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Contradicciones sobre el gasoducto: ¿proyecto real o negación gubernamental?

Por
victor alvarado
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Fotos sumnistradas por el autor

 

 

 

“Las contradicciones no surgen por error, sino por conveniencia.”

En los últimos días han emergido dos narrativas claramente opuestas sobre la existencia y el desarrollo de un proyecto de gasoducto en Puerto Rico. Estas versiones encontradas podrían generar confusión en la ciudadanía, pero de seguro levanta serias dudas sobre la transparencia y coherencia del discurso oficial en torno a la política energética del país.

Por un lado, el periódico El Nuevo Día publicó el artículo titulado “En camino un gasoducto de San Juan a Palo Seco de la mano del gobierno federal: ‘Tomaría menos de tres meses’”, en el que se sostiene que agencias del gobierno federal, como el Cuerpo de Ingeniero de Estados Unidos, estarían colaborando con autoridades puertorriqueñas para desarrollar un gasoducto que conecte las centrales de San Juan y Palo Seco, en Toa Baja.

La nota cita a Iván Báez, portavoz de Genera PR, quien habría confirmado dichas gestiones intergubernamentales como parte de un esfuerzo para expandir la infraestructura de gas fósil —denominado eufemísticamente “gas natural”— en la isla.

La información publicada no se limita a una mera idea preliminar. Por el contrario, sugiere actividad concreta, coordinación institucional y un posible calendario de ejecución relativamente corto. Incluso, la versión impresa del diario incluye un mapa que presenta un posible “anillo” costero de tuberías de gas conectando muelles y plantas en San Juan, Toa Baja, Arecibo, Mayagüez, Guayanilla, Peñuelas, Salinas y Guayama, un esquema que recuerda de manera inquietante el proyecto de gasoducto en tres fases promovido por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) hace dos décadas.

En marcado contraste, un artículo publicado por El Vigía News recoge expresiones de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, quien negó de forma categórica la existencia de una propuesta federal formal para construir un gasoducto que conecte diferentes puntos del sistema energético del País. La mandataria afirmó que su administración no ha recibido ninguna propuesta oficial y que el gobierno no está construyendo ni evaluando gasoductos en este momento.

La gobernadora fue enfática al sostener que cualquier proyecto de infraestructura energética debe ser presentado formalmente ante el gobierno, y reiteró que, al presente, no existe ningún plan sometido, evaluado o considerado por su administración.

El núcleo de la contradicción

Es interesante señalar que la controversia sobre el supuesto gasoducto entre San Juan y Palo Seco —y sus posibles extensiones— no surge de interpretaciones externas, sino de expresiones contradictorias emanadas desde el propio aparato gubernamental y sus aliados privados en el sector energético.

Mientras la gobernadora insiste en que el proyecto “no es real” y que no existe ninguna propuesta federal ni discusión oficial sobre gasoductos, representantes de Genera PR proyectan una narrativa completamente distinta.

A esta disonancia se suma el rol de Josué Colón Pérez, el controversial “zar de energía” del gobierno y una de las figuras más influyentes en la formulación de la política energética de la administración. Colón ha realizado expresiones públicas que, lejos de disipar dudas, profundizan la confusión.

En distintos foros ha hablado de estudios, evaluaciones, alternativas de infraestructura y expansión del uso del gas fósil como parte de la estrategia energética del país. Aunque no siempre utiliza explícitamente el término “gasoducto”, sus referencias a interconexión entre plantas y opciones de transporte de combustible chocan frontalmente con la negación categórica de la gobernadora.

Tampoco se puede obviar que entre 2009 y 2012, siendo director de generación de la AEE, Josué Colón respaldó la construcción del Gasoducto del Sur, propuesto por el gobierno PPD, y el Gasoducto del Sur al Norte, (llamado Vía Verde) propuesto por el gobierno del PNP.

Esta contradicción interna resulta especialmente grave si se considera que Genera PR opera plantas del sistema eléctrico bajo contrato con el gobierno, y que Josué Colón funge como el principal arquitecto y enlace de la política energética del régimen de Jenniffer González.

La brecha entre lo que afirma la gobernadora, lo que comunica el operador privado y lo que su propio zar energético sugiere plantea interrogantes fundamentales: ¿quién define realmente la política energética? ¿qué información se le está ofreciendo al pueblo? ¿existen dos discursos paralelos, uno político y otro técnico?

