Si las consecuencias de la represión desatada por el estado este 1 de mayo (2018) contra manifestantes de una de las marchas contra la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobierno de Puerto Rico, no se han visto del todo, hay que recordar que todavía está pendiente la lectura de sentencia contra la joven Nina Droz, arrestada en la protesta por las mismas motivaciones, el 1 de mayo del 2017 y quien es la única que el gobierno de Estados Unidos en Puerto asumió jurisdicción de 30 arrestados por la Policía de Puerto Rico. Este año se arrestaron a 19 jóvenes. La lectura de sentencia contra Droz está pautada para el jueves 31 de mayo a las 2:00 de la tarde ante la juez Aida Delgado. La licenciada Mariana Nogales y una de las portavoces del Comité de Amigos y Familiares (CAFND) dio a conocer que al presente a Droz las autoridades de la prisión le han vuelto a prohibir las visitas como una supuesta medida disciplinaria. La última vez que la visitó fue entre los días del 25 al 28 de abril.

A raíz del paso del huracán en septiembre del 2017 la joven fue trasladada a una prisión en Estados Unidos y regresada luego en febrero del 2018 durante esos meses pudo recibir visitas, aún cuando éstas no estuvieron exentas de dilaciones, y molestias por parte de las autoridades de la prisión (el llamado Centro de Detención Federal en Puerto Rico), contra sus visitantes, en particular contra su madre, Aurea Franco Ortiz. La licenciada Nogales dijo a CLARIDAD que antes de la lectura de sentencia todavía hay apelaciones pendientes respecto a sanciones disciplinarias.

Denunció que el procedimiento contra Droz Franco en cuanto a las visitas ha sido sumamente estricto, sobre todo para con su madre y levantó que el peligro de estas sanciones es que pueden influenciar en el ánimo del juzgador. Aún cuando la defensa ha argumentado por una sentencia de 24 meses, por su parte la fiscalía está solicitando una sentencia de 37 meses, las guías de sentencia llegan a cinco años.

Ante cualquiera de estos dos panoramas Nogales defendió el que “se le dé el tiempo cumplido, se acabó, que la suelten”. Droz Franco se encuentra en prisión desde el 1 de mayo del 2017. “Es importante que la gente sepa que hay un grupo de personas que siguen trabajando y dando apoyo a Nina”.

La licenciada Nogales coincidió en que hasta el momento comparado con los eventos del 2017 las autoridades federales no han asumido jurisdicción sobre ninguno de los arrestados éste primero de mayo. Sí llamó a la atención al hecho de que el magistrado federal Bruce McGiverin, ordenó este 2 de mayo la incautación del teléfono celular del joven activista Scott Barbés. Éste fue el magistrado que vió la vista de alegación de culpabilidad Droz Franco. La activista no dudó en denunciar que las autoridades “andan buscando qué pescar”.

Mientras denunció que el proceder de la Policía contra los manifestantes fue una repetición a la del año pasado, en términos de cómo la Policía actúo de manera incorrecta, contra los manifestantes en el manejo de situaciones y uso de gases lacrimógenos.

El ingeniero Emilio Colón Zavala, presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), explicó a CLARIDAD que más que la situación de mucha demanda de materiales y poco inventario que enfrenta el tema de la construcción en la Isla luego del paso del huracán María, le preocupa la manera en que se está reconstruyendo, que es remediativa más que segura.

“Preocupa la cantidad de gente que está construyendo sin los permisos adecuados y sin necesariamente haber buscado a alguien profesional que ayudara a que no ocurra lo ya presenciado con María”, indicó Colón Zavala. “Si uno sigue con las mismas estrategias de construcción que no funcionaron en el pasado, se pasará por lo mismo a la vez que llegue otro fenómeno atmosférico”, continuó el ingeniero.

A juzgar por el presidente de la ACPR, a casi ocho meses del destrozo ocasionado por el huracán, varias son las razones para que haya poco inventario en las ferreterías, lo que ha provocado el incumplimiento de constructores(as) con sus contratos de reconstrucción de viviendas o negocios. Colón Zavala aseguró que hay mucha gente reconstruyendo sus casas al mismo tiempo, lo que causa que vayan escaseándose los materiales, la gran mayoría importados.

