Ilustración Kike Estrada. Reproducido de Planeta Kike
El 2026 ha comenzado a bombazos, y bajo la amenaza de convertir al mundo entero en el escenario de una gigantesca farsa política.
De un lado, el principal actor es el nuevo/viejo imperialismo estadounidense, bajo la presidencia de Donald Trump que, más allá del ataque armado a Venezuela y el secuestro de su presidente constitucional, Nicolás Maduro y de su esposa y diputada Cilia Flores en la madrugada del 3 de enero, cada amanecer de este nuevo año nos ha traído una sorpresa, desatada por su afán de dominio sin precedentes sobre distintos frentes y países del mundo. Conflicto interno en Irán, diálogo roto con Canadá, presión sobre México para la captura y entrega de notorios narcotraficantes, un foro mundial en Davos, Suiza bajo la sombra de un acuerdo improvisado entre los gobiernos de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, con la participación de la Unión Europea, que evite la ocupación de dicha isla del Ártico por la milicia estadounidense, y garantice la construcción expedita allí del llamado «Domo Dorado de Defensa» que Trump ha prometido, y añada más bases y ciudadelas a la ya compleja red militar que Estados Unidos tiene sobre dicho territorio. Esos son solo algunos de los frentes de conflicto que ha abierto el gobierno de Estados Unidos en las escasas tres semanas de este año 2026.
También cunde la incertidumbre en Europa por el riesgo de una guerra comercial con la que el gobierno de Donald Trump intimida a los países que no se pliegan a sus demandas sobre Groenlandia o sobre lo que sea. Todo esto, unido al ataque frontal contra instituciones y organizaciones del orden establecido, como la ONU y demás organismos afiliados, asi como la sustitución de estos por nuevos foros que aseguren que el mundo se amolde a los paradigmas y objetivos del imperialismo estadounidense, conforman la tormenta perfecta que se ha desatado sobre la humanidad en este nuevo año.
Una de las instituciones que más prestigio y estatura mundial ha perdido en este forcejeo por el dominio mundial es el Instituto Premio Nobel de la Paz de Noruega, que otorgó el galardón correspondiente al año 2025, a la autoproclamada líder de la oposición al Gobierno Bolivariano de Venezuela, María Corina Machado.
Todo lo referente a esta última edición del Premio Nobel de la Paz, antes y después de su entrega, se ha convertido en una farsa gigantesca, que no solo ha manchado irremediablemente el prestigio de dicho premio, sino que ha arrojado sombras sobre los criterios y motivaciones que hubo tras el mismo. Evidentemente, no hubo buena «inteligencia» en el proceso de selección de este año. Una investigación somera de la candidata a recibirlo hubiese bastado para que retirasen su nominación, y así evitar convertir al premio noruego en objeto de burla y hazmerreir en el mundo entero.
Ya cuando le dieron el premio a Barack Obama, a escasamente un año de su elección como presidente de Estados Unidos en el 2009, y mientras dicha nación estaba en abierto conflicto armado contra naciones en el Medio Oriente, el Instituto del Premio Nobel de la Paz fue objeto de duras críticas y recriminaciones.
Sin embargo, no se aprendió la lección, y se repitió el error que culminó con el desastre de este año, y la pérdida de legitimidad del otrora prestigioso Premio Nobel de la Paz.
Primero, porque María Corina Machado no es una promotora de la paz. Sus expresiones públicas en récord clamaban, una y otra vez, por la intervención armada de Estados Unidos en Venezuela. ¿Qué líder de la paz pide que invadan su país y ataquen a su pueblo?
Segundo, porque toda su trayectoria política había sido de conflicto y confrontación, y no de paz. En el año 2002, cuando las fuerzas de la derecha política en Venezuela ejecutaron el golpe de estado contra el gobierno legítimo del Comandante Hugo Chavez Frías, María Corina Machado figuró entre los firmantes del decreto Carmona, que pretendió legitimar el gobierno golpista del empresario Pedro Carmona. Aquel entuerto duró 47 horas, y Carmona fue depuesto y colocado bajo arresto domiciliario hasta su fuga a Colombia donde todavía reside. Además, las actividades de la supuesta oposición de Machado y su grupo en Venezuela por décadas recibió financiamiento de la National Endowment for Democracy ( NED), un notorio frente de la CIA hoy inoperante.
Tercero, porque toda la antesala a la entrega del premio fue un espectáculo mediático y una farsa orquestada hasta sus últimos detalles, como quedó evidenciado en el «dramón» de su supuesta «extracción peligrosa» desde Venezuela hasta la capital noruega, escoltada por un ex militar estadounidense de la compañía Grey Bull de Florida, quien después hizo un «tour» por los medios de prensa en Estados Unidos para promocionar su empresa.