En conjunto, estas tres figuras encarnan tres narrativas distintas sobre un mismo asunto, evidenciando una fractura discursiva que mina la confianza pública y pone en entredicho la coherencia del manejo energético del país. O quizás no…

Confundir, no aclarar

Cabe la posibilidad de que estas contradicciones no sean tales, sino que formen parte de una estrategia deliberada de comunicación destinada a confundir, fragmentar el debate público y moldear una narrativa conveniente.

Aunque podría argumentarse que una cosa son estudios exploratorios o consultas preliminares y otra muy distinta un proyecto formal sometido para evaluación y ejecución, esa distinción no ha sido explicada con claridad al pueblo.

Por el contrario, la ambigüedad parece funcional: permite avanzar discusiones técnicas y gestiones intergubernamentales mientras, en el plano político, la gobernadora niega la existencia de un proyecto concreto. El resultado es un escenario de versiones encontradas, mensajes cuidadosamente disonantes y una ciudadanía obligada a descifrar cuál discurso responde a la realidad.

En ese contexto, la coexistencia de narrativas paralelas podría responder a una estrategia más amplia para diluir responsabilidades y reducir el costo político de un proyecto históricamente impopular. La posible participación de agencias federales en el desarrollo del gasoducto serviría, entonces, como un amortiguador político, desplazando el foco de la toma de decisiones y presentando la iniciativa como una imposición técnica o federal, más que como una política pública impulsada por la gobernadora.

No es casual que proyectos de esta naturaleza hayan enfrentado, de manera consistente, una fuerte oposición de comunidades y sectores ambientales, precisamente por sus impactos sociales, ambientales y territoriales.

Así, más que un error de comunicación o un desacuerdo interno, lo que se perfila es una construcción narrativa diseñada para normalizar la idea del gasoducto, minimizar resistencias y avanzar el proyecto por etapas, mientras se mantiene una negación política formal. En ese escenario, la confusión no sería un efecto colateral, sino el objetivo mismo de la estrategia. Como bien resume esta controversia: “Las versiones paralelas existen para confundir, no para aclarar.”

El autor es Secretario Asuntos Ambientales, PIP.

Tercer intento de gasoducto

Por
candida-cotto
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Foto reproducida de la página de Casa Pueblo

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Genera PR, la privatizadora encargada de la generación de electricidad; el zar de Energía, Josué Colón, y el Gobierno de Puerto Rico, con el aval del  gobierno de Estados Unidos, han anunciado que tienen la intención de construir un gasoducto entre la Central de San Juan y Palo Seco.  Ante esta noticia, se plantea la incógnita de si hay algún procedimiento de permiso o de escrutinio público donde las comunidades y organizaciones puedan participar.

La organización de justicia climática El Puente Puerto Rico, junto a otras organizaciones y residentes de comunidades de Cataño, Bayamón, San Juan y  Toa Baja denunciaron  la insistencia del  gobierno en expandir la infraestructura fósil del gas metano con generadores “temporeros”, conversiones de plantas, barcazas de gas natural licuado más grandes y, ahora, de un tercer intento de gasoducto.

A preguntas de CLARIDAD, el coordinador de Política Pública Ambiental de El Puente, licenciado, Gabriel Meléndez Cardona,  señaló que la posibilidad de esa participación es parte de la incógnita.  “Todo esto se ha dado a espaldas del pueblo. No se nos permite saber cuáles son esas instancias donde el pueblo puede participar”. Dio como ejemplo el historial de News Fortress Energy (NFE) cuando  comenzó con la construcción de su terminal en San Juan, que de manera  unilateral decidió que no iba a solicitar permiso de la Agencia Federal de Energía (FERC en inglés) porque, según ellos no aplicaba. No fue hasta que las comunidades comenzaron a exigir y se comunicaron con FERC que se inició un procedimiento de participación ciudadana que se debió dar desde un inicio.Señaló que el problema es que el Gobierno de Puerto Rico se está dejando llevar por la narrativa de las mismas empresas, cuando la realidad es que hay un proceso que se debe seguir.

Para Meléndez Cardona la propuesta de este nuevo gasoducto es un caso similar. Anteriormente, NFE había propuesto la construcción de un gasoducto entre San Juan y Palo Seco para el suplido de gas y fue ante FERC y le dijo a la agencia federal que estaban en comunicación con las agencias locales.

“Para nosotros fue una sorpresa que la agencia federal decida no intervenir y, aunque existe un procedimiento, se excusan en la supuesta emergencia de más generación”.

