La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APU) reiteró su denuncia de que el plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF) “no sólo lesionará la institución sino que tendrá efectos detrimentales sobre el desarrollo económico de todo Puerto Rico”.

En su reunión de este jueves 9 de abril la JCF rechazó el PF de la UPR presentado por el presidente de la junta de gobierno de la UPR, licenciado Walter Alomar y el director ejecutivo de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo Portela y en su lugar aprobó el plan fiscal preparado por sus asesores.

El vice presidente de la APU, Javier Córdoba, denunció que una reducción de más del 50% del presupuesto de la UPR como se proyecta en el plan de la JCF tendrá un impacto negativo en la calidad educativa, sumado a un aumento desproporcionado en los costos de estudios que limitarán el acceso a la educación, representa un duro golpe a la institución y al país.

Córdova enfatizó que pretender comparar los costos de la matrícula en la UPR con los costos de las universidades en los EE UU, como ha hecho la JCF es un desacierto que representa un completo desconocimiento de la estructura socioeconómica del país. Precisó que de los mismos datos utilizados por la JCFF para justificar los aumentos en matrícula se evidencia la diferencia en el por ciento del ingreso familiar que se dedica a pagar estudios en Puerto Rico, (64.6%) vis a vis la inversión en el estado de North Dakota (31.1%), donde el costo de la educación es el más bajo en los Estados Unidos.

“No hay dudas que los datos post-huracán María han acentuado los niveles de pobreza en el país. Un porcentaje significativamente alto de los estudiantes de la UPR provienen de familias pobres, sobre el 70% recibe beca Pell y muchos de estos estudiantes son los primeros que en sus familias pueden acceder a estudios universitarios”, declaró el vicepresidente de APU a los miembros de la JCF durante los breves minutos que se conceden en la reunión para comentarios de ciudadanos. Destacó además que en el Recinto de Utuado hay un 40% de estudiantes de primera generación.

La APPU sostiene que consolidar programas y moverlos a otros recintos sin un análisis basado en evidencia, tendrá un efecto negativo en el acceso a la educación universitaria y sobre la economía de la región y del país. Habrá más desempleo, y la pérdida de una infraestructuras económicas que se nutre del pago de patentes, servicio de comida, hospedaje, pequeños comercios al detal, entre otros. Este recorte entra en completa contradicción con lo establecido bajo la Ley PROMESA. Córdova aseguró que, en vez de promover el desarrollo económico, estos recortes empobrecerán a la región a la que sirven los recintos.

En tanto señaló la APPU que si bien se proyecta una disminución de jóvenes a lo largo de una década, la proyección del estudio demográfico de la firma consultora Advantage (2018) establece sobre 240.000 estudiantes en edad universitaria para el 2022. Es importante observar que los estudiantes matriculados en la UPR representan sólo una cuarta parte del total de los jóvenes universitarios. Daría la impresión prosigue Córdova, que el Gobierno y la JCF desean proteger la matrícula de las universidades privadas imponiendo límites al número de estudiantes que pueden admitirse en la UPR.

La APPU reclamó que ante los datos contundentes de la pobreza en Puerto Rico, la agudización de la crisis económica y el impacto positivo que ha tenido la UPR en el desarrollo socioeconómico del país y en propiciar la movilidad social, reiteró la necesidad de que la UPR permanezca como universidad pública y que el gobierno de Puerto Rico mantenga su política pública de proveerle el financiamiento necesario para que continúe con su labor educativa y creativa al menor costo posible.

En particular la APU dio el dato de que ha sometido diversas propuestas para atender la crisis del país y en defensa del presupuesto de la UPR, como lo son la necesidad de revisar las exenciones contributivas que no producen valor a la economía. Según la APPU cada año el Departamento de Hacienda (DH) pierde sobre $500 millones en recaudos por exenciones contributivas sin rendimiento en la economía.

“Esto se ha convertido en un mantengo contributivo, que de eliminarse bien podría permitir revocar los recortes a la Universidad de Puerto Rico. Si el Gobierno planifica no tocar unas 30 leyes de incentivos por promover asuntos sociales, la APPU sostiene que el Gobierno y la JCFF todavía están a tiempo para reconocer a la UPR como un servicio público esencial y asegurar su financiamiento público, salvaguardando así su permanencia y su impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico”, declaró Córdova.