Cuarto, porque tras el ataque a Venezuela, Donald Trump descartó de plano a Machado para dirigir el país y reconoció públicamente que ella no cuenta con el respaldo y el respeto del pueblo venezolano. Esta admisión de Trump levanta aún mas suspicacias sobre el reclamo de victoria electoral con un 70 por ciento de los votos que hicieron Edmundo González Urrutia y María Corina Machado tras los últimos comicios en Venezuela., reclamo que desató los eventos que culminaron con el ataque armado y el secuestro del presidente Maduro y la diputada Flores por Estados Unidos el pasado 3 de enero.
Quinto, porque luego de haber recibido el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado tuvo un encuentro con Donald Trump en Casa Blanca, y le entregó el premio como si fuera una mercancía, lo cual provocó la más dura reacción pública en Noruega y otros países del mundo.
Si desde Puerto Rico y CLARIDAD, pudimos descubrir la información que desenmascara la falsa trayectoria de paz de María Corina Machado, cuanto mejor y más ampliamente pudo haberlo hecho el Instituto del Premio Nobel noruego, y evitar así un error tan costoso, y una mancha tan grande para su reputación y prestigio.
A largo del siglo XX Puerto Rico estuvo presente en todas las agresiones que Estados Unidos lanzó contra nuestros vecinos del Caribe o Centroamérica. Esa es una de las funciones que los imperios les reservan a sus colonias: servir de base de operaciones para la continua expansión imperial. Algunos pensaban que con el cierre de las bases militares que Estados Unidos tenía en nuestro país y tras los cambios geopolíticos en la última década del pasado siglo, el uso de Puerto Rico como plataforma de agresión había terminado, pero con el trumpismo esa función de la colonia ha regresado. Curiosamente, nuestro colonialismo nació de la doctrina Monroe cuando, guiado por ella, en 1898 Estados Unidos intervino en la guerra hispano-cubana. Ahora, cuando la vuelven a invocar para amparar nuevas agresiones, la peor manifestación del colonialismo -servir como base de agresión contra hermanos- regresa a nuestro país.
Una vez más se confirma que mientras exista el colonialismo ningún cambio resulta definitivo y lo que creíamos superado vuelve a aparecer. Para los actuales administradores coloniales, que representan la facción más rancia del anexionismo isleño, ese renacer de la militarización les entusiasma porque aleja toda noción de que Estados Unidos pueda disponer del territorio ante el supuesto de que en el análisis de costo-beneficio pesa más el primero. Ese alegado desbalance a favor de los costos realmente nunca ha existido, más bien lo contrario, pero ahora, con la reutilización militar, la situación es más clara.
Esa nueva realidad, que creíamos superada luego de la lucha por la desmilitarización de Vieques, fue uno de los eventos noticiosos más importantes de 2025 y puede que también lo sea en 2026 mientras el nuevo afán imperial, que Trump manifiesta de manera explícita y descarada, siga manifestándose.
El 2025 puertorriqueño también fue testigo de una nueva ofensiva contra los derechos ciudadanos, particularmente los que protegen a la mujer y a grupos históricamente discriminados. Entusiasmados por la ola que recorre a Estados Unidos, la nueva administración colonial de Jennifer González y Thomas Rivera Schatz se ha dispuesto a hacer sus propios recortes a derechos y conquistas logradas con grandes esfuerzos en el pasado. Casi terminando el año aprobaron legislación para reconocerle personalidad jurídica a un no nacido, cambio que altera un estado derecho con más de un siglo de antigüedad. Esa nueva ley amenaza tanto la salud de la mujer como sus derechos reproductivos, pero sus efectos van mucho más allá porque también afecta otras áreas, en particular el derecho sucesorio. En medio de su cruzada antifemenina los ultras del PNP no se percatan del monstruo que han creado.
Otro ejemplo de ataque a derechos que se creían conquistados fue la medida que enmendó la legislación que reglamenta el acceso a la información pública, añadiendo trabas y ampliando el tiempo que tiene un funcionario para responder a una solicitud de documentos. Igual que la legislación sobre el nasciturus esta fue de iniciativa legislativa. El binomio González-Rivera Schatz pelea por cuestiones politiqueras, pero actúa unido cuando de quitar derechos se trata.
Frente a ambas leyes se manifestó gran oposición. La relacionada con el derecho a la información fue objetada militantemente por todas las organizaciones de periodistas y la relacionada con el concebido pero no nacido recibió el rechazo de cientos de médicos y de todas las organizaciones que luchan por los derechos de la mujer, mientras que en ambos casos pocas voces se expresaron a favor. Ninguna de esas protestas hizo mella en la Legislatura o con la gobernadora González. Lo mismo pasó con la legislación que enmienda al código electoral que fue objetada por todos los partidos de oposición.