Para Meléndez Cardona, en esta nueva propuesta de gasoducto todo aparenta que son las agencias federales las que están empujando el proceso junto a Genera a que NFE se retirara a un segundo plano. No hay que perder de vista que NFE es la empresa matriz de Genera y por algo quiere seguir convirtiendo el resto de las plantas generatrices a gas metano.

Al denunciar que ese es el modus operandi de NFE, destacó la participación de las agencias federales, en particular en esta ocasión, la del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos  (USIS  en inglés)  para mover el proyecto.

Junto al Puente, las organizaciones Toabajeños en Defensa del Ambiente y Amigues del Mar denunciaron que fue precisamente Josué Colón, el ahora Zar de Energía, quien como director de Generación de la Autoridad de Energía Eléctrica promovió sin éxito la construcción de dos gasoductos. También rechazaron las expresiones de Daniel Hernández Morales, anterior vicepresidente de operaciones de Genera PR, de que el escenario óptimo sería un anillo costero de gasoductos que enlace todas las plantas del norte, oeste y sur.

“Nuevamente se nos presenta un proyecto de gasoducto manejado desde la confusión, el engaño y las medias verdades. Por un lado tenemos a todo un equipo estatal y federal promoviendo un proyecto de gasoducto, y por otro, tenemos a la gobernadora negando que tenga ante sí un proyecto como tal. No es posible que el zar de la energía sea el presentador y uno de los promotores principales de ese proyecto y la gobernadora esté desconectada y en desconocimiento del mismo”, manifestaron.

Respecto a que, según sus proponentes, la construcción del gasoducto entre San Juan y Palo Seco tomaría un plazo de tres meses, Meléndez Cardona subrayó que esos plazos nunca se cumplen, aunque hizo la salvedad de que las agencias federales  recomiendan todos los pasos que hay que hacer, por lo que, si se lo proponen, estarían  moviéndose en esa dirección.

Las organizaciones calificaron de  inconcebible que FERC continúe avalando la operación de NFE, la cual dista por completo del proceso establecido por ley, y que se haga de la vista larga al decidir no intervenir con la propuesta de expandir la infraestructura del terminal mediante un gasoducto.

“Ya va casi un año desde que FERC le ordenó a New Fortress que presentara un nuevo calendario para la preparación del borrador de la Declaración de Impacto Ambiental, debido a que la empresa modificó su operación y alteró el terminal sin autorización previa, calendario que no se ha presentado aún. Todo esto bajo total impunidad y sin consecuencia alguna para la empresa que incumple”.

La propuesta no se limita a San Juan – Palo Seco, se trata de  establecer un gigantesco y peligroso proyecto de gasoducto (anillo costero) para transportar gas alrededor de toda la isla. Tampoco se trata de reutilizar una tubería existente que transporta Bunker C, ya que esa tubería fue diseñada y construida para transportar un material fósil con características y condiciones diferentes, como presión, temperatura, válvulas especiales, soldaduras y sistemas de seguridad.

En el caso de la construcción del tramo de San Juan a Palo Seco, Meléndez Cardona dijo que se estaría utilizando  la servidumbre de paso que tienen las tuberías de la gasolinera PUMA.

El director de Política Pública de El Puente recalcó que  la intención es continuar invirtiendo en aumentar el uso del gas en la generación de plantas temporeras.  Señaló que, ya el Negociado de Energía dio su aprobación para que la planta de Aguirre genere 400 megavatios con gas y se busca un permiso para generar otros 2000 en Costa Azul, todo a base de gas. Apuntó a que una vez se instala, ya se tienen los generadores y se coloca al pueblo entre la espada y la pared al tener que escoger entre el uso del gas o moverse a la energía solar, debido a que  ya se hizo la inversión. Resaltó que la vida útil de una planta de gas es de 25 años, lo que nos pone por encima de la meta de que para el 2050, según la ley de política pública, nos hayamos movido a la energía renovable.

“El pueblo ha sido claro sobre qué tipo de energía prefiere. El que las instalaciones de sistemas solares en techos, tanto residenciales como comerciales, se hayan quintuplicado en los últimos 4 años, te lo deja saber. Cabe señalar que esto ha ocurrido a costa de la iniciativa y el endeudamiento de la ciudadanía, con muy poco apoyo gubernamental, el cual está siendo desviado por la administración actual para ser invertida en más infraestructura fósil”.

