua potable en el municipio de Salinas.

Pongamos la situación en contexto. La situación general de los acuíferos del sur está afectada por dos situaciones concurrentes, una de carácter estructural y otra de carácter coyuntural. La situación estructural tiene que ver con un desequilibrio significativo y creciente entre la cantidad de agua que se extrae de los acuíferos entre los municipios de Ponce y Arroyo, versus la cantidad de agua que recarga o repone el volumen de esa reserva subterránea. Desde hace más de 30 años se ha estado planteando que se está extrayendo más agua de la que el acuífero puede suplir. La situación ha traído como consecuencia la intrusión de agua salada en esta importante fuente natural. El cambio en calidad en el agua amenaza la integridad de esta fuente y a la vez la puede inhabilitar para suplir agua para el consumo humano y para el uso para el riego agrícola. La reglamentación gubernamental prohíbe el que la AAA supla agua con ciertos niveles de sales en solución, y estas sales en exceso en el agua de riego, comprometen la productividad en las cosechas. El problema de salinización del acuífero se irá complicando, además, por el proceso irreversible en el alza en nivel del mar que está ocurriendo por el calentamiento del Planeta y la crisis climática asociada a este problema global.

El problema coyuntural que afecta a los acuíferos del sur se relaciona con la sequía moderada que, desde el pasado año, está afectando la mitad del territorio nacional, pero muy en particular, a la región sur de Puerto Rico. Con menos lluvia, hay menos recarga al acuífero. Si se mantuviera el mismo patrón de extracción para satisfacer a los usuarios del acuífero, se incrementa la concentración de sales en la fuente. Es imprescindible entender que una vez un acuífero se saliniza, regresarlo a su equilibrio químico implica un proceso muy costoso en términos monetarios y oneroso en términos de tiempo pues puede tomar de décadas a siglos reponer el equilibrio natural.

Aparte del desequilibrio entre extracción y recarga en los acuíferos del sur, existe un problema constatado de contaminación con nitratos, provenientes, principalmente, de los fertilizantes químicos que se utilizan en la actividad agrícola. Ya se han medido niveles de nitratos por encima de los valores permitidos por el Departamento de Salud y la Agencia de Protección Ambiental federal. La presencia de nitratos y la detección, en bajas concentraciones, del plaguicida cancerígeno Atrazina en el acuífero en Santa Isabel sugiere que ya existe una migración de contaminantes tóxicos desde la superficie de los terrenos sobre los acuíferos del sur, lo que plantea un serio potencial para un problema mayor de salud pública y de salud ambiental. Conviene recordar que las operaciones que llevan a cabo buena parte de los agricultores en esa reserva agrícola sobre los acuíferos del sur están fundamentadas en el uso intensivo de sustancias químicas (agroquímicos), la mayor parte de éstos son sustancias tóxicas y nocivas a la salud humana en concentraciones relativamente bajas. Entre estas sustancias se incluye el uso masivo de glifosato que mercadea Monsanto por lo que habrá que determinar si el glifosato tiene potencial de también contaminar los acuíferos del sur.

Desde el año 2016, se adoptó por el DRNA una designación de Estado Crítico de los Acuíferos del Sur, apoyado en la Ley de Aguas en Puerto Rico, como medida estratégica cautelar para establecer mecanismos de manejo, de uso y aprovechamiento del recurso agua que aseguren la protección de esta importante fuente. El manejo y protección del acuífero requiere de un manejo científico y mesurado de los suelos agrícolas y de la actividad urbana que allí se lleva a cabo. La crisis fiscal que afecta al gobierno y, en general al País, ha limitado o impedido que el DRNA lleve a cabo e implante todas las medidas y estrategias recomendadas en el 2016 para resolver el problema en los acuíferos del Sur. Estas limitaciones han creado un vacío de gestión en el interés público de la protección del acuífero. De forma oportunista, los actores sociales como las empresas semilleras han estado activos en las últimas semanas, divulgando estudios de dudosa y cuestionable metodología y precisión técnica. Constituye una crasa negligencia la práctica de tergiversación de la realidad en la situación presente y futura de los acuíferos del sur. Ignorar el problema y posponer su solución implica, exponer o seguir exponiendo a más de 130 mil compatriotas que dependen de esta fuente para su abasto de agua a un serio problema de salud pública y de salud ambiental. Urge implantar una estrategia inteligente y sensata para manejar y proteger esta vital fuente de agua.