La gobernadora González, Rivera Schatz y todo el liderato del PNP actúan con la prepotencia de quienes creen que ninguna de esas protestas tiene efecto sobre una base electoral que consideran inamovible. Pase lo que pase, gracias a la dependencia económica y a la manipulación política, el 35% de la población votará por ellos y con eso creen que aseguran el triunfo. Tampoco les importa que, ante sus visos de inconstitucionalidad, las nuevas leyes sean impugnadas en los tribunales porque el control que tienen del sistema judicial, en particular del Tribunal Supremo, les garantiza que la pretendida invalidación nunca llegará.
Con igual desparpajo están actuando en temas ambientales. Ya iniciaron el proceso para revisar la reglamentación de permisos de construcción para favorecer a desarrolladores y al terminar el año, a horas de la Nochebuena, aprobaron la declaración de impacto ambiental que le abre paso al proyecto Esencia de Cabo Rojo.
El único tema que sí parece preocupar a González es el del servicio eléctrico y la empresa LUMA Energy porque es consciente del alto costo que pagó su predecesor, Pedro Pierluisi, por su apoyo a la privatizadora. Por eso se apresuró a iniciar, por fin, el proceso judicial que había prometido para anular el contrato que otro gobierno de su propio partido otorgó. Ese proceso, iniciado en el último mes del año, presenta muchos interrogantes. En primer lugar, la demanda no se basa en el obvio incumplimiento contractual del LUMA, sino en la forma en que el contrato fue otorgado por la administración de Pierluisi y resulta débil argumentar que un contrato es nulo por la forma en que se otorgó cuando la impugnación se hace cinco años después. En segundo lugar, la privatizadora está haciendo todo lo posible para trasladar el pleito a foro federal, consciente del control que el PNP tiene sobre la judicatura puertorriqueña, y obviamente dará la batalla por ese traslado hasta la última instancia. En cualquiera de los dos foros el proceso será largo. Por eso González se ha apresurado a señalar que su compromiso se limita presentar la demanda. El mismo día que la presentó llegó el país letreros alegando “compromiso cumplido”.
Pero no todo fue negativo en el 2025. En medio del cacareo politiquero, del desastre administrativo y de las nuevas botas militares, vimos cómo la nacionalidad puertorriqueña expresó su fortaleza, una vez más, por medio de la expresión artística. El punto culminante fue la actuación de un joven del barrio Almirante Sur de Vega Baja, Benito Martínez que, comenzando el 2025, impactó el mundo con canciones de alto contenido social y patriótico. El resplandor duró todo el año demostrando que aquí sigue muy viva una nación caribeña y latinoamericana, que habla y siente en español. Mientras esa nacionalidad exista y se fortalezca, habrá futuro.
Este escrito salió originalmente en la edición impresa de CLARIDAD correspondiente a diciembre 20225.
Aunque para el economista Heriberto Martínez Otero el Proyecto de Reforma Contributiva que está ante la Asamblea Legislativa para bajar las contribuciones sobre ingresos a las clases trabajadoras representa una baja sustancial y tiene sentido, el problema estriba en que esas rebajas van a reducir también los ingresos del fisco, lo que implicaría caer una vez más en un déficit. A esto se le añade a que el Gobierno está en un proceso de restructuración de deuda y bajo una Junta de Control Fiscal (JCF), por lo que adelanta que la reforma no se sostiene y que la JCF no le va a dar paso.
A preguntas de CLARIDAD, el director ejecutivo de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico indicó que, en términos generales, el proyecto ciertamente tiene una reducción sustancial para la clase media trabajadora. La carga del 33%, que es la máxima y que ahora está en los $61 mil de ingresos, lo lleva a los $150 mil, por lo tanto, eso representa una baja a las tasas efectivas de los segmentos medios. Como economista, considera que en términos generales favorece que a las clases trabajadoras y a las pequeñas empresas se les bajen los impuestos, no obstante, subrayó la situación de que si se reducen los ingresos pero se mantiene el gasto actual, eso lo que implica es que se tendría un déficit.
Ese déficit se podría financiar con nueva deuda, pero en la medida que esa opción está cerrada debido a la situación de la deuda y la JCF, entonces el Gobierno podría cuadrar el déficit aumentando los impuestos con nuevos impuestos o recortando el gasto público.
Martínez Otero aludió a que la misma gobernadora ha dicho que se van a reducir gastos en el gobierno, pero censura el que esos ajustes presupuestarios debieron hacerse antes para saber cuánto y por dónde.