 

 

 

 

Puerto Rico como laboratorio neocolonial del “Gringocentrismo”

Por
martha quinones dominguez
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Foto tomada de la Enciclopedia de Puerto Rico

 

Especial para CLARIDAD

Puerto Rico, desde su invasión por Estados Unidos en 1898, constituye un caso paradigmático de esta transformación del poder colonial. Se han desarrollado mecanismos más sofisticados de control que combinan coerción selectiva, dependencia económica, manipulación psicológica y marcos legales asimétricos. La guerra psicológica y guerra hibrida ha sido constante y estructural, convirtiendo el modelo colonial compatible con la democracia liberal a impulsar. En el laboratorio colonial se ensaya desde la construcción de una mentalidad de dependencia, la deslegitimación del proyecto independentista, la normalización de la colonia, la creación de divisiones en la sociedad (para que sea más manejable), la percepción de incapacidad económica, la dependencia como solución, el control financiero y la falta de soberanía. Para comprender adecuadamente la realidad puertorriqueña, es necesario incorporar el concepto de “gringocentrismo” como una dimensión específica de la colonialidad del poder en la colonia. Nombrar esta forma de dominación permite visibilizar a Estados Unidos como centro hegemónico que impone su racionalidad económica y política, sus modelos de desarrollo, sus marcos teóricos, sus narrativas históricas y mediáticas, deslegitimando conocimientos y alternativas locales. Desde esta perspectiva, Puerto Rico no es una colonia del pasado, sino una colonial moderna. Una colonia integrada al capitalismo global bajo una forma de modernidad dependiente que reproduce la subordinación estructural. La subordinación estructural se reproduce a través de normas, instituciones y prácticas sociales arraigadas, como es el patriarcado y el neoliberalismo.

Puerto Rico ha funcionado como un laboratorio neocolonial, donde se han experimentado estrategias para (1) mantener una colonia sin represión militar constante, pero con persecución sistemática de independentistas, socialistas, y otras formas de lucha y resistencia; (2) gestionar crisis económicas, fiscales, sociales y ambientales sin conceder soberanía política; y (3) sostener el colonialismo mediante un consentimiento parcial producido a través de la guerra psicológica. Estas estrategias, articuladas como una forma temprana y sostenida de guerra híbrida, han servido como modelo para intervenciones posteriores en América Latina, el Caribe y otras regiones. Se reproduce elementos ya probados, ensayados, refinadas y estabilizadas en Puerto Rico desde el control económico, la manipulación informativa, la criminalización del disenso (oposición/resistencia) y la gestión de crisis sin autodeterminación, sin poderes y sin voluntad política. Entonces, la guerra psicológica y la guerra híbrida pueden entenderse, como tecnologías coloniales de poder con mecanismos que operan sobre la mente, la economía y el derecho para sostener relaciones de dominación prolongadas con bajos costos políticos y alta legitimidad internacional.

Hablar de “laboratorio” no es sugestión sino un experimento concreto de modernidad colonial dentro del capitalismo colonial neoliberal. La modernidad que experimenta la isla no es autónoma ni emancipadora, sino una modernidad impuesta, diseñada para servir a los intereses del centro hegemónico capitalista estadounidense. Donde la opresión y la dominación se normalizan y suavizan con discursos ensayados para manipular, lograr aceptación y disciplina.

Uno de los rasgos centrales del caso puertorriqueño es la ausencia de una ocupación militar constante combinada con una represión selectiva del disenso (la oposición) política. Durante el siglo XX, los movimientos independentistas y socialistas fueron objeto de vigilancia, criminalización legal, persecución política y estigmatización mediática. En el siglo XXI se persigue además de los independentistas y socialistas, a todos los grupos de luchas y resistencia, transversales en diferentes formas de opresión capitalista neoliberal. Estas prácticas no buscaban únicamente neutralizar a sectores específicos (mujeres, colectivos de preferencias sexuales diferentes, colectivos de lucha racial, inmigrantes, ambientalistas, universitarios y otros grupos en lucha y resistencia), sino producir un efecto disciplinador generalizado. Leyes como la Ley de la Mordaza y programas de inteligencia como las carpetas del FBI y de la policía local no solo reprimieron físicamente, sino que cumplieron una función psicológica más amplia, enviar un mensaje disciplinador al resto de la sociedad. Hoy la persecución sigue y los medios de comunicación son una herramienta de control social donde se trata de disciplinar a los desviados del orden colonial establecido, practicando métodos diversos, ensayados y justificados.

