Por Giancarlo Vázquez López/ CLARIDAD

gvazquezlopez@claridadpuertorico.com

Hace unas semanas, el presidente de los E.E.U.U., escribió en su cuenta de Twitter: “Puerto Rico debería amar al presidente Trump. Sin mí, habrían sido excluidos”. Esto parece que fue razón más que suficiente para movilizar a la Federación de Universitarios Republicanos de Puerto Rico, que anunció este pasado fin de semana el inicio de una campaña de recaudación de fondos para financiar el costo de una estatua de bronce de ese presidente. 

El tuit, fue publicado luego de que Trump convirtiera en ley el proyecto 2157 de Asistencia por Desastres el pasado 6 de junio. La ley proporcionaría cerca de $904 millones adicionales para la recuperación de Puerto Rico.  La Casa Blanca anunció ese mismo día que el proyecto podría facilitar hasta $1,400 millones a Puerto Rico. 

La legislación bipartidista, originada en la Cámara baja, proporciona en total $19,100 millones en fondos de recuperación ante los desastres naturales que han afectado a los estados y territorios en los últimos tres años. 

Se supone que esta asignación de $904 millones sea distribuida entre fondos  de Asistencia Alimentaria ($600 millones), el Departamento de Agricultura Federal ($5 millones) y el Programa de Desarrollo Comunitario para Recuperación por Desastres ($304 millones). 

Pero después de todo, no será tan fácil. Según determina el estatuto, los fondos del Programa de Desarrollo Comunitario para Recuperación por Desastres (CDBG-DR,  por sus siglas en inglés) no estarán disponible hasta que el Gobierno de Puerto Rico logre un acuerdo sobre las obras permanentes que financiará la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), bajo la sección 428 de la ley Stafford.

Si el Gobierno no produce los estimados para octubre 11, tendría que allanarse a lo que estime FEMA. 

La medida también ordena publicar en 90 días los requisitos de las subvenciones de fondos de mitigación CDBG-DR. Esto aplicaría a una partida de $8,200 millones que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés) aún tiene que autorizar para la isla.

En 2018, a Puerto Rico se le asignaron $18,000 millones en fondos CDBG-DR mediante la aprobación de la Ley 115-123. De estos, $9,700 millones fueron destinados para la recuperación de viviendas y $8,200 millones para labores de mitigación. 

De los $9,700 millones aprobados, solo se han autorizado $1,500 millones. Los otros $8,200 millones están a la espera de que HUD publique la notificación en el registro federal sobre su uso, un trámite reglamentario que otorga tiempo al gobierno para someter el Plan de Acción sobre los proyectos que desarrollará con ese dinero. 

Los controles financieros que debe establecer el HUD tienen como fin —en teoría— asegurar el buen uso de los fondos y evitar la duplicidad de beneficios, garantizar el gasto oportuno de los fondos, mantener sitios web completos con respecto a todas las actividades de recuperación de desastres asistidas con estos fondos y detectar y prevenir el desperdicio, el fraude y el abuso de fondos. 

Pero ante estas nuevas restricciones para desembolsar el dinero persiste la preocupación de que la entrega de los fondos sea cada vez más lenta.  

El pasado, 27 de febrero, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) develó que Foundation for Puerto Rico obtuvo el más jugoso contrato de dinero de CDBG-DR, sin someter propuesta. 

El Departamento de Vivienda en Puerto Rico (DV) no divulgó los criterios en los que se basó para otorgar un contrato de $37.5 millones a la organización “sin fines de lucro”. Por otra parte, Foundation for Puerto Rico (FPR) tampoco presentó propuesta alguna demostrando su interés o experiencia para manejar un programa de planificación comunitaria. 

En pocas palabras, FPR no pasó por un proceso competitivo para administrar dicha suma. Así lo reconoció la presidenta y CEO de la fundación, cuyos activos netos para el 2017 eran de $8,874,383, según el informe anual presentado por el Departamento de Estado. Como si fuera poco, Vivienda sometió una enmienda para aumentar a $55 millones la cuantía asignada a FPR.   

Los planes del Gobierno, según el plan autorizado por el HUD, son utilizar los fondos para vivienda, desarrollo multisectorial y revitalización de las comunidades, desarrollo económico y otros proyectos de infraestructura. 