“Aquí es que viene el tema fundamental de que si le digo al país ‘vamos a aprobar un proyecto que reduce mis ingresos’, por ese mismo lado también le tengo que decir al país ‘ojo, tengo que recortar gastos’, y ahí hay una trampa”, manifestó el economista.
Una prueba de esto es la propuesta de la gobernadora de quitarles la exención a los vehículos híbridos y a los sistemas de paneles solares o fotovoltaicos. Martínez Otero alerta de que si se decide ponerle impuestos a esos vehículos y sistemas, puede ocurrir que la gente no los compre y entonces, como quiera, se mantenga el déficit.
Apuntó que técnicamente es un error intentar cuadrar el presupuesto siguiente a base de reducir los ingresos por concepto de contribuciones directas y decir que se va a recuperar el dinero reduciendo las exenciones contributivas, porque en que eso puede generar un déficit presupuestario que obligue a reducir gastos.
Al hecho de que, según la Oficina de Presupuesto y Gerencia (OGP), se necesitan $550 millones para que la reforma tenga un efecto neutro y cumplir con el Plan Fiscal certificado, a la luz de lo discutido, Martínez Otero afirmó: “Eso no es posible, esos $550 millones de recortes en el presupuesto. Hacer la propuesta antes es como creer en los Reyes Magos, porque tú no sabes qué va a hacer en el futuro. Eso fue lo mismo que hizo Fortuño en el 2011. Aquí los impuestos que se han aplicado con la reforma del 2001 se mantienen”.
Una vez más recalcó que la reforma no se sostiene y que la JCF no le va a dar paso: “No se sostiene porque el proceso se hizo al revés. Hay que seguir insistiendo en que al hacer políticas públicas en Puerto Rico, hay que poner el ojo en donde están los privilegios y los gastos políticos, a los que más pueden aportar”.
Los decretos sorpresivos y las amenazas militares como parte de un juego cruel en apariencia caprichoso, son signos inequívocos del derrumbe institucional de Estados Unidos, el cual se extiende –por ahora– a instituciones y leyes internacionales. El secuestro tipo mafia del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores estuvo lejos de derrocar el estado, pero sin duda fue un golpe severo. Las fuerzas estadounidenses produjeron un apagón en la zona de Caracas con medios cibernéticos y tecnología sofisticada que la riqueza del país imperialista permite, y de que carece la generalidad de los países. Apagón, bombardeo y secuestro de un presidente serían advertencias de que Washington puede hacer lo mismo en cualquier país latinoamericano, en otras regiones, o en Venezuela de nuevo. Será imposible, parece decir, que dejemos de tener control del hemisferio; los desafíos son ejercicios futiles de ingenuidad.
Desde luego, una eterna omnipotencia militar yanqui es una posibilidad abstracta, en un mundo donde no hubiese lucha política ni fuerzas contrarias al colonialismo. Es una fácil visión unilineal de la historia, de una sola vía. En cambio, el ataque estadounidense expuso debilidades del proceso bolivariano, y también sus fortalezas.
Tendencias americanas
Crucial para la soberanía de un país es su control estatal de la tierra, el suelo y los recursos naturales, sobre todo los estratégicos o de alto valor en el mercado. Al ejercer estos controles, Venezuela se aleja de la sumisión tradicional latinoamericana al capital estadounidense y europeo. A la vez transita el ambiguo y contradictorio camino que deben caminar los países pobres y excoloniales, de negociaciones continuas con fuerzas del mercado como parte de la construcción de su estado y del desarrollo nacional. Deben abrirse a capitales extranjeros, en el caso venezolano especialmente los petroleros estadounidenses, mientras mantienen el control de sus recursos por medio del estado. Sus proyectos reciben críticas o ataques desde la izquierda, exigiendo que sean más antimperialistas o menos capitalistas, y desde la derecha, acusándolos de dictatoriales y agrediéndolos económica o militarmente.
Por varios siglos el sistema imperialista organizó el mundo y la llamada modernidad. Podría decirse que en las Américas la clase dominante es el imperialismo norteamericano. Los países latinoamericanos y caribeños, históricamente jóvenes, han estado bajo su influencia desde el siglo XIX, casi desde la independencia. El duro golpe que recibieron con el neoliberalismo, a fines del XX, profundizó el colonialismo de formas nuevas, y en algunos casos una anexión económica a Estados Unidos y otros centros capitalistas mundiales. Fue una concentración drástica del capital; en todos las ámbitos del mercado y la sociedad los más poderosos destruyeron, se tragaron o marginaron a los débiles. Se amplió la desigualdad, especialmente con las deudas.
