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 En el casco urbano de Caguas, donde las calles forman una suerte de laberinto, los edificios se imponen. Muchas veces, como ingentes monumentos de una arquitectura cada vez menos frecuente. Con pilastras que adornan fachadas, balaústres en sus balcones, tragaluces entre los muros y las ventanas, varios yacen deslucidos por falta de pintura o la simple presencia humana.

En algunas partes, como en el Paseo Jardín Gautier Benítez, la desidia enfrenta la resistencia ciudadana. Grupos que se han encargado, con tiempo y esfuerzo, de revitalizar esquinas completas y devolverles el bullicio de la vida; de carros atestando estacionamientos y fachadas debidamente pintadas.

El pasado 19 de diciembre, por ejemplo, la maestra María Santiago acudió al Centro de Apoyo Mutuo (CAM), de Comedores Sociales, para buscar dos docenas de huevos y finiquitar ciertos detalles con el líder de la organización Giovanni Roberto Cáez. Educadora en la Escuela Superior Vocacional de Cidra, Santiago soltó una sonrisa mientras escuchaba al activista explicar la operación de Súper Solidario, el colmado de Comedores Sociales.

“La gente ahora puede escoger. Digamos que el cambio mayor, en los últimos años, es que la gente viene y hace una selección de los productos, versus nosotros prepararles las cajas. Ahí, vamos acercando más la dignidad. Y nosotros hemos empezado a cambiar, a enfocarnos en cómo mejoramos lo que damos… Aquí no se reciben refrescos, no se reciben corn flakes (cereales) azucarados”, elabora Roberto Cáez sobre el Súper Solidario, establecido en 2020, durante la pandemia.

Al fondo, distintas estanterías guardan aceite de cocina, latas de habichuelas, sacos de arroz, café, mieles, jugos de frutas naturales y una lista de otros más. El supermercado, que abre una vez al mes para sus 200 familias comensales, emula el concepto de las “Food Coop” (cooperativas de alimentos) e incluye a los integrantes del colmado en los trabajos voluntarios.

“De esa manera, el supermercado mantiene sus costos bajos y puede hacer el producto más accesible a la gente. Tenemos 40 miembros, aunque el supermercado nuestro está abierto a la comunidad. Claro, hay precios diferentes. El que se hace miembro, paga menos que el cliente. Llevamos cinco años con ese experimento”, continuó el líder.

Ubicado en la calle Vizcarrondo, el CAM fue eje de controversias para 2015, cuando un inversionista estadounidense  —beneficiario de la Ley 60— reclamó el edificio como propiedad suya. Para ese entonces, Comedores Sociales ya ocupaba el espacio y emprendía varias iniciativas.

“Él mismo me dijo en esas conversaciones que estaba bien enfocado en sus propiedades en Santurce y Miramar y que por eso no se había dado cuenta. Nosotros llevábamos cinco años con un vacilón, pintando esto y él no se había enterado. Cuando quiso venderlo, que lo puso en display, los mismo clientes que trataron de comprarlo le dijeron que aquí había gente”, recordó Roberto Cáez. Para resolver el asunto, la organización adquirió el inmueble a mitad del precio y con el apoyo de otras tres colectividades.

Nacido en 2013, Comedores Sociales inició como un programa comunitario y activista que ofrecía mesas de alimentos preparados a estudiantes universitarios y otras poblaciones vulnerables. Formaba parte del Centro para el Desarrollo Político, Educativo y Cultural (CDPEC) hasta el 2018, cuando se formalizó bajo el nombre de Comedores Sociales. A juicio de Roberto Cáez, las crisis recientes que ha sufrido el país le han sumado capas a esas labores.

“Las crisis nos han ido montando el proyecto. (El huracán) María nos dio esta ubicación y, después, la pandemia nos dio el refuerzo de hacer todo el trabajo aquí. Hemos ido quitando cosas y enfocando más, de estar en Cayey, Río Piedras, Caguas, como la cafetería que teníamos en Río Piedras que era pro-fondos de Comedores Sociales”, abundó el activista.

Mientras tanto, Santiago camina con un compañero, Carlos, para otear los productos disponibles en los estantes. El compañero, de pronto, lanza una pregunta a Roberto Cáez, quien pausa su repaso de la historia y responde que hay un pan bien bueno de calabaza, que también hay café y miel, que lo compren en confianza. Luego, enciende la luz.