De este modo, el colonialismo en Puerto Rico se volvió una condición latente donde la coerción se internaliza, la autocensura sustituye a la fuerza abierta, y la represión y persecución se normalizan. En el laboratorio colonial se impone ese “gringocentrismo” donde deslegitima el conocimiento propio y refuerza la idea de que el progreso sólo puede lograrse mediante la imitación del modelo estadounidense. Nombrar esta lógica como “gringocéntrica” es un acto político, epistemológico y de visibilizar ese poder hegemónico.

Otro eje fundamental del laboratorio puertorriqueño ha sido la gestión de crisis estructurales sin concesión de soberanía, sin poderes. Crisis económicas, fiscales, sociales y ambientales han sido utilizadas como oportunidades para reforzar la tutela colonial. Bajo discursos de eficiencia, responsabilidad fiscal y gobernanza, se han suspendido mecanismos democráticos y transferido decisiones clave a entidades externas. Este proceso puede entenderse como una forma de colonialismo tecnocrático, donde la política es despojada de su dimensión conflictiva y reducida a un problema de administración. La soberanía no se discute; se neutraliza mediante el lenguaje de la necesidad y la urgencia y se impone el colonialismo financiero y la sumisión intelectual (abandonar el pensamiento crítico y repetir dogmas). Se anula la capacidad de cuestionamiento.

Otra característica, a diferencia del colonialismo clásico, es que el orden colonial en Puerto Rico se sostiene mediante un consentimiento parcial, cuidadosamente producido. Este consentimiento (manifestación de voluntad fragmentada) no implica adhesión plena, sino aceptación condicionada basada en el miedo, la dependencia y la manipulación discursiva.

En Puerto Rico la guerra híbrida y psicológica opera a través de diversos discursos. La construcción del miedo al cambio político y al socialismo, aplicado en las elecciones 2024. La asociación de la soberanía con desastre económico, sin reconocer o discutir que el desastre económico, social y ambiental se da en la colonia. La falta de responsabilidad fiscal y la corrupción, sin analizar que se ha dado en la colonia. Bajo el discurso de responsabilidad fiscal y eficiencia administrativa, se suspenden mecanismos democráticos y se transfieren decisiones clave a entidades no electas. De esta manera se justifica la colonia sin poderes y tutelado como pragmático e inevitable, así se justificó la Junta de Control Fiscal. Esta forma de control coincide con lo que autores críticos describen como colonialismo neoliberal, donde la economía se convierte en el principal campo de batalla, y la política queda subordinada a la “gestión”. Entonces la soberanía no se discute se administra la colonia como un problema técnico, no político.

En el laboratorio colonial, Puerto Rico representa una forma temprana y estable de guerra híbrida, donde se combinan instrumentos legales, económicos, políticos, de información, mediáticos y psicológicos (el miedo) para ejercer control sin recurrir a la guerra convencional. La colonia funciona como un entorno controlado donde estas técnicas pueden aplicarse de manera permanente y perfeccionarse a lo largo del tiempo. Este modelo permite un control duradero, de bajo costo militar y alta compatibilidad con el discurso democrático liberal (las elecciones como democracia), lo que explica su valor estratégico.

Puerto Rico es un espacio de experimentación política, donde se han ensayado formas de guerra psicológica y guerra híbrida. Los resultados luego se replican en otros territorios dependientes o Estados sometidos a tutela económica, con políticas de ajustes a la deuda, las políticas de austeridad, privatizaciones, quitar derechos laborales y civiles. En los mismos domina la suspensión parcial de soberanía, el control económico, la criminalización del disenso (oposición/resistencia) y la gestión tecnocrática de crisis. La tecnocracia se impone como forma de dominación colonial mediante los expertos y los discursos de aceptación como algo inevitable, como sucedió con la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal.

Puerto Rico destaca como un caso pionero, donde estas estrategias no son episódicas, sino estructurales y permanentes, como es la colonia. En este sentido, la isla archipiélago funciona como un archivo vivo del neocolonialismo contemporáneo. Estudiar la guerra psicológica y la guerra híbrida como regímenes permanentes de poder implica desnaturalizar conceptos como “crisis”, “ayuda”, “estabilidad” o “estatus”, y reconocer su función disciplinadora. Estudiar las formas de resistencia en diferentes ámbitos permite encontrar soluciones.

Puerto Rico no es simplemente una colonia persistente, sino un laboratorio neocolonial de alta sofisticación, donde se han ensayado formas contemporáneas de dominación basadas en la guerra psicológica y la guerra híbrida. La combinación de represión selectiva, gestión de crisis sin soberanía y producción de consentimiento parcial demuestra que el colonialismo del siglo XXI opera más sobre la mente, la economía y el saber que sobre el territorio físico.