Pero también cobró fuerza una corriente nueva de descolonización, una reorganización radical del mercado global inclinada hacia la multipolaridad y la soberanía. La propiciaron en parte las propias inversiones imperialistas. Era inevitable, sin embargo, por el fortalecimiento de las culturas nacionales y las clases populares y productivas, y la expansión salarial y del consumo, la educación, la ciencia y la tecnología. La obligación inescapable de participar en el mercado internacional empuja los países al desarrollo social y de sus fuerzas productivas, la más importante de las cuales es el trabajo.
En el siglo XX destacaron clases capitalistas relativamente poderosas en Brasil, Argentina y Chile, sólo para sucumbir a la fuerza disolvente del capital monopolista, por la deuda pero además por sus propias debilidades. Pues en realidad eran, en diversos grados, apéndices del colonialismo norteamericano y europeo. La incapacidad de las pretendidas burguesías ha propiciado proyectos populares, policlasistas, en favor de una hegemonía estatal de la economía. Estos proyectos debilitan la ‘clase’ de los capitalistas, mientras los incluyen individualmente en la nueva estrategia. En los años 60 y 70 proyectos de estado de este tipo en Brasil y Chile fueron derrocados con cruentos golpes de estado auspiciados por la CIA, a los cuales sucedieron largos regímenes sanguinarios. También Argentina tuvo su horripilante dictadura, que fracasó en resolver la crisis de la deuda, que continúa.
En México la Revolución de 1919-1929 había propulsado movimientos populares potentes y un nacionalismo relativo, y emblemático, de la clase capitalista. Pero el proyecto nacional capitalista sucumbió a las contradicciones del sistema. El impresionante desarrollo que había logrado se empantanó por el crecimiento sorprendente del narcotráfico desde los años 80, quizá estimulado secretamente por Estados Unidos para socavar el nacionalismo relativo mexicano. También en Colombia la narcoeconomía avanzó con el empobrecimiento de fines del siglo y la crisis recurrente de formación nacional. En ambos países las dificultades para que una clase dirigente unifique la nación han dado pie, en años recientes, a amplios movimientos populares que se han hecho gobierno. En 1948 Gaitán intentaba en Colombia un proyecto similar, pero fue misteriosamente asesinado.
Rutas populares impulsadas por la izquierda, pues, se aparecen como única alternativa para formar la nación y el desarrollo. También aparecen tendencias a que el país se anexe económicamente al capital norteamericano, como en Argentina, si bien el gobierno de Milei sufre debilidades inherentes y es contestado desde múltiples flancos. Hay una diversidad de caminos sinuosos, tímidos por la amenazante vigilancia estadounidense, por ejemplo de República Dominicana, Panamá, Guatemala, Uruguay, Costa Rica, Perú o Chile. Progresos electorales antimperialistas en Bolivia y Honduras fueron revertidos con intervención yanqui, pero el debate público de estos temas crece y se intensifica.
Los países generalmente oscilan entre el neocolonialismo y las perspectivas nuevas que ofrece el comercio con China y BRICS. La cultura y psicología coloniales atraviesan el mundo. Los temores profundos de los llamados políticos de Puerto Rico, territorio colonial todavía, por la intimidación norteamericana permanente, también abruman a políticos de otros países del hemisferio, incluida Canadá, o de Europa. La civilización occidental ha confirmado más que ninguna otra el concepto, de Hobbes, de que el miedo es fundamento del estado.
No es falso el reclamo usual de los políticos yanquis de que lo que ocurra en tal o cual país afecta la seguridad nacional de Estados Unidos. Más que nación, desde el siglo XVIII Estados Unidos es un centro de relaciones y redes financieras, comerciales y militares, internacionales e imperialistas, de las que depende su privilegiada economía. Miller, asesor de Trump, teoriza que los estados soberanistas han robado la riqueza, sobre todo Venezuela con la nacionalización del petróleo. Según este discurso contrarrevolucionario fueron los estadounidenses quienes construyeron la industria petrolera en Venezuela con su trabajo, tecnología y destreza industrial. Omite que el petróleo está en suelo venezolano y que el trabajo de los venezolanos fue esencial para la edificación de la industria.
La co-dependencia entre Estados Unidos y Latinoamérica, en fin, ha sido más intensa de lo que suele suponerse. Por tanto las rupturas de liberación nacional son literalmente radicales; desgarran el tejido de un sistema, patológico por así decir, en que han descansado intereses y visiones de mundo no sólo yanquis sino de estratos diversos en sociedades caribeñas e iberoamericanas. Washington convierte en moda liberal su desprecio y hostilidad contra los estados desafiantes. Es pública su política de agredirlos, aislarlos, sabotearlos, difamarlos y forzarlos a hambre y necesidad lo más posible.