Pero en entrevista con CLARIDAD, el presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP) David Carrasquillo Medrano censuró la visión desarrollista del Plan de Acción de Vivienda del DV, exigencia del HUD para poder acceder a los fondos de recuperación CDBG-DR para el desarrollo comunitario. 

Además, censuró las expresiones del gobernador Ricardo Rosselló y el secretario del DV, Fernando Gil Eseñat, quienes han dicho que sale más barato el desalojo y reubicación de comunidades que hacer proyectos de mitigación. Incluso, mencionó que fue testigo de reuniones en las que el gobernador le dijo a la comunidad que los fondos no se podían utilizar para mitigaciones. 

Gil Eseñat aseguró al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que escogieron a FPR porque propusieron siempre soluciones, a diferencia de otras fundaciones “que lo que querían no lo veían a nivel global”.  

Foundation for Puerto Rico presentó parte de sus programas e iniciativas y pidió que fueran incluidos como alternativa en el Plan de Acción de Vivienda (PDV). Vale señalar que los consultores que hicieron el plan de acción no son puertorriqueños. 

La misma ley de HUD dice que hay que armonizar las reglamentaciones de ordenamiento territorial federal con los ordenamientos territoriales de la jurisdicción, incluyendo las municipales. Sin embargo, eso está totalmente ausente del PAV, incluidas las vistas públicas, explicó Carrasquillo Medrano a este medio.  

En el artículo ya citado del CPI la organización Ayuda Legal denunció que, el acuerdo firmado entre Vivienda y FPR falla en detallar las responsabilidades concretas sobre la participación de las comunidades, que garanticen la igualdad de condiciones, establezcan los mecanismos de toma de decisiones y el diseño de criterios de elegibilidad. La organización advirtió además, que al acuerdo le faltan opciones para adelantar fondos a las comunidades, ya que las mismas no podrían participar de la propuesta mediante reembolsos, que es la única opción actualmente. De acuerdo con la organización, el contrato debió establecer criterios de elegibilidad y participación mínimos para las comunidades y municipios. 

Según el contrato otorgado a Foundation el pasado 15 de febrero, un 82% de los fondos del programa ($30,600,000) irá a las comunidades para el desarrollo de sus planes de resiliencia, pero eso está en veremos.

Mientras, hay quienes ponen todos sus esfuerzos en reconocer la visita de un presidente que se burla de los puertorriqueños y sus necesidades y que abogó por frenar las asignaciones a Puerto Rico para mitigar el desastre causado por el huracán María, con una estatua de bronce que sería ubicada frente al Capitolio. 

Sería más apropiado erigir una estatua de Trump representando a Gepeto y un Pinocho asomándose por detrás de su pierna derecha con un rollo de papel de baño en su nariz de mentiroso.

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), capítulo de Puerto Rico, licenciado William Ramírez Hernández calificó de “doble discurso” las declaraciones de la Fortaleza señalando como un logro de la reforma policiaca el que las partes trabajen en consenso para establecer la metodología de cumplimiento que se usará para evaluar el Negociado de la Policía.

“Eso no es un logro. La colaboración entre el Departamento de Justicia, sea federal o de Puerto Rico con la Policía o cualquier cuerpo policial, es algo que se espera. Tampoco es avance trabajar en la metodología sobre el uso de la fuerza”, reaccionó Ramírez Hernández respecto a las declaraciones emitidas por la Fortaleza, por voz del secretario de Asuntos Públicos Anthony Maceira.

El director ejecutivo de ACLU, organización que originó el proceso de sindicatura, fue enfático en rechazar que el Gobierno reclame como un logro la colaboración y resaltó que tiene que haber colaboración, puesto que fue el Departamento de Justicia —se refiere al de Estados Unidos— quien llevó a la Policía al tribunal e impuso el monitor.

Ramírez Hernández criticó las declaraciones de la Fortaleza de que en las próximas dos semanas el monitor deberá entregar información de la metodología sobre el uso de la fuerza, “eso quiere decir que en este momento no hay una medición de los éxitos; por lo tanto, no puede haber una conclusión de si ha habido éxitos o no”, y recalcó que el decir que se van a establecer unos procesos de medición no es un logro de la reforma.

