Por Manuel de J. González

CLARIDAD

Ricardo Rosselló anda de campaña con los pensionados. Sus encuestadores le han dicho que el posible recorte a las pensiones es uno a los asuntos que más preocupa a los boricuas y ha decidido hacer del tema uno de los principales de su ya en marcha campaña de reelección. Aun cuando la Junta de Control Fiscal (JCF) proyecta reducir las pensiones a partir del presupuesto que comenzaría en junio de 2020, Rosselló ubicó el tema en el centro de su “mensaje de presupuesto” y a partir de ahora ese será su caballito de batalla. 

El mensaje que emitió desde el acto de campaña celebrado en Ponce, (muy mal disfrazado como sesión de la Legislatura), supuestamente para resumir su propuesta de presupuesto, no fue más que un ejercicio de futilidad y Rosselló mejor que nadie lo sabe. Ya la JCF le notificó a la Legislatura el programa de gastos para el próximo año fiscal y, como ocurrió el año pasado, ese es el que regirá. A pesar de esa realidad de todos modos emitió el tradicional mensaje anual, aunque convertido en un alegato contra la JCF.

Mientras los políticos coloniales se entretienen en estos actos de campaña pre eleccionaria, se develaba un documento que dramatiza cómo ha desaparecido todo vestigio del gobierno propio que la mayoría de los puertorriqueños creyó tener a partir de 1952. Me refiero al acuerdo al que llegó la JCF con la American Federation of Teachers (AFT), entidad a la que está afiliada la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR). La discusión pública en cuanto a este documento se ha centrado en lo referente al plan de pensiones, pero el acuerdo afecta muchos otros temas que sólo un gobierno debería abordar. Lo que ese documento evidencia es que la JCF ha decidido utilizar al máximo los poderes que le dio el Congreso de Estados Unidos dejando de lado las apariencias de “respeto” al gobierno electo que intentaron proyectar al principio. 

Conscientes de que la JCF ya decretó que a partir de 2020 se recortará progresivamente el ingreso de los pensionados, y que en ese y otros renglones en la actualidad no existe ninguna garantía para los trabajadores que representan, la AFT-AMPR negoció un nuevo convenio colectivo que cubre todos los aspectos que de ordinario atiende un gobierno en funciones. Además de lo referente al plan de pensiones, el documento divulgado especifica las normas a seguirse en caso de que haya despidos en el Departamento de Educación, los servicios médicos que se le ofrecerán a los maestros, la información que ese Departamento debe proveer cada año en relación con sus finanzas y, como puntillazo final, dispone que, en caso de que el que se produzca un excedente en el presupuesto, parte del mismo irá a un fondo para beneficio del magisterio. Ni los días de fiesta que le aplicarán a los maestros quedaron fuera.

Sin que ningún oficial del gobierno electo por los puertorriqueños hubiese participado en su negociación, el acuerdo entre la JCF y la AMT-AMPR establece con claridad que el mismo obliga tanto a la JCF como al “Commonwealth”. En el asunto específico de los retirados se dispone que el “Commonwealth” creará un Fondo de Reserva para Pensiones, pero que no podrá administrarlo. El fondo estará en un fideicomiso (“trust”) bajo el control de entidad independiente que será seleccionada posteriormente mediante requerimiento de propuestas. 

En el documento hecho público, la JFC dejó abierta la puerta para que lo negociado con la AMT-AMPR también esté disponible para otros empleados del sector público, siempre y cuando éstos expresamente acepten los términos contenidos en el acuerdo incluyendo el Plan de Ajuste para las pensiones. Si lo negociado con los representantes legales de la AFT se vuelve final (ahora mismo la matrícula AMPR está votando si lo acepta o no) muy pronto veremos a los otros sindicatos sentándose a negociar con la JCF todo lo relacionado con los salarios, servicios médicos y planes de retiro de sus afiliados. Para esa negociación tendrían el aliciente adicional de que les saldría de gratis. Una de las provisiones del acuerdo divulgado es que la JCF, es decir, el pueblo puertorriqueño, rembolsaría a la AFT-AMPR sus gastos legales y de otro tipo (“professional fees”) que hayan incurrido. Mientras se redactaba este artículo, el sindicato Servidores Públicos Unidos (SPU) informó en conferencia de prensa que también ha estado negociando con la JCF y ya existe un “preacuerdo” con la entidad. 