Ante la reducción en las pensiones y los cambios al Sistema de Retiro de la UPR, el portavoz de la APPU manifestó que es injusto y errado llevar a cabo reducciones a los beneficios a los pensionados. “Nuestros pensionados completaron sus servicios a la Institución contando con ingresos que les permitirían sostenerse una vez concluida su vida laboral. Rechazamos además enérgicamente que se pretenda congelar el plan de beneficios definidos y sustituirlo por uno de contribución definida. Esto implicaría la destrucción del plan actual que representa posiblemente el beneficio principal de sobre 19,000 participantes del Sistema. Los beneficios de Retiro son uno de las herramientas más importantes para el reclutamiento del mejor recurso humano para la Institución.

Javier Córdova, hizo un llamado a todos los universitarios a sumarse a las diversas actividades en contra del plan certificado el cual describió como nefasto plan, así como a todas las iniciativas de defensa de nuestra Universidad.

El colectivo Pueblo Unido, que rechaza la venta y privatización de los servicios públicos, manifestó hoy su oposición a las medidas de austeridad aprobadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Reducir los derechos laborales como los días de vacaciones y enfermedad, el bono de Navidad, eliminando la mesada por despidos injustificados, la reducción de servicios en los planes médicos, además de las medidas ya impuestas como la congelación de los convenios colectivos, representan un retroceso para llevarnos en pleno siglo XXI a mediados del siglo XX”, afirmó el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y uno de los portavoces de Pueblo Unido, Ángel Figueroa Jaramillo.
Agregó que “bajo esas circunstancias, que son condiciones de trabajo de esclavitud moderna, sólo lograrán un pueblo en miseria y pobreza que no podrá aportar a su desarrollo social ni económico. Al inicio de medidas como ésas responden las renuncias, retiros tempranos y la emigración de nuestros trabajadores cada vez con mayor frecuencia”.
La también portavoz de Pueblo Unido y presidenta de la organización magisterial Educamos, Eva Ayala, enfatizó en “la importancia de defender la educación pública y resistir la imposición del cierre de escuelas que es una de las tareas prioritarias que nos compete como pueblo. Ya están en las calles defendiendo nuestras escuelas padres, madres, estudiantes, maestros y maestras a través de toda la Isla. Pero también, tenemos la imposición de la privatización a través de las escuelas chárter y los vales educativos que no van dirigidos a mejorar la educación, sino a ahorrar dinero que hoy se invierte en súper salarios a los administrativos de la JCF y a jefes de agencias traídos del exterior”.
La vocera declaró que ante este escenario “es más que injusto seguir poniendo la soga sobre el cuello de nuestro pueblo, que en su mayoría vive con un salario mínimo. Y en medio de ese panorama es increíble que tanto la JSF como el gobierno hayan siquiera pensado en desmantelar nuestro sistema de educación pública, porque un país que entrega a manos privadas la educación pública y cierra planteles educativos en lugar de reforzar la educación, lo que hace es desmantelar el derecho constitucional a la educación que el gobierno le tiene que garantizar a los estudiantes desde los primeros grados hasta cuarto año y lanzar a todo un pueblo a la pobreza”.
Juan Camacho, representante del sector ambiental en Pueblo Unido, opinó que “es todo el pueblo puertorriqueño el que va a pagar con grandes sacrificios el aumento en los peajes, la matrícula universitaria de sus hijos e hijas, con un menor acceso a la educación universitaria pública ante el cierre de recintos y con la reducción de personal en todas las agencias públicas. A eso se suma la reducción en las pensiones de nuestros jubilados, los que construyeron nuestro país y fortalecieron el servicio público con su intelecto y destrezas. Las imposiciones de la JCF son inadmisibles y por eso tenemos que luchar unidos como pueblo para derrotarlas. No podemos permitir que destruyan nuestro presente y nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos”.
Figueroa Jaramillo hizo un llamado a la población
a que “demuestre su indignación ante este escenario de medidas de austeridad, en las cuales dijeron tanto la JSF como el gobierno están demostrando que ponen primero la deuda que las necesidades de la gente. Reclaman que el pueblo responda con la protesta ciudadana que requiere el momento y que tendrá lugar en la celebración del primero de mayo en la Milla de Oro, un espacio abierto para repudiar y manifestar toda la indignación que el pueblo está sintiendo”.
Detalló que la gente se puede integrar a cualquiera de las marchas que convergerán en la Milla de Oro y que saldrán de distintos lugares, como el Centro Médico, la UPR, Plaza Las Américas, el Departamento de Educación, el Departamento del Trabajo y la parada del Tren Urbano de Sagrado Corazón en Santurce.
También habrá movilizaciones desde distintos puntos de la Isla, como Mayagüez, Ponce, Arecibo y Caguas, entre otros municipios.