Ramírez también rechazó las declaraciones de que el DJ de E.E.U.U., que aconsejó al Tribunal “la suspensión de los procedimientos, dado a que ha visto una mejoría significativa”. Específicamente, aduce que ha visto cómo se han adelantado las iniciativas de manera eficiente y que en términos de metodología se ha logrado más progreso en dos semanas que en los últimos seis meses. Según la Fortaleza, esto fue recomendado por el asesor principal Carlos Saavedra.

Ante esta reclamación, Ramírez Hernández cuestionó a cuáles iniciativas se refería el citado asesor y trajo de ejemplo que una de las partes de la reforma sobre la cual grupos comunitarios y organizaciones han trabajado y tienen que pasar juicio sobre los protocolos de la Policía es el de los casos de violencia de género. “No hay que ir muy lejos, estamos entrando en un récord de matanza y agresiones en un momento en que ellos dicen que han tenido logros, cuando eso es una de las partes de la reforma”, expresó en tono de indignación. Más aun comentó que este protocolo se hizo parte esencial de la reforma “y estamos en el peor momento de la violencia contra la mujer, tanto así que dentro de los mismos miembros de la policía hay esa violencia”.

De igual manera catalogó de “pura propaganda” decir que se ha logrado más en dos semanas que en seis meses. El director ejecutivo de ACLU cuestionó cómo es que una persona nueva, que acaba de entrar, va a lograr en dos semanas lo que no se logró en dos años. Se refiere al monitor John Romero, designado tras la renuncia del coronel Arnaldo Claudio. “Yo mismo dije que cuando se fue el monitor iba a haber un atraso. No es porque el monitor haya sido eficiente, sino porque a él le tomo dos años poder agraciarse con las diversas comunidades que son necesarias para que la reforma funcione. Si a él le tomó tanto tiempo establecer esas relaciones, ¿cómo va a venir una persona en dos semanas lograr lo que a él le tomó dos años?”.

Ante los reclamos de la gobernación, Ramírez Hernández reiteró que si se van a medir en realidad, los logros sustantivos de la reforma de la Policía para el pueblo de Puerto Rico son muy pocos. “La Policía está en su peor momento tanto desde el punto de vista laboral como en la ejecución de su trabajo. Sí hay cambio; pero para lo peor. Decir que se va a establecer en dos semanas lo que no se ha hecho en varios años no es ningún logro”.

Siguen los nombramientos por el juez Gelpí

Por otra parte, mientras la Fortaleza reclama progreso en la reforma policial, el juez Gustavo Gelpí, quien preside el proceso de la reforma de la Policía en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, la llamada Corte federal, hizo otro nombramiento cuestionable. CLARIDAD logró obtener copia de una orden del juez Gelpí por la cual nombró a un tal Thomas Petrowski como asistente especial del ya asistente especial Alejandro del Carmen.

Según la orden de Gelpí la contratación de Petrowski, exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), y en la actualidad miembro de la Facultad de Traleton State University, en Texas, los servicios profesionales se pagarán a $150 la hora. Para ello se han separado $65 mil dólares para este año fiscal, además del pago de hasta de $7 mil para gastos en el año. La orden establece que el Gobierno de Puerto Rico consigne en el tribunal la cantidad de $72 mil, con el beneficio de los intereses, para los pagos a Petrowski. La orden será efectiva a partir del próximo 1 de julio.

Llama la atención que la contratación de Petrowski—quien no habla español— sea para a su vez asistir a Alejandro del Carmen, designado también por el juez Gelpí el pasado diciembre. Se supone que Del Carmen es especialista en contabilidad y análisis estadístico y que fue nombrado para ofrecer asesoramiento a la oficina del monitor, en ese entonces dirigida por el coronel Arnaldo Claudio. Del Carmen, de acuerdo con la orden, se reporta directamente al Tribunal.

En febrero de este año, el juez Gelpí le ordenó al Gobierno de Puerto Rico que depositara la cantidad de $60 mil en el tribunal para pagar la compensación de del Carmen. De febrero a mayo, entre llamadas telefónicas, gastos de viaje y hoteles, Del Carmen ha facturado más de $30 mil dólares.

Hay que recordar que a mediados de mayo el coronel Arnaldo Claudio cerró la oficina del monitor y denunció en varias comparecencias públicas su molestia por la manera en que se estaba utilizando el dinero público para la reforma.