El estado
El estado puede hacerse un lugar de intelecto colectivo para la formación nacional y para que las clases populares logren poder y participación. Estrategias de desarrollo del estado suelen incluir el capital privado mientras procuran el progreso cultural y educativo de las clases trabajadoras. Es clave que el estado asegure su propiedad y posesión de los recursos naturales y siente la pauta en los negocios con el capital privado. El capital extranjero resulta a veces indispensable. La extracción de recursos minerales, como el petróleo, requiere tecnologías y maquinarias, o sea capital, que el país no tiene. En el tradicional neocolonialismo el capital extranjero se adueñaba, formal o informalmente, del recurso natural.
El petróleo venezolano es propiedad y está en posesión del estado. La República Bolivariana debe proteger esta conquista, a la vez que contiene ambigüedades y contradicciones relativas a su propio origen. Es un estado alternativo –promueve el poder popular– que surgió de un estado neocolonial y burgués. La ruta ‘amplia’ bolivariana, inspirada por el socialismo y a la vez capitalista en buena medida, seguramente prefigura proyectos soberanistas en otras naciones donde frentes izquierdistas accedan al gobierno por vía electoral, desde ahí transformen paulatinamente las estructuras políticas, y eventualmente procuren capital estadounidense o europeo, de forma regulada, para acumular riqueza en función del desarrollo nacional.
No es el venezolano un proceso encabezado por un partido que llegó al poder mediante la revolución armada popular, cohesionado y curtido en conceptos comunistas. Es dirigido por un estado que ha surgido del estado anterior. Esto dificulta los estigmas imperialistas de ‘anti-democrático’, ‘tiránico’, etc., y propicia espacios de negociación con variados intereses capitalistas del mundo y de Estados Unidos. A su vez, Washington lo verá fácil de manipular o someter a través de las relaciones y conversaciones del mercado.
Los líderes de un proceso revolucionario que ha nacido del estado, o de una dirección antimperialista del estado, podrían representar con probable éxito en el teatro político disposición a la negociación y la transacción, y distanciamiento de la imagen común en medios occidentales de los supuestos comunistas intransigentes y minoritarios de discurso adversativo, enfrentados al mercado de manera dramática.
De un interés en representar diálogo, negociación y flexibilidad resultaría la curiosa disposición de Maduro, en diciembre, a hablar por teléfono con Trump aun después de éste llamarlo narcotraficante, corrupto y otros insultos y vociferar que aplastaría al estado bolivariano; o que Delcy Rodríguez hablara en Venezuela hace unos días con el jefe de la CIA, la organización nefasta que ayudó a organizar el secuestro del presidente de la nación y su esposa. El encuentro sería breve y aparentemente pasajero, pero es de suponer que fue calculado por Washington para representar en las noticias que Venezuela está bajo control estadounidense, y fomentar dudas e intrigas en el movimiento bolivariano. Después de lo que ha pasado, estos gestos públicos de cooperación con un estado gansteril resultan más escandalosos todavía, si bien se apoyan en un razonamiento estratégico certero.
Generalmente un partido revolucionario, si es efectivo, produce un espacio cultural cohesivo y consistente al que siempre se remitan sus portavoces, y por supuesto al relacionarse con el estado imperialista más poderoso. Que el proyecto revolucionario venezolano haya surgido en el estado puede hacer que los estilos de sus portavoces reflejen las formas de la naturaleza transaccional, pragmática y comercial de todo estado y de las relaciones entre estados. Sin embargo, lo que imparte coherencia al proceso anticolonial no es el estado, sino el partido; es de éste que pueden aparecer formas efectivas de representar flexibilidad y a la vez verticalidad. No hay mayor problema mientras la cuestión se reduzca a estilos en las relaciones públicas. Es distinto si la seguridad e integridad del estado se ponen en cuestión por la pretendida flexibilidad o laxitud ‘cívica’ y por tratar de representar relaciones ‘normales’.
No debe, otra vez, subestimarse la dominación estadounidense en Latinoamérica y el Caribe durante casi doscientos años; su peso es enorme. En fin, los seres humanos somos en gran medida fruto de los medios de cultura y comunicación.