“La necesidad que se fue dando en Puerto Rico, fue haciendo que el proyecto de comida tuviera más relevancia, más espacio, hasta que se quedara con el total protagonismo de todo lo que había que hacer. Es como si la comida pasó de ser un complemento a ser el plato principal”, aseguró Cáez.

Tras su tiempo participando de estos programas, el activista entiende que el perfil de quienes necesitan estas redes de apoyo es claro: personas mayores de 55 años, predominantemente mujeres. Dentro de las diversas instituciones que ofrecen asistencialismo en Puerto Rico        –como las iglesias– Roberto Cáez entiende que Comedores Sociales acompaña este trabajo con un discurso que señala las problemáticas sociales.

“Intentamos que no pasara desapercibido. Insistimos en el hambre como un factor del éxito de la vida universitaria. Esos son elementos que nosotros trajimos a nivel público. Eso inspiró a otros universitarios en otros recintos, animó proyectos que ya existían. Eso fue durante la primera década”, dijo.

Para ampliar estos trabajos, el líder aseguró que Comedores Sociales emprenderá el año que viene el llamado “El año de la base”, donde continuarán integrando las comunidades a estas iniciativas.

La contagiosa ocupación de otros espacios

La calle Vizcarrondo evidencia el esfuerzo invertido por organizaciones como Comedores Sociales. A pasos del CAM, distintos murales ilustran al hombre-carátula del juego de mesa Monopolio, flores marchitas, cocoteros, cuatros, pitirres y flores de maga. El arte público desemboca en el Paseo Jardín Gautier Benítez, donde otra colectividad –Urbe Apié– replica el modelo de ocupación urbana.

Con un café teatro, una boutique comunitaria, una galería de arte, un hostal y hasta el periódico Urbe AVoz, la organización hermana de Comedores Sociales dirige sus planes para renovar todo el centro de Caguas. Para Enid Domínguez, colaboradora de Urbe Apié, el arte ha sido la herramienta y el aliciente para integrar a la comunidad.

“La parte artística se ha explotado mucho. Como Urbe Apié es una organización comunitaria, vienen muchos artistas emergentes. Su primera experiencia como muralistas, exhibiendo y teniendo ese encuentro con ellos mismos en un lugar de arte. Este año se hicieron 17 exhibiciones, este año nada más”, contó Domínguez, en medio de cuadros y retratos que adornan toda la Galería Comunitaria.

Inclusive, la líder comunitaria destacó que un hombre sin hogar y dedicado a pintar con un marcador ha contribuido con sus piezas de arte a la galería. Para Domínguez, estos espacios comenzaron para precisamente entroncar este tipo de relación. Hace diez años, agregó, la iniciativa comenzó a ocupar edificios del área para ofrecer espacios alternativos.

“Después del centro comercial, de María, tú sabes que lo más que hay son edificios abandonados. En todos los cascos urbanos. Entonces, Omar Ayala (fundador), los muchachos empezaron a contactar a los dueños de los edificios y empezaron a abrir espacios. Ahora mismo, tenemos ocupados cinco edificios y dos terrenos”, compartió.

Entre otros proyectos, los edificios integran el café teatro El Reflejo, donde se presentan libros y obras; la Boutique Comunitaria, donde los ciudadanos consiguen prendas, ropa de todo tipo y se ofrece, además, ayuda como narcán para las personas sin hogar; un hostal que pronto abrirá y los huertos que ocupan dos terrenos. En el caso del hostal, el edificio contará con 10 literas, 4 duchas, 2 baños, estufa, nevera y hasta un deshidratador para las frutas que se cultiven.

“Se va a hacer un vivero. Nos juntamos con La Maraña, otra organización sin fines de lucro, y la meta es sembrar más de 100 árboles por todo el casco urbano de Caguas. Al lado, tenemos el museo de La Higüera, y es el único museo de la higüera en Latinoamérica y Estados Unidos que se conoce. El director Jorge (García Muñiz) es un artesano de la higüera”, aseveró Domínguez.

Para la líder, este tipo de esfuerzo debe contar con el apoyo de la administración municipal, de modo que las leyes no sirvan, como ahora, para trabar la adquisición de edificios o la solicitud de fondos. El resultado, aseguró Domínguez, pudiera fortalecer la comunidad, su capacidad de responder ante crisis como el huracán María y forzar los negocios a aportar al casco urbano. “Pienso que la gente nunca había carecido tanto de los servicios esenciales por tanto tiempo. No se había vivido esa necesidad de manera prolongada”.