Puerto Rico, como laboratorio neocolonial, no solo interpela, cuestiona e interroga no solo a la teoría colonial y la historia del colonialismo estadounidense, sino también los límites del conocimiento social contemporáneo para nombrar y confrontar las nuevas formas de dominación global donde se impone el “gringocentrismo”. Por eso no es posible comprender ni transformar la realidad puertorriqueña sin descolonizar los marcos analíticos que la interpretan. Nombrar el colonialismo “gringocentrico”, identificar sus tecnologías y desarticular sus narrativas no es un gesto retórico, sino una condición necesaria para cualquier proyecto emancipador. En la colonia, la guerra psicológica suele ser una herramienta clave dentro de la guerra híbrida, generar miedo, confusión o desmoralización, dividir a la sociedad, manipular la opinión pública y provocar resignación o sumisión que ataca la mente colectiva, las luchas y la voluntad de resistencia.

Puerto Rico revela que las nuevas formas de dominación no son excepciones, sino modelos ensayados y replicables. En este sentido, estudiar el colonialismo en Puerto Rico es estudiar el presente y el futuro del poder global enmarcado en ese “gringocentrismo”. El “gringocentrismo” ya sea en la Doctrina Monroe o la nueva Doctrina Donroe, lo primero es identificar el problema, el poder imperialista y colonialista de Estados Unidos, ese “gringocentrismo. Comprenderlo críticamente es, por tanto, una tarea no solo académica, sino profundamente política.

La autora es economista.

Nuevos criterios retrasaron la declaración de una epidemia

Por
adrian rodriguez alicea
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Dra. Cruz Nazario. Foto tomada del periódico El Sol

CLARIDAD

 Las políticas de Salud parecen seguir la tendencia de flexibilización en las agencias federales

 Puerto Rico enfrenta, desde finales del año pasado, una cantidad de casos de influenza que supera el promedio histórico. El Gobierno oficializó, el 27 de enero, la declaración de epidemia para alertar a la ciudadanía de los más de 3,000 casos registrados en el primer mes del año. La declaración, que responde a un umbral de aviso con estándares recientes, expone a la ciudadanía a menos campañas de cuidado y modos de prevención, explicó una fuente.

De acuerdo con la doctora en epidemiología Cruz Nazario Delgado, los criterios del Departamento de Salud “no corresponden a lo ordinario” porque ahora enfatizan informes periódicos, en lugar de observaciones, y avisos prolongados sobre el patrón de contagios, como se hacía antes. El promedio histórico, agregó, se distingue del umbral de aviso porque analiza la situación con datos que fechan desde 2018.

“Si nosotros vemos el promedio histórico, según ellos mismos lo han definido, nosotros vemos que Puerto Rico tenía más casos de lo esperado durante las primeras 12 semanas de la temporada. Pero el Departamento de Salud no dio ningún aviso porque están mirando una gráfica construida de forma diferente, y si no está por encima del umbral de aviso, no se declara”, elaboró la experta en salud pública.

En ese sentido, Nazario Delgado aseguró que hay clínicas, laboratorios y farmacias en todo el país apercibidos del aumento en casos de influenza. Enfatizó que la definición común de una epidemia –cuando surgen más casos de lo esperado– responde mejor al estado de contagios que los parámetros de Salud. Nazario, además, destacó que la agencia esperaba, antes de agosto de 2024, cuatro semanas para declarar una epidemia.

“Ahora tiene que ser por encima de seis semanas consecutivas. A mí eso me da muy mala espina. Es como si te diera fiebre y el médico te dijera que si te dura más de dos días, vengas al médico. Entonces, te da fiebre de nuevo y te dice ahora tienes que esperar seis días con fiebre alta para que vengas. Eso no compagina con lo que son medidas de prevención”, dijo.

Para la epidemióloga, estos cambios en definiciones y métricas no tienen una explicación clara por parte de Salud, a pesar de que los casos sobrepasan las cantidades registradas en temporadas anteriores. Acatando la nueva política, contó Nazario Delgado, la agencia dio inicio a la emergencia de salud pública a poco menos de dos semanas de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“Si el secretario hubiera estado mirando el promedio histórico, que es lo que nosotros esperamos en salud pública, sabría que los casos están por encima del promedio histórico desde la semana 2, que corresponde a la semana del 29 de junio al 5 de julio de 2025. ¿Cuántas semanas son? Los casos estuvieron por encima de lo esperado por 17 semanas, pero estaban por debajo del umbral epidémico. Esa es la nueva forma de calcular que no han explicado”, puntualizó.