El plan de la secretaria de Educación, Julia Keleher, de cerrar 238 escuelas para el próximo año escolar merece una reestructuración y otro análisis antes de implementarse, según anunció el pasado sábado la propia primera ejecutiva del Departamento de Educación (DE).

Luego de que se mantuviera firme en que su propuesta de cerrar escuelas era irreversible, Keleher junto a su comité evaluador ha tenido que detenerse a estructurar mejor el plan, aunque la secretaria aseguró que el análisis que llevó a la lista de 283 escuelas fue uno complejo que tomó en cuenta varios factores que fueron estudiados por diferentes comités integrados por profesionales de educación, estadísticos, miembros de la comunidad escolar, así como los alcaldes y legisladores que aceptaron la invitación a formar parte del proceso.

“Entre muchos aspectos tomados en cuenta, está la merma en estudiantes tras el éxodo de sus padres y familiares. Entre mayo 2017 a agosto 2018, se han producido y se proyecta una disminución de cerca de 40 mil estudiantes”, sostuvo por escrito la titular del DE.

Además, Keleher certificó que el DE abrió espacio para escuchar algunos argumentos sobre varias de las escuelas, “lo que nos han llevado a ponderar varias de las determinaciones ya tomadas”.

Sin embargo, el pasado viernes 20, grupos de padres, madres y maestros de diferentes escuelas de la Isla llegaron hasta las escalinatas del Capitolio en respuesta a la convocatoria realizada por la Federación Amplia en Defensa de la Educación Pública (FADEP). Allí, desde temprano en la mañana, reclamaron a la secretaria la falta de consulta a las comunidades escolares ante la decisión de cerrar planteles.

“No nos han dado razón para el cierre ni nos han visitado”, dijo María L. Cintrón, maestra de la escuela elemental Felipa Sánchez de Naranjito, con matrícula de 110 estudiantes.

Para Eva Ayala, portavoz del gremio magisterial Educamos y participante de la manifestación, las comunidades apenas están despertando a la posibilidad de que sus escuelas sean cerradas, por lo que anticipa que el movimiento seguirá creciendo. Precisamente, han sido múltiples y variadas las protestas organizadas por las comunidades escolares: cadenas humanas frente a los planteles, pancartadas, marchas, piquetes, firma electrónica de peticiones.

Como parte de la manifestación convocada por FADEP, representantes de las distintas escuelas presentes intentaron entrar al Capitolio para hacerles llegar a los presidentes legislativos una resolución firmada que indicaba las razones por las cuales se oponían al cierre arbitrario de escuelas. No obstante, vieron frustrada su intención de entregar el documento personalmente cuando las puertas de acceso al Capitolio fueron tapadas con fuerzas policiales.

El ayudante especial del Presidente de la Cámara, William Estrada, y la Ayudante Especial de la Oficina de Asuntos Públicos del Senado, Aurelis Colón, llegaron hasta los manifestantes para recibir la resolución después de intensas gestiones.

“Estamos dispuestos a encadenarnos frente al Capitolio, en La Fortaleza o en las escuelas para que se nos escuche”, expresó Lemuel Mercado, padre de dos alumnos de una escuela en San Germán y quien llegó hasta las inmediaciones del Capitolio en defensa de la educación pública para sus hijos y su comunidad.