Tanto Roberto Cáez como Domínguez coincidieron en la falta de vivienda como uno de los motores que impulsa estos programas. Ambos resaltaron la soledad y la precariedad que la población de adultos mayores afronta actualmente. Como paliativo, ambas colectividades apuestan a la expansión de espacios urbanos.

“Nosotros vemos estos como una conquista contra el capitalismo”, expresó Roberto Cáez.

De concretarse la cancelación del contrato de LUMA Energy, la organización CAMBIO reclama a la administración de la gobernadora Jenniffer González que desista de impulsar la privatización del sistema eléctrico con otra compañía privada y que en vez de esto impulse un modelo público renovado.

“Sacar a LUMA es algo que todo el pueblo de Puerto Rico exige porque la experiencia ha sido nefasta en términos del servicio deficiente, los constantes apagones y las alzas insostenibles en el costo del servicio. Desde que el gobierno anunció el contrato de LUMA en 2021 hemos estado alertando a que es un contrato nulo, pues es contrario al interés público. Sabíamos también que el contrato encarecería el servicio, pues el interés de estas empresas privadas es maximizar sus ganancias, no es brindar un servicio de excelencia. Por esto es importante que se reconozca que no solo el contrato es nulo y va en contra del interés público, sino que la privatización del sistema eléctrico también es contraria al interés público”, planteó Ingrid Vila Biaggi, presidenta y cofundadora de CAMBIO, en comunicado de prensa.

Vila Biaggi expuso que si en la transición que propone una de las dos demandas del gobierno le toca a la Autoridad de Energía Eléctrica asumir el control del sistema eléctrico, este sería el momento para lograr que se quede en manos públicas, bajo un modelo de gobernanza renovado con profesionales experimentados que conozcan el sistema eléctrico y que impulse la transformación hacia una infraestructura basada en energía renovable en techos y almacenamiento.

La presidenta de CAMBIO defendió que en Puerto Rico se tienen los trabajadores y profesionales capaces y comprometidos para establecer un sistema eléctrico público que responda a las necesidades del pueblo y a las exigencias del siglo XXI. Recordó que en Puerto Rico se vivió la experiencia de la privatización con el servicio de acueductos y alcantarillados donde el gobierno también tuvo que retomar el control público luego de dos privatizaciones fallidas. “Este es el momento de tomar las decisiones correctas para beneficio del pueblo”.

Tanto la organización CAMBIO como la coalición Queremos Sol han estado proponiendo un modelo de gobernanza  muy distinto a la estructura de intervención partidista que llevó a la quiebra a la pasada AEE. Según han presentado, el modelo propone una junta de gobierno con mayoría de miembros seleccionados por diversos sectores, incluyendo clientes residenciales, comunidades impactadas por la infraestructura eléctrica, trabajadores y miembros del sector privado. Este modelo de gobernanza contaría con estructuras de consulta y participación ciudadana que permitirían espacios de codiseño desde las etapas de planificación, así como plataformas de acceso a datos del sistema e información pública. La nueva estructura también propone una reforma del Negociado de Energía, entidad que denuncian ha fallado como regulador del sistema.

Las entidades también han propuesto el uso de fondos federales disponibles para la instalación masiva de sistemas de energía solar en techos, priorizando comunidades vulnerables y de bajos ingresos. Han  defendido que un estudio del 2021 calculó que Puerto Rico puede descentralizar el sistema eléctrico con sistemas de energía solar y baterías en techos. Esto hubiera permitido lograr 75 % de energía renovable para 2035 y una tarifa estable de 15 centavos por kilovatio-hora (kWh). “Es un asunto de decisión del gobierno. Si hay voluntad, se pueden lograr esas metas para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Con LUMA, Genera o cualquier otro privado continuaremos en retroceso”, indicó Vila Biaggi.

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La posibilidad  de que se vea en los tribunales de Puerto Rico las dos demandas radicadas, una por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AP3) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contra LUMA Energy (LE) y otra por la gobernadora, está sujeta a la determinación que tome la jueza del Tribunal de Estados Unidos, Laura Taylor Swain, que atiende el caso de la quiebra de Puerto Rico.

La demanda radicada ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan (TPI) el 11 de diciembre por la AP3 y la AEE  persigue que se declare nula la extensión del contrato otorgado a LUMA en el 2022. Tras la radicación de la demanda, LUMA Energy solicitó de inmediato  remover el caso a la sala de la jueza Sawin, quien ve el caso de la deuda de la AEE mediante la Ley PROMESA. Días después, la gobernadora acudió al Tribunal, radicó su demanda con los mismos reclamos y agregó el principio de “parents patriae”, el poder de razón del Estado.