“Además, tenemos competencia de tres o cuatro desastres más en Islas Vírgenes, Texas, Florida y California. Eso ha creado presión en los suministros de materiales, más hay algunos suplidores que manejan sus inventarios por la situación económica previa al huracán (el Gobierno, a través de la oficina del CRIM, les cobra impuestos por el inventario)”, expresó.

Contando con que la próxima temporada de huracanes comienza el mes entrante, es alarmante que la gente no pueda terminar los preparativos a tiempo por la escasez de materiales de construcción. Alarma también, según contó el ingeniero, las tarifas que la administración federal le ha puesto a la madera que se importa desde Canada, por ejemplo. Esta medida económica ha creado una escasez de madera a nivel de Estados Unidos, lo que repercute en Puerto Rico.

En estos momentos, hay gran demanda de cemento, hormigón, arena y piedra, los cuales se pueden conseguir en la propia Isla porque se producen aquí. Sin embargo, la mayoría de los materiales son importados: madera, acero, aluminio, losetas. “Ésos, han subido de precio. Por ejemplo, las varillas costaban 25 centavos la libra y ahora cuestan 60 centavos”, indicó Colón Zavala. Ese aumento todavía no considera las tarifas de importación de acero que recientemente anunció el presidente Donald Trump, reveló el ingeniero.

La ACPR agrupa a desarrolladores de bienes raíces en las ramas comercial e industrial y de vivienda y turismo. Entre su membresía de alrededor de 100 personas, cuenta con contratistas, constructores, suplidores, ingenieros, arquitectos, abogados. Desde que fue establecida en 1951, la ACPR se caracteriza por la diversidad de su membresía, lo que “nos ayuda a tener un enfoque holístico para los temas de construcción y desarrollo”, afirmó Colón Zavala.

Respecto a la situación de la construcción en Puerto Rico tras el huracán, además de la falta de materiales, a Colón Zavala le inquieta la tardanza del desembolso de ayudas federales para reconstruir y la emigración de puertorriqueños(as), lo que provoca disminución de mano de obra en momentos en los que hay mucha demanda laboral en construcción.

Modelo de residencia para Puerto Rico

“Estar preparados con un plan de contingencia porque habrá casas que serán más vulnerables que cuando llegó María”, comentó el ingeniero de ACPR a modo de consejo para el pueblo puertorriqueño.

Precisamente, semanas después del paso del huracán María, la arquitecta Astrid Díaz inició una propaganda sobre un modelo de residencia que se adapta a las necesidades de los y las puertorriqueñas y a las condiciones atmosféricas de la Isla.

“La Casa de Puerto Rico”, como le llamó, es un modelo de mini casa modular de 300 pies cuadrados, económico y de fácil construcción, que además está fabricado con un material que permite aislar el calor, lo que lo hace energéticamente eficiente para el clima caribeño.

En declaraciones públicas, la arquitecta ha coincidido con el presidente de la Asociación de Constructores en un aspecto primordial que incide en el tema de vivienda en Puerto Rico. “Estamos repitiendo el mismo modelo de ‘casa frágil’ sin calidad de diseño ni seguridad ante amenazas naturales, porque es el único modelo que conocemos a nuestro alrededor, sin presentarle al pueblo diseños seguros y asequibles a nuestra realidad”, ha asegurado Díaz a la prensa.

Ante esto, el modelo de casa que propone la arquitecta es resistente a huracanes, sismos y fuego. Además, le integraron un módulo energético independiente, considerando los problemas que pasaron – y muchos continúan pasando – las familias puertorriqueñas. Éste incluye paneles solares, inversor, baterías, cisterna y generador eólico. Entre los beneficios de la casa se encuentran la ventilación cruzada (recoge los vientos alisios), la iluminación natural y la posibilidad de recogido de agua pluvial.

La casa tendrá un costo aproximado de $20 mil para la estructura de la vivienda completamente terminada y $40 mil para la vivienda completamente equipada.

El próximo 24 de mayo a las 2:00 de la tarde en el Centro Judicial de Hato Rey será la vista de regla 6 reprogramada a la cual fueron citados nuevamente los hermanos Alfonso y Angélica Questell y además Manfredo Pérez, todos jóvenes entre las edades de 20 a 23 años y arrestados por la Policía de Puerto Rico el pasado 1ero de mayo en las inmediaciones de la urbanización Santa Rita de Río Piedras tras concluir la manifestación general del Día Internacional de los y las trabajadoras en la Milla de Oro.