Del mismo modo, la excatedrática del Recinto de Ciencias Médicas resaltó que ocho semanas antes de oficializarse la epidemia, para el 30 de noviembre, los casos aun se mantenían por encima del promedio histórico. De haberse regido por los criterios anteriores a agosto de 2024, la epidemia debió declararse para la semana del 21 de diciembre.

El retraso en la declaración de la epidemia, añadió la experta, debilita su efectividad puesto que estas campañas estatales sirven para alertar a la ciudadanía e implementar medidas de prevención como el aislamiento, el uso de mascarillas o el lavado frecuente de manos.

“Cuando yo vi al secretario anunciar, dos o tres días antes de las Fiestas de la Calle San Sebastián, que la gente se vacunara fue como una bofetada en la cara. Porque los médicos saben que las vacunas tardan de una a dos semanas en proteger al individuo. Así que te vacunas tres días antes, te vas para las fiestas, te da influenza y ¿qué vas a decir? Que la vacuna no funcionó. No se puede hacer campaña de prevención en medio de la epidemia”, continuó.

El llamado a la vacunación por parte del secretario de Salud, Dr. Víctor Ramos Otero, se dio dos días antes de las fiestas multitudinarias, en las se reportó una asistencia de más de 1,000,000 de personas.

Cambios que siguen un patrón federal

 La Dra. Nazario Delgado señaló que estas determinaciones imitan las tendencias políticas de los Estados Unidos (EE. UU.), donde el Gobierno federal y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) declaran epidemia de influenza a las seis semanas. Describió las decisiones del Departamento de Salud local como “colonizadas”, y recordó que inclusive los estados federados tienen potestad de fijar sus parámetros de salud pública.

“No hay por qué seguir los patrones de un departamento que está siendo dirigido por personas que no tienen ningún conocimiento en salud pública. Tenemos un Departamento de Salud en los Estados Unidos dirigido por un desquiciado, este señor Kennedy, que dice disparates. Nosotros deberíamos estar mirando los datos de Puerto Rico. Aquí hay un caudal de información maravilloso”, criticó Nazario Delgado.

En esa línea, la doctora criticó que se “tomen prestados” modelos que no aplican a la demografía puertorriqueña, y contó de exestudiantes suyos que tiene que regirse por las métricas que establecen los CDC y el Departamento de Salud federal. A principios de este año, por ejemplo, estas agencias federales modificaron el requisito anual de la vacuna de influenza.

“Evidentemente, con estos cambios nuevos, los CDC están totalmente desacreditados. Conozco colegas de la Universidad de John Hopkins que ya no quieren leer los informes de los CDC. Pensar que esa era la institución de salud pública que todos los que estudiamos epidemiología mirábamos como el norte… A partir de la era de Donald Trump, eso no es así”, opinó.

Para decretar el fin de la epidemia, Nazario Delgado dijo que no hay unos pasos fijos establecidos por Salud. A su juicio, el término de la situación depende de cuánto dure y cómo se mitigue y, sobre todo, de la participación activa de la ciudadanía en métodos de prevención. Que se hagan pruebas de diagnóstico, que se laven las manos con agua y jabón y que mantengan distancia.

 

 

Disminuyen la zona marítimo terrestre

Por
candida-cotto
-

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Establecer que la zona marítimo-terrestre (ZMT) se suscriba al área entre marea alta y marea baja, es 180˚ opuesto a lo que en realidad se debe hacer.  Eliminar de la definición de la  ZMT el área que está sujeta al impacto de las marejadas y los temporales cuando el mar penetra más sobre la costa implica daños mayores a la  propiedad y posiblemente vidas, más allá de la pérdida del entorno natural, señaló el geomorfológo José Molinelli Freytes.

La Cámara de Representantes, en su tercer día de la primera sesión de este año, aprobó otro proyecto por descargue, en esta ocasión, el PC 25, el cual en efecto disminuye lo que se define como ZMT.

En entrevista con CLARIDAD sobre el impacto de la medida, Molinelli Freytes apuntó que en el presente, en realidad lo que se debe hacer  es extender la ZMT más tierra adentro, porque cada vez las condiciones del cambio climático impactan de manera más dramática, por lo que  hay que mover la línea reglamentaria más tierra adentro en vez de eliminarla. Reducir la definición de lo que es la ZMT significa  que se van aprobar permisos a partir de la premisa de que se cumplió con el reglamento en zonas donde toda la inversión que se haga en ellas se va a perder. Los ciudadanos que compren esas casas  las van a perder cuando venga una marejada.