Mirada a la prensa
En Venezuela siguen las protestas exigiendo que Nicolás Maduro y Cilia Flores sean liberados. La población escribe cartas de apoyo a los prisioneros. Se indica que el ataque del 3 de enero dejó más de cien muertos y 112 heridos. El Ministro de Defensa informó que 47 militares venezolanos murieron, así como 32 cubanos internacionalistas que formaban parte de la seguridad; no parece claro el número de civiles muertos. Delcy Rodríguez informó que al menos 463 apartamentos de vivienda fueron destruidos por los bombardeos en Ciudad Tiuna, Caracas. Brigadas de trabajadores repararon en 96 horas la estación de electricidad en Fuerte Tiuna, que los aviones estadounidenses bombardearon. El Ministro de Exteriores de Rusia calificó el ataque de ‘brutal invasión armada’. Maduro envió un mensaje desde Nueva York exhortando a que el pueblo se mantenga unido y a tener confianza en Delcy Rodríguez, y reafirmando que él y Cilia están firmes. Rodríguez anunció el inicio de la exportación de gas licuado de petróleo. Insistió en fortalecer la industria de hidrocarburos (petróleo, gas natural, gas licuado). Reorganizó el equipo directivo y nombró dirigentes que, según la agencia de prensa yanqui-británica Reuters, son de ‘línea dura’. Si le tocara ir a Estados Unidos, indicó, lo hará con la frente en alto, afirmando con dignidad la soberanía nacional. Delcy Rodríguez y Trump dijeron que tuvieron una conversación productiva por teléfono. Se abrirán embajadas en ambos países. El dirigente bolivariano Diosdado Cabello indicó que una embajada venezolana en Estados Unidos servirá para la comunicación con Maduro y dar apoyo a los dos presos políticos. Sigue surgiendo información del 3 de enero. La resistencia venezolana fue dura, aun contra el elemento sorpresa y el apagón general en Caracas. El enfrentamiento armado fue más cruento y extenso de lo que proyectaron la Casa Blanca y los medios de difusión en los primeros días. Que en Estados Unidos esta información todavía sea escasa y oscura, reducida a comentarios de celebración de Trump y unos pocos, indica sumisión ideológica y cobardía intelectual en la prensa dominante norteamericana.
Washington ampliará la licencia de Chevron para que pague al estado venezolano en efectivo en lugar de pagos en especie, como venía siendo, y pueda vender en el mercado internacional todo el petróleo que produce en Venezuela.
Reuters informó que el Departamento de Energía de Washington explora intercambiar petróleo pesado venezolano por petróleo medio y ácido estadounidense y trasladar el crudo venezolano a Luisiana para abastecer la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. Washington dijo que es falso.
Las sanciones estadounidenses a Venezuela y los países que participaran en su comercio petrolero aumentaron en 2019, en una continuada reacción a la nacionalización del petróleo por el gobierno de Hugo Chávez. Pero el bloqueo comercial obstaculizó las inversiones de las corporaciones yanquis, según ejecutivos de Exxon y Conoco. Después, el secuestro de Maduro, la agresión militar y el supuesto bloqueo naval del tránsito petrolero en el Caribe han deteriorado el ‘clima de inversiones’, dijeron. Delcy Rodríguez propuso enmendar la ley de hidrocarburos, quizá para facilitar las inversiones norteamericanas en colaboración con la estatal Petróleos de Venezuela, que tiene por ley la participación mayoritaria. China, que Washington quisiera desplazar del hemisferio, es el comprador principal de petróleo venezolano. Estados Unidos hace un distante segundo. También están Rusia y empresas de Francia, España y otros países.
Associated Press dice que en el último par de meses la Armada estadounidense ha impedido el tránsito de siete tanqueros petroleros en el Caribe. Circula la suposición de que Washington exige a Venezuela reducir su petróleo a China y Cuba y venderle más a Estados Unidos. Venezuela da a entender que sus políticas permanecen inalteradas. China anunció ayudas a Cuba para aliviar la crisis agravada del sistema energético y eléctrico provocada por el bloqueo, dijo el estado cubano.
Mientras Trump muestra burlonamente un dibujo de Venezuela arropada por la bandera estadounidense y deja ver que la actividad conspirativa para desestabilizar el estado bolivariano continúa, éste último sigue informando sus trabajos y la movilización popular en ellos. La Presidenta Encargada señala que ya entraron 300 millones de dólares de los 500 millones acordados con compañías estadounidenses; indica que las divisas que se obtengan de la actividad petrolera van a fondos para beneficio del pueblo trabajador e infraestructuras, y su uso será informado de forma transparente. La prioridad, subraya, es promover la producción nacional y la sustitución de importaciones. Indica que el estado colabora con la banca venezolana, que a su vez apoya la economía nacional. Su gobierno continúa el plan económico que Maduro propuso y el estado adoptó en 2018. Anuncia que el estado impulsará la producción de oro, hierro, bauxita y carbón.