La recalendarización de la vista se efectuó debido a que, como explicó Carolina Zambrana, abogada de Pérez, durante la vista del pasado jueves 10 de mayo no compareció ningún testigo por parte de la Policía, más allá del agente Luis Ruiz Romero, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) quien está a cargo de la pesquisa.

Aunque hubo alrededor de 19 arrestados durante la invasión del cuerpo policiaco a la comunidad riopedrense – tal como evidencian los vídeos y fotos publicados en las redes sociales –, hasta el momento se han citado a vistas a los hermanos Questell y a Manfredo Pérez; a Luis Pacheco y Juan Carlos Figueroa (citados a comparecer en el Tribunal de Hato Rey el 15 de mayo); y a Rocío Rodríguez (citada a comparecer en el Cuartel General de la Policía).

Entre los cargos que les adjudican a todas y todos los detenidos figuran: agresión, obstrucción a la justicia, motín, robo y uso de sustancias controladas.

Sin embargo, tras la vista del pasado 10 de mayo Zambrana indicó públicamente que no se presentó ninguna prueba que realmente incriminara a los tres citados para esa sesión. “No nos dijeron. No sé si es que están investigando o qué”, sostuvo la abogada.

“Mi opinión legal es que si están investigando es porque [la Policía] no tiene la evidencia en este momento. Si hubiese sido un delito cometido en la presencia de un agente, [la Policía] estaría sometiendo los cargos hoy”, continuó declarando Zambrana luego de salir de la vista de los hermanos Questell y de Manfredo Pérez.

De paso, Zambrana sostuvo que el contenido mediático sobre la cobertura del 1ero de mayo favorece tanto a sus clientes como al resto de los manifestantes que fueron objeto del uso de fuerza de la Policía ese día.

Precisamente, de las capturadas con cámaras de celulares se desprende que Angélica y Alfonso Questell fueron arrestados en su residencia luego que más de una decena de agentes llegara hasta esa zona tras dispersar la concentración de la Milla de Oro con gases lacrimógenos. Alfonso fue arrestado tras una persecución captada en vídeos, mientras Angélica sufrió una herida en su cabeza, atribuida al uso de fuerza en su contra.

Muchos son los colectivos que han hecho un llamado al pueblo a rechazar la manera en que finalizó la manifestación masiva del 1ero de mayo. Uno de esas organizaciones es el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico (CPDHPR), el cual a través de un comunicado de prensa ha instado a “al pueblo en general a no dejar sólo a estos jóvenes y a estar presente acompañándolos y apoyándolos durante los diferentes días en que han sido citados, exigiendo que se les garantice la protección de sus derechos civiles y humanos”.

Según el Comité, el Estado ha acusado a estos jóvenes de incurrir en actos delictivos luego de que el mismo gobierno, mediante la fuerza policial, provocó encontronazos y confrontaciones con la intención de cancelar y disminuir la protesta del pueblo. No obstante, portavoces del Comité también se valen de la evidencia de los múltiples “vídeos y fotos que muestran policías agrediendo gente indefensa, haciendo uso desproporcionado de la fuerza policiaca e incurriendo en arrestos que pueden en su día ser calificados de ilegales haciendo que cualquier evidencia obtenida sea inadmisible”.

A pesar de esas grandes evidencias, “no conócenos que se haya citado a algún agente del orden público para responder por agresiones o violaciones de derechos civiles”, como lee el comunicado del Comité Pro Derechos Humanos.

Según Robert Bishop, el congresista por el lejano estado de Utah con poderes proconsulares sobre Puerto Rico, es necesario tener una “economía vibrante” para que la anexión formal a Estados Unidos pueda ser posible. La afirmación la hizo durante su última visita a nuestro país y, como venía a recaudar dinero para su campaña de reelección entre anexionistas adinerados, luego quiso matizar un poco lo dicho, pero no lo logró.

Bishop es presidente del comité del Congreso con jurisdicción sobre Puerto Rico que, muy apropiadamente, se llama “Comité de Recursos Naturales”. Su mensaje fue claro: para que la anexión sea posible no puede haber asomo de dependencia económica. Eso es otra forma de decir que en esa futura economía, los $30 o $40 mil millones que las empresas estadounidenses sacan de aquí cada año tienen que estar asegurados, sin que sean necesarias ayudas federales para remendar los rotos sociales que provoca esa extracción de riquezas. De aquí para allá todo, de allá para acá nada. Esa es la ecuación, que sólo es posible con una “economía vibrante”.