Agregó que eso debilita aun más la confiabilidad de la gente de comprar una propiedad porque se construye una propiedad, se  vende, y la gente que compró va a tener que enfrentar las pérdidas. Quien construye es una corporación y luego que el proyecto se vende, la corporación se diluye y la gente no tiene a quién reclamar, lo que va en contra de lo que debe ser el desarrollo sostenible.

En esa dirección, expuso que las condiciones del cambio climático del alza en el nivel del mar lo que indican es que se debe ser mucho más riguroso para proteger vida y propiedad. El planteamiento de los que se oponen a esas medidas funestas para los ciudadanos y para todos los propietarios que vayan a estar ahí o quieran comprar es para defender sus intereses al señalarles que van a perder la inversión.

Molinelli denunció que lo que el Gobierno les está diciendo es ‘voy a dejar que tú pierdas la inversión, que pierdas el dinero, porque lo que importa es la ganancia a corto plazo de los que invirtieron’, y después no hay a quién reclamar.

Describió que el efecto del cambio climático de aumento en el nivel del mar también provoca que penetren más las marejadas y los tsunamis, se salinicen los acuíferos y se pierdan las propiedades. “Lo  que hay que hacer es salir de las costas y lo que estamos haciendo es poniéndonos más vulnerables”. Eso con el agravante de que en EE. UU. se quiere eliminar las ayudas de FEMA, lo que  por consiguiente, hace que conseguir seguros para edificaciones pegadas a la costa en la orilla del mar sea más caro.

“Ese es un  proyecto que no se va a ver en ninguna otra parte del mundo. Yo te garantizo que ningún país, ni aun en Estados Unidos, ni en Europa ni en ningún país que tenga costa va a proponer un disparate que es autodestructivo, que atenta contra el desarrollo económico y el progreso, contra el turismo. En ningún lugar del mundo  puede haber un gobierno más incompetente con relación a sus recursos naturales como el de Puerto Rico, no lo hay, es la autodestrucción”.

En consulta por separado, el miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC), profesor  Rafael Méndez  Tejeda, se limitó a indicar que por petición de la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de la Cámara, el Comité sometió un informe en donde se identifican todos los recursos naturales que deben protegerse en la ZMT. El informe fue sometido tan temprano como en marzo del 2023.

De entrada, el informe indica que son varios los recursos que deben protegerse en la franja de la ZMT a lo largo de los aproximados 1,187 kilómetros de línea de costa de Puerto Rico, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebras y las islas no municipios o islotes.

El informe identifica y describe los 19 componentes que se ubican en la franja de la ZMT que deben protegerse. Lo primero que identifica son las playas, otras identificadas son las dunas, las rocas de playas, costas rocosas, acantilados, formaciones kársticas, manglares, praderas de yerbas marinas,  arrecifes de coral, salitrales, ciénagas de agua salada,  bahías bioluminiscenses, lagunas costeras, desembocaduras de ríos y caños., entre ellos.

Mientras, en declaraciones a la prensa, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) capítulo de Puerto Rico, también expresó su oposición por la aprobación del proyecto. La abogada de política pública de  ACLU, licenciada Lolimar Rodríguez Escudero, indicó que en junio del 2025 se presentó ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara  un memorial explicativo esbozando las razones por las cuales no favorecía su aprobación.

“La zona marítimo-terrestre es un bien de dominio público y un recurso natural protegido por la Constitución de Puerto Rico. Aunque la ley contempla concesiones limitadas de uso privado, esas controversias deben evaluarse caso por caso, no mediante una redefinición que privilegie el ‘dominio particular’ por encima de la protección ambiental y del acceso colectivo. El proyecto debilita la protección de la costa, facilita reclamos privados sobre terrenos que antes quedaban claramente bajo dominio público y no toma en cuenta el cambio climático ni el aumento del nivel del mar. Puerto Rico necesita fortalecer sus bienes costeros con base científica y visión de largo plazo, no reducir su protección para beneficiar intereses privados».

El proyecto que se supone pase ahora al Senado, dispone que el Departamento de Recursos Naturales y la Oficina de Gerencia de Permisos, tienen 180 días luego de aprobado para adaptar sus reglamentos y disposiciones a la nueva definición de ZMT.

 

 

 

 

 

 

 

 

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