Consciente de que cada vez más su marco de acción se le reduce ya que la Junta decide qué y cómo se gasta –y hasta los días de fiesta que disfrutarán los trabajadores del sector público– Rosselló concentró su discurso en Ponce en un ataque a la JCF. En ese tipo de mensaje, sobre todo cuando está cerca una nueva elección general, el gobernador de turno descarga contra los partidos de oposición, pero en este caso ese papel le fue asignado al organismo federal. No obstante, a parte de la queja y el crujir de dientes no hubo ningún llamado a alguna acción concreta. 

Si algún gobernante electo por los puertorriqueños de verdad convocara a resistir las acciones de la Junta impuesta, seguramente encontraría eco en el pueblo. De hecho, las únicas acciones de resistencia y protesta contra la JCF las han realizado grupos de ciudadanos, mayormente jóvenes, por su cuenta. Ese llamado a la resistencia nunca vendrá de parte de partidos políticos que sólo piensan en allanarse el camino a la gestión pública para manejar desde allí el presupuesto que les determina la Junta. La repartición de contratos y el disfrute de los cada vez más reducidos espacios de poder que deja el coloniaje sigue siendo el norte de esta gente. La actual campaña de Rosselló contra la JCF es tan solo parte de la estrategia electoral hacia la reelección. Mientras él cacarea la Junta actúa. 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com 

Los resultados de las votaciones sobre el acuerdo entre la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre el sistema de retiro se darán a conocer el día que sale esta publicación, el jueves, 13 de junio. 

El proceso comenzó el viernes 7, con el voto adelantado en las Oficinas Regionales de la Asociación de Maestros y concluyó el sábado 8. Los maestros activos, permanentes, probatorios y transitorios votaron durante lunes, martes y miércoles para decidir finalmente si ratificar o rechazar ese acuerdo. Según sostuvo la presidenta de la Asociación Aida Díaz, el acuerdo es uno tentativo que dependerá del aval o rechazo del magisterio. 

Pero representantes de distintas organizaciones magisteriales reclamaron que la dirección de la Asociación no les incluyó en las negociaciones. En el mismo comunicado donde expresa que el acuerdo no está escrito en piedra, la señora Díaz dice que “La AMPR y la AMPR-Local Sindical negociaron junto con la AFT un acuerdo tentativo con la JCF para el retiro de los maestros activos”. 

La AFT (American Federation of Teachers) es un sindicato estadounidense que representa a la AMPR ante el Comité de Acreedores No Asegurados que trabaja directamente con la JCF.

El licenciado Rolando Emmanuelli, experto en quiebras y quien litiga en el tribunal federal, catalogó de incomprensible la decisión de la Asociación de anunciar el acuerdo y, además sugirió cuestionar ese término basándose en que lo que propone la Asociación. 

“No es un acuerdo realmente. El asunto es que no ha sido totalmente transparente porque, primero, lo que ellos [la Asociación] han divulgado es un resumen del supuesto acuerdo y, segundo, que no es solamente sobre el retiro, ellos negociaron el convenio colectivo. Lo cual es significativo porque el trámite que ellos han seguido es totalmente irregular con relación a la Ley 45 y a sus constituyentes” 

Se supone que haya habido algún proceso previo de información sobre las cláusulas que se están negociando, sostuvo el licenciado. Por lo tanto, líderes magisteriales reclamaron que todo se hizo a la ligera, que se negoció a espaldas del magisterio y que no hubo garantías de transparencia ninguna en el proceso de votación que se llevaría a cabo hasta mediados de esta semana. 

Emmanuelli aclaró en una entrevista radial que no se le puede llamar a esto un mero acuerdo de retiro. El licenciado explicó que se trata de un acuerdo integral que va a incluir todas las cláusulas del convenio y, por ende, habría que darle cumplimiento a los trámites de la Ley 45 para llevar a cabo estos procesos. 

Lo que es bien difícil de entender es por qué la Asociación entra en un acuerdo si el Gobierno, como socio en la mesa de negociación, estaba a favor de los maestros y en contra de los recortes, cuestionó el experto en quiebras. Afirmó que es el Gobierno quien tiene el poder de aprobar la legislación para que se den o no los recortes de las pensiones. 

“La sección 314 de PROMESA dice que para que se pueda confirmar un plan que tenga unos recortes de esa naturaleza hace falta la legislación habilitadora y, si el Gobierno se tranca y no legisla, no hay recortes a las pensiones. Entonces, la Junta tendría que buscar ese dinero en otro lugar. De seguro va a golpear los servicios esenciales y la Universidad porque no va a querer molestar a los acreedores”, abundó.