Entrevistado por CLARIDAD, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez reconoció que la demanda de la AP3 y la AEE  tiene méritos como cuestión de inicio, si lo que alegan es cierto de que no se tenían los votos en la Junta de Directores de la AEE  para que se pudiera establecer  un contrato. Si el contrato no cumplió con esa formalidad, es nulo.

Para el experto en la Ley PROMESA y en casos de quiebra, la movida de LE de pretender que la jueza Swain atienda el caso es una estrategia para dilatar el proceso, lo que ya ha hecho en otros casos como con la demanda de DACO, la cual devolvió al foro local porque entiende que son asuntos internos  del Gobierno de Puerto Rico y de los poderes que tiene.

“Me atrevo a decir que es muy probable que la jueza devuelva el caso al TPI de Puerto Rico. La controversia no tiene nada que ver con la deuda y es un contrato de operación que tiene que ver con las condiciones de las partes”.

A la luz de pasadas experiencias, Emmanuelli Jiménez se aventuró a decir que la jueza Swain podría devolver el caso de una manera rápida, o “entretenernos” en el sentido de que ordene al Gobierno expresarse  sobre el tema. Entonces, serían unos términos largos, como de 30 días, para que se exprese, lo que va a provocar que la decisión se dé a finales de enero o tal vez en febrero, por lo que no descartó que el proceso pueda tomar un par de meses. De hecho, ante la solicitud de LUMA, ya la jueza emitió una orden solicitando a LUMA, a la AP3 y a la AEE que sometan un informe antes del 22 de diciembre.

En caso de que Swain, devuelva  el caso al TPI, entonces el Tribunal Supremo de Puerto Rico tendrá que decidir si se lleva el caso a dicho foro.

En entrevista por separado, el  licenciado Luis Ricardo Santini Gaudier consideró que la movida de LE de mover el caso a la sala de la jueza Swain  puede tener probabilidades, debido a que realmente podría afectar la negociación con los bonistas. Sin embargo, espera que no, porque de ser así, “allí va a dormir el sueño de los justos”. Contó su experiencia cuando estuvo en la Junta de Gobierno de la AEE como representante de los consumidores y se legisló para sacar a esos representantes de la junta. Entonces, él demandó al Gobierno de Puerto Rico, el cual también pidió la remoción a la sala de Swain. El caso fue removido, pero no lo resolvieron por cuatro años, lo que lo convirtió en uno académico.

El exrepresentante en la Junta de Golbierno de la AEE, quien participó al igual que Emmanuelli Jiménez en el estudio que hizo el Colegio de Abogados que concluyó que el contrato de LE es nulo, también reconoció que la demanda del Gobierno tiene méritos, y está de acuerdo cien por ciento. No obstante, hizo la observación de  que cuando se radica una demanda, esta no se puede fraccionar  porque si se fracciona todos los planteamientos que no se hicieron en la demanda original, se pierden. Si la demanda  no se enmienda, eso quiere decir que lo que va a decidir el tribunal es si el contrato es válido o no. Si es nulo, entonces se pierden todos los incumplimientos, que es lo principal.

En sentido similar Emmanuelli Jiménez expresó que la segunda demanda no era necesaria y que esta pudo haberse consolidado con la primera y hacer las mismas alegaciones.

Santini Gaudier expuso que desde el punto de vista de derecho, se tiene que evaluar si el contrato es nulo o no es nulo, pero tampoco se puede  renunciar a los incumplimientos. Probar que hubo incumplimiento de contrato implica una recompensa.

Sobre el contrato de LE, dio a conocer que en el 2022 trabajó para el Senado un examen con relación a lo sucedido con la extensión del contrato y que en los memorandos de Derecho que preparó se expusieron exactamente todos los planteamientos que ahora plantea el Gobierno. Afirmó que la administración pasada de Pedro Pierluisi no tenía interés en cancelar el contrato, “al revés,  lo protegía. Los planteamientos que hicieron los representantes del interés público en la AEE  no tuvieron validez alguna en el 2022. Ahora, en el 2025, por conveniencia política para tratar de decir que se cumple una promesa, ahora son unos planteamientos espectaculares, antes no servían. Ahora resulta que son los planteamientos que se utilizan en la demanda”.