Un líder sindical asegura que Estados Unidos está convirtiendo a Venezuela en una colonia, y el estado venezolano está entregándole el petróleo y otros recursos al capital norteamericano. No ofreció sin embargo datos ni contestó la información que provee el gobierno; pareció apoyarse en expresiones de Trump de que en Venezuela manda Washington. Después del 3 de enero el gobierno ha excarcelado una buena cantidad de presos políticos, en aparente gesto de buena fe en función de la unidad nacional. No sólo grupos de derecha sino de izquierda, notablemente el Partido Comunista de Venezuela, han acusado al gobierno de ser autoritario y reprimir trabajadores por la política en favor del capital privado; los comunistas han tildado de ‘neoliberal’ la política oficial.
De no haber intervenido la Junta de Control Fiscal en el caso en que la privatizadora LUMA Energy le solicitó a la jueza Laura Taylor Swain remover del tribunal de Puerto Rico las demandas en su contra, ya la jueza hubiese resuelto en contra de LUMA. Esas demandas fueron radicadas por la Alianzas Público Privadas a nombre de la Autoridad de Energía (AEE) y la de la gobernadora,
Consultado por CLARIDAD, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, puso en contexto que ya van dos veces en que LUMA acude al tribunal de Titulo 3 (de la Ley PROMESA) y la jueza le ha devuelto el caso al foro en Puerto Rico porque indica que son asuntos regulatorios. Los casos de la gobernadora y de la AEE son lo mismo, son una cuestión regulatoria de un cumplimiento de contrato donde se está alegando que no se cumplió con sus disposiciones.
De no haber sido por la intervención de la Junta, indicó el experto en la Ley PROMESA, el caso hubiese seguido su curso normal y la jueza ya lo hubiese devuelto. “El problema es que al meterse la Junta, que porfía y dice que el plan fiscal requiere que LUMA maneje el sistema eléctrico, y como el plan fiscal es algo que no es revisable, pues, el tribunal no puede ir sobre eso”.
Emmanuelli Jiménez describió como una ironía esta postura de la JCF, dado a que el propio ente fiscal ha admitido que el sistema eléctrico de Puerto Rico está peor que antes y más caro y admite que el costo del sistema eléctrico es insostenible. Además, en el proceso de Titulo 3 la Junta dijo que la capacidad de pago del pueblo puertorriqueño no era más del 6 % del presupuesto familiar y que por culpa de LUMA y Genera (encargada de la generación) cada vez aumentan más los costos de un servicio que es malo.
En tono enfático señaló que la JCF ha comparecido ante la jueza a decir que el sistema está realmente peor. Denuncia que lo que está defendiendo la Junta es meramente su decisión arbitraria de que LUMA se mantenga, lo que no tiene ningún tipo de racionalidad a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. La postura de la JCF le quita a la gobernadora la facultad de proteger al pueblo de Puerto Rico, cuando se supone que eso se mantenga, advirtió.
“La jueza tiene un tostón, por decirlo así. Por un lado, el caso se debe devolver y, por el otro, tiene a la junta dictatorial diciendo por qué ella dice que no se debe devolver”.
A su juicio, lo que la Junta pretende es que se legalice algo que no existe, porque lo que alega la gobernadora es que el contrato de LUMA es nulo, y si el contrato es nulo, nunca existió, por lo que entonces la Junta estaría diciéndole a la jueza ‘mira, que eso nunca existió y ahora existe porque yo lo digo’. Apuntó que la intervención de la Junta complica el caso, pero crea la contradicción de que el darle la razón permitiría que la Junta valide algo que no existe y que se continúe con un contrato que sale más caro de lo que el pueblo de Puerto Rico puede pagar.
El hecho es que el costo de operación de LUMA les quita dinero a los bonistas porque mientras más gaste la privatizadora, menos dinero sobra para ellos, y así lo han hecho saber al tribunal. Emmanuelli Jiménez, recordó que a LUMA se le han dado $2 mil millones adicionales del presupuesto que tenía la AEE. Este dato se le llevó a la jueza Swain en el anterior proceso de plan de ajuste de deuda, pero el asunto quedó en el aire.
Al presente, la jueza tiene que resolver la petición de LUMA y la de la Junta de si tiene jurisdicción o no en el caso. Si la tuviese, tendría que resolver el caso de la legalidad o no del contrato, conforme a lo que dice PROMESA.
Mientras, en el proceso de la negociación de la deuda con los bonistas, la jueza Swain dio permiso a que se elimine el tema de los gastos administrativos. Los bonistas están pidiendo que dichos gastos se les pague con lo que sobró de la quiebra del 2017. En tanto, el plan de ajuste depende de que se resuelva lo de los gastos administrativos, porque si los bonistas ganan, habría que añadir esa cantidad al plan de ajuste, lo que según Emmanuelli Jiménez, no lo haría viable debido a que no habría dinero para pagar.