“Me parece que este supuesto acuerdo es muy prematuro y derrotó una posición de negociación bien fuerte que tenía ante la postura del Gobierno de no querer bajar las pensiones. Es lamentable porque eso puede descarrilar también otras negociaciones que se vayan a dar”, criticó Emmanuelli. 

Según ha sostenido la Asociación, este “acuerdo tentativo” garantiza: una pensión asegurada, la creación de un fideicomiso en el que los maestros tendrían participación, la inclusión del Seguro Social, un convenio colectivo por cinco años, un bono del sobrante del presupuesto y un bono a la firma del acuerdo. También, se incluyó que si el gobernador obtiene mejor plan que este, se le aplique a todos los empleados públicos por igual.

La Asociación ha dicho que este acuerdo mejora lo que pretenden hacer la Junta y el Gobierno con el retiro de los maestros activos. Sin embargo, los maestros que se oponen señalan que, mientras la propuesta del Gobierno mantendría las pensiones a 55 de edad y 75% del salario, la organización pacta reducirlas a cambio de otros intereses. El acuerdo entre la JCF y la AMPR reduciría la pensión en muchos casos a menos del 1.8% y aumentaría la edad de retiro a 63 años a maestros que llevan más de 20 años de servicio. También avala la eliminación de una pensión mínima de $400. 

Una de las premisas que utiliza la Asociación para justificar el acuerdo es que se trata de bonos no asegurados y que por lo tanto hay que llegar a un acuerdo porque no se sabe lo que va a pasar ante el panorama inestable del Gobierno. Sobre este argumento el licenciado sostuvo que aunque las pensiones son créditos no asegurados, el Gobierno tenía la ventaja de cambiar la ley. 

“Según el propio resumen del acuerdo, se reconoce que si el Gobierno no legisla, el acuerdo se hace sal y agua. La propia Junta reconoce que hace falta que se cambie la ley”, dijo Emmanuelli.

Otras de las razones para los maestros oponerse al acuerdo, además de las ya mencionadas son: 

Con menos de una semana, la Asociación pretendía llegar a un acuerdo sin haber realizado el debido proceso informativo. Los maestros y las maestras han manifestado que ha reinado la desinformación en todo este proceso para tomar una decisión determinante sobre la vida de miles de personas. 

La consulta se hizo en plenas vacaciones mientras muchos maestros estaban fuera del país o realizando otras gestiones fuera del horario lectivo; la Asociación lleva negociando la entrega del retiro sin notificar ningún detalle a sus miembros, para saber el carácter de la negociación y darle la oportunidad al magisterio de hacer sugerencias o enmiendas.

El que se apruebe este acuerdo no compromete ni a la Junta ni al Tribunal a reconocer la deuda de los pensionados como asegurada, tal como el gobernador por medio de la ley 106-2017 así lo reconoce. 

Que el acuerdo se hace para pactar un convenio de 5 años y que no haya elecciones sindicales ni la posibilidad de elegir otra organización en el futuro. El efecto de una de las partes de ese acuerdo es crear el mecanismo para la Asociación imponer su plan médico a los maestros.

También avala la eliminación del bono de Navidad de $600; procedimientos para el despido injustificado; la acumulación de días por enfermedad a un día por mes a los contratados después del 4 de febrero de 2017 y establece escalas injustas de retiro para maestros con distintos años de experiencia.

Finalmente, el licenciado Emmanuelli explicó que tiene que haber un trámite de aprobación mediante el proceso formal de votación cuando se presente el plan de ajuste de deuda. Esto se llevaría a cabo luego del proceso de referéndum de la Asociación entre sus asociados para ver si la directiva cuenta con el apoyo de estos.

“Así que mientras no haya un plan, no puede haber una votación y, de hecho, en el documento, la Asociación se compromete a emitir y a hacer formar parte de ese plan una carta donde exhorte a los maestros a votar a favor, porque podrían llegar ellos a un acuerdo y el magisterio votar en contra. Fíjate todas las contingencias que hay para que esto pueda materializarse. Haberse lanzado a entregar derechos así es un error estratégico”, concluyó. 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com 

La joven portavoz del grupo Playas pa’l Pueblo Vanessa Uriarte reconoció que hay pequeñas diferencias entre el Municipio de Carolina, su grupo y la Coalición Playas pa’l Pueblo, pero destacó que no es algo que les impida llegar a un punto medio. La semana pasada se produjeron momentos de tensión entre la Policía, trabajadores del Municipio que acudieron a limpiar el área y varios manifestantes que insistían en mantenerse en el campamento, tras 14 años de resistencia para evitar la privatización de esa parte del balneario. 