Repasando la trayectoria de la privatización de la AEE,  Santini Gaudier señaló que en el 2018, cuando el entonces gobernador Ricardo Rosselló hizo el anuncio de que se iba a vender la AEE, tanto él  como otras voces advirtieron de que eso no se podía hacer porque con la privatización se perdían los fondos federales de FEMA cuando hubiese algún desastre natural. Destacó además, que en el proceso de selección para la privatización solo licitaron tres compañías: Duke Energy, Quanta y PSEG. No obstante, el contrato se le adjudicó a LUMA sin haber participado en la licitación y sin existir en derecho.

Desde el punto de vista legal, aseguró, el caso tiene méritos, independiente de todo lo anterior, porque los representantes del interés público tenían que votar a favor para que se extendiera el contrato. Reveló que él incluso se reunió con los dos representantes del interés público y les dijo que tenían dos opciones: votarle en contra, pero si votaban en contra estaban participando validando la votación, o abstenerse.  Una abstención constituye un voto en contra. Si no había unanimidad, el contrato no es válido en derecho.

Lo que hizo el Gobierno para ignorar esa votación fue argumentar que la Ley 120-2018 para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico estaba por debajo de la ley de la AP3 y que, por ende, la cláusula que dispone que cualquier contrato tenga que ser por unanimidad no era válida.  “Esa fue la posición del Gobierno en aquel entonces. Ahora, bajo esta nueva administración, ¡caramba!, sí es válida.

Actualización caso gobernador versus Luma

El viernes 19 de diciembre la jueza Laura Taylor Swain le solicitó al Gobierno de Puerto Rico y a Luma a entregar ese mismo día un informe de estatus conjunto. Se espera ahora que la jueza examine los argumentos y determine si devuelve los casos al Tribunal de Puerto Rico.

Especial para CLARIDAD

“No nos llamemos a engaño; el que apruebe la militarización nueva de Puerto Rico y el Caribe, incluyendo el gobierno de este pueblo, está en pecado”, sentenció el Padre Pedro Rafael Ortiz, párroco de la Iglesia de San Pablo Apóstol, en la comunidad Tomás de Castro en Caguas, durante la misa de aguinaldo del lunes.

En su homilía en la misa de aguinaldo en homenaje al 130 aniversario de la bandera de Puerto Rico, Ortiz señaló que sus expresiones estaban motivadas por la abierta persecución que Estados Unidos mantiene sobre los países de América Latina y el Caribe, mediante la remilitarización de Puerto Rico “para atacar a otros hermanos nuestros independientemente de lo que pensemos de ellos”.

El párroco elaboró sobre el concepto de libertad individual y colectiva desde la perspectiva católica fundamentando sus argumentos sobre el “Magnificat” –canto de la Virgen, según lee el Evangelio de San Lucas– y recalcó que la libertad mariana no se trata de “una libertad cualquiera”.

“Libre no es el que hace lo que se le venga en gana. María no era libre porque le venía en gana. Libre es tener el valor de sobreponerse a los [obstáculos] para cumplir con lo que debe se hacer. Nadie es más libre porque se quede con las propiedades del vecino… Nadie es más libre porque imponga su voluntad a la fuerza sobre los demás… Libre no es aquel que abusa de los más débiles… libre no es un país porque persiga a los inmigrantes… Libre no es el que discrimina contra los que tienen otras formas de amar. Nadie es más libre por esas cosas”, sentenció Ortiz en abierta referencia a las políticas de Estados Unidos y su presidente Donald Trump.

Ortiz puntualizó que “los imperios no son países libres” y que desde tiempos remotos los imperios se construyen basados en la avaricia y la usurpación de las tierras, los recursos y las vidas de las demás personas. “[Los imperios] se construyen grandes riquezas robadas”, sentenció.

“¿No es eso lo que ha pasado en América Latina y el Caribe? Se robaron todo. Y hasta reclaman tener la bendición de Dios para hacer esas cosas”, denunció el cura en su homilía.

El Padre Pedro Ortiz instó a la feligresía, entre quienes se encontraba el liderato nacional del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la portavoz de Madres Contra la Guerra, y varios lideres comunitarios, “a enarbolar nuestra bandera proclamando la patria virgen de las manchas, sin máculas, libre de la soberbia del imperio y sus capataces colonizados”.

“Proclamemos con María, la virgen madre, una patria enteramente virgen que no acepte que a los ricos le den todo y echen a los pobres a la cuneta de la vida”, reclamó enérgicamente.

“Bendigamos nuestra bandera, no con grandes poderíos y sí por la inequidad. Bendigamos nuestra bandera con el amor por los demás. Sembremos nuestra patria de seres humanos al estilo de María, más libres… y cosechemos juntos la libertad”, concluyó el cura.