La afirmación del congresista por Utah echa por tierra la vieja consigna anexionista de “la estadidad es para los pobres”, porque Bishop les dice que sólo cuando aquí casi no haya pobres esa estadidad sería posible. Pero ese requisito de una “economía vibrante” representa un problema mucho más serio para el objetivo de los anexionistas, que prácticamente lo anula. Y es que una vez alcancemos ese estado de bienestar económico, en el que la dependencia del exterior sea mínima, Puerto Rico seguramente optaría de forma masiva por la independencia. La explicación para ese seguro desenlace está en una sola palabra: NACIONALIDAD.

Para entenderlo mejor vayamos a un ejemplo, discutido varias veces en CLARIDAD, que nos permite ver cómo sería ese futuro puertorriqueño cuando alcancemos la “economía vibrante” que prescribe Bishop. El ejemplo viene de Europa y no es otro que el de Cataluña.

Considerando las regiones o “comunidades autónomas” que ahora se integran en el estado español, Cataluña es la sexta en extensión geográfica y la segunda en población. Es, sin embargo, la que tiene el Producto Interno Bruto más grande, que ascendió a 223 mil millones de euros en 2016. Su economía es “vibrante” en prácticamente todos los sectores –agricultura, industria, turismo y finanzas– y su volumen supera el de muchos países que componen la Unión Europea. Portugal, Finlandia. Irlanda, Grecia, Hungría y la República Checa, entre otros, tienen economías de menor tamaño que la catalana.

En otros países de Europa también existen regiones altamente desarrolladas desde el punto de vista económico que en cierta medida cargan o halan la economía del estado, como sucede entre Cataluña y España. También ocurre dentro del propio estado español donde la “comunidad de Madrid”, que goza de autonomía igual que los catalanes, tiene un PIB cercano al de Cataluña.

En ninguna de estas regiones, sin embargo, han surgido movimientos de independencia (o “secesionista”, como le gusta decir a los gobernantes españoles) como ha surgido en Cataluña y no hay que hacer mucho análisis para concluir que la explicación para esta diferencia está en una realidad sociocultural llamada NACIONALIDAD. En lugar de una mera “región” o “comunidad”, allí se conjugan todos los elementos que configuran una realidad nacional. Tienen un territorio definido y demarcado, han acumulado una historia propia con dolores y victorias, tienen su propio idioma y esa historia compartida ha creado una cultura diferenciada.

Cuando una nacionalidad definida resulta ser, además, viable desde el punto de vista económico, el único desenlace posible en cuanto a existencia política es la independencia. La realidad sociocultural impulsa el deseo de un estado propio y la viabilidad económica lo motoriza.

Todo “pueblo” con rasgos culturales compartidos aspira a construir su propia vida, desligándose de interferencias de afuera. Ese imperativo, que podríamos llamar “natural”, se produce cuando el desarrollo histórico articula en ese pueblo lo que en la sociología se conoce como “nacionalidad”. Se existe como pueblo diferenciado y de ahí nace el deseo para seguir creciendo por ellos mismos.

Pero en ciertas ocasiones a lo largo de la historia de ese pueblo, la realidad económica no hace viable ese objetivo. Existe el deseo y la necesidad de una vida propia y separada, pero se carece de los medios para hacerla posible. A las trabas políticas que de ordinario impone el poder exterior (o imperial) –que quiere impedir la independencia para seguir explotando y beneficiándose de ese pueblo políticamente sometido– se suman las dificultades de una realidad económica difícil.

Cuando esa realidad económica cambia y el pueblo pobre deja de serlo o, al menos, comienza a desarrollarse de manera sostenida, la aspiración para una vida independiente se desborda. Esa es la realidad que no puede ver alguien como el congresista Bishop; o quizás la ve muy clara, pero como viene aquí a buscar donativos para financiar su campaña electoral, se abstiene de reconocerlo. Dado que nadie duda los puertorriqueños constituimos una nacionalidad diferenciada y definida (distinto a las actuales 50 estados de Estados Unidos) la “economía vibrante” que él reclama nos llevará directamente a la independencia.