A partir de este mes de junio se supone que el Municipio Autónomo de Carolina, asuma responsabilidad por las 4.0732 cuerdas de terreno, de las cinco cuerdas originales en disputa, para integrarlas al resto de los terrenos del Balneario de Carolina.

Entrevistada por CLARIDAD, Uriarte admitió que por variadas razones no se pudo tener una reunión previa entre el Municipio y ambos grupos, por lo que el lunes cuando entraron los empleados del Municipio hubo confusión. Sobre el incidente aclaró que las personas involucradas que estaban en el campamento no son parte ni de la Coalición ni de Playas Pal Pueblo: “Decidieron que para ellos el acuerdo no es suficiente y provocaron una situación desagradable”. Aun cuando reconocen que el Municipio tal vez utilizó una presencia policiaca excesiva, igual de la otra parte pareciera haberse provocado una confrontación que no era necesaria.

Tras los incidentes, miembros de la Coalición y de Playas pa’l Pueblo sostuvieron al día siguiente una reunión con personal del Municipio, entre ellos la directora de Asuntos Ambientales Deborah Rivera, Víctor Pellot, director de Servicios Municipales, un representante legal y la directora de Prensa Lourdes Vázquez. La portavoz de Playas Pa’l Pueblo informó que se logró llegar a unos entendidos para que haya representantes de ambos grupos y del Municipio en las tareas de limpieza. Tras la reunión expresó que los trabajos se han estado llevando de la mejor manera y que se han reubicando algunos árboles dentro del bosque para trabajar en la reconstrucción de la verja que le da continuidad al frente del balneario. 

La ambientalista señaló que mantener el área que daba acceso al campamento como estacionamiento es contrario a la preservación de la naturaleza. “Nos tomó 14 años lograr que se cancelara ese contrato ilegal y lograr que se devolvieran casi la totalidad de las cuerdas al balneario y encima ganamos que se mantenga el bosque y se añada a la red de bosques que mantiene el Municipio. No estamos dispuestos a luchar por un estacionamiento, el balneario tiene el suyo”.

Agregó que el estacionamiento alteraría el espacio natural, cosa que ya se estaba notando por la cantidad de vehículos que estaba entrando, lo que a su vez le estaba haciendo daño a los terrenos de la playa. Observó que ese espacio tuvo que usarse para estacionamiento como una manera de garantizar esa lucha, por lo que ya una vez logrados los objetivos, hay que proteger el bosque.

Respecto a la reunión con el Municipio, añadió que se acordó presentar por escrito propuestas concretas para la preservación del bosque y mantenerse en conversaciones para continuar con los proyectos educativos que tanto Playas Pa’l Pueblo como la Coalición ofrecían. 

CLARIDAD solicitó una entrevista con al alcalde José Carlos Aponte, pero su Oficina de Prensa se limitó a enviar un comunicado informando que el Municipio inició el operativo de limpieza, removió la basura y los escombros del lugar protegiendo la vegetación existente, según se había acordado con los grupos ambientalistas que mantenían desobediencia civil en ese espacio de playa.

“Este operativo de limpieza es parte del proceso de acondicionar este importante recurso de la naturaleza para el disfrute de todos. Nuestro interés es entregarle a la ciudadanía y a todo el que nos visite una playa con los altos estándares que han hecho de nuestro balneario uno Bandera Azul por 15 años consecutivos. Ahora esta parcela de la playa contará con salvavidas, servicios de paramédicos, servicios de seguridad a cargo de la Policía Municipal, servicios para las personas con limitaciones físicas, el alquiler de sillas y sombrillas y los servicios de reciclaje, entre otros, que hacen de nuestro Balneario una de las mejores playas del mundo”, declaró el Alcalde en el comunicado.

Expone la gerente ambiental Deborah Rivera en el comunicado: “Nuestra visión es de restaurar, no destruir. El personal especializado en siembra y reforestación trabaja en la remoción de jardinería seca, escombros, material vegetativo que todavía había en el lugar tras los estragos de los huracanes Irma y María y en la liberación de elementos exógenos que impiden que la naturaleza se restaure saludablemente en esta costa. Con este operativo ayudamos a que se renuevan estos recursos naturales y a llevar a niveles óptimos ambientales la playa”.

Las personas podrán disfrutar de la incorporación de la playa al Balneario a través de la entrada conocida como Bandera Azul del Balneario, que cuenta con un estacionamiento y los servicios de protección y vigilancia de la Unidad Marítima de la Policía Municipal.